nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ

nombre reservado

I. Municipalidad de Combarbalá Recurso de Protección Rol N°375-2025.- La Serena, nueve de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien actuando en calidad de Alcalde Subrogante de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, ha dispuesto en forma absolutamente ilegal, arbitraria e injustificada mediante Decreto Alcaldicio, declarar su Salud incompatible, la vacancia de mi cargo, sin derecho a indemnización, el que servía en dicho Municipio a contar del 1° de abril de 2019, en carácter de indefinido.

Indica que se desempeñaba como auxiliar de servicio en la Escuela América de Combarbalá, entidad dependiente de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá.

El recurso se fundamenta en el artículo 20 de la Constitución Política de la República en relación directa con el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, alegando que ha sido objeto de actos ilegales y abusivos que perturban y amenazan gravemente sus derechos constitucionales.

Señala que la notificación del mencionado decreto fue realizada por el mismo recurrido, ahora en calidad de Secretario Subrogante, con fecha 26 de febrero de 2025, es decir, con más de un mes de retraso desde su emisión.

Expone que el decreto se fundamenta en lo dispuesto en la letra a) del artículo 147 y el artículo 148 de la Ley 18.883. No obstante, argumenta que existe una evidente ilegalidad en el acto administrativo, dado que el inciso final del artículo 148 de la citada ley establece expresamente que el alcalde, para ejercer la facultad de declarar la salud incompatible, debe requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que ésta no le permita desempeñar el cargo.

Sostiene que dicho requisito legal no fue cumplido en su caso, transgrediendo claramente la normativa. Adicionalmente, enfatiza que para perfeccionar la causal de término de la relación laboral por motivos de salud, es indispensable que ésta sea declarada irrecuperable por quien corresponde, y no mediante una mera afirmación infundada como ocurre en este caso.

Asimismo, indica que no existe dictamen alguno de la COMPIN que determine la irrecuperabilidad de su salud y, por el contrario, esta entidad ha establecido que su condición es recuperable. Además, señala que prestó funciones normalmente desde el término de su última licencia médica concedida en agosto de 2024.

Por consiguiente, el acto recurrido se caracteriza por su ilegalidad, al carecer del respaldo técnico exigido por la ley para fundamentar la decisión de poner término a la relación laboral. La facultad otorgada al alcalde para declarar la salud incompatible está condicionada al resultado de la evaluación que debe recabar de la COMPIN respecto a la condición de irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

Argumenta que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal.

En este sentido, el Decreto Alcaldicio impugnado, al encontrarse desprovisto de la justificación exigida por la ley, constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privarla de percibir sus remuneraciones y demás emolumentos a los que tiene derecho en virtud de su vínculo contractual con la Municipalidad de Combarbalá.

Finalmente, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, la recurrente solicita tener por deducido el presente recurso en contra del recurrido, pedir informe, y disponer lo pertinente para dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 301/2025, de fecha 15 de enero de 2025, procediendo a su reincorporación a sus funciones con costas.

Como medio de prueba, la recurrente acompaña el Decreto Alcaldicio objeto del recurso.

SEGUNDO: Que, comparece doña nombre reservado en representación de la parte recurrida, Ilustre Municipalidad de Combarbalá, informando que la recurrente se desempeñaba como Auxiliar de Servicio en la Escuela América de Combarbalá desde el 1 de abril de 2019, impugna el Decreto Alcaldicio N°301/2025 que declaró su salud incompatible, la vacancia del cargo y el cese de funciones sin derecho a indemnización a partir del 1 de marzo de 2025. Dicho decreto fue notificado a la recurrente el 26 de febrero de 2025.

Confirma la emisión del Decreto Alcaldicio N°301/2025 y la notificación del mismo el 26 de febrero de 2025. Sin embargo, contradice la afirmación sobre el incumplimiento del artículo 148 de la Ley 18.883, indicando que mediante ordinario N°573 de fecha 8 de noviembre de 2023, se solicitó a la COMPIN la evaluación de la funcionaria, quien en un plazo de dos años había hecho uso de 234 días (aproximadamente 8 meses) de licencias médicas de forma intermitente.

Expone que el 17 de abril de 2024 la COMPIN emitió la Resolución N°17382379, en la cual determinó que la funcionaria presentaba un estado de salud RECUPERABLE. Esta resolución fue expresamente mencionada en el considerando tercero del Decreto 301/2025, contrariamente a lo afirmado por la recurrente.

Argumenta que existe una errónea interpretación por parte de la recurrente respecto a la normativa aplicable. Explica que conforme a los artículos 147 letra a) y 148 de la Ley 18.883, el alcalde está facultado para considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo el haber hecho uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. En este caso, al haber declarado la COMPIN la salud como RECUPERABLE, el alcalde estaba plenamente facultado para declarar la salud incompatible, ajustándose a derecho el Decreto 301/2025.

Respalda su posición citando jurisprudencia administrativa, específicamente el Dictamen N°17.351/2018 de la Contraloría General de la República, que establece que cuando la COMPIN estima que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia. También cita el Dictamen N°725222, que reitera que la circunstancia de que la COMPIN determine que la salud del funcionario es recuperable no impide al alcalde ejercer su facultad de declarar la salud incompatible.

