nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de protección Rol N°361-2025.- La Serena, treinta de abril dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de las licencias médicas N°4-20584129, 4-20370495 y 3-111735806, lo que perturba y amenaza sus garantías fundamentales.

Sostiene que es la segunda vez que realiza este reclamo por licencias médicas rechazadas que el médico autorizó, añadiendo que será a última que ocupará el sistema, ya que está de alta.

Acompaña a su recurso antecedentes para acreditar sus aseveraciones.

SEGUNDO: Que a folio 7, evacuó informe la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, señalando que el actor inició periodo de licencia médica desde el 17 de enero de 2024 hasta el 11 de diciembre del mismo año, con diagnóstico “desgarro actual de menisco”, “esguince y torcedura que compromete ligamento latero” y “gonartrosis primaria”, lo que se tradujo en la emisión de 11 licencias médicas por un total de 330 días autorizados.

Refiere que las posteriores fueron rechazadas, atendido que como se expresó, completó 330 autorizados por la misma patología sin reincorporación laboral. Asimismo, dado que los antecedentes médicos ingresados no permiten desprender el rol terapéutico del periodo de reposo; no ingresó informe de kinesiólogo tratante que establezca cantidad de sesiones realizadas, frecuencia de ellas, evolución o procedimientos de rehabilitación realizados; y, atendido que el médico tratante refiere que patología es de tipo degenerativa e irrecuperable, por lo que al ser de curso crónico incapacita al usuario para la actividad laboral, sin embargo, al ser mayor de 65 años supera la edad legal para iniciar tramite de pensión de invalidez.

Finaliza indicando que de conformidad a la normativa que cita goza de privilegio de pobreza.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de las resoluciones que rechazaron las licencias médicas N°4-20584129, 4-20370495 y 3-111735806.

SEXTO: Que, por otra parte, en cuanto al fundamento expuesto en los actos respectivos, los que se pronuncian respecto de las dos primeras señalan que: “Corresponderá el rechazo de una licencia médica cuando el reposo no cumpla el rol de recuperar la salud del trabajador (a), de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo N°3.”

En tanto que aquel que resuelve la última indica: “Corresponderá el rechazo de la licencia médica cuando no exista una causa médica que justifique el reposo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 6 y 16 del Decreto Supremo N°3.”

SÉPTIMO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

OCTAVO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

NOVENO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

DÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándolo, además, en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por las propias instituciones y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

UNDÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24, pues dificulta su vida e integridad física y afecta su derecho de propiedad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, disponiéndose que se deja sin efecto las resoluciones que rechazaron las licencias médicas N°4-20584129, 4-20370495 y 3-111735806 y, en su lugar, se resuelve que se autorizan, debiendo la recurrida dictar las resoluciones pertinentes con su respectivo pago, dentro de quinto día, a contar que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°361-2025 Protección.