nombre reservado con CARABINEROS

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Carabineros de Chile y Ministerio del Interior y Seguridad Pública Recurso de Protección Rol N° 3703-2019.

La Serena, veintisiete de enero de dos mil veinte.- VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en su favor y en contra de Carabineros de Chile, institución domiciliada en domicilio reservado y en contra del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, con domicilio en el Palacio de la Moneda, comuna de Santiago, con el fin de impedir el uso de proyectiles de goma (balines) durante las próximas manifestaciones públicas, ello especialmente en relación a la Primera y Sexta Comisarías de La Serena, acción constitucional que fundamenta en lo siguiente:

Sostiene que con motivo de la situación de descontento social que afecta al país, según declaraciones del Presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Médicos de Chile (COLMED), don nombre reservado, quien aseguró que “son más de 200 personas que en estos días han perdido uno de sus ojos. Esto es muy grave. No ha ocurrido nada de esta magnitud en ninguna parte del mundo”.

Continúa argumentando, en base a opiniones expresadas por el personero singularizado, que el uso indiscriminado de balines y gases lacrimógenos afecta a quienes detentan el derecho constitucional a protestar, afectando no sólo al recurrente, sino a todos los peatones y ciudadanía que transita por el lugar, siendo imposible ejercer el referido derecho en condiciones y el libre desplazamiento por la ciudad, siendo además imposible y nocivo respirar.

Agrega que al inicio de las manifestaciones sociales el 18 de octubre de 2019, el Instituto de Derecho Humanos ha reportado el número de personas detenidas y heridas en hospitales, señalando las respectivas cifras, entre las cuales se encuentran 2.009 personas heridas, 42 por balas, 643 por perdigones y 41 por balines, indicando que 197 presentaban heridas oculares. Continúa refiriéndose a que la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador hizo público un informe de registro de pacientes con trauma ocular severo entre los días 19 de octubre y 2 de noviembre de 2019, tratándose en el mismo informe las características de un trauma ocular grave, que incluye patologías como la herida penetrante ocular (HPO), la contusión del globo ocular y tejido. El mismo informe agrega que desde el 19 de octubre del año 2019 ha existido un aumento exponencial de casos de trauma ocular, dando cuenta que en el período indicado precedentemente se presentaron 133 pacientes con trauma ocular grave, identificándose que en el 80,9% de los casos el mecanismo de acción fue el impacto de perdigones o balines antidisturbios, agregando que el resultado de ello fue que en el 60,3% se produjo una ceguera del ojo afectado.

Afirma, conforme el informe que cita, que los balines extraídos de las personas afectadas impresionan ser de goma, pero que en realidad tienen densidad metálica, agregando que los afectados han señalado que los disparos se han efectuado a una distancia inferior a los 10 metros y apuntando directamente a la cabeza, ello en contravención a las instrucciones del fabricante y los protocolos policiales.

Asevera que el informe advierte sobre el peligro para la integridad física de las personas que implica el uso de balines antidisturbios, lo que hace necesario hacer cesar el uso de los mismos.

Expresa que el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado el día 5 de noviembre del año pasado, expuso que al evaluar la situación con lo que ocurre a nivel internacional, el número de pacientes afectados por el uso de armas no letales es alarmante, liderando el país, tristemente, esta cifra. Así, haciendo un análisis de lo que ha ocurrido en los últimos 27 años a nivel internacional, considerando literatura especializada, los afectados por el uso de estas armas son más de 1.900 lesionados por balines y de ellos 300 tenían lesiones oculares. En dos semanas ya se tiene prácticamente la mitad de la cifra señalada, lo cual claramente, evidencia una emergencia sanitaria.

Afirma que las cifras podrían ser mayores, toda vez que no se mantiene un registro oficial del número de fallecidos y lesionados, existiendo una cifra negra.

Continúa haciendo ver que el Sistema de las Naciones Unidas en Chile llamó al Gobierno a cesar en forma inmediata el uso de balines y perdigones, toda vez que el uso de las mismas ha producido, a la fecha, más de 170 traumas oculares, llamado a que el Gobierno no ha dado respuesta.

Prosigue señalando que el Instituto de Derecho Humanos ha afirmado en un comunicado que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, por lo que llama a poner término al uso indiscriminado de la escopeta antimotines y que se reitere a Carabineros, por intermedio del Ministerio del Interior, el respeto irrestricto a los protocolos policiales, los que no se estarían observando.

Agrega que los graves resultados han sido incluso objeto de noticias en la prensa internacional, para lo que cita al periódico New York Times, lo que da cuenta claramente del uso de balines antidisturbios en contra de la ciudadanía que son disparados a corta distancia y al cuerpo.

A modo ejemplar se refiere al caso de nombre reservado, estudiante de psicología de 21 años, quien recibió el impacto de un balín en sus dos ojos, perdiendo la visión del ojo izquierdo y seguramente perderá el del derecho.

Afirma que la gravedad de los hechos, la extensión temporal, que supera los veinte días, y la magnitud del alcance (200 personas heridas con trauma ocular), hacen indispensable y urgente la presentación del recurso y la decisión judicial que permita prevenir y proteger a los recurrentes de la actuación ilegal y arbitraria de agentes del Estado que los exponen a daños corporales y mutilaciones.

Sostiene que el actual gobierno y específicamente quien está autorizado al uso de la fuerza en una democracia, esto es, Carabineros de Chile, ha vulnerado, de esta forma, un derecho fundamental con plena protección constitucional como es el derecho a la protesta y manifestación social, según se deprende de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, ello con el único fin de silenciarlo por vía de la violación indiscriminada de los Derechos Humanos, sembrando miedo y división en la ciudadanía.

Como consecuencia de lo expuesto, haciendo uso de los derechos constitucionales de que el recurrente es titular viene en recurrir de protección en relación a la vulneración, privación y amenaza de su derecho a protestar, a manifestarse pacíficamente, además de su derecho al libre tránsito, a su seguridad individual y al derecho que posee el actor y toda persona en relación a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación, todos derechos que aparecen vulnerados de forma permanente por Carabineros de Chile y el Ministerio de Seguridad Pública. Agrega que todo ello es motivo para verse amedrentado y limitado en su derecho a salir y marchar con el único objeto de presionar al Gobierno de Chile para que tome medidas en materia de justicia social y repare la impunidad de quienes han y siguen cometiendo abusos en nuestro país, en su economía, naturaleza y sociedad, toda vez que cuando el actor opta por ejercer este derecho corre, conforme sostiene, serio riesgo de perder un ojo, de ser secuestrado, intoxicado, privado de libertad o perder la vida.

Continúa el recurrente haciendo un análisis de la regulación del uso de la escopeta antidisturbios por parte de Carabineros de Chile, refiriéndose al rol y función constitucional y legal que le corresponde a la referida institución conforme a la Ley Orgánica Constitucional respectiva, ello en su capacidad de otorgar el auxilio de la fuerza pública cuando es requerido por la autoridad administrativa y la posibilidad de que la misma requiera que Carabineros de Chile utilice la fuerza pública en resguardo del orden público.

Analiza el actor la dependencia jerárquica de Carabineros de Chile en cuanto órgano administrativo y se refiere a su dependencia con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, organismo que ha regulado el uso de la escopeta antimotines en contra de quienes se manifiestan pacíficamente.

Agrega que el DS N° 1364/2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales. En su artículo 1° da los lineamientos generales relativos al uso de la fuerza, señalando que de esos lineamientos es posible concluir que el rol de los funcionarios policiales es tanto la protección de la seguridad, como del derecho de las personas, prefiriendo el uso de elementos o la adopción de medidas menos dañinas para lograr los objetivos. En las reuniones no autorizadas los funcionarios policiales deben evitar el uso excesivo de la fuerza. Así, se concluye que Carabineros de Chile debe dar estricto cumplimiento a la legislación interna y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile en materia de Derechos Humanos.

Hace ver que justamente por ello se dictó en marzo del 2019 la Orden General N° 2635, relativa a protocolos para el mantenimiento del orden público, que busca regular el uso de la fuerza, toda vez que posee los criterios generales y el detalle de cada uno de los instrumentos de coacción sobre los individuos.

