nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

nombre reservado, nombre reservado

Contraloría General de la Republica.

Recurso de Protección.

Rol N° 358-2020.- La Serena, uno de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Que, mediante presentación fechada al 10 de marzo de 2020 doña María Fernanda Rojas Pinto, abogada, en representación de nombre reservado, periodista, Subcomisaria de la Policía de Investigaciones de Chile, deduce acción de protección en contra de la Contraloría General de la Republica, a raíz de la dictación del dictamen número 1.022 del 10 de enero del año 2020, suscrito - por orden del Contralor General - por doña nombre reservado en su calidad de Jefa de Departamento de Previsión Social.

Funda su recurso en que el día 10 de febrero de 2020 su representada fue notificada a la casilla de su correo electrónico del dictamen N° 1.022 que estima ajustada a derecho la sanción que se le impuso, contenida en la resolución exenta suscrita por don nombre reservado, Perfecto General, Sub Director Operativo y en virtud de la cual la actora resultó ser sancionada con 5 días de permanencia en el cuartel según la Investigación Sumaria N° 275-2018 de la Policía de Investigaciones de Chile, iniciada por la Región Policial de Coquimbo.

En ella se consignan como falta, los siguientes hechos: “No informo a su Jefe Directo, respecto del ejercicio de su profesión de Periodista en labores extra institucionales remuneradas como corresponsal de ADN Radio, específicamente en el área de deportes y policial de dicho medio de comunicación, actividad que ha realizado desde el 14.JUL.017 a la fecha lo cual quedó completamente acreditado conforme a los antecedentes recabados por el Oficial Investigador, desde el Servicio de Impuestos Internos de La Serena, quienes indican (…). “Declarar hechos falsos a un superior específicamente en lo que concierne a “No Ejercer otras labores remuneradas”, conforme a su cuenta escrita de fecha 26.ABR.018 requerida por su jefatura Regional y “no haber realizado notas de prensa sobre procedimientos policiales y/o diligencias operativas que involucren a la imagen corporativa”, en virtud a sus dichos consignados en su Declaración Voluntaria del día 29.MAY.018, situaciones que son establecidas fehacientemente a través de los antecedentes recabados desde el Servicio de Impuestos Internos de La Serena, lo aportado por la encargada de Recursos Humanos de Iberoamericana Radio Chile (ADN RADIO), quien ratifica la citada funcionaria ejecuta labores como corresponsal de la radio ADN, desde 14.JUL.017 a la fecha y lo declarado ante Oficial Investigador en donde precisa que “Con respecto a si realizó alguna labor remunerada aparte de ser integrante de la Policía de Investigaciones de Chile, debo decir que sí, ya que en algunas ocasiones he efectuado notas de prensa a radio ADN, de deportes y contingencia nacional y los link de ADN Radio Chile, donde la citada funcionaria, utilizando información privilegiada de la Policía de Investigaciones de Chile, hizo despachos periodísticos particulares a la estación radial, en comento bajo el seudónimo de “nombre reservado”, lo que no se ajusta a la estrategia de comunicación 2018, ni al manual de Redes Sociales de la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos.

Destaca que su representada en abril y mayo de 2019 fue objeto de procesos de investigación en su contra; el primero de ellos, se trató de un sumario administrativo que la sobreseyó, y se vio plasmado en la minuta N° 62 de fecha 04 de mayo de 2018. En esa diligencia se le imputó a la actora el ingresar a los estadios con su placa de PDI, en circunstancia que se acreditó que ella ingresaba por tener credenciales de periodista, que le permiten ingresar a zonas restringidas para todo público, mas no por hacer uso indebido de su placa de policía. Esto se dio en el marco de la Copa América Femenina, que se celebró el año 2018 en estadio nombre reservado. Con motivo de esa investigación se le preguntó a doña nombre reservado si ella había realizado trabajos remunerados o notas periodísticas con motivo de la Copa América - pues ese era el contexto temporal de los hechos que se investigaban - a lo que ella respondió que no, porque eso fue en la realidad. Afirma que jamás se le preguntó si ella efectivamente realizaba otras labores remuneradas distintas de las que le estaban consultado. Esas declaraciones y el material recabado en ese sumario administrativo fueron – a juicio de la recurrente - tomados, tergiversados y sacados de contexto ya que se utilizaron para fundar una nueva acusación en su contra consistente en la realización de labores extra remuneradas sin cumplir con la obligación de informarlas a sus jefaturas mediante la cuenta escrita correspondiente. Esta nueva acusación le valió ser objeto de una segunda investigación y fue así que se determinó por Resolución Exenta N° 275-2018 / 377-2018, que doña nombre reservado “No informo a su Jefe Directo, respecto del ejercicio de su profesión de Periodista en labores extra institucionales remuneradas como corresponsal de ADN Radio, específicamente en el área de deportes y policial de dicho medio de comunicación, actividad que ha realizado desde el 14.JUL.017 a la fecha lo cual quedó completamente acreditado conforme a los antecedentes recabados por el Oficial Investigador…”.

