nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 375-2024.- La Serena, ocho de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Expone que el 21 de julio de 2021 sufrió un accidente laboral, sintiendo un fuerte dolor tipo pinchazo-desgarro en la zona lumbar.

Añade que el 24 de julio de 2021 asiste al Hospital de Los Vilos, donde se le otorga una primera licencia médica y se le prescriben medicamentos para el dolor y aumento de tono muscular en región lumbar, siendo derivado a realizarse exámenes físicos ante la sospecha de fractura vertebral, lo que se confirmó en septiembre de 2021, diagnosticándole Fractura dorsales de cuerpos vertebrales D8, D9, L1 y L2, comenzando un tratamiento con analgésicos y corticosteroides, además de kinesioterapia, manteniéndose con licencia médica durante todo el mes de octubre de 2021.

Adiciona que el 15 de diciembre de 2021, el recurrente asiste a Mutual de Seguridad, donde realiza Denuncia Individual de Accidente de Trabajo (DIAT), código de caso 8433659, lo que ratifica su empleador extendiendo el 16 de diciembre de 2021 la DIAT correspondiente, a través de su asesor en prevención de riesgos, siendo atendido por dicha mutualidad durante los meses siguientes.

Sin embargo, a través de resolución 4703065 la Mutual de Seguridad determinó que el origen de las lesiones del recurrente es de origen común, señalando que no se establece una relación de compatibilidad entre el mecanismo supuesto de lesión y la expresión clínico-imagenológica del cuadro observado, no identificando mecanismo traumático concordante ni de energía necesaria para generar lesión aguda traumática ni que explique los hallazgos clínicos, las que tendrían características de mayor antigüedad.

Refiere que tras varios intentos y presentaciones que buscaban la modificación de lo decidido por la mutualidad, la SUSESO, el 26 de febrero de 2024, a través de Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-30578-2024, rechazó el recurso de reposición promovido por el recurrente.

Sostiene que la resolución en comento dictada por la Superintendencia de Seguridad Social es absolutamente ilegal y/o arbitraria, toda vez que son muchas de las razones por las cuales el accidente del recurrente debe ser calificado como de orden laboral, por cuanto:

1. El accidente en su oportunidad no fue informado por la empresa a la Mutual de Seguridad, tal como se determinó a partir de la fiscalización N°5/2022 seguida adelante por la Inspección Comunal del Trabajo de Los Vilos, la que en su informe de exposición concluye que “el empleador no realiza denuncia al organismo administrador CCHC en un plazo no superior a 24 horas de conocido el accidente que afectó con fecha 21/07/2021, al trabajador nombre reservado, RUT RUT reservado, que puede ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte, hecho ocurrido en Puerto Punta Chungo, comuna de Los Vilos”, tras lo cual multa a la empresa empleadora por el incumplimiento a la Ley 16.744.

2. El ingreso del trabajador a la faena en la cual se produjo el accidente señalado, tuvo lugar el 01 de julio de 2021, es decir, 20 días antes del siniestro. Al tratarse de una faena industrial vinculada a la minería, al recurrente le fueron requeridos por su ex empleador los exámenes pre ocupacionales que lo habilitaran para el desarrollo de las labores propias de su cargo, los que aprobó sin inconvenientes y sin señas de lesiones que impidieran su buen desempeño, razón por la cual fue contratado en el cargo de ayudante, cargo que implica maniobras de fuerza tales como traslado de materiales, manejo manual de carga, entre otros, de modo que resulta confuso que se considere que el diagnóstico de "Fracturas flexocompresivas vértebras D8, D9, L1 y L2" tienen un origen anterior al accidente. En ese mismo sentido, hace presente que antes del accidente trabajó con normalidad, pero luego del mismo comenzó a presentar licencias médicas e incluso tomó un “permiso con goce de sueldo” que le proporcionó la empresa.

3. Se logró determinar, a través de la fiscalización N°5/2022 de la Inspección del Trabajo, ya referida, que las labores que realizaba el recurrente, al momento de su accidente del trabajo, eran las de carga y traslado de discos de corte de más de 65 kilos, aun cuando Ley N°20.949 del año 2016, redujo a 25 kilos el límite máximo de manejo manual de carga (MMC) para población masculina adulta. A mayor abundamiento, señala que la regulación anterior a 2016 establecía el máximo de manejo manual de carga en 50 kilos. Por ello, resulta palmario que la actividad desarrollada por el recurrente al momento del accidente tiene la fuerza suficiente para provocar las invalidantes lesiones que padece, al contrario de lo establecido tanto por el organismo administrador como por la SUSESO.

