nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 377-2024.- La Serena, trece de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Expone que a partir de mediados del mes de diciembre de 2023 presentó un cuadro de síntomas ansiosos persistentes, entre los que se encuentran el insomnio de conciliación y mantención, miedo súbito asociado a sudoración profusa, náuseas y cefalea además de irritabilidad, ello derivado de su situación laboral como guarda de seguridad tras constantes desencuentros y episodios conflictivos con clientes por robos que se producen en su lugar de trabajo.

Frente a esta sintomatología acudió a atención médica recetando el facultativo el uso de paroxetina y benzodiacepinas, siendo su cuadro sistemático resistente a tales fármacos manteniéndose en el tiempo, ello derivo a ajustes en los tratamientos médicos y una evolución poco satisfactoria los que ha generado la extensión de múltiples licencias médicas por distintos facultativos a partir del 15 de enero de 2023 hasta la fecha sumando un total de más de 300 días de reposo.

Destaca que las licencias médicas fueron emitidas por la médica doña nombre reservado, siendo diagnosticado con trastorno de estrés postraumático y luego trastorno de pánico (ansiedad paroxística).

Precisa que las licencias médicas que fueron otorgadas y que habrían sido rechazadas posteriormente son las N°s 81452973-8, 83770578-9, 84991848-6, 86132250-5, 87660995-9, 88927209-0, 89989857-5, 91381863-6, 92672016-3 y 94416754-4.

Hace presente que el acto que se impugna por ilegal y arbitrario es el dictamen R-194836-2023, Resolución Exenta N°R-01-UME-34357-2024 de 29 de febrero de 2024, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, la que se le notificó vía correo electrónico el 01 de marzo de 2024.

Puntualiza que ni Fonasa ni Compin realizaron ningún tipo de peritaje psicológico ni psiquiátrico para efectos de establecer el estado de su salud mental, rechazando las licencias médicas por mero capricho de la recurrida. Tampoco alguna de las entidades referidas, a fin de resolver la situación de sus licencias médicas hizo uso de alguna de las facultades que le confieren el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, ello justamente a objeto de requerir antecedentes necesarios para determinar y establecer su situación de salud y la justificación de las licencias médicas que finamente fueron rechazadas.

De lo anterior se desprende que el fundamento expuesto por la recurrida para el rechazo de las licencias médicas resulta arbitrario, abusivo e ilegal, dado que carece de todo tipo de fundamentación real que permita entender y comprender de forma fundada y coherente el motivo real del rechazo a las licencias médicas presentadas, toda vez que el fundamento del rechazo simplemente hace alusión a antecedentes aportados, no refiriéndose cómo esos antecedentes llevan a la conclusión de rechazar las licencias médicas presentadas ni tampoco se requirieron, conforme ya se señaló, antecedentes médicos o informes complementados a su médico tratante, menos aún la realización nuevos exámenes o interconsultas, la realización de visitas a su domicilio o se requirieron antecedentes complementarios, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, pues dicha carencia de motivación supone una discriminación arbitraria en su perjuicio.

Adiciona que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social le ha afectado los derechos fundamentales previstos en el artículo 19 N°s 1, 2, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto la resolución administrativa de la Superintendencia, Dictamen R-194836-2023, Resolución Exenta N°R-01-UME-34357-2024 de 29 de febrero de 2024 y decretar que se aprueben todas las licencias médicas rechazadas, ya singularizadas, teniendo por justificado el reposo médico decretado, ordenar su pago y el de todos los derechos que emanan de dicha aprobación, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Dictamen R-194836-2023, Resolución Exenta N°R-01-UME-34357-2024 de 29 de febrero de 2024; 2.- Mensaje de correo electrónico de 01 de marzo de 2024 de SUSESO dirigido al recurrente; 3.- Copia de licencias médicas rechazadas; 4.- Informe médico de 12 de marzo de 2024; 5.- Informe psicológico de 15 de marzo de 2024; 6.- Certificado de 12 de marzo de 2024.

SEGUNDO: Que, evacuó informe TOMÁS GARRO GÓMEZ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Hace presente que, como consta en el respectivo expediente del procedimiento administrativo electrónico (PAE), el Sr. nombre reservado reclamó por el rechazo de las citadas licencias médicas el 17 de noviembre de 2023, lo que los lleva a alegar, antes de informar respecto del fondo de la acción de protección de autos, la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción por cuanto fue interpuesta una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos que se contempla para su ejercicio.

En efecto, consta que el recurrente tenía conocimiento cierto de la confirmación de sus licencias médicas por parte de la COMPIN de la Región de O´Higgins, a más tardar al 17 de noviembre de 2023, sino mucho antes, pues a esa fecha optó por reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, a través de los recursos jerárquico y de reconsideración administrativos, sin interponer dentro del plazo de 30 días el recurso de protección, como dispone el numeral primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

En consecuencia, la acción constitucional interpuesta en contra de su defendida, en forma subsidiaria de la citada reclamación administrativa, el 27 de marzo de 2024, no puede prosperar por cuanto ha sido interpuesta una vez vencido el plazo que se contempla y que debe computarse desde el día del señalado conocimiento cierto del acto reclamado, en este caso, el rechazo de las licencias médicas por parte de la COMPIN Región de O´Higgins. De acuerdo con ello, corresponde el rechazo de la acción constitucional de autos.

En subsidio de lo anterior, informa respecto al fondo del asunto debatido.