Seguidamente, niega haberse desempeñado como periodista de deportes y policial para radio ADN, sino que lo hacía para la sección de contingencia, y este desarrollo profesional jamás implicó la imagen corporativa de la PDI ya que todo era fuera de su horario de trabajo. Si bien reconoce que efectivamente su representada cometió una falta al no informar este ejercicio profesional - el que está permitido siempre que sea debidamente informado y no usando información que en razón de ser PDI se le permite acceder - no reconoce la segunda imputación que se generó en esa investigación y consistió en “Declarar hechos falsos a un superior específicamente en lo que concierne a “No Ejercer otras labores remuneradas”, conforme a su cuenta escrita de fecha 26.ABR.018 requerida por su jefatura Regional y “no haber realizado notas de prensa sobre procedimientos policiales y/o diligencias operativas que involucren a la imagen corporativa”

En efecto, señala que la recurrente jamás mintió a sus superiores y la afirmación de “No ejercer otras labores remuneradas” obedece a una interpretación de la PDI, mas no de una declaración falsa que por ende deba ser reprochada. Lo que ocurrió – según su relato - fue que en la cuenta escrita de 26 de abril de 2018 su Jefe Directo le ordenó sólo que le informara sobre el cómo obtuvo una credencial de acreditación para el evento de la Copa América Femenina 2018 y si en dicha oportunidad recibió algún pago o retribución asociado a ella. De hecho, los oficiales le entrevistaron durante ese día en la tarde, no le realizaron consulta alguna sobre si ejerció o no actividades remuneradas en algún medio de prensa, por lo que, en dicho documento, sus palabras sólo se refirieron a lo consultado.

Por otra parte, habiéndose alzado la recurrente a través de la instancia administrativa correspondiente - que fue rechazado por la RESOLEX N° 275-2018/377-2018 de fecha 31.AGO.018 - indicó que el acto que se pronuncia sobre dicho recurso carece de fundamentación debida por cuanto en su parte resolutiva, sólo se limita a rechazar su recurso de apelación de fecha 07.JUN.018, señalando que éste no se acoge “por no aportar antecedentes nuevos que permitan desvirtuar o modificar lo resuelto por el jefe resolutor”, expresiones de carácter genérico y de clara connotación subjetiva como eventuales fundamentos, los que no se hacen cargo de todos y cada uno de los argumentos en dicha presentación vertidos y de los nuevos antecedentes escritos y objetivos que en su oportunidad, dentro de tiempo y forma, se aportaron.

De este modo, del examen de la citada RESOLEX N° 275-2018/377-2018 de fecha 31.AGO.018. del Subdirector Operativo de la Policía de Investigaciones de Chile, en especial de su parte considerativa y, más evidente aún, del N° 1 de la parte resolutiva de dicho acto administrativo, aparece que la autoridad policial no expresó cuales serían las razones de hecho y derecho que llevaron a no acoger la apelación presentada por la ahora recurrente con fecha 07.JUN.018, por lo que cabe concluir que el antes referido acto administrativo no se encuentra fundado, y por ende, no se ajusta a derecho. Además la sanción impuesta no responde a ningún criterio de gradualidad ni proporcionalidad con el hecho reprochado, ya que contraría el artículo 25 del Reglamento de Disciplina que ordena las sanciones disciplinarias se harán tomando en cuenta las circunstancias agravantes que concurran a la ejecución de la falta. El mismo precepto indica cuáles son las circunstancias agravantes y atenuantes de las cuales su representada sólo posee atenuantes, específicamente la de la de letra a) de ese articulado.

