nombre reservado con SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

nombre reservado

Subsecretaria del Interior y Seguridad Pública Recurso de Protección Rol N°365-2024.- La Serena, diecisiete de abril de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Kevin Abel Canedo Cueto, abogado, interponiendo recurso de protección en conformidad a lo establecido en los números 1 y 2 del Auto acordado sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales decretado por la Excma. Corte Suprema con fecha 17 de julio de 2015, así como en ejercicio del derecho conferido en el Artículo 20 de la Constitución Política de la República, en beneficio de nombre reservado, cubano, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, con domicilio en domicilio reservado, por privar y/o perturbar en forma ilegal y arbitraria el derecho garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Carta Magna -la igualdad ante la ley-, por la dictación de la Resolución Exenta N°2882, mediante la cual se rechazó su solicitud de residencia temporal por motivos excepcionales.

Expone que fue notificado de la resolución impugnada el 5 de marzo de 2024, afirmando que aquella es ilegal, por cuanto carece de la motivación suficiente para cumplir con el deber de fundamentación establecido en el artículo 41 de la ley N°19.880, ya que la misma sostiene el rechazo considerando únicamente el hecho que el amparado ingreso al país por un paso no habilitado.

Sin embargo, argumenta el actor, que el legislador concede la posibilidad de otorgar permisos de residencia por motivos excepcionales a extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados, razón por la cual la carga argumentativa exigible a la recurrida debe ser mayor a invocar únicamente que el amparado ingresó por paso no habilitado.

Arguye que el amparado acreditó que se encuentra residiendo en Chile desde el 8 de agosto de 2019, es decir, hace más de 4 años y que ha demostrado tener arraigo familiar al encontrarse casado con una ciudadana con residencia legal en el país, así como también, que tiene una relación laboral, vía contrato de trabajo, la que se ha mantenido en el tiempo tal como lo refleja su certificado de pago de cotizaciones previsionales de AFP y salud, por lo que, se ha acreditado que no constituye una carga económica para la sociedad chilena.

Indica que en su estancia en el país se ha esforzado en buscar perfeccionamiento, estudiando al efecto, y que se vio en la necesidad de ingresar a Chile por motivos urgentes e impostergables, dado que padece de insuficiencia renal crónica y su estado de salud se encontraba gravemente comprometido y la precariedad del sistema de salud en su país de origen le impedía obtener el tratamiento necesario para evitar el avance de la enfermedad.

Argumenta respecto de la competencia de la autoridad administrativa para resolver las solicitudes de residencia definitiva, que ello no implica que pueda tramitarlas de forma arbitraria, puesto que resultan aplicables en la especie las normas establecidas en la Ley N° 21.325 y la Ley N° 19.880, que regulan la actividad administrativa.

Manifiesta que las circunstancias descritas importan la vulneración del derecho fundamental de la igualdad ante la ley ya que el recurrente está siendo víctima de discriminación arbitraria con relación al resto de los ciudadanos extranjeros cuyas solicitudes han sido respondidas de manera fundada con la exigencia que establece el Artículo 41 de la Ley 19.880; lo que amerita adoptar una medida en resguardo de los derechos de la afectado en especial consideración al tiempo transcurrido desde su llegada, sus vínculos familiares y sociales en el país.

Expone que la garantía descrita, reconoce por igual los derechos a todas las personas de manera equitativa, que la igualdad no sólo se vincula con los derechos fundamentales, sino que su aplicación se expande por todo el ordenamiento jurídico en su estructura objetiva completa, expresando un canon general de coherencia.

En efecto, la naturaleza jurídica del principio de igualdad ante la ley tipifica como regla de interpretación aplicable, de manera general y sin excepciones, a todo el ordenamiento jurídico, a la par que sirve de sostén o soporte al derecho público subjetivo consistente en no ser objeto de tratos discriminatorios. En este caso específico, el recurrente, está siendo víctima de discriminación arbitraria con relación a los demás administrados quienes han obtenido una respuesta a sus permisos de residencia en plazos racionales y, en consecuencia, han podido renovar los documentos que acrediten su identidad que les permita actuar en la vida jurídica.

Por lo anterior, solicita dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 2882 emitida por la Subsecretaría del Interior, ordenando a la recurrida resolver la solicitud de residencia temporal por motivos excepcionales del recurrente, debiendo fundamentar su decisión en parámetros objetivos tales como: 1)El tiempo que lleva el extranjero en el país desde que ingreso, 2)Existencia de su enfermedad y recepción de tratamiento en Chile, 3)Existencia de arraigo familiar y social en el país, 4)Existencia de ingresos económicos que le permitan sostenerse en Chile sin ser una carga para la sociedad, 5)otros que esta Corte estime pertinente conforme a derecho que le permitan dar cuenta que el extranjero forma parte de la sociedad chilena; dentro de un plazo prudente que no podrá exceder de 30 días corridos.