Expone que como consta en el expediente administrativo que acompaña, don nombre reservado, el 17 de noviembre de del año 2023, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social reclamando en contra de la COMPIN de la Región de O´Higgins, toda vez que había confirmado el rechazo de las licencias médicas N°s 81452973-8, 83770578-9, 84991848-6, 86132250-5, 87660995-9, 88927209-0, 89989857-5, 91381863-6, 92672016-3, 94416754-4, extendidas por un total de 300 días de reposo a contar del 15 de enero de 2023, por considerar que el reposo prescrito por el médico tratante era injustificado, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso.

Indica que, con la finalidad de resolver adecuadamente la referida presentación, se recabaron los antecedentes médicos de la COMPIN reclamada, a saber, el maestro histórico de licencias médicas FONASA y la cartola médica del Servicio de Salud respectivo. En este último documento se dejó constancia de lo siguiente respeto del fundamento del rechazo de las licencias médicas señalando que: “… Se recibe antecedentes clínicos por expediente web, TEPT y TAPE, en programa de salud mental, al 05/05/2023 llevaba 2 sesiones de psicoterapia. Sintomatología estaría en relación con patología por la que ya cuenta con pensión total. No acredita rol terapéutico del reposo, tampoco elementos psicopatológicos de gravedad. Se mantiene rechazo…”

Pues bien, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N°R-01-UME-34357-2024, de 29 de febrero de 2024, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 81452973-8, 83770578-9, 84991848-6, 86132250-5, 87660995-9, 88927209-0, 89989857-5, 91381863-6, 92672016-3, 94416754-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado…”.

Se hizo presente, además, al recurrente que: “…en contra de la presente resolución, se podrá interponer con nuevos antecedentes un recurso de reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, de acuerdo con lo señalado en los artículos 59 y 25, de la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos. Dicho recurso debe interponerse a través de la Página Web de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl) ...”.

En efecto, los antecedentes médicos del caso fueron estudiados por la Dra. nombre reservado de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia de lo siguiente, en relación con los mismos:

“…Detalle: Existen informes de Médicos generales en CESFAM y extrasistema, ambos de noviembre 2023, los cuales no hacen mención a derivación a psiquiatría, dosis farmacológicas si hubo necesidad de ajuste de dosis o no, plan terapéutico que justifique extenso reposo ni programe reintegro laboral.

…Detalle: Resonancia cerebro septiembre 2023, Cavernomatosis multiple supra e infratentorial con cavernoma dominante hemiprotuberencial derecho sin estigmas de sangrado reciente Detalle: Informes psicológicos que hacen referencia a controles realizados en Atención Primaria mas no plan terapéutico ni estimación ni plan de reintegro laboral dado el extenso reposo laboral Fundamentos de la resolución: Hombre, 67 años, Guardia Seguridad, con indicación de reposo médico desde 15.1.2023 por patología salud mental (CIE 10 F 41), por 300 días, de los cuales 30 días han sido autorizados tras apelación. Presenta IMC de médicos generales de atención primaria y extrasistema, de noviembre 2023, que hacen referencia a diagnósticos y tratamiento farmacológico en general, no mencionando cuadro clínico, dosis ni progresión de tratamiento farmacológico ni rol terapéutico del reposo, como tampoco elementos psicopatológicos de gravedad. Dados los antecedentes no hay derivación a nivel secundario ni cambio en la farmacoterapia por la no respuesta. Se mantiene resolución de COMPIN al no presentar informes por médicos especialistas que justifiquen extenso reposo…”

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de su defendida la Superintendencia de Seguridad Social al confirmar por la resolución impugnada el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la COMPIN de la Región de O´Higgins y finalmente por la Superintendencia de Seguridad Social.

Hace presente que la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento alguno, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En este caso, claramente la parte recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se han cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y esa Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas.

Aclarado lo anterior, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, las presentaciones efectuadas por la recurrente, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas.

A mayor abundamiento, hace presente que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos.

Por estas consideraciones solicita sea desestimado el recurso en todas sus partes, con costas Acompaña copias de la totalidad de los antecedentes administrativos que obran en el expediente administrativo, relativo al caso de la parte recurrente de autos y que terminó con la resolución exenta reclamada.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la alegación de extemporaneidad será desestimada, toda vez que el recurso es claro en cuanto se erige en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UME-34357-2024, de 29 de febrero de 2024, acto terminal del procedimiento administrativo, de tal suerte que habiéndose deducido la presente acción el 27 de marzo del mismo año, solo cabe colegir que el mismo se ha formulado dentro del plazo previsto para tales efectos en el Auto Acordado que rige la materia.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción esgrimida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEPTIMO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se dirige en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UME-34357-2024, de 29 de febrero de 2024, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social mantiene el rechazo de las licencias médicas N°s 81452973-8, 83770578-9, 84991848-6, 86132250-5, 87660995-9, 88927209-0, 89989857-5, 91381863-6, 92672016-3, 94416754-4, extendidas por un total de 300 días de reposo a contar del 15 de enero de 2023.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 81452973-8, 83770578-9, 84991848-6, 86132250-5, 87660995-9, 88927209-0, 89989857-5, 91381863-6, 92672016-3, 94416754-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado…”.

OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

NOVENO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos la información consignada en la cartola médica del paciente, toda vez que los mismos, de acuerdo a su propio tenor, solo se basan en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente al afectado.

DECIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta la vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad.

II.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 81452973-8, 83770578-9, 84991848-6, 86132250-5, 87660995-9, 88927209-0, 89989857-5, 91381863-6, 92672016-3, 94416754-4, extendidas por un total de 300 días de reposo a contar del 15 de enero de 2023, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°377-2024 (Protección).-