nombre reservado con HOSPITAL DR. ANTONIO TIRADO LANAS DE OVALLE

nombre reservado

Hospital Antonio Tirado Ovalle Recurso de Protección Rol N° 3671-2022.

La Serena, cinco de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, ha comparecido la Abogada doña Madelyn Maluenda Pérez, a favor de don nombre reservado, interponiendo una acción constitucional de protección en contra del Hospital Antonio Tirado Lanas de Ovalle, debido a la dictación de la Resolución Exenta N.º 4905 de 20 de abril de 2022, que dejó sin efecto la encomendación de funciones de su representado como jefe del Servicio de Siquiatría de dicho recinto.

Expone que su defendido se desempeñaba como jefe del servicio de siquiatría en el aludido Hospital, en virtud de la Resolución Exenta N.º 6932 de 14 de noviembre de 2017.

Que el 26 de abril de 2022 fue informado acerca de que sería removido de sus funciones, en tanto que la notificación formal de dicha determinación le fue entregada el 04 de mayo del actual mediante correo electrónico, al cual se adjuntó el acto objeto de la acción de autos, la Resolución Exenta N.º 4905 de 20 de abril de 2022.

Sostiene que en ella se indica “Que, esta dirección ha recibido denuncias de abandono de cumplimiento de la función clínica asistencial de los pacientes psiquiátricos de la Unidad de emergencia por parte del profesional funcionario no danto la atención clínica necesaria a los pacientes de dicha especialidad”, haciéndose referencias a meras denuncias sin mayor comprobación; entre otros reproches a su actuar.

Indica que lo que se pretende es que este Tribunal es que se deje sin efecto tal determinación en tanto no se observen los procedimientos del caso, permitiéndose a don nombre reservado ejercer sus derechos de defensa en el marco del respectivo sumario; dado que la resolución materia de la acción no puede ser considerada como una decisión legal y razonable, sino ilegal y arbitraria y ajena a una debida motivación.

Expone que los órganos de la administración del Estado se encuentran compelidos a fundamentar sus actos, según los artículos 11 y 41 de la ley 19.880, a la vez que el principio de juridicidad impone la exigencia de que los actos administrativos tengan una motivación y fundamento racional, aludiendo además a los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución Política de la República y al artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

A título de prerrogativas conculcadas aludió a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad sobre las remuneraciones.

Finalizó requiriendo que se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la dictación de Resolución Exenta N.º 4905 de 20 de abril de 2022 y ordenando al Hospital referido a pagar la asignación de responsabilidad de la cual se vio privado su defendido desde la dictación del acto impugnado hasta la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que acoja el presente recurso.

En apoyo de sus planteamientos acompañó los siguientes documentos: Resolución Exenta No 4905 de 20 de abril de 2022, Resolución exenta No 6932 del 14 de noviembre de 2017, Certificado de 18 de mayo de 2022 del Hospital de Ovalle, y Registro de anotaciones de mérito, emitido por la jefa de departamento de gestión de las personas, de 16 de mayo de 2022.

SEGUNDO: Que, a fin de informar, compareció la Abogada doña Francisca Caroca Rojas, en representación del Hospital Provincial de Ovalle.

Indica que la subdirección de Gestión de Personas recibió denuncias en cuanto al abandono del cumplimiento de la función clínica asistencial respecto de los pacientes psiquiátricos de la unidad de emergencia.

Explicó que las estrategias y políticas públicas fueron retrasadas constantemente debido a la negativa de la jefatura del servicio clínico de Psiquiatría, en tanto que el recurrente ha sido un abierto objetor de las políticas ministeriales, transmitiendo dicha posición a su equipo de trabajo por medio de desinformaciones como de tergiversaciones en cuanto a las instrucciones; así como una serie de inconductas que detalla, tales como errores graves a consecuencia del desconocimiento de las políticas públicas, trabas al desarrollo del nuevo Cesfam de Ovalle, un deficiente ejercicio del rol de supervisor, entre otros.

