nombre reservado con COMISIÓN MÉDICA CENTRAL SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

nombre reservado

Comisión Médica Central Superintendencia de Pensiones Recurso de protección Rol N°374-2025.- La Serena, trece de mayo dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Claudio Fernández Ramírez, abogado, en favor de don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo al otorgamiento de la pensión de invalidez, lo que representa una vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el 30 de diciembre del año 2022, el actor presentó solicitud de pensión de invalidez ante la Superintendencia de Pensiones, emitiéndose el 9 de junio de 2023, un primer dictamen en el que la Comisión Médica Regional le otorgó un menoscabo de la capacidad de trabajo de un 68%, señalando: “Considerando que las enfermedades alegadas como invalidantes, provocan una pérdida de la capacidad de trabajo mayor a los dos tercios; por lo tanto acuerda aceptar invalidez definitiva total a contar del 30/12/2022.”

Indica que el recurrente es un joven de 24 años y debido a su patología sólo pudo tener trabajo en dos oportunidades, en los que tuvo que presentar su renuncia por su estado y condición.

Detalla su historial médico desde temprana edad, manifestando que padece artritis reumatoide juvenil, razón por la que agosto de 2022, le recomendaron solicitar pensión de invalidez, dado que su estado de salud le impedía trabajar, añadiendo que antes de realizarla obtuvo su credencial de discapacidad, la cual consignó un 55% de discapacidad física.

Refiere que el 3 de julio de 2023, la Compañía de seguros de vida, interpuso recurso de apelación en contra del dictamen de 9 de junio de 2023, motivo por el que el 20 de febrero de 2024, la Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica Central, emitió la Resolución N°C.M.C. 2205/2024, oportunidad en que estimó: “Que no procede otorgar invalidez, por cuanto la enfermedad alegada como invalidante está bajo observación y tratamiento médico, no habiéndose configurado la pérdida de a lo menos el cincuenta por ciento de su capacidad de trabajo.”, resolviendo, en definitiva, no otorgar la invalidez.

Expresa que, en marzo de 2024, presentó un recurso de reposición reclamando de dicha decisión. Sin embargo, la recurrida mantuvo su pronunciamiento, sin que considerase nuevos antecedentes ni realizara una evaluación de su caso.

Destaca que la patología que padece el recurrente es degenerativa, haciendo presente, asimismo, que desde los 12 años ha tenido que convivir con esta situación, lo que le ha acarreado un menoscabo significativo en su calidad de vida, especialmente en la actualidad, al no poder retomar un trabajo, lo que trae como consecuencia que no genere en ingresos, de forma tal que, al rechazarse la pensión de invalidez, se le hace imposible poder tener una vida digna.

Señala que no se indica en el acto recurrido cuáles fueron los nuevos antecedentes que se tuvieron a la vista o los nuevos exámenes que se pudieron ordenar al actor para poder llegar a la conclusión de no otorgar ningún porcentaje de invalidez, lo que denota la falta de fundamentación de la que adolece el acto recurrido.

Expone que el rechazo a la declaración de invalidez resulta arbitrario e ilegal, por cuanto, en primer término, no analiza nuevos antecedentes, no se practican nuevos exámenes, no se alude a los certificados e informes médicos presentados por el recurrente, además de no tomar en consideración el tiempo que ha transcurrido desde el primer dictamen al último, para que, recién el 4 de febrero del año en curso, se haya emitido el ultimo, rechazando de plano el recurso de reposición interpuesto, aceptando la apelación de la aseguradora, en orden a rechazar la solicitud y no otorgar la invalidez peticionada. En segundo lugar, deja sin protección, de manera absolutamente injustificada, a todas aquellas personas que, teniendo una patología crónica, no pueden trabajar, negándole el derecho a recibir un subsidio por pensión de invalidez.