Por otra parte, a su juicio ha existido demora en la tramitación del procedimiento en cuestión, atendido los plazos establecidos en el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la PDI para la realización de las diversas actuaciones de la investigación sumaria reclamada. Así, el Reglamento de Investigaciones Sumarias y Sumarios Administrativos de la Policía de Investigaciones de Chile, señala, en su artículo 63º, que el plazo para practicar una investigación sumaria, será hasta de cinco días, y en este caso, la Orden que mandata practicar la Investigación Sumaria data de fecha 14.MAYO.018, terminándose recién el proceso investigativo con el informe (minuta) del Oficial Investigador con fecha 28 de mayo de 2018.

Agrega que el dictamen de la Contraloría General de La República discurre sobre una premisa que da por cumplida: El Debido Proceso. Por lo que todo el dictamen descansa sobre ese supuesto al afirmar que la “Sanción aplicada a funcionaria de la policía de Investigaciones de Chile, se ajustó a derecho, al encontrarse acreditada su responsabilidad en los hechos” y valida la sanción impuesta.

Estima entonces, que el órgano contralor sí debió haber objetado la sanción pues del examen sí se advierten faltas al debido proceso, ya que si bien es cierto la ponderación de los antecedentes como la calificación de la falta queda entregada a las autoridades administrativas, el hecho de su imposición, necesariamente debe ser impuesto en un debido proceso, de lo contrario la sanción deviene necesariamente en un acto de arbitrariedad carente además de fundamentación sustancial por cuanto no es efectivo que la facultad sancionadora quede entregada en términos absolutos a la autoridad administrativa.

Refiere llamarle la atención que la sanción en cuestión -y que es validada por el dictamen recurrido - no desarrolle ninguna clasificación de las contravenciones punibles, si no que la autoridad sancionadora sólo se limita decir que la falta cometida y tipificada en el artículo 16 de la circular N° 1 del 9 de febrero del año 2015, sería grave ya que copia y pega el texto íntegro de dicho articulado.

Por otra parte, indica que se usó un procedimiento que la ley destina a investigar hechos de poca importancia, para investigar hechos que a juicio de la PDI son graves, gravedad que -a juzgar por la sanción impuesta por la PDI- recayó sobre un hecho que de poca importancia no tiene nada. En efecto, el reproche jamás pudo ser tan drástico como para ser impuesto a través de una investigación sumaria dado que estos procedimientos se reservan para hechos de poca importancia.

Sostiene que en este caso la arbitrariedad está dada por no poseer la sanción el requisito necesario de la fundamentación que explique la calificación de mayor o menor gravedad, es decir, omite pronunciamientos básicos como la calificación de la sanción -si esta es grave, leve o gravísima.

Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que la recurrente al momento de ser sancionada se encontraba embarazada desde el 16 agosto de 2019, por lo que a la fecha goza de fuero maternal en los términos del Código del Trabajo, lo que implica inamovilidad en tanto dure su fuero o no sea desaforada. Señala que la sanción referida y que a Contraloría valida, le ha significado hoy estar fuera de la institución pues esa sanción se tomó en consideración para ser calificada anualmente con nota 5.64, obligándola a abandonar la institución desde el 21 de diciembre de 2019 por lo que actualmente se encuentra sin dinero para su subsistencia.

Indica que los hechos descritos constituyen una infracción al artículo 19 N° 1 inciso 1º y 2º, 3 inciso 5°, 4 y 24.

Por estas consideraciones solicita se declare que es ilegal y arbitrario el dictamen ya señalado, y que por tanto se deja sin efecto, declarándose en su lugar además ilegal la investigación sumaria contenida en la resolución exenta N° 275-2018/377-2018 del 31 de agosto del 2018 de la Subdirección Operativa que le aplicó 5 días de permanencia en el cuartel, o lo que esta Corte ordene, con costas.

Para fundar sus alegaciones acompaña:

1.- Dictamen N° 1.022, del 10 de enero del 2020;

2.- Certificado de embarazo de la actora;

3.- Reproducción de Pantalla del correo electrónico enviado por la Contraloría General de la República donde le notifican el dictamen recurrido.

Por su parte, con fecha 03 de abril de 2020 comparece doña nombre reservado, en representación de la Contraloría General de la Republica, evacua el informe solicitado.

Primeramente afirma que las alegaciones de la recurrente no dicen relación con la Contraloría General, pues del análisis de la parte petitoria del recurso se advierte que la señora nombre reservado aspira a que se deje sin efecto la sanción que le fue impuesta o bien, se retrotraiga lo obrado a fin de instruir un nuevo procedimiento disciplinario. Ello no dice relación con la actuación de Contraloría General, que no ha impuesto sanción alguna a la interesada ni sustanció investigación sumaria, sino que sólo resolvió el reclamo de ilegalidad por ella formulado.