Adicionalmente, hace referencia a jurisprudencia judicial, citando fallos de la Corte Suprema (Rol N°819-2024, N°4.065-2024, N°210322-2023 y N°10.523-2022) en los que se distingue claramente entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable y aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, destacando que esta última se traduce en el hecho de que la condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años, a pesar de ser recuperable.

Explica los requisitos para declarar la vacancia por salud incompatible de un funcionario público, establecidos en el artículo 148 de la Ley 18.883 (homólogo del artículo 151 del Estatuto Administrativo), destacando que en el presente caso se cumplieron todos los requisitos legales: la funcionaria hizo uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años, no se declaró su salud irrecuperable, no se trató de licencias exceptuadas por la ley, fue declarada por el jefe superior del servicio y se requirió previamente la evaluación de la COMPIN.

Finalmente, la parte recurrida concluye que el Decreto Alcaldicio N°301/2025 se encuentra conforme a la ley y al derecho, no constituyendo un acto arbitrario en contra de la recurrente, solicitando a se rechace la acción de protección interpuesta.

Acompaña a su informe: ordinario N°573, la resolución de la COMPIN, el decreto impugnado y una planilla de licencias médicas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de ello aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto, la jurisprudencia de los Tribunales superiores de Justicia ha sostenido que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, la recurrente pretende, por medio del presente arbitrio constitucional, dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio Decreto Alcaldicio N°301/2025 de fecha 15 de enero de 2025, por estimarlo ilegal y arbitrario, al carecer de un presupuesto exigido por ley, cual es la realización de una evaluación por parte de la COMPIN, y que esta institución determinara su irrecuperabilidad.

Por su parte, la recurrida, indica que la evaluación requerida por ley se cumplió, y que en mérito de sus resultados fue que se ejerció una facultad contemplada por el legislador.

SEXTO: Que, para la acertada resolución del asunto es menester detenerse en el tenor de la norma del artículo 148 de la Ley N°18.883 que aprobó el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, cuyo actual texto, luego de la reforma introducida por la Ley N°21.050, es el que sigue: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

SÉPTIMO: Que, la forma de conciliar lo indicado en los incisos 1º y 3º de la norma trascrita, consiste en que, para declarar a un funcionario afecto a salud incompatible con el ejercicio de su cargo, el Alcalde debe requerir siempre y de manera previa el pronunciamiento de la COMPIN competente en relación a una eventual irrecuperabilidad, en términos de que si así fuera se habrá de seguir el camino dado para la declaración de salud irrecuperable regulado en el artículo 149 de la misma ley; en tanto que si la salud fuere estimada como recuperable podrá procederse –en su caso- al ejercicio de la prerrogativa establecida en el primer inciso de la norma del artículo 148.

OCTAVO: Asentado lo expuesto, cabe revisar los términos del Decreto objeto de la acción.

En dicho documento, se hace referencia a los artículos 147 letra a) y 148 de la Ley N°18.883 y de forma expresa a la resolución Folio N°17382379 de la COMPIN, la que resuelve que la funcionaria presenta salud recuperable, explicando el decreto las funciones desempeñadas por la recurrente y las consecuencias de sus ausencias, además de detallar cada una de las licencias presentadas por la actora, entre diciembre de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2023, con un total de 234 días de licencias, para luego, en su parte resolutiva, declarar que la salud de doña nombre reservado resulta incompatible, disponiendo la vacancia del cargo y el cese de funciones, sin derecho a indemnización, a contar del 01 de marzo de 2025.

NOVENO: Que, resulta fundamental, en consonancia con el mandato legal, el que el acto administrativo se encuentre debida y suficientemente fundado, pues es sólo en dicha virtud que se explicitan cuáles han sido las razones o fundamentos (no sólo legales sino también fácticos) que han conminado a la Administración a decidir en tal o cual sentido.

Ello es exigido por la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (aplicable en la especie en mérito del inciso 1º de su artículo 2), dado el tenor del artículo 11 inciso 2º y 41 inciso 4º.

DÉCIMO: Que, regresando la mirada al Decreto en cuestión, como se expresó en el considerando séptimo de este fallo, queda asentado en sus numerales 4°, 6°, 7° y 8°, los fundamentos que motivan la determinación adoptada, al tenor de la facultad concedida en el artículo 148 de la Ley N°18.883, esto es, haciendo expreso señalamiento de lo informado por la COMPIN, tras la evaluación de la funcionaria, y detallando, concretamente, el periodo continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos años previos por el cual la actora se mantuvo con licencia médica, señalando, además, la importancia de contar con un auxiliar de servicios, que ejerza la labor de forma permanente en el establecimiento educacional Escuela América.

De lo anterior, se desprende que el acto resulta suficientemente fundado, tanto en su sustento fáctico como normativo, no avizorándose la arbitrariedad e ilegalidad que se le atribuye, motivo por el cual, la acción constitucional presentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°375-2025 (Protección).-