Afirma, así, que en lo que interesa los principios reconocidos a nivel internacional vigentes en Chile son los de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.

Continúa, en su análisis del uso de la fuerza, los criterios, directrices y principios por los que los agentes del Estado deben regirse en su actividad, citando para ello la sentencia del caso Velásquez nombre reservado v/s Honduras (1998), la cual, destaca en su parte final que señala: “Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”.

Se refiere, luego, a que la normativa regula los principios y directrices que determina el uso de la escopeta antidisturbios (munición no letal), para luego referirse a lo que se consideran los niveles 4 y 5 de agresividad, ello conforme a la descripción que hace de la citada circular, para reseñar lo que en su concepto constituyen los requisitos para el empleo de la escopeta antidisturbios, los que serían: i.- debe tratarse de una manifestación ilícita, esto es, violenta o agresiva; ii.- deben haberse agotado los demás medios disuasivos o iii.- debe ser necesaria para “evitar un mal mayor”, esto es, un riesgo a la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros; iv.- debe existir una “agresión activa” o una “agresión activa potencialmente letal” de parte del destinatario del uso de la fuerza. Aún cumplidos los requisitos señalados, la normativa administrativa señala criterios de ponderación que buscan evitar el empleo de este medio extremo de coacción.

Continúa con citas de la referida normativa vinculadas a los criterios directrices que debe sujetarse el personal policial al utilizar las referidas armas de fuego, vinculadas a la distancia mínima de disparo, características del lugar, presencia de menores, adolescentes, mujeres embarazadas, etc., todo ello con el fin de evaluar adecuadamente el tipo de munición a usar. Luego se extiende a la obligación de auxilio en el evento que el personal policial tome conocimiento de haber ocasionado lesiones a una persona.

Prosigue el análisis del recurrente a la plausibilidad del mal uso de la escopeta antimotines, sosteniendo que la misma ha sido mal utilizada, ello en forma desproporcionada desde el 18 de octubre, comparando la situación ocurrida en Chile con la de otros países, sumado a las diversas advertencias que ha efectuado el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Oftalmología, conforme ya se expuso.

Afirma que el uso de las escopetas antidisturbios ha sido contra la normativa determinada por el Ministerio del Interior y de la propia autoridad de Carabineros de Chile, siendo utilizada en reuniones públicas o manifestaciones no violentas ni agresivas, se ha utilizado como forma ordinaria de disuadir manifestaciones, sin agotar otros medios, sin que se presenten las condiciones de una “agresión activa” ni una “agresión activa potencialmente letal”.

Agrega que esa práctica fue reconocida por el general nombre reservado el día 10 de noviembre, quien en conferencia de prensa dio cuenta que el personal policial no ha utilizado dichas armas sin sujetarse a los protocolos, es decir, no se ha restringido su uso a casos extremos. Adicionalmente, sostiene que el uso de tales escopetas ha sido sin respetar la distancia mínima de disparo, incumpliendo las normas que regulan el uso e incluso las instrucciones del fabricante, todo lo cual consta en el informe de la Unidad de Trauma Ocular.

Agrega que tampoco se ha dado auxilio a los lesionados, ni se ha detenido a los responsables, todo lo cual no se ve desvirtuado por el hecho que el Ministerio del Interior dispusiera, el 10 de noviembre, que se hiciera uso excepcional y acotado de ese tipo de proyectiles. Afirma que las normas vigentes regulan el uso de la escopeta antidisturbios, de forma que en nada se innova al reiterar las condiciones de uso que determinan la utilización de las mismas, siendo indiscutible que generan un riesgo comprobado de lesiones irreversibles en la población, lo cual no ha generado la prohibición de uso y, por el contrario, dado lo afirmado por el ministro Gonzalo Blumel, se seguirán utilizando.

Continúa el fundamento del recurso en relación a los antecedentes de derecho en un análisis de la protesta social, ello como expresión del derecho a voz y reunión garantizados en la Constitución Política de la República y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual reconoce nuestra propia Constitución en su artículo 19, estimando vulnerados y amenazadas seriamente los siguientes derechos fundamentales: N° 1 Derecho a la Vida, a la integridad física y psíquica; N° 8 Derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación; N° 6 Libertad de conciencia y expresión de las creencias; N° 12 Libertad de emitir opinión; N° 13 Derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas; N° 14 Derecho a presentar peticiones a la autoridad; N° 15 Derecho a asociarse sin permiso previo; el derecho a Protestar en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; Art. 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Arts. 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Art. 21 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Art. 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Analiza, en el acápite titulado “Debilidades en el Derecho”, que el Decreto Supremo N° 1086, de 1983, del Ministerio del Interior, regula el derecho de reunión en bienes nacionales de uso público, regulación que tiene un origen en un período autoritario, de forma que su constitucionalidad y legitimación se encuentren, a lo menos, en tela de juicio, estimando que el tribunal debería remitir el mismo al Tribunal Constitucional para su revisión, toda vez que solo por ley se puede regular el ejercicio de un derecho constitucional, afirmando que como ello no ha ocurrido, debe obtenerse el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Afirma que la criminalización de la protesta social se ha valido de la figura de desórdenes contenida en el artículo 269 del Código Penal, norma que deviene en arbitraria, toda vez que se confunde a los manifestantes pacíficos y transeúntes con aquellos que cometen delito, procediendo Carabineros, por vía de tal figura, a detener en forma masiva, indiscriminada y abusiva a manifestantes y transeúntes.

Sostiene que se ha detenido a personas por largos períodos de tiempo, las que al no existir pruebas en su contra son liberadas, resultando tal detención en ilegal o quedando impune.

Asevera que no se ha respetado el principio constitucional de objetividad, el que obliga a investigar con igual celo no solo lo que conduce a la determinación de la responsabilidad, sino también a aquellos que acredita su inocencia, actos que son arbitrarios, dándole poder a Carabineros de Chile de tomar detenido a cualquier persona y luego liberarla, quedando la policía en total impunidad.

Manifiesta que el abuso policial se materializa en el uso de elementos químicos de disuasión, tales como gases lacrimógenos y agua con agentes químicos en áreas urbanas, sin discriminar entre manifestantes y transeúntes, arrojando bombas en medio de la circulación, al interior de escuelas, viviendas y locales comerciales.

Continúa sosteniendo que la desprotección de la población es total en materia medioambiental, ya que se convive diariamente con restos de disuasivos químicos que permanecen en las calles y aceras dañando a la población. Agrega, a vía ejemplar, el caso de un niño de 14 años, en la ciudad de Quilpué, que hizo explosionar una granada lacrimógena en su Escuela que encontró en la vía pública, terminando de imputado por infracción a la ley de control de armas y sus compañeros y profesor en la posta.

Expone el total desconocimiento y falta de interés por quienes se dicen comprometidos en el cambio climático, ya que en 21 días han contaminado de forma irresponsable, sin que exista estudio que respalde la inocuidad de los gases lacrimógenos, los que paran en la atmosfera, preguntándose ¿dónde está el compromiso con disminuir la huella de carbono suscrita en el Acuerdo de Paris que al mismo Presidente de la República le valió un reconocimiento internacional.

Hace ver que el Estado y todos sus poderes tienen la obligación de cautelar todos los derechos constitucionales, e incluso en caso del derecho a manifestarse tiene la obligación constitucional de protegerlo, junto con el resguardo del orden público, ambos en forma coetánea y no uno sobre el otro.

Agrega que está prohibido absolutamente utilizar políticamente la fuerza pública.

Expone que Carabineros esta remunerado por estar prestos a proteger a las personas, por ello se le proporcionan elementos necesarios para su trabajo, entre ello armamento, de forma que para reducir a cinco o diez manifestantes bastará un contingente policial y vehículos para transportarlos a los cuarteles, sin necesidad de usar medios disuasivos.

Afirma que en registros audiovisuales que circulan en redes sociales se puede ver que muchos Carabineros consumen cocaína vistiendo el uniforme de la institución y en medio de marchas, explicando ello el nivel de ensañamiento e inconsciencia en el actuar.