Señala asimismo, que lo pretendido dice relación con el ejercicio de la potestad disciplinaria, radicada en la Subdirección Operativa de la Policía de Investigaciones de Chile, que se materializó en la resolución exenta N° 275-2018/377-2018, de 2018, a través de la cual aplicó la medida disciplinaria de cinco días de permanencia en el cuartel, como consecuencia de la investigación sumaria instruida en su contra. Así, es claro que el acto u omisión que – según lo indicado por la recurrente - podría haber afectado las garantías constitucionales que expresa, no es el oficio N° 1.022 de 2020 emanado de la Contraloría General de la Republica, sino que las decisiones de las autoridades respectivas de la Policía de Investigaciones de Chile.

Luego, aduce la extemporaneidad de la acción impetrada. Afirma que el oficio N° 1.022 de 2020, fue remitido a la interesada mediante carta certificada el día 15 de enero de 2020, siendo recepcionada en la oficina postal correspondiente al domicilio de la actora, esto es, el de la comuna de La Serena, el día 17 de enero de 2020, por lo que, en virtud de lo prescrito en el artículo 46 de la ley N° 19.880, la señora nombre reservado debe entenderse notificada el día 22 de enero de 2020. De este modo, habiendo sido interpuesta la acción de protección el día 10 de marzo de 2020, esta sería extemporánea.

En cuanto al fondo, sostiene que el oficio que se impugna no puede ser ilegal, toda vez que dicha entidad de Control se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas, en virtud de los artículos 6º, 7º y 98 de la Constitución Política y artículos 1º, 5º y 6º de la ley N° 10.336, por lo que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo a la habilitación que las mencionadas normas constitucionales y legales han otorgado a la Contraloría General de la Republica, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico.

En cuanto a la arbitrariedad, la actuación contra la cual se recurre no constituye una acción u omisión arbitraria, toda vez que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada por la propia recurrente, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho.

Indica que a través del oficio impugnado, dicha repartición concluyó que la medida disciplinaria aplicada a la recurrente se ajustó a derecho, pues las conductas que se le reprocharon estaban acreditadas, sin advertirse las ilegalidades que alego ante la Contraloría General de la Republica.

En cuanto a que la recurrente no habría declarado hechos falsos ante su superior, hace presente que dicha alegación fue desestimada en el citado oficio N° 1.022, de 2020, indicándose que, examinada su cuenta escrita, de fecha 26 de abril de 2018, la que se tuvo a la vista en su oportunidad, constaba que la recurrente había declarado en su punto 2 que no realizó trabajos remunerados, lo que desvirtuó en su declaración del día 29 de mayo de esa misma anualidad, al afirmar que había efectuado actividades remuneradas al realizar notas de prensa a la radio ADN.

En cuanto a la supuesta falta de fundamentación de la resolución exenta N° 275-2018/377-2018, afirma que el señalado oficio N° 1.022 de 2020, expresó que no se observó tal vicio, toda vez que en el referido acto administrativo precisó - en su considerando undécimo - que la interesada no aportó nuevos antecedentes que lograran desvirtuar su responsabilidad en el suceso por el cual se le castigó.

Seguidamente y en cuanto a la rigurosidad de la medida que se impuso a la recurrente y la supuesta falta de proporcionalidad, afirma que en el oficio impugnado se indicó que ello queda entregada a las autoridades de los Órganos de la Administración, pudiendo la Contraloría objetar la decisión adoptada si del examen de los antecedentes sumariales se aprecia alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia, o bien, si se observa alguna decisión de carácter arbitrario, lo que no se advirtió.

En cuanto a que la investigación sobrepasó los plazos de tramitación fijados por el decreto N° 1 de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias, la recurrida hace presente que dicha alegación fue desestimada en el oficio N° 1.022, de 2020, indicándose que el transcurso de los aludidos lapsos sin que se hayan verificado las diligencias o actuaciones a que la Administración está obligada, no es una causal de invalidación de los actos administrativos.

