nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

nombre reservado, nombre reservado

Caja de Compensación Los Andes Recurso de protección Rol Nº365-2026 La Serena, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, RUT RUT reservado, del giro de su denominación, representada por su gerente general nombre reservado, Ingeniero Comercial, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en efectuarle descuentos a través de su empleador con motivo de una deuda proveniente de un pagaré.

Expone que la recurrida efectuó un descuento en su liquidación de sueldo correspondiente al mes de enero de 2026 por la suma de $225.125, imputado a una deuda que estima extinguida por prescripción.

Refiere que desde el segundo semestre de 2019 no tuvo trabajo estable, y que recién en noviembre de 2025 retomó actividad laboral formal. En ese contexto, señala que el descuento fue efectuado después de aproximadamente 7 años desde el origen de la deuda, lo que considera improcedente.

Indica que dicho descuento afecta gravemente su situación económica, en especial su capacidad de sustento respecto de sus tres hijas, comprometiendo gastos esenciales como alimentación, salud, movilización y vivienda.

En cuanto al origen de la deuda, refiere que en el año 2018, mientras trabajaba para la empresa Griffith Drilling, solicitó un crédito a la recurrida por $1.990.000, pactado en 24 cuotas, del cual alcanzó a pagar 14 antes del término de su relación laboral en junio de 2019.

Posteriormente, al revisar su situación tras el descuento, advierte la existencia de un segundo crédito registrado a su nombre por un monto de $721.129, otorgado el 28 de junio de 2019 (posterior a su finiquito), del cual afirma no tener conocimiento ni haber consentido.

Arguye que la actuación de la recurrida es arbitraria e ilegal, por cuanto se persigue el cobro de una obligación prescrita y se le imputa una deuda desconocida, afectando gravemente su derecho de propiedad y su capacidad de sustento propio y de sus hijas, por lo que solicita se declare la prescripción de la deuda, se ordene el cese inmediato de los descuentos y la restitución de las sumas indebidamente retenidas.

SEGUNDO: Que, a folio 11 del expediente digital, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que, el 28 de mayo de 2018, se otorgó al recurrente un crédito por un capital inicial de $2.053.523.- pactado en 24 cuotas, de las cuales se pagaron 15, quedando impagas las cuotas desde octubre de 2019 a junio de 2020.

Asimismo, señala que, el 06 de junio de 2023, se otorgó al recurrente un segundo crédito de salud por un capital inicial de $72.320.- del cual solo se pagó una cuota, manteniéndose las cuotas de agosto y septiembre de 2019 en mora.

Afirma que se trata de créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Por otra parte, afirma que el mecanismo de “descuento por planilla”, corresponde a un ‘mecanismo especial de pago’, inherente al régimen de crédito social otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador.

Además, afirma que se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque la normativa sobre la materia lo establece de forma perentoria u obligatoria, teniendo exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales.

Con todo, precisa que la obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y, precisamente por eso, es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del artículo 22 inciso 2º de la Ley Nº 18.833.

Añade, que el trabajador no puede oponerse al ‘descuento por planilla’, porque la obligatoriedad mismo es un mecanismo normativo y propio del tipo de crédito otorgado. Si un trabajador no quisiera quedar sometido al ‘descuento por planilla’, entonces tendrá que obtener el crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el que (de seguro) será más caro debido al riesgo del repago.

Culmina, señalando que es técnica y fácticamente imposible afirmar que el funcionamiento del ‘descuento por planilla’ constituya una gestión de cobro por parte de la Caja Los Andes, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que la Caja no haga nada o no lo desee, porque -como ya se dijo- no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de ‘créditos sociales’.

Finalmente, sostiene que la prescripción no opera de pleno derecho, sino que debe ser alegada por el interesado y declarada judicialmente en un procedimiento de lato conocimiento. En consecuencia, afirma que mientras no exista declaración judicial de prescripción, la deuda sigue siendo válida y exigible, no siendo el recurso de protección la vía idónea para discutir dicha materia.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber procedido la recurrida a descontar de las remuneraciones del protegido cuotas pendientes de pago de dos créditos otorgados por la Caja de Compensación Los Andes al recurrente, cuyo cese de pago aconteció en agosto y octubre de 2019, respectivamente, y cuyo cobro ha sido practicado por la recurrida, reprochando la parte recurrente que dicha medida resultaría arbitraria e ilegal.

Que, en el referido escenario, resulta inconcuso el hecho que el recurrente contrató con la recurrida, a fin de obtener dos créditos sociales.

A su vez, la parte recurrente ha acreditado que se han efectuado descuentos de su remuneración, por concepto de los referidos créditos.

SEXTO: Que, por otra parte, de los antecedentes expuestos en autos se puede colegir que la recurrida se ha limitado en su proceder a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 22 de la Ley N°18.833, pues no está discutido que la recurrente mantiene una deuda con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, producto de dos créditos respecto de los cuales se incurrió en mora por el actor.

A su vez, debe recordarse que, acorde a lo previsto en el artículo 2493 del Código Civil, la prescripción de las deudas debe ser alegada, sin que el juez pueda declararla de oficio y, a su vez, puede ser renunciada, acorde al artículo 2494 del mismo cuerpo legal; desprendiéndose de los antecedentes allegados que la referida deuda no ha sido declarada prescrita por sentencia judicial, por lo cual, se encuentra vigente y es actualmente exigible.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, cabe descartar que la recurrida haya incurrido en arbitrariedad o ilegalidad, puesto que se ha limitado a ejercer las facultades que la Ley le reconoce para obtener el reintegro de los dineros que componen el fondo social respectivo, cuyo otorgamiento no ha sido discutido, motivo por el cual el recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora Sandoval, quien estuvo por acoger el recurso de protección, teniendo presente que la prerrogativa establecida en el artículo 22 de la Ley N°18.833 resultaba improcedente en la especie, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir entre la fecha de otorgamiento de los créditos y la que se efectúa el cobro, a través del mecanismo de descuento, sin que se hubiere llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

Así, constituye el actuar de la recurrida constituye un retraso desleal o “verwirkung”, mismo que supone el ejercicio inadmisible de un derecho propio, que tiene lugar cuando su titular ha permanecido inactivo durante un período significativo sin hacer valer dicho derecho, de modo que el sujeto pasivo le ha confiado y podía confiar en que el derecho en cuestión ya no iba a ser objeto de ejercicio en el futuro. Se produce, por tanto, un retraso desleal que se erigirá en obstáculo al ejercicio del derecho, afectando con ello el derecho de propiedad de la parte recurrente, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°365-2026 Protección.-