Reitera la existencia de una acto ilegal y arbitrario, que amenaza y priva las garantías constitucionales contemplados en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, derecho a la vida a su integridad física y psíquica; el numeral 8°, esto es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación; Nº 6 libertad de conciencia y expresión de las creencias; Nº 12 libertad de emitir opinión; Nº 13 derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas ; Nº 14 derecho a presentar peticiones a la autoridad; Nº 15 derecho a asociarse sin permiso previo y en Tratados Internacionales suscritos por Chile, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Art. 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Arts. 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Art. 21 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Art. 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Culmina solicitando que se sirva tener por interpuesto el presente recurso en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de Carabineros de Chile, ordenando a la recurrida la detención inmediata de uso de balines y otros medios represivos como cargas de electricidad entre otros, además se ordene la prohibición de utilizar indiscriminadamente el uso de lacrimógenas y la limpieza inmediata de la ciudad de estos gases, y demás medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, tendientes a asegurar la debida protección de los derechos constitucionales del recurrente, todo con costas del recurso.

SEGUNDO: Que, con el fin de sustentar su recurso, el recurrente solicitó diversos oficios a funcionarios públicos, entidades privadas y organismos internacionales, solicitud que no fue acogida. Adicionalmente, con idéntico fin, acompañó los siguientes antecedentes: i.- Decreto Supremo Nº 1364, de 2018. del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; ii.- Circular Nº 1832, de 2019, del General Director de Carabineros de Chile; iii.- Orden General Nº 2635, de 2019, del General Director de Carabineros de Chile, y iv.- Informe Trauma Ocular de la Unidad de Trauma Ocular, Hospital Salvador, noviembre de 2019.

TERCERO: Que evacuando el informe de rigor por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, comparece con fecha 9 de diciembre de 2019 don Carlos Flores Larraín, abogado, en representación del referido organismo público, quien luego de resumir la acción de protección intentada y referirse genéricamente a ella, hace presente que por hechos similares a los señalados en autos ya se ha informado en las causas roles 3.681-2019 y 3.691-2019, tomando conocimiento además de la tramitación de la rol 3.705-2019, lo que hace presente a fin de evitar decisiones contradictorias en esta materia.

Expone, como antecedente, los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, primeramente, en la Región Metropolitana con graves alteraciones al orden público, quema, saqueo y destrucción de recintos públicos y privados, en especial la red de transportes del Metro, como también la interrupción de la libertad de circulación debido a barricadas. Tales hechos se extendieron a otras ciudades y regiones y, dada la magnitud de los mismos y el riesgo que importaba para la seguridad de las personas, llevaron a declarar el estado de excepción constitucional de emergencia para las comunas de La Serena y Coquimbo, ello por medio del Decreto Supremo N° 475, de 20 de octubre de 2019, estado de excepción que culminó con el Decreto Supremo N° 531, de 27 del mismo mes y año, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. A partir del término del estado de excepción, nuevamente Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, son quienes, conforme al mandato constitucional asumen el resguardo del orden público y la seguridad interior.

Analiza la naturaleza y alcance del recurso de protección establecido en la Constitución Política, en relación a los derechos que pueden ser amparados por tal vía, destacando el carácter de acción autónoma, excepcional, de tramitación informal y sumaria, cuyo ámbito de aplicación se limita a actos arbitrarios o ilegales que afectan derechos preexistentes e indubitados, ello en la medida que tales actos sean evidentes y ostensibles, atendiendo las circunstancias y modalidades concretas, ilegalidad o arbitrariedad que, como se dará cuenta, no se verifica en relación al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Afirma que el recurso intentado no contiene referencia alguna a cuál es conducta, activa u omisiva, que esa Secretaría de Estado ha incurrido y que sirva de sustento a la acción y explique la privación perturbación o amenaza de los derechos fundamentales que se estiman afectados.

Analiza el artículo 1° de la Ley N° 20.502, que crea al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, refiriéndose al rol colaborador con el Presidente de la República en los asuntos relativos al orden público y a la seguridad interior, haciendo presente que por mandato del artículo 3 letra b) la corresponde velar por la mantención del orden público en el territorio nacional.

Concluye, así, que esa Secretaria de Estado, posee facultades y competencias relativas a la mantención del orden público en el territorio nacional, las que ha ejercido conforme a los compromisos adoptados y la normativa existente. Así, en el Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se establecieron los lineamientos generales y perentorios sobre el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para resguardar el orden público.

Agrega que, para verificar el cumplimiento de la normativa interna por Carabineros de Chile, el citado cuerpo normativo, estableció en su artículo segundo que tal institución debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación en tal materia. Tal obligación se cumplió por via de dos instrumentos publicados en el Diario Oficial: i.- la Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, que actualiza las instrucciones sobre uso de la fuerza, y ii.- la Orden General N° 2.635, también de 1° de marzo, que aprueba los protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público.

Explica que la normativa contiene disposiciones que permiten, regulan, acotan y precisan las condiciones de utilización de diversos elementos disuasivos y medios de fuerza que Carabineros de Chile está autorizado a utilizar, en una lógica de progresividad, necesidad y proporcionalidad de su uso. Ello a fin de que dicha institución policial pueda cumplir con su función de garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República.

Afirma que el libelo de autos, no se hace tampoco referencia expresa y determinada a una actuación concreta de personal operativo de Carabineros de Chile, sino que, a actuaciones genéricas de dicha policía en la zona y resto del país.

Sostiene que, atendiendo lo señalado, no cabe sino concluir que las situaciones expuestas en la acción de protección podrían enmarcarse dentro de la responsabilidad que le cabe personalmente a los funcionarios que incurren en estos hechos; pero no es el Ministro del Interior y Seguridad Pública el responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus labores relativas a garantizar y mantener el orden público y la seguridad interior.

Agrega que no está demás precisar que, las contravenciones que puedan materializarse en relación con la normativa expuesta comprometen la responsabilidad del funcionario que incurre en tal conducta, debiendo destacarse que el ordenamiento jurídico nacional contempla vías específicas e idóneas para conocer esos casos.

Analiza, en un acápite referido a la existencia de instrumentos idóneos para abordar la pretensión del actor, que, dada las características de la acción de protección, en cuanto procedimiento cautelar y de urgencia, no concurre circunstancia alguna que remediar por esta vía, ello sin perjuicio de otros mecanismo que el ordenamiento jurídico establece.

Expone que al ser el personal de Carabineros de Chile funcionarios públicos, su actuar deficiente puede generar responsabilidad administrativa, civil o penal, ninguna de las cuales puede establecerse por vía de la acción de protección.

Destaca, de esta forma, que, para las eventuales infracciones a deberes y obligaciones de esos servidores públicos, existe un sistema de control interno y además otros canales y mecanismo, entre otras, la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional del Carabineros, además de normas estatutarias.

Reitera que de asumir como verdaderos los hechos afirmados en la acción de protección y que se utilizó por persona policial armamento no letal en contravención a la normativa vigente, no es la acción de protección el mecanismo idóneo para sancionar tal infracción.

Apoya su argumento anterior en diversas sentencias de tribunales superiores de justicia, que con motivo de otras acciones intentadas por ciudadanos a partir del 18 de octubre han sostenido reiteradamente que no es la acción de protección la vía apta para determinar la responsabilidad por transgresión de protocolos, normativa reglamentaria o por incurrir en ilícitos, citando para tal efectos diversas decisiones jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Santiago, Temuco y San Miguel.

Concluye, en relación a la línea argumentativa que viene desarrollando, que las acciones que han sido denunciadas como constitutivas de atentados a los derechos constitucionales indicados por el recurrente, en la medida que respondan a ilícitos penales o infracciones administrativas, deben ser denunciadas, tramitadas y resueltas por las autoridades correspondientes conforme a la legalidad vigente, ya sea, la propia institución de Carabineros de Chile en sede administrativa, y los tribunales de justicia en sede civil y/o penal, insistiendo que la acción de protección no es la vía idónea para denunciar los hechos expuestos por el recurrente.

