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Derecho público chileno

MigraciónRol N° 360-20252 abr 2025

nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Fecha
2 de abril de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Segunda Sala
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 360-2025, sentencia de 2 de abril de 2025

Resumen

Se rechaza la protección contra Migraciones por demora en resolver la residencia definitiva: el procedimiento ha tenido impulso y no hay plazo excesivo ni omisión ilegal o arbitraria.

Texto íntegro

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°360-2025.- La Serena, dos de abril dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Sergio Aburto Mayorga, abogado, en favor de don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, señalando como omisión ilegal y arbitraria la falta de pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia definitiva, lo que representa una vulneración al derecho consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el 1 de julio de 2024 solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva, sin que hasta la fecha haya obtenido una respuesta final respecto de tal petición, lo que importa una perturbación para la realización de diversas actividades.

Finaliza señalando que en la especie no se han observado los principios consagrados en la Ley N°19.880 y solicita se declare que la recurrida “ordene a un funcionario del Servicio revisar en qué estado de análisis está la solicitud de permanencia definitiva N°70736348, evacuando el informe correspondiente, acompañando todos los antecedentes que digan relación con el caso de marras, especialmente la resolución exenta del beneficio asociado a la solicitud, si es que ésta se encontrara ya emitida”.

Acompaña a su recurso: 1. Certificado de título; 2. Hoja de identificación de pasaporte; 3. nombre reservado; 4. Sello de ingreso al país estampada en el pasaporte; 5. Certificado de matrimonio; 6. Cédula de identidad chilena de doña nombre reservado; 7. Acta de nacimiento venezolana de nombre reservado; 8. Cédula de identidad chilena de nombre reservado; 9. Certificado de nacimiento de la Luisanny nombre reservado nombre reservado; 10. Cédula de identidad chilena de la Luisanny nombre reservado nombre reservado; 11. Visa sujeta a contrato N°962.214; 12. Estampado Electrónico N°49654577; 13. Contrato de trabajo; 14. Acta de inicio de actividades; 15. Escritura de constitución de la sociedad de acciones; 16. Solicitud de residencia definitiva; 17. Certificado de antecedentes penales de país de origen; 18. Resolución de 19 de agosto de 2024; 19. Orden de pago de derechos; 20. Comprobante de pago de derechos asociados; y 21. Impresión de pantalla estado de trámite de solicitud.

SEGUNDO: Que a folio 4, comparece el Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido.

En primer lugar, solicita se declare la inadmisibilidad de la acción, dado que no existe alguna vulneración, ni siquiera en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas.

En efecto, sostiene que en el presente recurso de protección se alega la supuesta omisión arbitraria o ilegal al no dictar un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva del recurrente y que dicha omisión generaría por sí sola una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. En ese contexto cita la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en sus causas Rol 115.064-2022 y 115.368-2022, ambas de 20 de marzo de 2022.

Reitera que no existe alguna arbitrariedad ni ilegalidad, ni siquiera en grado de amenaza, por parte de esa autoridad que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección, por lo que la materia excede con creces la tutela cautelar que es propia del recurso de protección y que dada la jurisprudencia reciente debe ser declarado inadmisible.

Señala que todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país se puede desarrollar de forma plena, sin que esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada.

En subsidio, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el presente recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados, haciendo hincapié en las sentencias ya individualizadas de la Excma. Corte Suprema. En dicho sentido, refiere que el recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esa autoridad en atención a que no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados por el actor, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, por lo que mal podría ser esa autoridad el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

En cuanto al fondo del recurso señala que nombre reservado solicitó el 1 de julio de 2024 el beneficio migratorio de permanencia definitiva, bajo el ID 70736348, solicitud que desde el 30 de diciembre del mismo año se encuentra en etapa de revisión, lo que significa que el Servicio Nacional de Migraciones “prepara el proyecto de resolución para que con posterioridad se emita una decisión definitiva respecto a la solicitud”.

Luego, reseña antecedentes de derecho relativos al trámite de permanencia definitiva y las normas protectoras de la Ley N°21.325.

Hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con apego estricto a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, indicando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, tutelados por el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, por lo que solicita el rechazo de la acción intentada.

Acompaña a su informe: 1. Oficio Ordinario N°67.130, de 7 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones; 2. Oficio Ordinario N°80.585, de 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones; 3. Oficio Ordinario N°80.586, de 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones; 4. Oficio Ordinario N°843, de 14 de junio de 2023, de la Dirección del Trabajo; 5. Oficio Ordinario N°34.531, de 27 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud; 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N°115.064-2022, de 20 de marzo de 2023; y 7. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N°115.368- 2022, de 20 de marzo de 2023.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que la solicitud de declarar inadmisible el recurso que formula el recurrido en su informe será desestimada, pues el examen de admisibilidad de la presente acción constitucional fue realizado en la etapa procesal correspondiente, apreciándose por esta Corte que el recurso fue intentado oportunamente y en él se alude a hechos que –a lo menos en abstracto– son aptos para constituir infracción de garantías constitucionales.

SEXTO: Que, asimismo, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pues con prescindencia de lo que se pudiera decidir en cuanto al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la conducta calificada de ilegal o arbitraria por el recurrente –consistente, como se ha dicho, en la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de permanencia– corresponde precisamente a esa repartición pública.

SÉPTIMO: Que por la presente acción constitucional se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de residencia definitiva presentada el 1 de julio de 2024, lo cual califica el actor de ilegal y arbitraria, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución.

Por su parte, el recurrido señaló que la petición se encuentra en etapa de revisión.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo del asunto, atendido el mérito de los antecedentes, es dable señalar que en el presente caso no se vislumbra en la tramitación del procedimiento algún acto u omisión que pueda calificarse como ilegal o arbitrario y que conculque la garantía constitucional invocada, que requiera de la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende, por cuanto durante la sustanciación del procedimiento, la entidad recurrida le ha dado impulso al mismo, mediante el transcurso de las diversas etapas que indicó en su informe, de manera tal que no resulta posible estimar como plazo excesivo aquel verificado en el caso de marras, motivos por los que la acción intentada se rechazará conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, sin costas, la solicitud de declarar inadmisible el recurso.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, la excepción de falta de legitimación pasiva.

III.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°360-2025 Protección.-