Finaliza citando los artículos 1, 5, 19 en su número 2, demás disposiciones del cuerpo legal de la Constitución Política de la República, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales del 17 de Julio de 2015, y demás normas legales pertinentes; a objeto se ordene conceder lo solicitado y, en general, adoptar todas las demás medidas que estime necesarias para esos efectos, con expresa condena en costas.

Acompañó a su presentación: 1)Resolución Exenta N° 2882 emitida por la Subsecretaría del Interior, 2)Pasaporte respecto de don nombre reservado emitido por la República Bolivariana de Venezuela, 3)Declaración voluntaria de ingreso clandestino realizada por don nombre reservado emitida por la Policía de Investigaciones, 4)Certificado de matrimonio celebrado entre don nombre reservado y don nombre reservado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, 5)Copia cédula de identidad para extranjeros perteneciente a don nombre reservado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, 6)Contrato de trabajo respecto de don nombre reservado, 7)Certificado de pago de cotizaciones previsionales respecto de don nombre reservado, 8)Diagnóstico y exámenes médicos respecto de don nombre reservado, 9)Certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos Duplos de Bellavista, 10)Certificado de título don nombre reservado emitido por la Universidad del Desarrollo, y 11)Certificados de alumno regular respecto de don nombre reservado.

SEGUNDO: Que, a folio 4 se evacuó informe por la Subsecretaria del Interior. Expone, primeramente, que revisados los registros de las causas judiciales llevados por la Subsecretaría, se verificó la existencia de causa sobre acción de amparo constitucional Rol 77-2024 deducida ante esta Corte, por la misma parte recurrente, en la que alega las mismas condiciones y consideraciones de hecho y derecho, acción que fue rechazada el 11 de marzo del presente año, citando parte del considerando sexto de dicho fallo, lo que fue confirmado por la Excma Corte Suprema el 25 de marzo pasado.

Añade que, revisada la Resolución Exenta N°2882, de 23 de enero de 2024, verificó que corresponde al rechazo de la solicitud de regularización migratoria extraordinaria,y no a una de residencia temporal por motivos excepcionales, como señala la recurrente en su arbitrio, por lo que no existe congruencia entre lo alegado, la normativa legal citada y el acto administrativo individualizado.

Indica que respecto del proceso de regularización aludido por el recurrente, antes de la creación del Servicio Nacional de Migraciones, el artículo 91 N°8 del actualmente derogado Decreto Ley 1094 de 1975, facultaba al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para regularizar la situación migratoria de cualquier extranjero, potestad exclusiva de la autoridad administrativa de excepcional aplicación, y que mediante Resolución Exenta N° 1758 de 20 de abril de 2021 de la Subsecretaria del Interior, se delegó dicha facultad a la Jefatura del entonces Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Explica que en este contexto, la Ley N°21.325, creó el Servicio Nacional de Migraciones, como uno público y descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, otorgándole competencias sobre diversas materias de migración y extranjera, por lo que, conviene aclarar que, en lo que respecta a la Subsecretaría del Interior, la normativa actual que regula la materia establece en el artículo 155, No 9, de la Ley No 21.325, una facultad excepcional que permite al Subsecretario del Interior disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario.

De esta forma, se trata de una facultad excepcionalísima, cuyo ejercicio el legislador expresamente limita a “casos calificados” o “motivos humanitarios”, exigiendo en ambas hipótesis, necesariamente, que se señale y acredite, por parte de los interesados, la existencia de circunstancias particularmente especiales, toda vez que es necesario justificar, tanto fáctica como jurídicamente, una regularización del estatus migratorio y el otorgamiento de un permiso de residencia temporal a una persona, al margen de las reglas generales que regulan la materia y que se aplican al resto de las personas extranjeras que requieren un permiso migratorio.

Explica que, al revisar la Resolución Administrativa, es posible verificar la existencia de una vasta argumentación para arribar a la decisión final de rechazo de la solicitud, y que guarda relación con que los hechos invocados por el recurrente para solicitar una regularización de carácter extraordinario, no son posibles de subsumir dentro de un caso calificado o un motivo humanitario, como exige el legislador, por el contrario, en su respectiva solicitud, el recurrente aduce motivos genéricos, que no revisten el carácter de excepcional exigido, aspecto que no es posible soslayar, toda vez que, a falta de dichas cualidades especiales, una regularización extraordinaria en este caso implicaría no solo incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 155 N° 9 de la normativa ya referida, sino que también configuraría una vulneración al principio de igualdad, en relación al resto de las personas extranjeras que han solicitado un permiso de residencia debiendo cumplir todos y cada uno de los requisitos ordinarios necesarios para su otorgamiento.