Agrega, en todo caso que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto con valorar las acciones desplegadas para el control del orden público, insta siempre por el apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, que ha comprometido públicamente una total transparencia y colaboración para las investigaciones de eventuales ilícitos cometidos por el personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile en el ejercicio de sus funciones, instando para que ante cualquier denuncia de abuso, exceso o delito, inmediatamente, las policías instruyan los procedimientos disciplinarios y den cuenta de ello al Ministerio Público.

Agrega que el ordenamiento institucional contempla la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encuentra actualmente recabando las denuncias de la ciudadanía y presentando las acciones penales correspondientes ante los tribunales competentes. Cita en apoyo de tal argumento una sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, la cual más bien se vincula a la imposibilidad de la pretensión de prohibición de uso de armamento antidisturbios por vía de la acción de protección, al exceder los objetivos de la ella.

Explica que en la acción de protección intentada existe falta de oportunidad, por cuanto su pretensión principal se ha satisfecho, toda vez que el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, el 19 de noviembre del 2019, comunicó a la ciudadanía que, respecto del uso de escopeta antidisturbios con munición no letal y “como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”.

De esta forma la referida arma de fuego y su munición, a partir de tal fecha, no podrá ser utilizada en los niveles 4 y 5 de agresión activa y agresión activa potencialmente letal, circunscribiendo el uso de la misma para el nivel 5, agresión activa potencialmente letal, es decir, para repeler una agresión y proteger la vida del propio Carabinero o de un tercero.

Concluye, por tanto, que la acción de protección ha perdido oportunidad, no advirtiéndose medida cautelar que pueda ser adoptada para restablecer el imperio del derecho eventualmente quebrantado, tal como ya lo ha resuelto la Corte de Apelaciones de Antofagasta en causa rol N° 8.013-2019, citando parte de la sentencia de la referida decisión.

Continúa haciéndose cargo de la solicitud de prohibición de uso de gas lacrimógeno, haciendo presente que los disuasivos químicos se encuentran autorizados en Chile por el ordenamiento jurídico en determinados supuestos y vinculados a la tarea de control del orden público. Cita en apoyo de sus argumentos la sentencia rol N° 37.593-2019, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que, conociendo de una reposición, autorizó el uso de bombas lacrimógenas sujetándose estrictamente a los protocolos institucionales.

Agrega que, en el caso de autos, tal solicitud habría sido anticipadamente satisfecha con fecha 18 de noviembre de 2019, al acoger la orden de no innovar solicitada.

Continúa afirmando que en caso de acogerse la acción constitucional en los términos planteados, se condicionaría gravemente el actuar de Carabineros, incidiendo en el ejercicio de las facultades que dicho servicio posee en relación al deber de garantizar y mantener el orden público, lo cual, adicionalmente, afectaría la seguridad del propio personal y la de todos los habitantes de la región respectiva, aspecto que ya ha sido analizado por dos tribunales de alzada del país al revocar órdenes de no innovar decretadas, citando a vía ejemplar las causas rol N° 37.593-2019 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la rol N° 20.068-2019 de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Haciéndose cargo de los derechos fundamentales invocados en la acción de protección afirma que la misma debe ser rechazada al no haberse acreditado que ese servicio afectó los mismos, ni existiendo una referencia a la relación de causalidad entre los hechos invocados y el actuar de esa Secretaría de Estado.

Destaca que se invocan como vulnerados, por ejemplo, el derecho a reunirse pacíficamente y el de emitir opiniones, siendo un hecho público y notorio que, en las últimas siete semanas y prácticamente todos los días, la ciudadanía en su mayoría se ha volcado multitudinaria y pacíficamente a expresarse y copar los espacios públicos en las principales ciudades del país; hechos que demuestran que las alegaciones vertidas en este sentido por el recurrente, simplemente, no se condicen con la realidad. Así, no se verifica en la especie, una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria imputable al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales de las personas respecto de quienes se ha recurrido.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que, con el fin de sustentar sus alegaciones y defensa, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública acompañó los siguientes documentos: i.- Decreto Supremo N° 475, de 20 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; ii.- Decreto Supremo N° 531, de 27 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; iii.- Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; iv.- Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, de Carabineros de Chile, y v.- Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, de Carabineros de Chile.

QUINTO: Que, con fecha 8 de diciembre de 2019, don Sergio Antonio Fuentealba Aravena, abogado, en representación de Carabineros de Chile, Prefecto de la Prefectura de “Coquimbo, mediante oficio N° 393, de la misma fecha, informó al tenor del recurso de protección deducido.

Sin embargo, en relación al referido informe, por resolución de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, esta Corte de Apelaciones, atendido el mérito de los antecedentes, considerando que la acción de protección fue deducida y se tuvo por interpuesta en contra del Director General de Carabineros de Chile, dispuso nuevamente se oficiará a éste con el fin de que esa autoridad evacuara el informe respectivo.

Finalmente, con fecha 16 de diciembre de 2019, compareció don Sergio Antonio Fuentealba Aravena, abogado, remitiendo el informe de rigor contenido en el oficio N° 144, de 11 de diciembre de 2019, del General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, que efectuando un resumen del petitorio de la acción de protección procede, previamente, a objeto de contextualizar los hechos en que se fundamenta, a referirse a lo ocurrido el día 18 de octubre de 2019 en la ciudad de Santiago, donde se produjeron incendios de estaciones de metro y buses de locomoción, generándose saqueos en supermercados y farmacias, se atacaron y destruyeron instalaciones públicas y otras de carácter estratégico y, en general, hubo graves alteraciones al orden y seguridad pública, acciones de vandalismo que se extendieron a otras ciudades como Concepción, Valparaíso, Coquimbo, Rancagua y Antofagasta y a muchas más.

Explicita que esa situación obligó al Presidente de la República, en varias regiones del país, a decretar Estado de Emergencia, asumiendo las Fuerzas Armadas el control de los territorios afectados para restablecer el orden y la seguridad públicos, agregando que al cesar el referido estado de excepción el 27 de octubre, volvieron los actos de violencia, vandalismo y grave alteración al orden público.

Continua afirmando que el estallido social hizo que numerosas personas salieran a manifestarse a las calles, exigiendo reivindicaciones sociales, manifestaciones que si bien eran ilegales, por no contar con autorización, al desarrollarse pacíficamente Carabineros de Chile permitió que la ciudadanía se expresara, sin embargo, grupos de individuos violentos comenzaron a causar graves incidentes que ponían en riesgo no sólo la integridad física de los manifestantes pacíficos, sino del personal policial, lo que hizo necesario el uso de elementos disuasivos consagrados en los protocolos para el mantenimiento del orden público.

Puntualiza que la acción de protección sostiene que el uso de la escopeta antidisturbios importa un actuar arbitrario e ilegal, por cuando ha sido utilizado en forma desproporcionada; no se han respetado las normas que regulan su uso; se han utilizado contra personas que se manifiestan en forma pacífica, sin que existan condiciones de una agresión activa; se han utilizado a una distancia de disparo menor que la establecida; no se presta auxilio a los lesionados, ni se detiene a los responsables, y se han utilizado contra niños, niñas y adolescentes.

Expone, primeramente, a fin de descartar un actuar ilegal, que entre las obligaciones de Carabineros se encuentra específicamente el resguardo del orden público, conforme lo dispone el artículo 101 de la Constitución Política, norma que cita. La misma atribución se establece en el artículo 1° de la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

Agrega que para cumplir la función de garantizar y mantener el orden público la institución desarrolla diversas acciones preventivas y otras de mayor intensidad para restablecerlo si se ha quebrantado, siendo el Decreto Supremo N° 1.364, de 2018, el cuerpo normativo que contiene disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público. En el mismo contexto se aplica la Circular N° 1.832 del año 2018, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza y la Orden General N° 2.635 de 2019, que establece protocolos para el mantenimiento del orden público, constituyendo tales instrumentos el marco normativo sobre el uso de la fuerza.

