Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº36-2026 La Serena, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, de nacionalidad cubana, cédula de identidad para extranjeros NUM000, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por el acto arbitrario e ilegal de archivar la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado del recurrente, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°3 inciso 1° y 6°, y N°7 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente es ciudadano cubano, país donde era policía, y que fruto de una publicación de su hermano, su grupo familiar comenzó a ser perseguidos por ser contrario al régimen político del país, y que llegó a Chile en el año 2018, y solicitó asilo político. Señala que en la tramitación de su solicitud le dijeron que lo citarían a una entrevista, pero dicha citación llegó dos días después de la fecha fijada, por lo que concurrió al Servicio y solicitó una reprogramación, señalando el funcionario que lo atendió que sería en años más adelante, y que le notificarían la fecha.

Señala que el recurrente se graduó de la Escuela para Adultos Amigos del Padre Hurtado el 29 de noviembre de 2019, y así pudo trabajar de conductor en diversas empresas, pero no lo podían contratar por no tener regularizada su condición migratoria.

Menciona que en noviembre de 2025 la situación cambió, pues debido a que necesita actualizar sus documentos para regularizar su situación laboral, fue personalmente a la oficina del Servicio el 11 de diciembre de 2025, donde le entregan la Resolución Exenta NUM001 de 9 de octubre del año 2025, la que indicaba que se archivaba la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, y el motivo era “Que, el extranjero en mención no se presentó a entrevista de elegibilidad en cuatro oportunidades, trámite esencial del procedimiento”, pero arguye que nunca fue notificado de estas citaciones.

Señala que, la falta de notificación efectiva llevó a que su solicitud de reconocimiento de su calidad de refugiado fuera archivada, con lo que ello conlleva, y que, la falta de un proceso efectivo ha impedido que desarrolle una vida con estándares mínimos, ya que se ha perturbado su desarrollo laboral, y, por ende, previsional, y la imposibilidad de desarrollar una vida tranquila, todo esto por la falta de un debido proceso.

Refiere que, en este caso, el servicio ha vulnerado el derecho del recurrente a un procedimiento racional y justo, garantía consagrada en el artículo 19 N°3, incisos primero y sexto, de la Constitución Política de la República, en relación con lo dispuesto en la Ley N°19.880, que regulan el debido procedimiento administrativo, en el caso de autos, el referido al reconocimiento de la condición de refugiado, que fue tramitado sin notificación válida de las citaciones a entrevista de elegibilidad, etapa calificada como “esencial”, privando a don nombre reservado de la posibilidad de intervenir en el procedimiento.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y se retrotraiga la tramitación de la solicitud de refugiado político al estado de realizar la entrevista correspondiente, notificando válidamente al recurrente, cualquier resolución, al correo electrónico del recurrente DIRECCION000.

Acompaña a su presentación: 1.- Solicitud de residencia; 2.- Cartas de recomendación; 3.- Resolución de archivo; 4.- Constancia de entrega de expediente; 5.- Citación; 6.- Contrato; 8.- Licencia de enseñanza media; 9.- Cédulas; 10.- Capturas de pantalla; y 11.- Cartela AFP.

SEGUNDO: Que, a folio 8 comparece la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción.

Expone que, el recurrente dio inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado el 6 de junio de 2018, y se le otorgó una visa temporaria el 24 de agosto de 2018 por tal motivo, la cual fue prorrogada en reiteradas oportunidades, y la última estuvo vigente hasta el 10 de enero de 2024. Señala que mediante oficio ordinario NUM002 de 8 de febrero de 2024 es citado el extranjero para la entrevista de elegibilidad, para el 4 de abril de 2024.

Indica que del oficio se aprecia que fue notificado al domicilio registrado por el mismo extranjero en la base de datos del servicio, correspondiendo a DIRECCION001, Coquimbo, y que Correos de Chile devuelve dicho documento pues no pudo ser notificado en dicho domicilio el recurrente.

