nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUERTO CORDILLERA

nombre reservado

Servicio Local de Educación Pública, Puerto Cordillera.

Recurso de Protección Rol N°385-2024.

La Serena, diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 27 de marzo del presente año, comparece doña nombre reservado, chilena, casada, profesora de estado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de Protección en contra de Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera de Coquimbo, RUT RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, representada legalmente por nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Señala la recurrente que es profesora titular de enseñanza media en el Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta administrada por el Servicio Local de Educación Publica, Puerto Cordillera SLEPPC, a contar del año 2013 fecha en la cual fue contratada en calidad a contrata hasta el año 2017 y a contar del año 2018 pasó a la planta definitiva debiendo cumplir 40 horas semanales.

Indica que desde enero de 2023 a la fecha, por razones que no entiende, arbitrariamente le comenzaron a pagar solamente 32 horas semanales.

Precisa que no existe decreto que justifique la adopción de tal medida. En razón de lo anterior con fecha 15 de enero de 2024 solicitó a la Contraloría un pronunciamiento acerca de la legalidad de medida, no informando la recurrida a la entidad fiscalizadora.

Con fecha 11 de marzo de 2024 Contraloría mediante dictamen FOLIO: E461261/2024, resolvió lo siguiente: “Análisis y conclusión. Pues bien, revisado el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER- a cargo de esta Entidad de Control, no aparece registrado acto administrativo alguno que sancione el vínculo laboral existente entre la recurrente y el SLEPPC.

Luego, de los antecedentes tenidos a la vista, no aparece que la supresión parcial de sus horas docentes se encuentren justificadas en el Plan Anual de Desarrollo Educativo de ese servicio, aprobado por la resolución exenta N°1.555, de 2022, y que rige para el año 2023. Dicho documento, en su anexo 5.4 se limita a indicar que se suprimen 88 horas docentes del establecimiento educacional Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta donde se desempeñaría a la interesada, correspondientes a dos docentes, sin individualizar.

A mayor abundamiento, de la comparación de las horas docentes de aula para el año 2023 en el Liceo Industrial José Toma s de Urmeneta que aparecen en el plan de ese año y en el plan anual del año 2022, aprobado por resolución exenta N°935, de 2021, se advierte que ellas se mantienen inalterables, esto es, 1.498 horas, de tal forma que no aparecen cumplidos los presupuestos que autorizan la supresión de horas en análisis”.

Agrega que en caso de supresión total o parcial, el profesional afectado podrá reclamar de la medida adoptada de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 75 de la Ley N°19.070, si estimare que hubo ilegalidad a su respecto, lo que no consta, así como una denuncia por el oficio N°E382315, de 2023, y de la misma Contraloría, por la que se requirió al SLEPPC informar sobre incumplimiento de la prestación de sala cuna, y requerimiento reiterado con fecha 4 de Enero de 2024, ordenándose nuevamente cumplir, no cumpliendo esto hasta la fecha.

Entiende conculcados por la recurrida los derechos a la vida e integridad física, la igualdad ante la Ley y la propiedad sobre cosas incorporales, consagrados en los artículos 19 números 1, 2 y 24 de la Constitución Política.

Por último solicita que se restablezca el imperio del derecho y se le restablezcan las horas descontadas y se ordene el pago de las horas que no se le han pagado desde el mes de Enero de 2023, en adelante, con las indemnizaciones correspondientes, como asimismo se le pague y acceda al beneficio de Sala Cuna, con costas.

SEGUNDO: Que evacuando informe, la recurrida Servicio Local De Educación Pública Puerto Cordillera, solicita el rechazo de la acción, por extemporaneidad, atendido que la recurrente tomó conocimiento del detrimento en sus remuneraciones al menos en el mes de noviembre de 2023, citando al efecto el contenido del oficio acompañado al recurso por la actora N°E4612021 de la Contraloría Regional de Coquimbo, que señala “la señora nombre reservado adjunta su liquidación de remuneraciones del mes de noviembre de 2023, que indica que tiene una jornada de 32 horas. Sin embargo, en su presentación señala que la reducción horaria se produjo a “principios del año 2023”.