Complementa lo anterior haciendo presente que Carabineros de Chile ajusta su estándar de actuación a criterios internacionales fijados por dos instrumentos; el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, citando para efectos del informe el artículo 3° y numeral 4° de tales instrumentos normativos, respectivamente.

Explica que la Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público se estructura en base a cuatro escenarios y la Orden General Nº 2.635, que identifica, agregando que, además, regula el trabajo con distintos organismos, entre ellos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. El anexo número uno contempla los elementos que pueden utilizarse para este fin, lo cual atiende a la siguiente clasificación: primaria, dispositivos, armas y/ o munición no letal o menos letal; secundaria, armas cortas y armas automáticas con munición de arma de puño; terciarias, armas largas, y; cuarta, armas de apoyo de alto poder de fuego.

Argumenta que el empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención depende del tipo de manifestación, que puede ser violenta o agresiva, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial, contemplando el protocolo, en el anexo número dos, un glosario que define los conceptos de "Empleo diferenciado de la fuerza"; "Gradualidad de la intervención"; "Manifestación ilícita agresiva", y "Manifestación ilícita violenta".

Agrega que los elementos que se pueden utilizar para el control del orden público son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Todos los mecanismos señalados se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención regulados en la Orden General Nº 2.635, lo que supone un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias y en la medida que el teatro de operaciones así lo permita.

Refiriéndose concretamente a la escopeta antidisturbios, explica que es un elemento disuasivo que los cuerpos policiales utilizan para el control de muchedumbres. Su uso se vincula a la escala de progresividad que contempla el protocolo para el mantenimiento del orden público regulado en la Orden General Nº 2.635 y procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes y del personal de Carabineros de Chile, es decir, su empleo no es discrecional, pues se circunscribe sólo a muchedumbres violentas y agresivas. Adiciona que la Circular Nº 1.832, establece que este medio está un peldaño antes del uso de las armas de fuego que ocupan munición letal, es considerado un elemento que no pone en riesgo la vida, ya que funciona con un cartucho de 12 mm., que contiene un proyectil con 12 postas de goma endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm. súper-sock compuesto por un saquete o bolso, una tapa de cartón del plano de boca y una vaina.

Continúa explicando que la contingencia actual en relación a la mantención del orden público no pudo ser prevista en el protocolo, ya que fue creado para el control de muchedumbres en situaciones de normalidad, sin embargo los acontecimientos actuales provocaron un aumento significativo de acciones violentas y su frecuencia se multiplicó, así hasta el día 04 de diciembre del presente año han ocurrido 7.360 eventos a nivel nacional; de ellos 2.778 han sido desórdenes, 947 saqueos, 821 daños, 279 incendios y 2.535 casos catalogados como otros hechos; a nivel regional, correspondiente a la Región de Coquimbo, han ocurrido 367 eventos graves, 143 han sido desórdenes, 45 saqueos, 131 manifestaciones, 20 daños, 16 cortes de ruta, 7 atentados incendiarios y 5 ataques a cuarteles; por estos hechos han sido detenidas 557 personas. Ello deja en evidencia el nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de la Institución, quienes para hacer frente en estas situaciones sólo cuentan con los elementos disuasivos que contempla el protocolo, los cuales han sido utilizados en forma progresiva. Se hace presente que hasta el día 04 de diciembre del presente, existen 60 Carabineros lesionados en la Región de Coquimbo, lo que ha implicado aumentar el uso de la fuerza en forma proporcional cada vez que ha sido necesario con el objeto de no poner en riesgo la vida de las personas que se manifiestan de forma pacífica y del personal Institucional.

Agrega que, si bien la referida escopeta es un elemento no letal, por su naturaleza puede igualmente afectar la integridad física de las personas, lo cual también puede ocurrir con otros elementos disuasivos como el cañón de agua, el gas lacrimógeno, pero que todos esos elementos solo se usan para controlar el orden público y disuadir a la muchedumbre de ejecutar actos violentos, agredir a personal policial y nunca se utilizan para afectar la vida de las personas.

Concluye que el uso de la escopeta antidisturbios no puede ser considerado arbitrario, toda vez que su uso obedece a criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad determinado por los instrumentos jurídicos que regulan la materia. Hace presente que, si se accediera a lo solicitado en la Acción de Protección, en cuanto a que no pudiera usarse la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad, los funcionarios de la Institución podrían utilizar sus armas letales lo que sin duda causaría un peligro real para la vida de las personas. Por ello cobra relevancia la mencionada escopeta, la que constituye un mecanismo que impide llevar al extremo el uso de la fuerza que legítimamente se podría ejercer, y que a la fecha no ha tenido lugar justamente por la existencia de ese elemento.

Prosigue refiriéndose a los disuasivos químicos, cuyo uso está acorde a las tácticas policiales a nivel mundial y se usan para contrarrestar la alteración del orden público, utilizando diversos elementos que identifica, como el humo blanco, gases lacrimógenos y otros, todo lo cual, regulado en el protocolo ya mencionado para el control de muchedumbres violentas y agresivas, es decir, de quienes operan por medio de barricada, saqueen propiedad pública y privada, afectando la tranquilidad.

Analiza el artículo 2° de la Ley de Control de Armas y Explosivos, la que faculta a Carabineros de Chile la posesión y uso de sustancias químicas, agregando que en los procesos de licitación para adquirir tal material se exige a los proveedores una certificación de las concentraciones para cumplir la normativa.

Aclara que uso de disuasivos químicos para el control del orden público ha sido efectivo y no existen casos con consecuencias fatales, siendo un elemento que minimiza el riesgo letal. Los gases lacrimógenos que adquiere la Institución reúnen los siguientes criterios: a) No son letales (con un uso adecuado y con personal capacitado); b) Son de efecto rápido (genera una reacción inmediata); c) Los síntomas son disipados en breve tiempo al cesar la exposición, y; d) Las concentraciones no superan los 0.4 mg/m3, conforme a la norma tenida a la vista (niosh y osha). Además, la utilización de gases lacrimógenos opera bajo los criterios de necesidad, progresividad, proporcionalidad, empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención, pues están antes de la escopeta antidisturbios.

Puntualiza que sobre los efectos que produce este tipo de elemento en la población, es relevante el análisis que el Instituto de Salud Pública remitió al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el 20 de mayo de 2011, en el cual se indicó que "se reconoce la existencia de los habituales efectos agudos irritativos, tales como tos, lagrimeo, broncoespasmo, irritación bucal, rinorrea, etc. Sin embargo, no se dispone de evidencia científica consistente que permita concluir la presencia de una posible asociación causal entre gas lacrimógeno (CS) y aborto u otras patologías severas en población humana”, lo cual permite descartar riegos para la integridad física.

Adiciona que el uso de tales gases se sujeta a la advertencia previa en tres oportunidades por medio de megáfonos, justamente para advertir a las personas sobre el uso, advertencias que se cumplen si el trato de operaciones lo permite.

Expone que respecto a la contribución que el uso de gas lacrimógeno produce en la contaminación del medio ambiente, es el recurrente el que debe acompañar los antecedentes que así lo acrediten y su ausencia impide que Carabineros de Chile pueda informar. Lo mismo sostiene en relación a la imputación que el personal policial utilizaría cocaína en forma previa a las marchas, lo que explicaría su nivel de ensañamiento.

Aclara que, en relación a la afirmación de falta de asistencia de las víctimas, tal acción se realiza en la medida que sea posible, ya que muchas veces la integridad del propio personal se ha visto afectada por la acción de manifestantes violentos.

Refiriéndose a las garantías constitucionales afectadas, las que singulariza concretamente en su informe, hace presente que mientras las reuniones sean lícitas, conforme lo establece la Orden General N° 2.635, es decir, sin que existan situaciones que afecten la normalidad, Carabineros de Chile no interviene y mantiene una actitud de observación.

Expone que el ejercicio del derecho a reunión en bienes nacionales de uso público se encuentra regido por el Decreto Supremo N° 1.086, de 1983, estableciendo una serie de requisitos de índole administrativo que los organizadores de las respectivas actividades deben sujetarse, estando obligada la institución a actuar y a utilizar los elementos disuasivos cuando existen manifestaciones ilícitas, violentas o agresivas y cuando se usan armas.