Específica, que dicho argumento también fue compartido por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en relación al mismo caso de marras, en apelación de la acción de amparo constitucional deducida por el mismo actor, con idéntica causa de pedir. En ese sentido, no es verídico que la Resolución N° 2882, únicamente se base en el argumento del ingreso por paso fronterizo no habilitado de don nombre reservado, para denegar su requerimiento, sino que, como ya se señaló, se expone una amplia argumentación para llegar a dicho convencimiento.

Manifiesta, que la Resolución N° 2882 señala que, en favor del solicitante, se contemplan los recursos que establece la Ley N° 19.880, cuerpo normativo especialmente destinado a regular el procedimiento administrativo. En ese sentido, revisados los archivos de esa Subsecretaria, no consta en sus registros que el Sr. nombre reservado haya hecho uso de esa vía recursiva, especialmente destinada a controvertir las decisiones de la autoridad administrativa. Sin perjuicio que, la acción de protección para su interposición no requiere el agotamiento de la vía administrativa, y que el fallo del recurso de amparo no genera cosa juzgada material, no es menos cierto que del actuar del recurrente es posible advertir que está buscando por vía judicial obtener un trato preferencial en la resolución de su caso concreto, al querer revertir una decisión administrativa adoptada en el ejercicio de facultades legales, mediante la interposición diversa de acciones judiciales que ya han sido resueltas y dictaminadas por las autoridades judiciales, careciendo en lo absoluto, de argumentos plausibles para litigar.

Finaliza, indicando que, difícilmente, es esa Subsecretaria la que podría haber incurrido en una omisión ilegal o arbitraria como la reclamada, y en atención a lo informado y estima que el recurso interpuesto en su contra, debe ser desestimado y rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la Subsecretaría del Interior, por la dictación de la Resolución Exenta N°2882 notificada al recurrente el 5 de marzo de 2024, mediante la cual se rechazó la solicitud de residencia temporal por motivos excepcionales presentada por el amparado, alegando que dicha determinación vulnera el derecho de igualdad ante la ley.

Pide dejar sin efecto la Resolución Exenta citada y ordenar a la recurrida resolver la solicitud de residencia temporal por motivos excepcionales, debiendo fundamentar su decisión en parámetros objetivos expuestos y enumerados en su petición, dentro de un plazo prudente no superior a 30 días corridos.

SEXTO: Que, a este respecto es dable precisar que lo resuelto por la autoridad recurrida, se encuentra comprendido dentro de sus atribuciones, por lo que la recurrida se limitó a analizar la procedencia de aplicar, en el caso concreto, la facultad excepcional del artículo 155 N° 9 de la Ley 21.325, y a acoger a tramitación el requerimiento del solicitante, ya que por mandato legal tiene la facultad de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario.

Acto seguido analizando los antecedentes aparejados por éste en su pedimento, procedió a emitir la resolución administrativa que por esta vía se recurre, la que conforme se advierte de su simple lectura se encuentra debidamente fundado.

SÉPTIMO: Que esta Corte conoció del Recurso de Amparo Rol 77-2024, efectuando pronunciamiento respecto de los antecedentes sustanciados en el presente arbitrio, especialmente lo que dice relación con la Resolución Exenta N ° 2882, emanada de la recurrida, fallo en el cual en su motivo sexto se pronuncia respecto de la legalidad y fundamentación del acto administrativo que por esta vía se recurre, sosteniéndose que lo resuelto por la autoridad administrativa se encontraba comprendido dentro de conformidad a la legislación vigente y dentro del ámbito de sus atribuciones, encontrándose éste exento de algún actuar arbitrario o ilegal.

Resulta evidente que mediante el presente recurso se impugna el acto administrativo que rechaza el otorgamiento de permiso de residencia temporal excepcional. En este sentido aparece de manifiesto que la finalidad del recurrente es que se modifique la decisión adoptada por la autoridad.

OCTAVO: Que en la resolución administrativa no se observa conculcación a la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que la misma analiza la petición formulada reconociendo en ella motivos genéricos, por lo que tal como se colige de su tenor literal los mismos no revisten el carácter de excepcionalidad exigido.

NOVENO: Que conforme a lo antes reflexionado, no se avizora ilegalidad en el proceder de la entidad pública recurrida, como tampoco arbitrariedad en la misma, de manera que, en la especie, no concurren los presupuestos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo que conlleva necesariamente a desestimar la acción constitucional promovida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°365-2024 (Protección).-