Plantea entonces la extemporaneidad, del arbitrio, pues la acción se presentó el día 27 de marzo de 2024, excediendo el plazo de 30 días contados entre que la recurrente tomó conocimiento de los hechos en que funda el recurso y la fecha de presentación de la acción.

En segundo término plantea la falta de oportunidad de la recurrente, atendido lo que al efecto dispone el artículo 54 de la Ley 19.880, señalando que del relato de la propia recurrente, las materias sobre las que versa el presente arbitrio se encuentran siendo conocidas y resueltas en sede administrativa, Contraloría Regional de Coquimbo, quedando vedado el ejercicio de esta acción jurisdiccional.

Niega la ilegalidad de la reducción horaria que reclama la actora, pues de acuerdo a lo que dispone el articulo 42 transitorio de la Ley 21.040, la señora nombre reservado fue traspasada del I. Municipalidad de Coquimbo a SLEP Puerto Cordillera, por el solo ministerio de la Ley y cita el Dictamen N°E125326 de 29 de junio de 2021.

Precisa que la calidad de titularidad docente de la recurrente fue concedida por la Ley N°21.152; ya que cumplía las exigencias legales al 31 de julio de 2018 y se encontraba trabajando al 25 de abril de 2019, fecha de publicación de la ley N°21.152, de acuerdo con la carga horaria que poseía al 31 de julio de 2018 y teniendo el acto administrativo que reconoce la titularidad el carácter declarativo. En el año 2018 la recurrente contaba con 23 horas en calidad contratadas con cargo a la subvención normal y 8 horas contratadas para las acciones o programas de la Ley N°20.248 que establece la subvención escolar preferencial “SEP”; con un total de 31 horas contratadas.

Finalmente en marzo de 2020 -año escolar 2020- la recurrente, renunció a sus horas de extensión horaria de 8 horas, que correspondían a horas para las acciones o programas de la Ley N°20.248 que establece la subvención escolar preferencial “SEP”; debiendo contratarse un docente de reemplazo para cubrir el aula de las horas de extensión que fueron abdicadas por la actora conservando solamente un total de 31 horas.

Luego, en el año escolar 2022 la docente mantuvo sus 31 horas calidad jurídica titular y 8 horas contratas, estas horas transitorias corresponden a horas de acciones o programas de la Ley N°20.248. En el año escolar 2023 la docente mantuvo sus 31 horas calidad jurídica titular y 1 hora contrata, esta hora transitoria corresponde a horas de acciones o programas de la Ley N°20.248. En el año escolar 2024 la docente continúa manteniendo sus 31 horas calidad jurídica titular y 1 hora contrata, esta hora transitoria corresponde a horas de acciones o programas de la Ley N°20.248 y expone que el art. 7, de la Ley N°20.248, dispone que, para que un sostenedor pueda incorporarse al régimen de la subvención escolar preferencial (SEP), deberá suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, el cual debe incluir ciertos compromisos esenciales; entre ellos en la letra “d” de la norma, se encuentra, presentar y cumplir con un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), que debe elaborar el director del establecimiento y el resto de la comunidad, que contemple acciones en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos en la escuela, entre otras exigencias.

Y, a continuación, el art. 8 de la misma ley establece un listado de las acciones y su preponderancia que debe incluir el PME; por ejemplo: - Acciones en el área de gestión del currículum, tales como: fortalecimiento del proyecto educativo; mejoramiento de las prácticas pedagógicas; apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales y la única hora calidad contrata de la Sra. nombre reservado que se inició durante el año 2019, no se renovó para el año 2020; las 13 horas contratadas iniciadas en el 2023 no se renovaron para el 2024; las 8 horas contratadas generadas el año 2021 si se renovaron una vez para el año 2022, sin que renovaran en segunda oportunidad; la única hora a contrata generada en el año 2023 se renovó en primera oportunidad para el año 2024; sin que a su respecto se hayan configurado las dos renovaciones anuales que exige la jurisprudencia administrativa para que opere el principio de confianza legítima respecto de las horas contratadas de la docente.

