nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, SUBCOMISIÓN COQUIMBO

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Coquimbo Recurso de protección Rol N°370-2025.- La Serena, veintiocho de marzo dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Coquimbo, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la resolución que rechazó la licencia médica N°3-109701127-K, extendida por 30 días, a contar del 5 de noviembre de 2024, lo que representa una amenaza, perturbación y vulneración el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que, en el año 2018, producto de un accidente laboral de trayecto, sufrió la fractura de las vértebras L4 y L5 y, desde el año 2020 en adelante, padece una depresión severa, cuadro que se agudizó con posterioridad, verificándose intentos suicidas en algunas épocas, debido a factores endógenos y exógenos, como lo fue la muerte de su madre.

Refiere que, a propósito de ello, se le extendió la licencia médica N°3-109701127-K, por 30 días, a contar del 5 de noviembre de 2024, por los diagnósticos “trastorno mixto de ansiedad y depresión trastorno de adaptación”.

Indica como hechos que constituyen la vulneración de sus garantías fundamentales, la resolución emitida por la recurrida que rechazó la licencia médica antes singularizada, la que indica como causal “patología irrecuperable con previo Tp, rechazado por diagnóstico y mct menor a 50%”, decisión que es ilegal y arbitraria, ya que se aportaron antecedentes que dan cuenta de la causa médica del reposo, esto es, un trastorno depresivo grave, el que le impide desarrollar una vida normal y trabajar, enfermedad crónica por la que ha iniciado trámite de pensión de invalidez en la Superintendencia de Pensiones, de manera tal que el reposo no es prolongado para esa patología, ya que el diagnóstico es crónico.

Cita una serie de procesos en los que se accionó por la misma razón, obteniendo sentencias favorables y menciona el marco jurídico aplicable en la especie.

Culmina solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto el rechazo de la licencia médica materia del presente recurso de protección y, en definitiva, ordenarle que autorice su pago, con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Licencia médica N°3-109701127-k; 2. Resolución de la recurrida, de 8 de enero de 2025; 3. Certificado de nacimiento de la recurrente; 4. Certificado de defunción de la madre de la recurrente; 5. Informe médico Dr. nombre reservado, de 12 de junio de 2024; 6. Informe médico Dr. nombre reservado, de 19 de agosto de 2024; 7. Certificado de atención psicológica, de junio de 2024; 8. Recetas médicas emitidas por el psiquiatra nombre reservado; 9. Recetas médicas emitidas por el médico nombre reservado; 10. Certificado de trámite de pensión de invalidez Superintendencia de Pensiones, de 18 de junio de 2024; y 11. Informe médico, de 4 de noviembre de 2024.

SEGUNDO: Que a folio 7, evacuó informe la recurrida, alegando, en primer término, la extemporaneidad de la acción deducida, dado que el rechazo respecto de la licencia médica fue emitido el 8 de noviembre de 2024, misma data en que fue comunicado a la actora, decisión respecto de la que presentó recurso de reposición, el que fue resuelto el 8 de enero pasado y comunicado el mismo día. Así, habiéndose ejercido la acción recién el 20 de febrero del presente año (sic), claramente fue interpuesta cumplido el plazo establecido por el Auto Acordado al efecto. Sobre el particular, añade que cosa distinta es que la recurrente concurra a las oficinas de la recurrida y solicite una copia timbrada de la resolución, aduciendo que tomó conocimiento del rechazo cuando ello ocurrió –el 26 de febrero de 2025– pretendiendo procurarse una fecha de toma de conocimiento que no es real y franquearse así la posibilidad de interponer el recurso dentro de plazo.

En segundo lugar, alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio a todo ello, en cuanto al fondo, solicita el rechazo de la acción intentada. Al respecto, señala que la causal aplicada para el rechazo fue la siguiente: “Causal modificación: R42 Patología irrecuperable con previo TPI (trámite pensión de invalidez) rechazado por igual diagnóstico y MCT (menoscabo transitorio) menor a 50%. Detalle de causal de modificación: Corresponderá el rechazo de una licencia médica, cuando el trabajador tiene capacidad residual de trabajo superior al 50%, y por tanto, puede desarrollar su actividad laboral de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo N°3”.

Acota que la licencia médica N°3-109701127-K, contiene un diagnóstico por patología de salud mental y que en forma previa –y también por dolencias del mismo tipo– la recurrente ha presentado 44 licencias médicas que van desde el 21 de septiembre de 2021 al 1 de abril de 2025, por un total de 1287 días.

