nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PERSA CIENFUEGOS

nombre reservado, nombre reservado

Sindicato de Trabajadores nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 384-2023.- La Serena, veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

PRIMERO: Que a folio 1 y con fecha veintiocho de marzo de dos mil veintitrés comparece el abogado don CIRO SABADINI FORETICH, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del SINDICATO DE TRABAJADORES nombre reservado, representado por su presidenta doña nombre reservado, ignora oficio o profesión, ambos domiciliados en domicilio reservado, con salida a domicilio reservado.

Refiere que su representada es subarrendataria, desde el año dos mil quince, del local comercial N°83 ubicado en domicilio reservado, recinto denominado nombre reservado, respecto del cual tiene una deuda de subarrendamiento derivada de la imposibilidad de trabajar por aproximadamente tres años, debido a diversos problemas de salud y a la pandemia por COVID-19.

Indica que por esa deuda su representada había llegado a un acuerdo de palabra, y se encontraba pagando mensualmente una suma de $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos), correspondiente a la renta más un abono a la deuda atrasada, todo ello hasta que, en el mes de octubre de dos mil veintidós, los recurridos -con quienes su defendida no ha firmado contrato alguno- tomaron la decisión de cortarle la luz eléctrica del local, situación en la que se mantiene hasta el día de hoy.

Añade que dicha medida la justifican en una cláusula del contrato de subarrendamiento, la que, a su vez, es manifiestamente ilegal y arbitraria. En efecto, en su punto 9°, se señala que “… el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la cláusula séptima autorizará al subarrendador a aplicar el corte de suministro eléctrico al locatario para ponerlo en conocimiento de su falta…”; y el Punto 10°: “En el caso que el subarrendatario caiga en mora en el pago del arriendo, se procederá a cortar el suministro de energía eléctrica…”.

Señala que su representada no ha podido hacer uso del referido local, y pagar oportunamente las rentas de subarrendamiento, ya que no cuenta con energía eléctrica, por lo que dejó de pagar.

Destaca que lo anterior se contrapone con la obligación del arrendador contenida en los numerales 2° y 3° del artículo 1924 del Código Civil, que le impone el deber de mantener la cosa (Local comercial) en el estado de servir para el fin al que ha sido arrendada; y librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada.

Continúa estableciendo que el corte de luz es un acto manifiestamente arbitrario e ilegal, por cuanto el legislador, sólo en la Ley 21.442, de copropiedad inmobiliaria, autoriza dicha acción como medida de apremio y de forma excepcional. Así, resulta obvio que la medida adoptada por la recurrida es ilegal e importa el ejercicio de una autotutela que no encuentra el más mínimo respaldo en nuestro ordenamiento jurídico.

Arguye que las actuaciones denunciadas en el presente arbitrio conculcan el derecho reconocido en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, pues el sindicato actúa en este caso como una comisión especial; el derecho de propiedad reconocido en el numeral 24° del mismo artículo; y, la libertad de ejercer cualquier actividad económica reconocido en el numeral 21°.

En razón de lo expuesto solicita a esta Corte acoger la presente acción declarando que tanto las cláusulas del contrato de subarrendamiento referido como la acción de cortar el suministro de luz eléctrica, son ilegales y arbitrarios y de ese modo ordenarle a los recurridos la inmediata reposición de la luz eléctrica del local que su representada subarrienda, con costas.

Acompaña a su presentación el contrato de subarrendamiento respecto del Local 83 del nombre reservado, ubicado en domicilio reservado.

SEGUNDO: Que a folio 6 y con fecha diez de abril de los corrientes comparece el SINDICATO DE TRABAJADORES nombre reservado, RUT N°RUT reservado, representado legalmente por su presidenta, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, Región Coquimbo.

Refiere que el día veintidós de mayo de dos mil ocho, en representación del Sindicato, celebró un contrato de arrendamiento con la Sociedad de Turismo Peñuelas Ltda., representada legalmente por don nombre reservado y nombre reservado, con respecto al inmueble ubicado en domicilio reservado, Región de Coquimbo. Añade que posteriormente, con fecha catorce de septiembre de dos mil quince, celebró un contrato de subarrendamiento con la actora respecto del local N°83 de la domicilio reservado.

Puntualiza que la renta mensual pactada era de $190.000 (ciento noventa mil pesos) reajustables según la variación del I.P.C, a pagar dentro de los primeros ocho días de cada mes. Asimismo, se pactó expresamente, en la cláusula quinta del contrato, que el precio de la renta incluye los gastos de servicios básicos, a saber, agua potable y luz eléctrica, de tal manera que los subarrendatarios son responsables, mediante este pago único, de pagar sus respectivos servicios básicos.