En cuanto a las horas calidad contrata desde enero del 2023, la docente señala que se le pagan 32 horas semanales de jornada. Lo anterior se debe a que la docente cuenta con 31 horas calidad titular y una hora calidad contrata, en ejercicio de su primera renovación.

Sobre el beneficio de Sala Cuna reclamado, expone que el dictamen N°E197875, de 2022, de la Contraloría General de La República, concluyó que con posterioridad al mes de marzo de 2022 debe, necesariamente, otorgarse dicha prestación en cualquiera de las formas previstas en el artículo 203 del Código del Trabajo, dentro de las cuales no se contempla otorgar su valor en dinero, salvo de que se trate de situaciones excepcionales establecidas en la ley y en la jurisprudencia administrativa de esta Sede de Control, a saber, cuando por disposición médica un menor de dos años deba mantenerse en su hogar atendida la gravedad de su enfermedad, caso excepcional que por lo mismo requiere que la trabajadora eleve una solicitud.

Hace presente que la reclamante requirió el beneficio de bono compensatorio de sala cuna el año 2022 y 2023, adjuntando los respectivos antecedentes a su solicitud.

Sobre el particular durante el año 2022, se le pagó a la reclamante un monto de $261.666, según se puede constatar -tal como lo indica la Resolución Exenta N°0515 de fecha 07 de abril de 2022, correspondiente a las prestaciones del mes de marzo de 2022.

Luego, por Resolución Exenta N.º 907 de fecha 09 de junio de 2023, se ordenó regularizar el pago de las prestaciones reclamadas desde el 27 de febrero de 2023 al 31 de agosto de 2023, por una suma total de $ 2.130.000 pesos, en una proporción de $ 300.000 pesos mensuales, teniendo presente que, en el mes de julio de 2023, se realizó un pago proporcional por la suma de $170.000 dado el periodo de receso de invierno y finalmente por Resolución Exenta 484 de fecha 06 de abril de 2023, se regularizó el pago del referido beneficio a contar del 01 de enero de 2023 hasta el 03 de octubre de 2023, por una suma total de $ 2.730.000 en una proporción de $ 300.000 pesos mensuales.

Sin perjuicio de lo expuesto, alega la extemporaneidad de la alegación del beneficio de Sala Cuna, atendido lo que al efecto dispone el artículo 207, que dispone la expiración del derecho pasados 60 días contados desde la fecha de expiración del período a que se refieren los respectivos derechos, por lo que, a la fecha de la presente acción, por lo que en el caso de existir alguna prestación correspondiente al bono compensatorio de sala cuna, dichos derechos a la fecha presentación expiraron, más si se toma en consideración que el derecho de sala cuna se extiende hasta las 2 años de edad del hijo, condición que cumplió la hija de la recurrente el día 03 de octubre de 2023, no siendo tampoco esta vía la idónea para reclamar el pago o cumplimiento del referido derecho.

Por último alega la improcedencia de la acción de naturaleza cautelar, tratándose de derechos no indubitados.

En cuanto a la vulneración de derechos fundamentales esgrimida por la recurrente, sostiene que no ha existido hecho ilegal o arbitrario de su parte, de forma que no puede su actuar constituir vulneración al derecho a la vida o a la integridad física y psíquica de la recurrente, así como tampoco vulneración de su derecho de propiedad; en cuanto a la igualdad ante la Ley, sostiene que siempre se ha dado a la recurrente el trato que corresponde a su calidad jurídica de docente titular y se han mantenido inalterables sus 31 horas docentes.

Termina solicitando el rechazo del recurso de Protección, con costas.

TERCERO: Que evacuando informe la recurrida Contraloría Regional de Coquimbo, indicando que la recurrente recurrió a la informante en junio de 2022 por la no entrega de prestación de Sala Cuna y en enero de 2024 reclamó por la disminución de carga horaria.

Sobre la supresión parcial de horas docente señala que la letra j) del artículo 18 de la ley Nº21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, establece, en lo pertinente, que los Servicios Locales tendrán dentro de sus funciones y atribuciones la de elaborar el Plan Anual a que se refiere el artículo 46 de ese texto legal, con la participación de las respectivas comunidades locales y educativas, y respondiendo a sus necesidades.