Señala que, sin perjuicio de lo anterior, se le otorgó prorroga al recurrente de su visa temporaria por 8 meses, la que estuvo vigente hasta el 10 de septiembre de 2024. Agrega que, mediante Oficio ordinario NUM003 de 25 de septiembre de 2024 se vuelve a citar al extranjero, y es notificado de citación al correo electrónico DIRECCION000, y se le concede una nueva prórroga de su visa temporaria, pero nuevamente el recurrente no comparece. Por último, el 7 de mayo de 2025 fue citado para el 9 de julio de 2025, oficio que fue notificado por Correos de Chile y vía correo electrónico, pero de igual forma el extranjero no concurrió a la citación.

Indica que el 10 de octubre de 2025, al no haber concurrido a las citas de elegibilidad, se dicta Resolución NUM001 que resuelve el archivo de los antecedentes, lo cual fue notificado a su domicilio y vía correo electrónico del recurrente. Refiere que, el 19 de noviembre de 2025 el recurrente solicita prórroga de visa temporaria de refugio, indicando como correo electrónico DIRECCION000, el cual siempre ha sido el mismo que el Servicio tiene en su base de datos; añade que fue notificado el recurrente de forma inmediata que se rechazaba la prórroga.

Hace presente que, el artículo 33 de la Ley 20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados, señala de forma expresa en su número 6, lo siguiente: “Articulo 33.- Obligaciones del Solicitante. Durante el procedimiento, el solicitante tendrá las siguientes obligaciones: 6. Fijar domicilio y algún correo electrónico u otro medio de contacto remoto, e informar oportunamente a la autoridad competente cualquier cambio que éste sufra, en el plazo de quince días”. Por lo que alega, que el recurrente no puede señalar que no se encontraba notificado, dado que dichas notificaciones se realizaron al domicilio y correo electrónico que tiene el servicio registrado en sus sistemas, los cuales fueron aportados por el mismo extranjero, es más, agrega que, en la última "solicitud de prórroga de visa de refugiado (la cual fue rechazada)", se notificó al correo electrónico señalado por el mismo, es decir, no ha sido cambiado a la fecha.

Sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, indica que el artículo 52 del Decreto Ley N°837 que establece disposiciones sobre protección de refugiados, permite el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en el caso de abandono del procedimiento o desistimiento de la solicitud, el primero se produce por la inactividad del solicitante por más de treinta días, que paralice el procedimiento, el Servicio Nacional de Migraciones notificará al solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley N°19.880, indicándole que debe efectuar las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, bajo apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento, y transcurrido dicho plazo, sin que se verifique actuación del solicitante, la autoridad declarará el abandono del procedimiento, y dictará la resolución de archivo correspondiente, lo cual paso en el caso de autos.

Relata que el 20 de febrero de 2024 entró en vigencia la Ley N°21.655 la que modifica la Ley N°20.430, realizando importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y estableció nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio. Indica que, en virtud de la Ley N°20.430, toda persona se encuentra habilitada para solicitar en Chile el reconocimiento de la condición de refugiado, con independencia de su condición migratoria, siempre y cuando se encuentre en territorio nacional, debe solicitarlo ante el Servicio Nacional de Migraciones, a través de carta certificada o de forma presencial, en los términos del artículo 36 bis del Reglamento de la Ley 20.430. Sin perjuicio de lo anterior, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N°20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento, así indica cuales son los requisitos para la formalización de una solicitud de refugio, que haya manifestado su intención de solicitar refugio ante autoridad competente y dentro del plazo legal establecido por el artículo 26 de la Ley 20.430; que haya cumplido los requisitos establecidos para solicitantes de refugio que ingresaron por paso no habilitado y/o que ostenta condición migratoria irregular; que la solicitud contenga mencione mínimas exigidas por el artículo 28 de la Ley 20.430; y que esta solicitud sea declarada admisible con arreglo al artículo 2 y 28 bis de la Ley 20.430.

