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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 383-202625 mar 2026

nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Fecha
25 de marzo de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Primera Sala
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 383-2026, sentencia de 25 de marzo de 2026

Resumen

Se rechaza sin costas el recurso de protección contra la Junta Nacional de Jardines Infantiles: la resolución que declaró la vacancia del cargo es un acto trámite y los recursos administrativos siguen pendientes, por lo que la Corte no puede pronunciarse sobre el fondo.

Texto íntegro

nombre reservado, nombre reservado

Junta Nacional de Jardines Infantiles Recurso de protección Rol N°383-2026.- La Serena, veinticinco de marzo dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, reprochando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Afecta TRA N°110835/2/2026, de 2026, que declaró la vacancia de su cargo por la causal prevista en el artículo 150 letra a) en relación con el artículo 151 del Estatuto Administrativo, esto es, salud incompatible, circunstancia que vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 3, 16 y 24 de la Carta Fundamental.

Expone que se desempeñaba en Puerto Cisnes y que requirió su traslado a esta ciudad a propósito del diagnóstico de cáncer de su madre, añadiendo que aquello incidió negativamente en la salud mental de su hija y, posteriormente, en la propia.

Detalla las problemáticas que se generaron en el acompañamiento de su hija, las solicitudes de traslado –para retornar al sur– que no fueron acogidas por la autoridad administrativa y la serie de dificultades que se generaron en torno a los cuidados de la adolescente.

Indica que mediante Resolución Afecta TRA N°110835/2/2026, de 2026, se declaró la vacancia de su cargo por la causal prevista en el artículo 150 letra a) en relación con el artículo 151 del Estatuto Administrativo, esto es, en razón de una supuesta salud incompatible, decisión que ignora sus ocho años de servicio intachable y vulnera gravemente el bienestar de su familia.

Afirma que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez dictaminó que su estado de salud es recuperable y que el pronunciamiento impugnado no guarda coherencia con la comunicación de 16 de febrero pasado, en la que se informa sobre la petición de traslado a la Región de Aysén.

Argumenta que el acto es ilegal, por cuanto funda la declaración de vacancia en la circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por un total de 280 días dentro de los últimos dos años. Sin embargo, el acto no individualiza el período exacto considerado ni detalla el cálculo efectuado para arribar a dicha cifra. Asimismo, esgrime que es arbitrario, desde que la autoridad optó por ejercer una potestad gravosa sin conectar su decisión con los elementos humanos y fácticos decisivos del caso, lo que debilita severamente la racionalidad del acto y su coherencia interna.

En definitiva, sostiene que la decisión fue adoptada sin una instancia previa suficiente de información y participación, sin ponderar antecedentes decisivos, sin explicitar el cálculo legal de licencias médicas, período de cálculo y sin justificar razonadamente la razón por la que, pese a existir declaración de salud recuperable, alta laboral, reintegro efectivo a sus funciones, inexistencia de afectación concreta al servicio y solicitud de traslado en trámite, se concluye de igual modo por la autoridad la existencia de salud incompatible.

Culmina solicitando que se deje sin efecto el acto administrativo que declaró vacante su cargo por salud incompatible, ordenando de forma inmediata la reincorporación a su puesto de trabajo junto con el pago de todas las remuneraciones íntegras que se hayan devengado en el período que estuvo alejada de su cargo, con costas.

Acompaña a su recurso antecedentes para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que emite informe la Junta Nacional de Jardines Infantiles instando por el rechazo del arbitrio, con costas.

Alega que la acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, desde que en la especie no se está en presencia de un derecho indubitado.

Menciona que la actora ha decidido ejercer los recursos administrativos que establece la ley para efectos de revisar lo resuelto, a los que en virtud del principio de inexcusabilidad del artículo 14 de la Ley N°19.880 se encuentra obligado a dar respuesta.

Luego, profundiza en cuanto al fondo de lo reclamado en el recurso negando que el acto sea ilegal o arbitrario. En efecto, el hecho de que la funcionaria se haya reincorporado a sus labores no impide el ejercicio posterior de la facultad prevista en el artículo 151 del Estatuto Administrativo. Dicha norma establece una causal objetiva y reglada que se configura por el uso de licencias médicas en un lapso superior a seis meses dentro de los últimos dos años sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Esgrime que la Contraloría General de la República en Dictamen N°E188441, de 24 de abril de 2022, concluyó que las modificaciones introducidas por la Ley N°21.050 no derogaron la causal de vacancia en el cargo por salud incompatible, la que puede declararse en el evento de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez estime que la salud del funcionario es recuperable si se configura la causal objetiva de haber hecho uso de licencia médica por más de seis meses en dos años, al tenor de lo dispuesto en los artículos 151 de la Ley N°18.834.

Agrega que la resolución recurrida no se limitó únicamente a verificar la concurrencia del supuesto de hecho contemplado en la, sino que, además, ponderó el rol que le asiste a la recurrente en su calidad de educadora de párvulos del Jardín Infantil que indica.

Acompaña a su informe documentos para acreditar sus aseveraciones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que para la resolución del asunto en examen y teniendo especialmente presente lo informado por la recurrida, es dable aseverar que la decisión impugnada por la protegida fue objeto de recursos administrativos –los que se encuentran en tramitación– de manera tal que la autoridad administrativa aún no ha emitido una decisión terminal respecto del fondo del asunto, circunstancia que impide a esta Corte pronunciarse sobre ello, conforme a las alegaciones de la parte recurrente y, en consecuencia, adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, al tratarse de un acto trámite. Hacerlo, importaría inhibir a esta Corte pronunciarse sobre los eventuales recursos en contra de las decisiones adoptadas en el contexto del reclamo pendiente de resolución, por lo que de manera oblicua afectaría a las partes involucradas, lo que abona a concluir que la intentada no es la vía para resolver el fondo, atendido el contexto reseñado, motivos suficientes para desestimar el arbitrio intentado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°383-2026 Protección.