En tanto, el referido artículo 46 indica que el director ejecutivo presentará al Comité Directivo Local y al Consejo Local, a más tardar el 15 de octubre de cada año, un plan anual para el año siguiente.

Añade en su letra a), que ese plan debe contener, a lo menos, el estado de avance de los objetivos y metas contenidas en el convenio de gestión educacional, así como aquellos contenidos en el plan estratégico local y los proyectos educativos institucionales de cada establecimiento de dependencia del servicio local, de conformidad al artículo anterior. Se prevé en su letra b), que debe considerar la dotación de docentes y asistentes de la educación requerida para el ejercicio de las funciones administrativas y pedagógicas necesarias para el desarrollo del proyecto educativo institucional, según corresponda, en cada establecimiento educacional de dependencia del servicio local, la que deberá fundarse en razones técnico-pedagógicas y determinarse sobre la base de, al menos, los siguientes elementos: i) Matrícula total de cada establecimiento; ii) Niveles y modalidades de la educación provista por cada uno de éstos; iii ) Plan de estudios de cada uno de ellos o proyecto educativo institucional en el caso de la educación parvularia; y, iv) Componentes de los Planes de Mejoramiento Educativo, elaborados con la comunidad de cada establecimiento educacional, de conformidad a lo establecido en la ley Nº20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial, y los proyectos de integración escolar vigentes de dichos establecimientos que tengan relación directa con sus requerimientos de dotación docentes y asistentes de la educación.

A su vez, señala ese literal que “Al consignar la dotación en el plan, deberá indicarse si los profesionales docentes corresponden a la función docente, docente directiva o técnico-pedagógica, según lo establecido en el artículo 5 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación”.

Luego, y en relación con el anotado plan anual de educación, cabe hacer presente que de acuerdo a lo previsto en el artículo 77 de la ley Nº19.070, si por aplicación del artículo 22 es adecuada la dotación y ello representa una supresión parcial de horas, los profesionales de la educación de carácter titular que sean afectados, tendrán derecho a percibir una indemnización parcial proporcional al número de horas que dejan de desempeñar.

Añade el inciso segundo de esa norma que, si la supresión de que se trata excede el 50% de las horas que el profesional desempeña, éste tendrá derecho a renunciar a las restantes, con la indemnización proporcional a que estas últimas dieren lugar.

Precisa que el inciso tercero, que el monto de la indemnización y los requisitos para percibirla o reintegrarla, en su caso, se determinarán en conformidad a lo establecido en los artículos 73 y 74, en relación con el monto de las remuneraciones correspondientes a las horas que el profesional de la educación deja de servir. Asimismo, si el profesional afectado estimare que hubo ilegalidad a su respecto, podrá reclamar de ello, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 75.

A su turno, el citado artículo 22 prevé que el servicio local al fijar su dotación docente, deberá realizar las adecuaciones que procedan -en lo que importa- por alguna de las siguientes causales: 1) variación en el número de alumnos en su ámbito de competencia territorial; 2) modificaciones curriculares; 3) cambios en el tipo de educación que se imparte; y 4) fusión de establecimientos educacionales en situaciones excepcionales.

Añade su inciso tercero, que las antedichas causales para la fijación o la adecuación de la dotación docente deberán estar fundamentadas en el plan anual del servicio local de educación pública y estar basadas en razones de carácter técnico- pedagógico.

En dicho contexto normativo, y tal como precisó esta Contraloría Regional mediante el oficio NºE461261, de este año -al conocer el reclamo presentado por la señora nombre reservado en contra del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, por la disminución de su carga horaria-, los servicios locales para ejercer la facultad de suprimir total o parcialmente las horas que sirven determinados profesionales de la educación, tienen que basarse obligatoriamente en la respectiva dotación docente aprobada, la que a su vez solo puede ser adecuada en los casos en que se verifique alguna de las situaciones que describe el artículo 22 de la ya citada ley Nº19.070, y así conste en el Plan Anual pertinente, por ser aquel el instrumento que sirve de fundamento al ejercicio de esa facultad (aplica dictamen NºE49773, de 2020).

