Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo

nombre reservado, nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de Protección Rol N° 3830-2019.- La Serena, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve comparece nombre reservado, dependiente, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo (COMPIN), en mérito de los siguientes antecedentes.

Refiere el no pago de licencia médica autorizada por SUCESO. Aduce rechazo de licencia en COMPIN, existiendo dictamen ejecutoriado de invalidez. Asimismo, cuestiona que en las resoluciones de COMPIN no se expone motivo ni fundamento de rechazo. Señala que ya son 6 licencias impagas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Dictamen de invalidez, de 26 de octubre de 2019; 2.- Resolución exenta N° R-01-IBS-57044-2019, de la Superintendencia de Seguridad Social; 3.- Notificación dictamen N° 005.605/2019; 4.- Resolución exenta N° R-01-DLM-31425-2019, de la Superintendencia de Seguridad Social; 5.- Listado maestro de licencias médicas FONASA.

SEGUNDO: Que, con fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve evacuó informe Sergio Ansieta Calderón, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo.

Expone, en síntesis, que desde el 25 de octubre de 2017 hasta el 02 de noviembre de 2019 y producto de diversas patologías (polineuropatías e insuficiencia venosa crónica) se le extendieron a la recurrente 25 licencias médicas, sin solución de continuidad, luego de lo cual la licencia médica N° 2-57861844, extendida a contar del 05 de mayo de 2019, así como las posteriores (Nºs 2-57850633, 2-58522053, 2-58522057, 2-58522064, 2-58522073) fueron rechazadas por la causal de reposo prolongado.

Sin embargo, conforme se acredita con el dictamen N° 005.2909/2019 de la Comisión Médica Regional de la Superintendencia de Pensiones, dicha Comisión dictaminó que las enfermedades alegadas como invalidantes (neuropatía e insuficiencia venosa crónica) le provocaban a la Sra. nombre reservado una pérdida de capacidad de trabajo mayor o igual al 50%, pero menor a dos tercios, razón por la cual la COMERE acordó aceptar su invalidez parcial, trámite que con fecha 26 de octubre de 2019 se encuentra ejecutoriado.

Por su parte, el artículo 12 del Decreto Ley N° 3.500 establece que el subsidio por incapacidad laboral (licencia médica) es incompatible con el pago de la pensión de invalidez.

Coincidente con lo anterior, la pensión de invalidez se devenga a contar de la fecha de presentación de la solicitud de pensión de invalidez, o a contar del día siguiente al término de la licencia médica vigente a la fecha en que quede ejecutoriado el dictamen de invalidez, lo que en el caso particular, aconteció con la licencia médica N° 2-58522073, extendida hasta el 02 de noviembre de 2019.

Atendido lo expuesto y lo dispuesto en la Circular N° 3433, de 03 de julio de 2019 sobre autorización de licencias médicas en el primer trámite de invalidez, las licencias médicas rechazadas deben ser autorizadas, lo que no ocurrió antes porque la Sra. nombre reservado no informó oportunamente a la COMPIN que había iniciado un segundo trámite de invalidez que había sido aceptado y que se encontraba ejecutoriado.

Por último, en cuanto al retardo en el cumplimiento de la instrucción contenida en la Resolución N° R-01-IBS-57044-2019, por medio de la cual la SUCESO acogió un recurso de reconsideración y ordenó a la COMPIN autorizar la licencia médica N° 57861844, señala que dicha instrucción no ha podido cumplirse por razones de fuerza mayor, dado que muchos de los expedientes administrativos de los usuarios de FONASA (que estaban guardados en las dependencias de la COMPIN de La Serena), fueron destruidos durante las manifestaciones sociales de los últimos meses, lo que obligó a trasladar los documentos que pudieron ser rescatados a distintas bodegas del barrio industrial, situación que ha ralentizado muchos procesos administrativos, incluyendo la dictación de la resolución exenta que dé cumplimiento a lo resuelto por la SUCESO, referido a la autorización de la licencia médica N° 57861844.

Por lo expuesto y atendido los antecedentes acompañados por la recurrente, en particular el dictamen N° 005.2909/2019 de la Comisión Medica Regional de la Superintendencia de Pensiones, su representada viene en allanarse a la acción interpuesta en estos autos.

Acompaña copia simple de Listado Maestro de Licencias Médicas del año 2019.

TERCERO: Que, con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve evacuó informe Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sostiene, en lo pertinente, que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-57044-2019 de 6 de noviembre de 2019, instruyó autorizar la licencia médica N° 57861844.

Agrega que, a la fecha de su informe, en la Superintendencia de Seguridad Social no existen otras reclamaciones de la Sra. nombre reservado que digan relación con el rechazo de otras licencias médicas y que la trabajadora hace presente en su presentación judicial.

Así las cosas, sostiene la inexistencia de alguna actuación ilegal o arbitraria de parte de su defendida, pues como ya se indicó, su representada resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, la presentación efectuada por la señora nombre reservado, instruyendo la autorización de la única licencia médica que reclamó en su oportunidad.

Por estas consideraciones solicita sea desestimada en todas sus partes la presente acción, con costas.

Acompaña a su informe copia de los expedientes administrativos, relativos al caso del recurrente de autos.

CUARTO: Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, del tenor del informe evacuado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de esta Región, se desprende que, en la especie, efectivamente la entidad referida ha incurrido en una omisión -consistente en no proceder al pago oportuno de las seis licencias médicas extendidas a la actora desde el 05 de mayo al 02 de noviembre del presente año- de carácter arbitraria, al no existir antecedentes que justifiquen dicha pasividad, máxime si se considera la existencia de dictamen de invalidez ejecutoriado respecto de la recurrente, circunstancia que acredita indubitadamente la efectividad de las patologías que la aquejan –y que en definitiva determinaron la emisión de las respectivas licencias médicas- como asimismo, la circunstancia de haberse instruido por la Superintendencia de Seguridad Social la autorización del primero de los referidos subsidios por incapacidad.

SÉPTIMO: Que, por el contrario, no es posible constatar acción u omisión ilegal o arbitraria alguna imputable a la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, desde el momento en que su actuación se ha limitado a la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-57044-2019, de 6 de noviembre de los corrientes, en virtud de la cual se instruyó a la COMPIN Región de Coquimbo autorizar la licencia médica N° 57861844, no existiendo antecedentes de otras reclamaciones ante dicho organismo, y no habiéndose dado cumplimiento a lo ordenado oportunamente debido a la contingencia nacional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se ACOGE el nombre reservado interpuesto por nombre reservado, solo en cuanto se ordena a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo autorizar las licencias médicas números 2-57861844, 2-57850633, 2-58522053, 2-58522057, 2-58522064 y 2-58522073, extendida desde el 05 de mayo al 02 de noviembre de 2019, disponiendo, si correspondiere, su pago y demás efectos legales.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 3830-2019 (nombre reservado).- Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado y la abogado integrante señora Maritza Cortés Cortés.

La Serena, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.