4. Las lesiones sufridas a causa de su trabajo como ayudante de planta, no se corresponden con un accidente de la vida diaria, como el que puede tener una persona en su casa, más aún cuando de los hechos se desprende que sus dolencias solo se manifestaron una vez ocurrido el siniestro y a causa de trasladar elementos de trabajo que superan altamente el peso máximo establecido por la ley.

Resalta que la SUSESO no da razones que expliquen por qué el mecanismo lesional descrito (carga y traslado de discos de corte de más de 65 kilos) no tuvo la suficiente energía ni magnitud para producir la afección (fracturas flexo compresivas vértebras D8, D9, L1 y L2), haciéndose imposible para el recurrente tomar conocimiento de los verdaderos argumentos de la calificación, lo que desde ya deviene en un actuar arbitrario que no se justifica a sí mismo.

Invoca como garantías constitucionales vulneradas las del artículo 19° N°1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; en el caso de autos, consecuencia de los hechos narrados anteriormente, el recurrente ha sufrido física y psicológicamente las secuelas del accidente del trabajo, esto es, dolores crónicos de columna y espalda baja, problemas de movilidad, dificultad para mantenerse de pie o sentado durante sus quehaceres, imposibilidad de realizar deporte o caminatas, además de mantener labilidad emocional y crisis de pánico asociados al diagnóstico de trastorno de angustia, trastorno del sueño, miedo, ansiedad y síntomas de estrés postraumático, sin una oportuna atención y cobertura de su salud, entre otros efectos negativos, derivados del actuar arbitrario e ilegal de la mutualidad y la SUSESO (Superintendencia de Seguridad Social), al verse perturbado y amenazado en su integridad y ver conculcado su derecho a la salud.

Las de los artículos 19° N°2 y 3 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos; la SUSESO, ratificando lo señalado por el organismo administrador, ha señalado que los hechos que se indican en el presente recurso constituyen un accidente común, que no es responsabilidad derivada de la obligación de salud y cuidado que pesa sobre el empleador, en circunstancias que dicho siniestro ocurrió justamente debido al incumplimiento de dichas obligaciones, con lo que se está vulnerando el derecho del recurrente a ser protegido por la ley, justamente respecto del caso que esta cubre dichos supuestos. En este sentido, la calificación realizada pone al trabajador en la imposibilidad de acceder a la cobertura de la Ley 16.744, lo que ha impedido su acceso a atenciones de salud, oportunas y gratuitas, y a un tratamiento integral de su condición, conforme al financiamiento de los organismos administradores del seguro allí dispuesto.

En el mismo sentido, conforme a lo expresado previamente, la resolución impugnada deviene en ilegal por carecer de fundamentación, a lo que se encontraba obligada la recurrida conforme a lo dispuesto en inciso segundo del artículo 11 y 41 de la Ley N°19.880, afectando de este modo la garantía constitucional establecida en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Luego, invoca la garantía fundamental del artículo 19, N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad; toda vez que ha debido desembolsar cuantiosas sumas de dinero para tratar sus dolencias, desviando sus recursos económicos a transporte, consultas médicas particulares, un sinnúmero de sesiones kinesiológicas, atenciones de salud mental, entre otras, todo lo cual debió ser cubierto por el seguro de accidentes del trabajo dispuesto en la Ley 16.744, pero que conforme a la calificación realizada por la SUSESO siguen siendo de cargo del trabajador, lo que afecta de gran manera su patrimonio, considerando además que el recurrente mantiene a la fecha un grado global de discapacidad física del 35,5%, por lo que se encuentra impedido de realizar actividades remuneradas como antes del siniestro.

Por estas consideraciones solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-ISESAT-30578-2024, dictada el 26 de febrero de 2024, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, y en su lugar declarar que los hechos señalados en lo principal tienen el carácter de accidente laboral; que se ordene el pago de las prestaciones y tratamientos médicos que correspondan con cargo al seguro de la ley 16.744. Todo lo anterior, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de la Cédula de Identidad del recurrente junto a copia de Credencial del Registro Nacional de la Discapacidad; 2.- Resolución Exenta N°R-01-ISESAT-30578-2024, dictada el 26 de febrero de 2024, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social; 3.- Informe de Exposición elaborado a partir de fiscalización N°5/2022 de la Inspección Comunal del Trabajo de Los Vilos; 4.- Informe kinésico de atención del recurrente, emitido por el Hospital San Pedro de Los Vilos; 5.- Certificado emitido a nombre del actor por el Departamento de Salud de la Comuna de Los Vilos; 6.- Certificado de Atención, Programa de Atención Integral de Salud Mental, emitido por el Departamento de Salud de la Comuna de Los Vilos a nombre del recurrente SEGUNDO: Que, evacuó informe ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer término, el rechazo de la acción, por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, a saber, el Subsistema correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y puntualmente, con la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad asociada a esta.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Expone que consta en el expediente administrativo que acompaña, que el Sr. nombre reservado, el 11 de octubre de 2023, recurrió a esa Superintendencia, presentando recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N°R-01-ISESAT-08809-2023, mediante la cual se calificó como de origen común la patología presentada con diagnóstico de "Fracturas flexo compresivas vértebras D8, D9, L1 y L2", de lo que discrepa.