Así entonces, para fiscalizar la observancia de las normas que autorizan la supresión de las horas de los docentes, resulta indispensable examinar el Plan Anual y determinar cuál es la situación del profesor, en relación con las circunstancias existentes en el establecimiento donde cumple funciones.

Consecuencialmente, si el plantel de que se trata ha experimentado una reducción de las horas desarrolladas en una determinada asignatura, nivel o especialidad, esa reducción horaria o incluso el término de la relación laboral obedecerán a la aplicación de la causal de supresión de horas, aun cuando esta no se haya invocado expresamente y, por ende, darán lugar, respecto del profesional afectado que vio reducidas sus horas contratadas o que fue cesado en su cargo, al pago de la indemnización correspondiente, con arreglo a los artículos 73 y 77 de la ley Nº19.070.

Por el contrario, en armonía con el dictamen NºE188830, de 2022, de esta Entidad Fiscalizadora -que complementa la jurisprudencia sobre la materia-, si no consta en el Plan Anual una reducción de las horas de una determinada asignatura, nivel o especialidad en un establecimiento educacional que haga aplicable en la forma descrita en las normas sobre supresión de horas, corresponderá analizar tal disminución o cese desde la perspectiva de la confianza legítima.

De este modo, si el funcionario a quien se pretenda disminuir sus horas o cesar de funciones cuenta con designaciones que abarquen el tiempo estimado para generar la confianza en que la contratación sucesiva se realizará en los mismos términos que la anterior y, el Plan Anual no demuestra una rebaja de esas horas en la dotación docente del establecimiento, la resolución administrativa que materialice la no renovación del vínculo o decida hacerlo con una carga horaria menor deberá dictarse y notificarse con treinta días de anticipación del año escolar en que se trate, explicitando los fundamentos que avalan tal decisión. Por ende, concluye el indicado pronunciamiento, en aquellos casos en que no se haya configurado en el docente la confianza legítima de que será renovada su designación en los términos expuestos, el sostenedor podrá válidamente ordenar la disminución, total o parcial, de las horas desempeñadas, pues debe entenderse que la contratación expiró por el solo ministerio de la ley, conforme con la referencia causal de la letra d) del artículo 72 de la ley N° 19.070, siendo menester agregar que, en tal caso, no se contempla ningún procedimiento de aviso previo obligatorio para que opere válidamente el cede de funciones.

Agrega que el Plan Anual de Desarrollo Educativo Servicio Local Enseguida –aprobado por la resolución exenta N°1.555, de 2022, y que rige para el año 2023– no aparece que la supresión parcial de las horas docentes de la señora nombre reservado se encuentren justificadas.

A mayor abundamiento, de la comparación de las horas docentes de aula para el año 2023 en el mencionado liceo que aparecen en el plan de ese año y en el plan anual del año 2022, aprobado por la resolución exenta N° 935, de 2021, se advierte que ellas se mantienen inalterables, esto es, 1.498 horas, de tal forma que no aparecen cumplidos los presupuestos que autorizan la supresión de horas en análisis. A su turno, la señora nombre reservado adjuntó a su presentación ante esta Contraloría Regional, copia de su liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de noviembre del año 2023, que indica que tiene una jornada laboral de 32 horas semanales, sin embargo, manifiesta en su reclamo que la reducción horaria se produjo a principios del año 2023. En ese contexto, y de acuerdo con la jurisprudencia citada, corresponde analizar tal disminución desde la perspectiva de la confianza legítima.

Luego, de realizar un análisis de los antecedentes de la contratación de la recurrente, señala que esta Contraloría Regional concluyó, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley N°19.070, -norma que establece un plazo de 60 días- que, en el evento que haya transcurrido dicho término contado desde la notificación del acto administrativo que dispone la medida reclamada, necesariamente debería rechazarse la pretensión de la docente, por extemporánea, hecho que se instruyó constatar al Servicio Local de Educación Pública Puerto Codillera, e informar directamente a la interesada, con copia a esta Contraloría Regional(aplica criterio contenido en el dictamen N°88.612, de 2014).