Esgrime que el actuar se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios administrativos y médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal, en tanto la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Finalmente, indica que sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, los profesionales médicos de su dependencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que por sí solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos, medida que por lo demás no es obligatoria sino potestativa.

Acompaña a su informe: 1. Resolución que rechaza licencia médica; 2. Cartola médica; 3. Reposición y antecedentes presentados; y 4. Circular N°3433, de 2019, de la Superintendencia de Seguridad Social.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que en relación a la alegación de extemporaneidad, es dable señalar que el numeral primero del Auto Acordado N°94-2025, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Ahora bien, sobre el particular, conviene señalar que la recurrida fundamenta su alegación en que el 8 de enero del presente año comunicó la decisión de rechazo a través de la plataforma establecida al efecto, de forma tal que al momento de impetrar la acción, el plazo dispuesto para ello se encontraba sobradamente cumplido. Sin embargo, cierto es que el acto administrativo que se acompaña para sustentar las pretensiones de la actora aparece estampado con un timbre, el que claramente consigna el 26 de febrero de 2025 como data de recepción, de manera tal que es perfectamente posible aseverar, ante la ausencia de otros antecedentes que acrediten lo contrario, que la comunicación del acto por esta vía reprochado fue de carácter personal en dependencias de la recurrida en la data recién referida, lo que autoriza a rechazar la extemporaneidad del recurso.

SEXTO: Que, en lo que respecta a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física y de propiedad, de las que tratan los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

SÉPTIMO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la resolución que rechaza la licencia médica N°3-109701127-K, extendida por 30 días, a contar del 5 de noviembre de 2024.

Por otra parte, en cuanto al fundamento expuesto por la recurrida en su acto, aquel señala que: “Corresponderá el rechazo de una licencia médica, cuando el trabajador tiene capacidad residual de trabajo superior al 50% y, por tanto, puede desarrollar su actividad laboral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo N°3”.

OCTAVO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

NOVENO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

DÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre la licencia médica otorgada al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

UNDÉCIMO: Que, además de lo razonado en forma precedente, es un hecho asentado que la recurrente presentó un trámite de pensión de invalidez, pronunciamiento que no se encuentra terminado.

Así las cosas, es oportuno considerar que conforme a lo establecido en la Circular N°2C/234, de 24 de junio de 1985, del Ministerio de Salud, mientras dure el trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo y éste se considere legalmente ejecutoriado, ya sea por las Comisiones Médicas Regionales o por la Comisión Médica Central, según proceda, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de los Servicios de Salud, deben continuar autorizando las licencias y pagando los correspondientes subsidios por incapacidad laboral.

Por otra parte, la Circular Nº1463, de 12 de enero de 1996, de la Superintendencia del ramo, señala que si a la fecha en que quedó ejecutoriado el dictamen de invalidez del afiliado, éste se encontraba en goce de subsidios por incapacidad laboral, derivado de la misma patología invalidante, la respectiva pensión se devengará a contar desde el día siguiente al término de esa licencia médica.

De forma tal que, amén de lo razonado en forma precedente, aparece que la resolución dictada por la recurrida, impugnada en estos autos, resulta ser incluso contraria a las instrucciones sectoriales que se han establecido sobre la materia.

DUODÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida carece del debido sustento, dejándola además en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

De esta manera, se advierte que la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, omitiendo componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

DÉCIMO TERCERO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que la persona trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZAN, las alegaciones de extemporaneidad y de improcedencia de la acción de protección.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Coquimbo, disponiéndose que se deja sin efecto la resolución que rechazó la licencia médica N°3-109701127-K, por 30 días, a contar del 5 de noviembre de 2024 y, en su lugar, se resuelve que se autoriza dicha licencia, debiendo la recurrida dictar la resolución pertinente con su respectivo pago, dentro de quinto día a contar que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Decisión acordada con el voto en contra del Ministro Suplente señor Díaz, quien atendido el mérito de los antecedentes, fue del parecer de acoger la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida, por cuanto desde la comunicación electrónica del rechazo –verificada el 8 de enero pasado a la casilla electrónica aportada en el formulario de reclamo respectivo– hasta la data de interposición de la acción –6 de marzo del presente año– el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado que rige la materia se encontraba sobradamente cumplido, lo que autorizaba el rechazo del arbitrio intentado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°370-2025 Protección.-