Indica que desde aproximadamente el año dos mil diecinueve la recurrente ha incumplido sistemáticamente su obligación de pagar la renta y, con ello, los servicios básicos del local que arrienda, lo que ha motivado que el Sindicato haya enviado diversas cartas solicitando el pago de su deuda, en las que, además, se señalan las consecuencias de su propio incumplimiento, saber: (i) Carta de veintitrés de enero de dos mil veinte, en donde se señala que su deuda asciende a la suma de $3.110.000 (tres millones ciento diez mil pesos); (ii) Carta de siete de enero de dos mil veintiuno, en donde se señala que su deuda asciende a la suma de $4.540.000 (cuatro millones quinientos cuarenta mil pesos); (iii) Carta de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en donde se señala que su deuda asciende a la suma de $5.245.000 (cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil pesos).

Hace presente que, durante todos estos años, el Sindicato sigue manteniendo la calidad de arrendatario de los locales que subarrienda, por lo que, sin perjuicio de los reiterados incumplimientos contractuales de la recurrente, han seguido pagando la renta, soportando, entre todos los locatarios, la deuda que mantiene la actora.

Manifiesta que, debido a lo anterior, se le cortó el suministro de electricidad al local de la recurrente, pues, como se señala en el contrato, los servicios básicos son pagados por los propios locatarios en su canon de arriendo, de tal manera que, si no se pagan los servicios básicos, procede naturalmente el corte, ya que la opción de mantenerlos implicaría que los demás locatarios, que se encuentran al día en sus pagos, asuman dicha deuda.

Agrega que debido a que los incumplimientos de la recurrente se han mantenido hasta la actualidad, el día veintiséis de enero del presente año, se presentó ante el 3º Juzgado de Letras de la Serena, una demanda de cobro de rentas y servicios básicos en procedimiento monitorio, tramitada bajo el Rol C-264-2023, la cual fue acogida el día nueve de febrero de los corrientes. Sin embargo, como la recurrente se opuso, dicho procedimiento terminó con fecha veintiocho de febrero de este año. Y añade que el día dieciocho de marzo recién pasado, presentó nuevamente una demanda de cobro de rentas impagas junto con solicitud de desahucio, en procedimiento general, la cual se encuentra actualmente en tramitación bajo el Rol C-806-2023 ante el 3° Juzgado de Letras de La Serena, habiéndose fijado audiencia de contestación, conciliación y prueba para el día ocho de mayo de dos mil veintitrés.

Considera que la alegación de la recurrente corresponde al incumplimiento de una obligación que, si bien está establecida en la ley, se reclama a propósito de un contrato de arrendamiento, entonces no cabe duda que la sede idónea para discutir de dicho supuesto incumplimiento es la sede ordinaria civil, pues las partes de un contrato cuentan con diversos remedios contractuales para hacer frente a situaciones que consideren como incumplimientos contractuales, más aún si ya existe un proceso pendiente y se trata – además- de una materia propia del Derecho Civil.

Expresa que no es posible configurar una vulneración de derechos fundamentales si el autor de ésta es precisamente su titular. En este caso, la recurrente alega una conculcación a sus derechos por este corte arbitrario de servicios básicos, omitiendo completamente el hecho que el suministro de servicios básicos involucra un costo y un pago constante para mantenerse vigente, lo que ella no ha realizado, procediéndose al corte del suministro, pero no como una decisión arbitraria del Sindicato, sino que como el efecto natural que se produce cuando se deja de pagar un servicio oneroso. Estima que lo contrario implicaría afectar el derecho al trato igualitario para el resto de los locatarios, así como su derecho de propiedad y solicita a esta Corte rechazar la presente acción.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1. Contrato de subarrendamiento suscrito entre el Sindicato de Trabajadores nombre reservado, mediante sus representantes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, con doña nombre reservado; 2. Carta de información de deuda por no pago de rentas enviada con de veintitrés de enero de dos mil veinte; 3. Carta de información de deuda por no pago de rentas enviada con fecha siete de enero de dos mil veintiuno; 4. Carta de información de deuda por no pago de rentas enviada con fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés; 5. Certificado N°401/2023/29 emitido por la Dirección del Trabajo; 6. Certificado de Ius Postulandi del habilitado en derecho, nombre reservado.

TERCERO: Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que lo debatido en estos autos dice relación con cuestiones de carácter civil, que exigen un procedimiento de lato conocimiento para su resolución, tal como acontece en la especie a través de los juicios roles C-264-2023 y C-806-2023, tramitados ante el Tercer Juzgado de Letras de esta ciudad, pues se trata de materias que escapan a la naturaleza cautelar de urgencia de la presente acción.

Los hechos propuestos por la recurrente requiere conocer de aspectos técnicos y legales, tales como la interpretación de cláusulas contractuales, cuya competencia se encuentra entregada por ley los tribunales civiles competentes y resulta claro que sobrepasan los márgenes del recurso interpuesto, pues éste no constituye una instancia declarativa de derechos sino de protección de aquéllos de carácter indubitado, cuya no es la situación de la especie, motivo por el cual el recurso de marras no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, y en contra del SINDICATO DE TRABAJADORES nombre reservado, representado por su presidenta doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo de la abogada integrante doña Carolina Salas Salazar.

Rol N°384-2023 Protección.-