Cumple con informar que, a la presente data, no hay registro de que ese servicio local haya informado a esta Entidad de Control sobre este punto.

En cuanto a la prestación de sala cuna señala que el oficio N°E248470, de 2022, de este origen –por medio del cual se atendió el reclamo presentado por la recurrente sobre la materia, en contra del SLEPPC–, indicó que el inciso primero del artículo 203 del Código del Trabajo –disposición que resulta aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado–, consigna que las “empresas que ocupan veinte o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo”, obligación que, acorde con lo indicado en el inciso quinto de ese artículo, se entiende igualmente cumplida si el empleador paga los gastos de la sala cuna directamente al establecimiento a que la empleada lleve a sus hijos, en cuyo caso se deberá escoger entre aquellos que cuenten con la autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.

Luego, hizo presente que el dictamen N°E142955, de 30 de septiembre de 2021, de este Organismo de Fiscalización, impartió instrucciones, entre otras materias, sobre la entrega de los beneficios de sala cuna y jardín infantil en el contexto del término del estado de excepción y de las modificaciones al “Plan Paso a Paso”, y a la fecha de ese pronunciamiento la autoridad sanitaria ya había permitido la reapertura y funcionamiento de salas cunas y jardines infantiles que habían estado cerrados por disposición sanitaria, atendida la pandemia que afectaba al país, cesando los impedimentos para otorgar esa prestación de las formas que prescribe el artículo 203 del citado Código Laboral.

En consideración a los antecedentes de hecho y derecho anteriormente expuestos, cumple con informar en relación al requerimiento formulado.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, conforme lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental, la parte que estime que algunos de los derechos fundamentales que dicha disposición protege han sido amenazados o vulnerados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva solicitando su debida protección dentro del término de 30 días desde que la ocurrencia del hecho u omisión en cuestión, presupuesto que no se satisface en la especie en atención a que se ha reconocido por la recurrente que la variación de la carga horaria se verificó en el año 2023, lo que además, se ve reflejada en las liquidaciones de remuneraciones acompañadas en la carpeta electrónica una de las cuales es del mes de diciembre de 2023,de suerte que la acción intentada resulta a todas luces deducida de manera extemporánea.

SEXTO: Que, a su vez es menester destacar que no existe discusión entre las partes en orden a que con fecha 15 de enero de 2024, la recurrente realizó presentación ante la Contraloría Regional de Coquimbo sustentado en los mismos fundamentos fácticos lo que originó el respectivo procedimiento administrativo ante dicha entidad contralora, la que emitió pronunciamiento el día 11 de marzo del presente año, por el cual solicitó mayores antecedentes, encontrándose pendiente la resolución definitiva sobre el conflicto.

Así las cosas, y en aplicación de los artículos 54 de la ley 19.880 el presente recurso adolece de evidente falta de oportunidad, por encontrarse el asunto sometido actualmente al conocimiento de la autoridad administrativa.

SÉPTIMO: Que, adicionalmente cabe hacer presente que el recurso de protección es una acción cautelar de urgencia para resolver situaciones de hecho claramente establecidas, no gozando de naturaleza de juicio de lato conocimiento, desde que no resulta procedente rendir pruebas, y, en la especie, los antecedentes aportados por las partes hacen imposible entender como justificados los supuestos fácticos alegaos, sino que por el contrario, han sido enteramente controvertido por la parte recurrida, de modo que no es dable determinar que los hechos que forman parte de las alegaciones de la docente, hayan ocurrido de la forma en que se argumenta, y, en consecuencia, tampoco habilita a esta Corte para concluir, en su caso, la existencia de eventuales actos u omisiones arbitrarias o ilegales, vulneratorios de algunas de las garantías constitucionales que se encuentran protegidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia y la Ley 19.880 y 19.070, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de Servicio Local de Educación Pública, Puerto Cordillera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°385-2024 (Protección).