Culmina solicitando se deje sin efecto la Resolución N°C.M.C. 1135/2025, ejecutoriada el 4 de febrero de 2025 y la Resolución N°C.M.C. 2205/2024, de 20 de febrero de 2024, retrotrayendo el procedimiento de calificación de invalidez al estado de ser nuevamente evaluado por la Comisión Médica Central, realizando todos los exámenes pertinentes al caso, lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra medida que se estime pertinente para el restablecimiento del derecho, con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Resolución N°C.M.C. 1135/2025, de 4 de febrero de 2025; 2. Resolución N°C.M.C. 2205/2024, de 20 de febrero de 2024; 3. Dictamen N°005.3079, de 9 de junio de 2023; 4. Informe Médico emitido por médico reumatólogo María Guasamucaro, de 25 de agosto de 2021; 5. Informe terapia ocupacional emitido por nombre reservado, de 8 de marzo de 2023; 6. Informe Médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 10 de julio de 2023; 7. Reporte de radiología emitido por Hospital San Juan de Dios, de 25 de junio de 2017; 8. Informe resonancia magnética emitido por el médico Neurorradiológo nombre reservado, de 24 de abril del año 2023; 9. Certificado emitido por la reumatóloga nombre reservado, de 27 de mayo de 2015; 10. Certificado Médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 6 de marzo de 2023; 11. Certificado emitido por el anestesiólogo Ovelio Quiroja, de 17 de septiembre de 2024; 12. Epicrisis emitida por el Hospital San Juan de Dios de La Serena, área de pediatría, de 5 de agosto de 2010; 13. Epicrisis emitida por el Hospital San Juan de Dios de La Serena, área de Pediatría, de 29 de junio de 2011; 14. Informe kinésico emitido por nombre reservado, de 26 de enero de 2011; 15. Informe kinésico emitido por nombre reservado; 16. Formulario de atención urgencia Hospital San Pablo de Coquimbo, de 16 de mayo de 2019; 17. Formulario de atención urgencia Hospital San Pablo de Coquimbo, de 28 de julio de 2022; y 18. Ingreso médico de Hospital San Pablo de Coquimbo, de 5 de enero de 2023.

SEGUNDO: Que a folio 6, atendido el tiempo transcurrido, no habiendo evacuado la recurrida el informe requerido el diez de marzo de dos mil veinticinco, se prescindió del mismo.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para la resolución del asunto en examen, conviene señalar que mediante dictamen N°005.3079/2023, de 9 de junio de 2023, la Comisión Médica de La Serena, considerando que las enfermedades alegadas como invalidantes provocan una pérdida de la capacidad de trabajo mayor a los dos tercios, resolvió aceptar la invalidez definitiva total a contar del 30 de diciembre de 2022.

Luego, a través de Resolución N°C.M.C. 2205/2024, de 20 de febrero de 2024, la Comisión Médica Central decidió: “Considerando: Que no procede otorgar invalidez, por cuanto la(s) enfermedad(es) como invalidante(s) está(n) bajo observación y tratamiento médico, no habiéndose configurado la pérdida de a lo menos el cincuenta por ciento de su capacidad de trabajo, ACUERDA: Someter los reclamos a tramitación, revocar el dictamen N°005.379/2023, de la Comisión Médica La Serena, del 09/06/2023 y resolver que no procede otorgar la invalidez.”

Finalmente, mediante Resolución N°C.M.C. 1135/2025, de 22 de enero de 2025, ejecutoriada el 4 de febrero del mismo año, la Comisión Médica Central, consignó “(…)3.- Que revisados nuevamente los antecedentes se constata que el caso fue bien estudiado y no procede otorgar la invalidez, por cuanto la(s) enfermedad(es) alegada(s) como invalidante(s) está(n) bajo observación y tratamiento médico, no habiéndose configurado la pérdida de a lo menos el cincuenta por ciento de su capacidad de trabajo (…) ACUERDA: Confirmar resolución N°C.M.C. 2205/2024, que declara que no procede otorgar invalidez.

(…) Los fundamentos de la decisión contenida en la presente resolución están consignados en el acta de sesión N°63 de fecha 22/01/2025 (…)”.

SEXTO: Que, conforme se colige de los antecedentes y, si bien en el acto por esta vía reprochado no se consignan todas y cada una de las consideraciones tenidas a la vista para resolver la petición de declaración de invalidez del protegido, lo cierto es que la propia resolución expresa que los fundamentos se encuentran contenidos en el acta de sesión N°63, instrumento que se debe entender parte integrante de aquélla, de manera que la falta de fundamentación acusada en el arbitrio no es tal, en tanto en aquel se ponderan las circunstancias médicas del actor de manera detallada.

A lo anterior, cabe adicionar que la Comisión Médica Central fundamenta sus resoluciones en las actas de sesiones, que son reservadas por ser datos personales y sensibles, de conformidad a lo estatuido en la Ley N°19.628, por lo que tampoco resulta posible estimar ilegalidad a ese respecto.

Finalmente, a mayor abundamiento, cabe relevar que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento y, en ese sentido, no consta que el recurrente tenga un derecho indubitado, en tanto en su recurso estima padecer una patología que amerita su declaración de invalidez, hecho controvertido en la resolución objeto del recurso, motivo que conduce al rechazo del arbitrio incoado, conforme se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°374-2025 Protección.