Luego, señala que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley N°20.430, todo extranjero que ingrese al territorio nacional con el objeto de solicitar refugio debe informar a la autoridad contralora de frontera, al entrar al país, sobre su intención de solicitar refugio en Chile, en cuyo caso será trasladado a la dependencia más cercana de la Policía de Investigaciones para llevar a cabo un registro biométrico o cualquier otra tecnología que permita la identificación de datos que se encuentren vigentes, y se le informará sobre los requisitos y plazos que contempla el procedimiento conducente al reconocimiento de la condición de refugiado. Posteriormente, el solicitante deberá manifestar su voluntad de solicitar refugio en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones, presencialmente o por carta en un plazo fatal de siete días, contados desde su ingreso al país. Señala que excepcionalmente, se podrá dar curso a la solicitud fuera de aquel plazo cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de un cambio en las circunstancias del solicitante, posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física del solicitante, y en dicho caso, la solicitud de reconocimiento debe presentarse en el mismo plazo del inciso precedente, contado desde que ocurrió el hecho que funda la solicitud.

Se refiere a los requisitos para solicitantes de refugio en condición migratoria irregular, indicando que el artículo 6 de la Ley 20.430 y artículos 8 y 35 de su Reglamento señalan que, en el caso de aquellos extranjeros que ingresen de manera clandestina al territorio nacional o cuya residencia actual fuese irregular, y que deseen formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, podrán realizarlo sin perjuicio de la infracción cometida, presentándose ante la autoridad contralora de fronteras, a saber, Policía de Investigaciones, dentro del término de 10 días, contados desde la infracción migratoria, a objeto de alegar una razón justificada para ello.

Luego enuncia los requisitos formales establecidos en el artículo 28 de la referida ley, la cual dispone que la solicitud debe contener datos mínimos respecto del solicitante, sus motivos para solicitar refugio y, además, debe encontrarse respaldada mediante medios de prueba idóneos, remitiendo el detalle de estas menciones a las establecidas en su Reglamento en su artículo 37. Señala que, de no cumplir una solicitud con las menciones y documentos mínimos exigidos por las normas anteriores, el servicio notificará de aquello al solicitante y le otorgará un plazo 15 días hábiles para que subsane su solicitud, en los términos de artículo 28 ter de la Ley N°20.430, y de no cumplirse lo requerido dentro de plazo, la solicitud se entenderá como desistida.

Añade que, el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 indica el último requisito para declarar la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio es que ésta se encuentre fundada, y se entenderá fundada siempre y cuando los motivos expuestos por el solicitante para acogerse al procedimiento de refugio respectivo se condigan con aquellas hipótesis establecidas en el artículo 2 de la Ley N°20.430, de lo contrario será manifiestamente infundada y será declarada inadmisible mediante resolución fundada.

Señala que, una vez cumplidos con todos los requisitos respectivos a la forma y oportunidad de la presentación de la solicitud, a su contenido y fundamentación mínima, se entenderá entonces que dicha solicitud ha sido declarada admisible y formalizada, extendiendo al peticionario y a su familia una visa de residencia temporaria por ocho meses, prorrogables por períodos iguales, mientras su solicitud de refugio se encuentre en tramitación, por aplicación al artículo 32 de la Ley N°20.430.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por resolver archivar la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado del extranjero, alegando que no fue notificado de las resoluciones que lo citaban a la entrevista de elegibilidad, por lo que solicita ordenar al Servicio continuar con la tramitación de su solicitud.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado debe cumplir con requisitos formales establecidos por la Ley 20.430 y su Reglamento, dentro de los cuales se encuentra la entrevista de elegibilidad, a la cual el recurrente ha faltado en reiteradas ocasiones. Añade que el recurrente ha sido notificado de las citaciones por carta certificado a su domicilio, como al correo electrónico aportado por el mismo, y que es su obligación informar cualquier cambio de los mismos.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados, emana que el recurrido fue notificado de las diversas citaciones cursadas a su domicilio particular y a la casilla electrónica, ambos otorgados al Servicio al dar inicio al procedimiento. Si luego éste cambió alguno de aquellas formas de comunicación, sin dar aviso a la entidad, no sólo incumple lo dispuesto en artículo 33 de la Ley 20.430, sino que impide achacar al Servicio los resultados de la gestión, alejados a sus pretensiones, lo que fue provocado por su inactividad, hecho sólo imputable al actor.

De esta forma, esta Corte concluye que no hay acto u omisión arbitraria ni ilegal de la autoridad, al emanar su decisión de la entidad reglada y dentro del marco de sus facultades, motivo suficiente para desechar el presente libelo constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 36-2026 Protección