Todo ello, conllevó a la adopción de la decisión contenida en la Resolución materia de los autos, en términos de removerlo de su cargo.

Expone que el artículo 52 de la ley 18.575 define a la probidad administrativa como una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Refuerza las obligaciones de los funcionarios públicos.

Refiere que el artículo 2 del Decreto 29 del Ministerio de Salud está en consonancia con los hechos, pues dispone que otorgada que sea la asignación a un profesional, excepcionalmente el Director podrá reasignar funciones, poniendo término a la resolución que reconoció el derecho al pago de aquella mediante resolución fundada, entre otras causales, en un hecho que constituya incumplimiento de las mismas.

Que atento el desarrollo funcionario del actor, la administración hospitalaria se vio compelida a gestionar su salida, en tanto que ello fue discutido con aquel y debidamente fundada.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de dicha acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto. En otras palabras, la actuación u omisión será ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detente, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omisión, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, seguidamente provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que es un hecho pacífico entre los litigantes que en virtud de la Resolución Exenta N.º 4905 de 20 de abril de 2022 se dispuso dejar sin efecto la encomendación de funciones como jefe del servicio de Psiquiatría que fuera concedida pretéritamente (en razón de la Resolución Exenta N.º 6932 de 14 de noviembre de 2017) a don nombre reservado.

SEXTO: Que es una imposición respecto de los actos de los órganos de la administración del Estado el deber de otorgar una debida fundamentación y motivación a los mismos, según lo exigen los artículos 11 inciso 2º (que exige expresar los hechos y fundamentos de derecho en los actos que afecten los derechos de los particulares) y 41 inciso 4º (que impone el deber de fundamentación de las resoluciones finales) de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Pues bien, analizado el tenor de la Resolución Exenta N.º 4905 de 20 de abril de 2022, ella da cuenta de la recepción de denuncias de abandono de cumplimiento de funciones, de retrasos en la implementación de estrategias de salud mental, de falta de asistencia en la supervisión de estrategias del Ministerio de Salud, de problemas de comunicación en el equipo respectivo, entre otros.

OCTAVO: Que, si bien las inconductas consignadas en la anotada Resolución Exenta pueden dar pie suficiente a la adopción de la medida llevada a cabo, advierten éstos sentenciadores que sus términos adolecen de un fundamento material expreso, al aludirse de manera sólo general a dichas conductas, sin que conste en su mérito de la debida acreditación de las mismas a consecuencia de un procedimiento legalmente desarrollado.

Tampoco consta de la misma que el afectado haya podido ejercer sus descargos ante las imputaciones, lo cual se encuentra exigido en el inciso final del artículo 10 de la Ley 19.880.

NOVENO: Que bajo dichas consideraciones, la actuación de la entidad recurrida devino en ilegal al no darse cumplimiento a las claras exigencias contempladas en la Ley 19.880, afectándose por tanto las prerrogativas de igualdad ante la ley, el derecho de propiedad del actor respecto de sus remuneraciones y la garantía del acceso a un debido proceso; motivo por el cual la acción de marras será acogida en los términos que se dirá en lo resolutivo; sin perjuicio de la posibilidad de realización de un debido procedimiento en relación a los hechos de fondo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por doña Madelyn Maluenda Pérez, a favor de don nombre reservado, en contra del Hospital Antonio Tirado Lanas de Ovalle, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N.º 4905 de 20 de abril de 2022, debiéndose pagar al beneficiado la asignación de responsabilidad de fue privado en su virtud, todo ello sin perjuicio de que se puedan llevar a cabo los actos administrativos en relación a los hechos de fondo, con estricto apego a las normas respectivas de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Fernando Roco Pinto.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol No 3671-2022 (Protección).

Pronunciado por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministra Titular señora Marta Maldonado Navarro, por el Ministro (S) señor Juan Carlos Espinosa Rojas y por el Abogado Integrante señor Fernando Roco Pinto. No firma el Ministro (S) señor Espinosa, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en su cometido.