En cuanto a que se habría afectado el derecho a defensa de la recurrente al instruirse una investigación y no un sumario administrativo, señala que no se advierte de qué manera la aludida determinación habría vulnerado el referido derecho, considerando que en los antecedentes qué se tuvieron a la vista por esa entidad de control, aparece que a la interesada se le solicitó una cuenta escrita, se le tomó declaración y al término de la indagatoria se emitió la pertinente minuta -en la que se pormenorizó lo indagado y se estampó la conclusión final-, la que sirvió para que la jefatura con competencia disciplinaria dictara su resolución sancionadora, en contra de la cual la afectada interpuso el recurso que era procedente, instancias que, entre otras, son consideradas esenciales para asegurar un legítimo derecho a defensa.

Luego, en cuanto a que la medida disciplinaria en estudio habría motivado su alejamiento de la institución - en circunstancias que a la fecha en que esta fue aplicada se encontraba embarazada - señala que esta alegación no fue planteada en la presentación ante la Contraloría y que dio origen a la emisión del oficio N° 1.022 de 2020, por lo que no tiene antecedentes que le permitan referirse a dicha alegación y por ende dicho órgano de control no se pronunció sobre el particular. Destaca que la sanción disciplinaria correctiva contra la cual reclamó la recurrente, fue impuesta mediante la resolución exenta N° 275-2018/377-2018, emitida el 31 de agosto de 2018 y su desvinculación se produjo en una fecha posterior, a contar del 7 de enero de 2020, según lo dispuesto en el decreto exento N° 280/224/2020, de la Subsecretaría del Interior, que dispuso su retiro absoluto, por inclusión en lista de retiro.

Estima que en la especie no se configuran las vulneraciones de garantías constitucionales indicadas por la recurrente, por lo que solicita se desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Oficio N° 1.022, de 2020; 2.- Presentaciones de la señora nombre reservado, ingresadas bajo las referencias Nºs 43.835, 44.157 y 45.000, de 2018; 3.- Seguimiento de la carta certificada N° 1181151968544, mediante la cual se le remitió a la actora el oficio N° 1.022, de 2020.- Con fecha 18 de mayo de 2020, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, se creó con el propósito de otorgar tutela judicial efectiva a los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala, permitiendo a cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente, reclamando su amparo cuando estos derechos se encuentren amagados, privados, amenazados o perturbados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección de las garantías que se encuentren conculcadas.

SEGUNDO: Que constituye un supuesto forzoso para la prosperidad de esta acción cautelar, que se compruebe la existencia actual o futura de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario. Sobre este punto la jurisprudencia ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

TERCERO: Que se trata – entonces - de un mecanismo de tutela judicial efectiva destinado a solventar el amparo de ciertos derechos que se ven conculcados y cuya necesidad de cautela requiere de una actividad urgente de la judicatura para evitar o subsanar el agravio y restablecer el imperio del derecho, sin perjuicio de otros mecanismos legales que el amparado pueda ejercer en resguardo de aquellos. Entonces, si bien es cierto el constituyente describe el presente recurso como una forma de brindar tutela judicial efectiva a la persona que vea conculcado alguno de sus derechos o garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, no es menos cierto que tal remedio urgente requiere, en todo caso, la existencia de un derecho cierto e indubitado, que por un acto u omisión de otro, se encuentre amenazado, privado o perturbado.

CUARTO: Que, se trata de determinar entonces si la Contraloría General de la Republica, a través de la dictación de dictamen N° 1.022 de fecha 10 de enero del año 2020, suscrito -por orden del Contralor General- por doña nombre reservado en calidad de Jefa de Departamento de Previsión Social, incurrió en un actuar ilegal o arbitrario, que implique vulneración a las garantías constituciones denunciadas por doña nombre reservado.

QUINTO: Que, a través de la resolución número 1022 de 10 de enero de 2020, la Contraloría General de la Republica se pronunció acerca de la licitud de la investigación administrativa instruida contra doña nombre reservado, que culminó con la dictación de la resolución exenta número 275-2018/377-2018 por parte de la Subdirección Operativa de la Policía de Investigaciones de Chile, aplicándole la medida disciplinaria de 5 días de permanencia en el cuartel. La señalada resolución concluye que en los aspectos reclamados no se advierten irregularidades que incidan en la legalidad de la investigación administrativa, rechazando el reclamo deducido.