Debido a lo señalado, los profesionales médicos de ese organismo procedieron nuevamente al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección del trabajador por el diagnóstico de "Fracturas flexo compresivas vértebras D8, D9, L1 y L2" es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causalidad, como lo exige la Ley N°16.744, entre el cuadro clínico diagnosticado y el evento ocurrido, el 21 de julio de 2021, en que siente dolor al cargar discos de corte de 65 Kg.

En efecto, el mecanismo lesional descrito, no tuvo la suficiente energía ni magnitud para producir la afección en comento, que es de características imagenológicas degenerativas, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01- ISESAT-30578-2024, de 26 de febrero de 2024.

Sobre la materia, destaca que, en atención a los antecedentes aportados al expediente del recurrente, los facultativos de ese Organismo informaron: “Dr. nombre reservado. Ficha Médica Seguro Laboral (…) Fundamentos de la resolución: NO ACOGE RECURSO DE REPOSICION: AFILIADO REFIERE COMO MECANISMO LESIONAL "AL CARGAR DISCOS DE CORTE DE 65 KG, SIENTE DOLOR LUMBAR", EL QUE NO ES CONCORDANTE NI DE ENERGIA SUFICIENTE PARA DETERMINAR EL CUADRO RECLAMADO DE FRACTURAS FLEXOCOMPREISVAS DORSOLUMBARES, TAC DE COLUMNA LUMBAR CON OTROS CAMBIOS DEGENERATIVOS ASOCIADOS”.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado, la actuación de esa Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Sin perjuicio de lo ya señalado, hace presente que la pretensión del recurrente, en orden a dejar sin efecto la resolución impugnada en autos, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

Hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza del derecho a la vida e integridad física y psíquica, menos aún, del derecho de propiedad, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho por la Carta Fundamental.

Por último, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de su defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en ese Organismo de Control.

Por estas consideraciones solicita sea desestimado el recurso en todas sus partes y con expresa condena en costas.

Acompaña copia del expediente administrativo, relativo al caso del recurrente de autos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción esgrimida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-30578-2024, de 26 de febrero de 2024, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social rechazó el recurso de reposición deducido por el actor en contra de la Resolución Exenta N°R-01-ISESAT-08809-2023, mediante la cual se calificó como de origen común la patología presentada con diagnóstico de "Fracturas flexo compresivas vértebras D8, D9, L1 y L2".

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la calificación de la patología del actor, aquel gira en torno a la siguiente idea: “profesionales médicos de ese organismo procedieron nuevamente al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección del trabajador por el diagnóstico de "Fracturas flexo compresivas vértebras D8, D9, L1 y L2" es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causalidad, como lo exige la Ley N°16.744, entre el cuadro clínico diagnosticado y el evento ocurrido, el 21 de julio de 2021, en que siente dolor al cargar discos de corte de 65 Kg. En efecto, el mecanismo lesional descrito, no tuvo la suficiente energía ni magnitud para producir la afección en comento, que es de características imagenológicas degenerativas”.

SEPTIMO: Que, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la fundamentación dada en este asunto es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que constan en la documentación acompañada por el actor en sede administrativa -y que no aparecen debidamente ponderadas en la resolución que en esta sede se revisa-, resultando insuficiente para estos efectos lo consignado en el informe realizado por profesionales de la recurrida, toda vez que el mismo, de acuerdo a su propio tenor, solo se basa en un análisis de la documentación clínica y laboral disponible, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente al afectado.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta la vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio y prestaciones que otorga la Ley N° 16.744, se afecta el patrimonio del recurrente, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar al recurrente los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para que con ellos la autoridad competente emita un dictamen fundado en cuanto a si la dolencia que padece el recurrente califica o no como enfermedad laboral y, si es así y corresponde, proceda al pago de los subsidios y prestaciones correspondientes, todo ello dentro de un plazo de noventa días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de aplicarse alguna de las sanciones contempladas en el numeral 15 del Auto Acordado que rige la materia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 375-2024 (Protección).-