Analiza cuando, conforme al decreto supremo citado se considera que se llevan armas para efectos del ejercicio del derecho a reunión, vinculando ello con el protocolo N° 1, de la Orden General N° 2.635, al clasificar en lícitas e ilícitas tales reuniones y estas últimas en violentas o agresivas, explicitando que se entiende por una u otra.

Afirma que, conforme al análisis efectuado, no es posible que exista un acto arbitrario o ilegal en las acciones policiales que ha realizado la Institución, toda vez que cuando existen manifestaciones como las descritas, se encuentra legalmente facultado para hacer uso de la fuerza, la que se ejerce sobre la base de criterios de necesidad, proporcionalidad y progresividad. Agrega que, en la medida que las circunstancias lo permitan, Carabineros de Chile debe advertir a los manifestantes, a lo menos en tres oportunidades, que utilizará los elementos disuasivos, lo cual permite a las personas alejarse del lugar y tomar los resguardos necesarios.

Continúa el informe con diversas conclusiones, afirmando que Carabineros de Chile no ha podido vulnerar las garantías constitucionales reclamadas por el actor, toda vez que al actuar en mantenimiento del orden público se ejerce una facultad conferida por el ordenamiento jurídico.

Agrega que la escopeta antidisturbios y los disuasivos químicos se utilizan para actuar en contra de quienes causan desórdenes graves, como saqueos, incendios y agresiones a personas y funcionarios de Carabineros de Chile, sin que su uso se dirija a atacar a personas que legítimamente están en marchas pacíficas.

Afirma que el protocolo para el mantenimiento del orden público establece la fuerza para dispersar reuniones, ello bajo criterios de un uso gradual de la fuerza y en forma progresiva, solo cuando se ejecutan acciones violentas y agresivas.

Hace presente que mediante documento electrónico N.C.U. 105493134, de 20 de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, por orden del General Director, se dispuso la suspensión de la escopeta antidisturbios, estableciendo que: "Se ordena suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte". Agrega que tal orden se mantendrá mientras no se tenga a la vista los resultados de las pericias que la Institución encargó para determinar la composición de la munición que era utilizada; sin perjuicio de ello, sólo se empleará ante peligro inminente para la vida del personal y de terceros, en ese caso, el funcionario autorizado para operar dicho elemento portará una cámara que grabará su actuación, lo cual permitirá determinar, en caso de ser procedente, si se ajustó o no a las reglas sobre el uso de la fuerza.

Agrega que la institución ha adoptado las medidas para recibir las denuncias que se formulen por un uso inadecuado de las escopetas.

Se refiere a diversas sentencias de tribunales superiores, que por vía del recurso de protección ha conocido de asuntos similares a los de autos, haciendo presente, primeramente, algunas decisiones relativas a las órdenes de no innovar relativas a la prohibición del uso de las escopetas antidisturbios, las que destaca en razón de que dejan a salvo la utilización de las mismas cuando exista peligro para el personal de la institución y también para terceros.

Culmina solicitando el rechazo del recurso, al no poder considerarse que el uso de las escopetas antidisturbios y disuasivos químicos puedan ser arbitrario o ilegal, dado que se ajusta a los criterios impartidos por la autoridad y por la propia institución, además de haberse impartido instrucciones para que se suspendiera el uso de las escopetas como herramienta antidisturbios, las que sólo pueden utilizarse como medida extrema y sólo para legítima defensa.

SEXTO: Que se hizo parte en el presente recurso de protección el Consejo de Defensa del Estado, el que en tal calidad asumió la representación judicial del Ministerio del Interior y Facultad Pública, de conformidad a lo que dispone el D.F.L. N° 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, Culminada la tramitación del recurso, se colocó la causa en tabla y se procedió a su vista, escuchándose las alegaciones de las abogadas doña Natividad Pereira, por Carabineros de Chile y de doña nombre reservado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ello previa relación pública.

Con fecha 19 de diciembre de 2019, de conformidad a lo que dispone el artículo 86 del Código Orgánico Tribunales, se suspendió el debate, a petición de la unanimidad de los miembros de la Sala, en razón de ser necesario un mayor y más detenido estudio del asunto a fallar, señalándose para volver a la discusión y adoptar acuerdo el lunes 06 de enero de 2020 a las 13:00 horas.

Finalmente, el lunes 06 de enero de 2020 se adoptó acuerdo.

SÉPTIMO: Que para una adecuada resolución del asunto sometido a conocimiento de esta Corte de Apelaciones debe tenerse en consideración que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es concebido como una acción cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos, perturbaciones o amenazas que puedan experimentar en su legítimo ejercicio ello como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Consecuentemente a ello, constituyen presupuestos de esta acción cautelar: a) la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de tal acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental y, c) que dicho derecho esté contemplado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Cumplidos los presupuestos antes singularizados, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, los tribunales competentes pueden adoptar las medidas de resguardo o providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, ello sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

OCTAVO: Que como se desprende de la motivación precedente, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza.

La referida acción u omisión arbitraria o ilegal debe traer, como consecuencia, algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, es decir, una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho fundamental contemplado expresamente por la Carta Fundamental, de forma tal que, en definitiva, se exige una relación de causalidad entre el comportamiento arbitrario o ilegal y la afectación del derecho fundamental, consideración que resulta necesaria para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

NOVENO: Que, ha de tenerse en consideración que la acción de protección establecida en el artículo 20 de la Carta Fundamental, sin bien puede ser deducido directamente por el propio afectado o por cualquier otra persona a su nombre, tal característica no la convierte en una acción de carácter popular, en razón que el derecho a recurrir recae directamente en quien es el perjudicado por la conducta ilegal o arbitraria que atenta contra un derecho fundamental, autorizándose que un tercero también lo pueda hacer “a su nombre”, de forma tal que por su estructura el recurso de protección requiere a un individuo personalmente afectado en alguno de sus derechos fundamentales.

Lo anterior no sólo deriva del texto constitucional, sino esencialmente de las exigencias mismas de la acción en análisis, toda vez que, como ya se hizo presente, entre sus requisitos se encuentra la existencia de una relación causal entre la acción u omisión ilegal o arbitraria y la lesión o amenaza al legítimo ejercicio del derecho fundamental que se sostiene amagado. Tal relación causal importa la existencia de un hecho concreto y determinado, ejecutado o realizado en forma ilegal o arbitraria y del cual se desprenden efectos que lesionan, impiden, limitan, restringen o amenazan el libre y legítimo ejercicio, por parte de una persona determinada, de un derecho fundamental específicamente protegido por la acción de protección.

DÉCIMO: Que en el caso concreto la acción de protección se sustenta en una serie de imputaciones de carácter general, de contenido difuso y vagas, en que se hace referencia a acciones y omisiones en que habría incurrido personal de Carabineros de Chile con motivo de las manifestaciones sociales iniciadas el 18 de octubre del año pasado, conductas ilícitas o indebidas de los agentes de policía que se han materializado en lesiones de diversa gravedad, incluyendo graves traumas oculares a personas que participan en las manifestaciones, ello por el uso de armas de fuego con munición no letal o perdigones de goma, como además de gases lacrimógenos.

En la extensa relación que se efectúa por el recurrente no se singulariza un hecho concreto y determinado que a él lo haya afectado y que generara alguna amenaza o lesión a alguno de los derechos fundamentales que sostiene afectados. De hecho, ni siquiera se singulariza algún acontecimiento concreto ocurrido en la ciudad de La Serena, Coquimbo u otra localidad de esta región que permita determinar claramente el sustento fáctico del recurso y la forma en que éste afecta el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales del actor y recurrente.

Justamente es esa falta de precisión y determinación de un hecho concreto el que impide comprobar, adicionalmente, la existencia de la referida relación causal que provoque o genere la afectación de los derechos fundamentales que el actor de protección sostiene afectados o amagados producto del actuar ilegal o arbitrario del personal policial.