SEXTO: Que analizando el acto administrativo impugnado en base a los hechos expuestos en el recurso, no se vislumbra cómo dicha resolución perturba o amenaza el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, desde que solamente – y después de desarrollados los razonamientos respectivos – desecha el reclamo presentado por doña nombre reservado contra la resolución exenta número 275-2018/377-2018. Seguidamente, no es posible afirmar que la declaración hecha por la autoridad y que es objeto de reproche por sí misma afecte las garantías señaladas por la recurrente, sin que existan antecedentes idóneos que lo demuestren. En efecto, el único documento que hace alusión al estado de salud de la recurrente es el certificado emitido el 18 de diciembre de 2019 por el medico don nombre reservado, dando cuenta de su estado de gravidez, sin embargo dicho estado no obsta al control que lleva cabo la Contraloría General de la Republica a un acto administrativo dictado por la Policía de Investigaciones de Chile, actuación llevada a cabo a solicitud – precisamente - de la recurrente doña nombre reservado.

SEPTIMO: Que en relación a la vulneración de la garantía del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, ella se basa en que la investigación llevada a cabo por la Policía de Investigaciones de Chile infringió el debido proceso, y que la Contraloría General, “al estimar las facultades fueron ejercidas conforme a la legalidad”, nuevamente infringe dicha garantía.

Como primer punto de análisis, es dable consignar que el recurso de protección no se encuentra instituido para resguardar el derecho al debido proceso en general, salvo en lo referente a ser juzgado por un juez natural, y a la prohibición de serlo por comisiones especiales. En este caso, la Contraloría General de la Republica por mandato legal es la entidad que controla la legalidad de los actos de la administración, razón por la cual actuando dentro de la esfera de su competencia y fundando debidamente sus resoluciones – como lo es en la especie - no es posible afirmar que su actuar sea ilegal o arbitrario, como se pretende.

OCTAVO: Que en cuanto a la protección del derecho a la honra y a la vida privada, el recurso de funda en que a raíz de la investigación llevada a cabo por la Policía de Investigaciones de Chile, terceros se alejaron de doña nombre reservado al tomar conocimiento de la gravedad de los hechos que le fueran imputados, dudando de su calidad como periodista.

A juicio de esta Corte, dichas afirmaciones no encuentran sustento en los antecedentes aportados, sobre todo si tenemos en consideración que la acción de protección deducida protege derechos indubitados, lo que no ha acreditado. Seguidamente y sin perjuicio de lo expuesto con anterioridad, la fundamentación de la supuesta vulneración dice relación con la investigación sumaria llevada a cabo por la Policía de Investigaciones de Chile que derivó en la sanción impuesta a la recurrente y no a la actuación de la Contraloría General de la Republica, que es la parte recurrida en estos autos.

De esta forma, en lo que respecta a este acápite, el recurso será desestimado, como se dirá en lo resolutivo.

NOVENO: Que en relación al derecho de propiedad, conviene tener presente que el estatuto administrativo, en su artículo 83 señala que todo funcionario público tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo, salvo los cargos de exclusiva confianza. Seguidamente, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, asegura a todas las personas “El derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. Como las cosas incorporales son derechos, no hay duda que en relación con la estabilidad en el empleo hay una especie de propiedad - que igualmente que en el caso de las cosas corporales - protege la Carta Fundamental.

DECIMO: Que a juicio de esta Corte, la estabilidad en el empleo de un funcionario público está sujeta al cumplimiento de las obligaciones de este; que no existan causales legales para determinar el cese de sus funciones y que la autoridad respectiva – en uso de sus facultades – resuelva imponer sanciones.

En este sentido, no se aprecia la forma en que la actuación de la Contraloría General de la Republica, consistente en la dictación del dictamen N° 1.022 podría vulnerar el derecho de propiedad alegado por la recurrente, toda vez que ella se limita a descartar irregularidades en la investigación administrativa que culmina con la dictación de la resolución exenta número 275-2018/377-2018 por parte de la Subdirección Operativa de la Policía de Investigaciones de Chile, sancionando a la señora nombre reservado; resolución que a través de esta via no ha sido objeto de reproche.

DECIMO PRIMERO: Que no advirtiendo vulneraciones a garantías constitucionales por parte de la Contraloría General de la Republica en la dictación del dictamen N° 1.022 fechado al 10 de enero de 2020, la acción constitucional interpuesta, será desestimada en todas sus partes.

Y VISTO, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución política de la república y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo de este arbitrio, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por María Fernanda Rojas Pinto, en representación de doña nombre reservado en contra de la Contraloría General de la Republica.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Patricio Gutiérrez Gajardo.

Rol Nº 358-2020. Protección.