UNDÉCIMO: Que el actor de protección sostiene que el actuar de los funcionarios policiales, especialmente por el uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios y el uso de gases disuasivos en las diversas manifestaciones que han ocurrido en el país, le ha generado la vulneración, privación y amenaza de su derecho a protestar, a manifestarse pacíficamente, de su derecho al libre tránsito, a su seguridad individual y de su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, de forma tal que actualmente se ve amedrentado y limitado su derecho a salir y a marchar para manifestarse, toda vez que al optar a ejercer tal derecho corre el riesgo de “perder un ojo, de ser secuestrado, intoxicado, golpeado, privado de libertad o perder la vida”.

Tal afirmación que sustenta el recurso deducido y procura justificar la amenaza o afectación a los derechos invocados por el actor, no resulta establecida en el caso de autos, por cuanto, como se ha señalado, dado el relato genérico que sirve de fundamento a la acción de protección y la falta absoluta de referencia concreta y determinada a una situación específica en que el recurrente haya participado de alguna forma, hace imposible determinar la relación causal exigida como uno de los presupuestos que permiten acoger la acción cautelar en análisis.

Adicionalmente, es justamente la misma afirmación la que hace concluir que en el caso concreto, más que centrarse la acción de protección en una situación específica que afecte los derechos fundamentales del actor, se está haciendo referencia a una situación que perturbaría concretamente a terceros no identificados que se habrían visto, eventualmente, afectados en algunos de sus derechos fundamentales, adquiriendo, desde esa perspectiva, la acción deducida el carácter de “popular” o “general”, rasgo que no es propio del recurso de protección.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo analizado en las motivaciones precedentes, que permiten desechar la acción de protección, es necesario, dadas las alegaciones efectuadas por el actor, referirse al derecho a reunión, a partir del cual construye su argumentación. Efectivamente nuestra Carta Fundamental establece en el artículo 19 N° 13º el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, exigiendo que en el evento que las reuniones se efectúen en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se cumplan con las disposiciones generales de policía. Así, nuestro texto constitucional distingue entre el derecho a reunión en lugares privados, en el cual no se requiere permiso previo de autoridad alguna, siempre que se haga sin armas y el derecho a reunión en lugares de uso público, donde además requiere que se ajuste a las disposiciones reglamentarias.

A diferencia de lo sostenido por el actor, la referida regulación resulta acorde y coherente a diversos instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Así, el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone: “Derecho de Reunión. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”. Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reproduce en su artículo 21 casi la misma regla al disponer que: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

De este modo, el derecho a reunión en el ámbito internacional, como ocurre en la normativa constitucional nacional, condiciona el libre ejercicio del mismo a aquellas restricciones vinculadas a la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. Debiendo recordar, en relación a lo anterior, que, como lo establece el artículo 32.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

Así, el derecho a reunión en lugares de uso público encuentra como límites no sólo el ejercicio de los derechos de los demás, sino también el respeto al derecho de tránsito y del uso del resto de los ciudadanos, lo que se traduce en la necesidad de someterse a las exigencias de la autoridad, la que puede disponer lo necesario para la conservación de la seguridad pública interior y el orden público, de ahí la posibilidad de regular su ejercicio, cuestión que en Chile hace el Decreto Supremo N° 1.086 del Ministerio del Interior.

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme nuestra Carta Fundamental, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones, constituyendo tales instituciones la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas, dependiendo ambas instituciones del Ministerio encargado de la Seguridad Pública que es el de Interior y Seguridad Pública. Consiguientemente, Carabineros de Chile posee atribuciones constitucionales y legales en materia de conservación del orden público y la seguridad pública interior, siendo, para todos efectos legales, la fuerza pública, directamente dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y encontrándose, por tanto, legitimado para la utilización de medios disuasivos que permitan el restablecimiento del orden público, la seguridad pública interior y la paz social.

Consecuencialmente, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública le corresponde velar por el manteniendo del orden público y la seguridad pública, ello conforme la propia Constitución Política y especialmente a la luz de lo que dispone la Ley N° 20.502, que crea el referido ministerio, labor que cumple, entre otros, por medio de Carabineros de Chile, quienes dependen del mismo, de forma que no le puede ser ajena tal labor y tampoco las actuaciones que realicen los funcionarios policiales dada la dependencia que existe entre ambas entidades del Estado.

Evidentemente ambos organismos deben sujetarse en su actuación a lo preceptuado por la Constitución y las leyes, no bastando para legitimar su actuar institucional y sostener la legalidad de su proceder, la sola existencia de normas legales, reglamentarias y/o protocolos de actuación basados en normativa internacional, como se insinúa por parte de Carabineros de Chile en su informe, sino que promoviendo, disponiendo y velando por que quienes prestan labores en tales organismos sujeten efectivamente su comportamiento funcionario y el desarrollo de sus labores y tareas a tales normas, reglas y protocolos, respetando esencialmente los derechos fundamentales de todas las personas, tal como lo exige el inciso final del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental.

Adicionalmente, la eventual infracción de tales normas y/o procedimientos, especialmente ante la posibilidad de afectar la vida o la salud de terceros, como ocurre con el uso de armas de fuego aun cuando sean con munición no letal, debe generar las medidas necesarias para hacer efectivas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que nuestra legislación establece, sea promoviendo el desarrollo de tales procesos disciplinarios, efectuando las denuncias respectivas a los órganos competentes, dando cuenta a la autoridad correspondiente y, evidentemente, en el caso de Carabineros de Chile, dando auxilio y protección a quien pueda resultar afectado en su salud y/o vida.

DÉCIMO CUARTO: Que, conforme se analiza en los considerandos duodécimo y décimo tercero, el asunto objeto del presente recurso importa la ponderación de intereses y legítimos derechos amparados constitucionalmente, lo que requiere, como ya se ha señalado, no de un análisis abstracto, carente de un contenido fáctico concreto y determinado, en base a imputaciones vagas, sino de una situación de hecho determinada, que afecte al recurrente en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales y que permita determinar claramente la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de Carabineros de Chile, cuestión que en estos autos no se ha podido establecer justamente por la falta de un hecho concreto y determinado que permita dar cuenta, más o menos detalladamente, de las circunstancias precisas de contexto en que se habrían desarrollado los hechos y que permita efectuar al tribunal el examen de legalidad o razonabilidad que la presente acción constitucional obliga ejecutar a fin de determinar sus requisitos de procedencia.

DECIMO QUINTO: Que el recurrente sólo menciona ,con precisión, según se desprende, a modo ejemplar, el lamentable caso del joven estudiante de psicología nombre reservado, acaecido en la ciudad de Santiago, sin embargo tan desgraciado suceso, se encuentra sujeto actualmente a una investigación ante el Ministerio Público, siendo en definitiva la respectiva instancia judicial penal la que determinara las responsabilidades criminales personales que puedan existir, las cuales no procede precisar mediante el presente recurso de protección, ya que ello significaría invadir facultades propias de la justicia punitiva.

DÉCIMO SEXTO: Abona a todo lo expuesto, que actualmente el recurso ha perdido oportunidad, por cuanto una de las autoridades recurridas, el Director General de Carabineros, dispuso con posterioridad a la interposición del presente recurso, el cese en el uso de escopetas antidisturbios con munición no letal, circunscribiendo su utilización, en base a lo regulado en la Circular N° 1.832, publicada en el Diario Oficial de 4 de marzo de 2019, al nivel 5 de agresión activa potencialmente letal, sólo como medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte.

Finalmente, si bien en la acción de protección deducida no se pretende el establecimiento de responsabilidades ni la revisión de la normativa pertinente al uso de la fuerza en el mantenimiento del orden público, sino sólo se motivaría en el interés de ejercer los derechos civiles y políticos esenciales, como son la libertad de reunirse y expresarse, ello sin necesidad de autorización previa y sin temer que su ejercicio pueda importar una eventual afectación a la vida, a la salud individual, a la integridad corporal o a la libertad personal por parte de funcionarios del Estado, lo cierto es que atendida la actual regulación normativa pertinente y a que se ha hecho referencia latamente en esta decisión, debe entenderse que tales garantías se encuentran suficientemente protegidas, las que de verse amenazadas o lesionadas requiere la activación de los mecanismos procesales que permitan el establecimiento de tales hechos, concretos y determinados, en razón de los presupuestos que correspondan, lo cual es ajeno a la acción de protección.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile y del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública.

Acordada con el voto en contra del ministro titular Sr. Ramírez, quien estuvo por acoger el recurso de protección deducido solo respecto de Carabineros de Chile, ordenándose a la mencionada institución que, a través de su Director General, imparta las instrucciones pertinentes a los funcionarios de su dependencia, en orden a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los protocolos institucionales sobre el uso de la fuerza y se abstengan de utilizar agentes químico, como gases lacrimógenos y, en especial, el empleo de escopetas antidisturbios, en contra de personas que se manifiesten pacíficamente, teniendo en consideración los siguientes fundamentos:

PRIMERO: Que constituyen hechos de conocimiento público que, como consecuencia de la actuación de funcionarios de Carabineros destinadas a disolver a grupos de personas que se manifiestan públicamente y en forma pacífica, utilizando elementos disuasivos, tales como gases lacrimógenos y tóxicos, además, de escopetas que disparan balines o perdigones, se han generado graves daños a la integridad física de dichos manifestantes, en particular en aquellos que han sufrido severos traumas oculares, vale decir, la pérdida de uno sus ojos y, más aún, en algunos, la pérdida definitiva de la vista.

SEGUNDO: Que al respecto, los medios de comunicación social con fecha 16 de noviembre último, dieron cuenta, en forma profusa, del informe emitido del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, que concluye que los perdigones disparados por subalternos del recurrido, contienen un 20% de caucho y el 80% restante corresponde a sílice (SiO2), sulfato de bario (BaSO4) y plomo (Pb), agregando que la dureza del perdigón es del 96,5 Shore A.

TERCERO: Que, asimismo, en sendas declaraciones a los medios de comunicación, el Colegio Médico de Chile ha estado informando a la opinión pública que el números de lesionados, a consecuencia de haber recibidos perdigones o balines disparados por Carabineros, supera las 300 personas.

CUARTO: Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1° de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, Carabineros es una institucional técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública, cuya existencia tiene por finalidad otorgar eficacia al derecho, garantizar y mantener el orden público y la seguridad interior dentro del territorio de la República, además, de cumplir las restantes funciones que le encomiendan la Constitución y las leyes. De esta forma, si bien, Carabineros tiene el monopolio de la fuerza para la mantención del orden público, sus actuaciones deben verificarse con estricto respeto a los derechos fundamentales de las personas, toda vez que su función primordial es, precisamente, dar eficacia al derecho y, por ende, desarrollar sus labores, ante todo, con la ineludible protección a las garantías constitucionales reconocidas expresamente por nuestra Carta Fundamental y por los Tratados Internacionales.

QUINTO: Que, además, necesario es dejar establecido al respecto, que el protocolo de actuación contenido en la Circular N° 1.832, de 1 de marzo del 2019, sobre uso de la fuerza, sostiene como principio fundamental de la actuación de Carabineros, que la fuerza solo debe aplicarse cuando sea estrictamente necesaria y en la medida requerida para el desempeño de las funciones policiales, de modo tal que personal de Carabineros en el cumplimiento de sus tareas profesionales deben aplicar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, tales como la utilización de tácticas de persuasión, negociación y mediación, y solo cuando fuera necesario, emplear la fuerza mediante la utilización de los elementos o la adopción de las acciones de manera gradual y proporcional para el logro de sus objetivos. Además, se dispone que el empleo de la fuerza debe hacerse en forma gradual y proporcional en aquellos casos en que se obre en legítima defensa propia o de terceros y su utilización justificada se encuentra presidida por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Por su parte, la Orden General N° 2635 de 1 de marzo del 2019, emanada de la Dirección General de Carabineros, que contiene los “Protocolos para el mantenimiento del orden público”, previene, en relación al uso de la denominada “escopeta antidisturbios”, que su empleo deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos, tales como agua, humo, gases y otros, resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor, en donde esté en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros.

SEXTO: Que, por otro lado, útil es tener presente el informe de fecha 26 de diciembre del 2019, emitido por la empresa “Tec Harseim Spa”, proveedora de los cartuchos antidisturbios utilizados por Carabineros -allegado al Recurso de Protección Rol 17.653-2019, seguido ante la I. Corte de Apelaciones de Temuco-, el que señala que en la ficha técnica de dichos proyectiles, aparecen claramente indicadas las instrucción para el uso de dichos proyectiles, vale decir: a) que se deben utilizar a una distancia no menor a 30 metros; b) que se debe apuntar siempre de la cintura hacia abajo; y, c) que su distancia efectiva es de 50 metros.

SÉPTIMO: Que no obstante, lo consignado en los basamentos precedentes, de las informaciones disponibles en la prensa, tanto de televisión como radial y escrita, es posible constatar que Carabineros ha excedido el marco de las instrucciones institucionales y legales, toda vez que ha utilizado de manera excesiva y desproporcionada la fuerza mediante el uso indiscriminado de gases tóxicos y el empleo de escopetas antidisturbios, vulnerando de este modo, las garantías constitucionales de grupo de personas que se manifiestan de manera pacífica, sin que su accionar se haya focalizado solo en individuos que intervengan en hechos que impliquen peligro para integridad física de la policía u otras persona.

OCTAVO: Que, en este contexto, no es posible estimar apegado a la racionalidad la actuación de Carabineros, en cuanto a la represión de manifestantes pacíficos, más aún cuando los balines o perdigones han sido efectuado por funcionarios de dicha institución al margen de las instrucciones entregadas por su proveedor para el uso de las escopetas, lo que se revela atendida la elevada cantidad de personas que han padecido traumas o lesiones oculares, por lo que la conducta de la policía aparece más bien destinada a desincentivar a quienes pretendan participar en manifestaciones y expresar sus reclamos, impidiendo de esta manera el legítimo derecho a ejercer las garantías que nuestra Ley Suprema protege en su artículo 19 numeral 13, vale decir, el derecho reunirse pacíficamente y sin permiso previo y sin armas, garantía reconocida, además, en el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento de derecho internacional suscrito por Chile, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República, norma esta última que en su inciso 2° previene que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por nuestra Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentres vigentes.”

NOVENO: Que, asimismo, menester es recordar al respecto que, si bien, el artículo 101 de nuestra Carta Fundamental previene que las Fuerzas de Orden y Seguridad constituyen la fuerza pública y que existen para dar eficacia al Derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas; no obstante, el uso de dichas facultades se encuentran limitadas por el respeto de los derechos y garantías fundamentales que la misma Constitución Política establece, entre ellas, la integridad física y síquica y el derecho a reunirse pacíficamente y sin permiso previo y sin armas.

DÉCIMO: Que como corolario de lo reflexionado en las consideraciones precedente, solo cabe concluir que las actuaciones de funcionarios de Carabineros de Chile, en el contexto del llamado “estallido social”, ha sido ilegal y arbitrario, en tanto han realizado un uso injustificado de elementos químicos y disparos de balines o perdigones, al margen de los protocolos de actuación establecidos al efecto, respecto de personas que han participado en manifestaciones pacíficas o no violentas, circunstancias que, por tanto, constituyen una amenaza a las garantías fundamentales del recurrente, amparadas en los numerales 1 y 13 de nuestra Ley Suprema, en cuanto los procedimientos desplegados por funcionarios de Carabineros, agentes del Estado, cuyas funciones relativas a la mantención del orden público se encuentran limitadas por el respeto a los derechos garantizados por la Constitución Política de la República, naturalmente restringe el legítimo ejercicio de los aludidos derechos fundamentales del accionante, ante el temor de padecer los efectos de los elementos disuasivos utilizados por el recurrido, por el solo hecho de participar en manifestaciones pacíficas, circunstancias que conducen al imperativo de adoptar la medidas indispensable para el restablecimiento del derecho, como las indicadas al inicio de esta disidencia.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, don Enrique Labarca Cortés y de la disidencia su autor.

Rol N° 3703-2019.