nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Los Vilos Recurso de Protección Rol N° 358-2018.

La Serena, once de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece don Patricio Mardones Fuenzalida, abogado, en representación de nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, representada por su Alcalde Manuel Marcarían Julio, ambos con domicilio en domicilio reservado, por su actuación arbitraria e ilegal que priva, perturba o amenaza su derecho de propiedad, garantizado por la Constitución Política.

Indica que su representado, es propietario de un furgón escolar titular, y que por más de 6 años lo tiene destinado para participar en la licitación de servicios de transportes sector El Maqui, comuna de Los Vilos, y siempre ha cumplido con sus obligaciones que impone la ley de tránsito y demás normas reglamentarias pertinentes.

Agrega que a mediados de Septiembre del 2016 se le dejó fuera de la Licitación respectiva porque no cumplía con tener la licencia A5. Señala que dicha medida se decretó vulnerando los Derechos de la libertad de trabajo, igualdad ante la ley, derecho a emprender una actividad económica, según constaría en el certificado 98 del año 2016, expedido por el Departamento de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos.

Asimismo, relata que a mediados de Diciembre del 2017 se le dejó fuera de la Licitación respectiva porque sólo cumple con la licencia clases A2, A3 y A4, y no con la A5. Indica nuevamente que esta medida se decretó vulnerando los Derechos de la libertad de trabajo, igualdad ante la ley, derecho a emprender una actividad económica, según constaría en el certificado 15 del año 2017, expedido por el Departamento de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos.

Ante estas situaciones, refiere que su representado acudió́ al Registro Civil para sacar un certificado para acreditar que posee las distintas clases de licencias y se encontró́ con la sorpresa que sólo consta que figura con clase B, y se le habría informado, que los funcionarios de la Municipalidad de los Vilos no habían enviado el oficio a esta institución del Registro Civil, informando respecto de la obtención de sus otras licencias.

Señala que el recurrente posee las licencias clases A2, A3 y A4 y la A5 según consta en la licencia de conducir que acompaña.

Agrega que el 20 de marzo de 2018 postula a través de los documentos acompañados nuevamente a la licitación según los anexos 2, 3, 4 debidamente firmados, a saber, Permiso de Circulación, Certificado de Antecedentes, el cual no tiene antecedentes, Certificado de Anotaciones Vigentes, Revisión técnica, hoja de vida del conductor sin antecedentes, Servicio de Registro Civil Registro Nacional de Conductores, del 30 de diciembre del año 2016, en el cual consta que solo registra licencias clases B, A2 y A4, Póliza de Accidentes Personales Pasajeros Vehículo motorizados Sura, de 30 de Enero del 2018, Asiento Pasajero 2014.

Indica el recurso que el 4 de Abril del 2018, recibe una notificación en que se le comunica que su presentación fue descartada en el proceso de apertura por parte del organismo que licita, en este caso ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, ya que “El oferente nombre reservado, cumple con lo solicitado por las bases administrativas, pero los documentos ingresados para acreditar el tipo de licencia que mantiene, no coinciden, indicando la licencia que mantiene Clase A2/A4 y la hoja de vida del conductor emitido por la institución del Registro Civil indica que mantiene clase B.”

El recurrente estima que se ha visto perjudicado arbitrariamente por la recurrida y con los efectos de haber sido removido de su habitual trabajo por no haber tenido un debido proceso. Señala que la recurrida, no ha dado ni siquiera una declaración en torno a estos hechos y mucho menos explicaciones por los hechos acaecidos ni una argumentación ajustada para la tranquilidad de su representado.

Agrega que el proceder de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. Departamento de Tránsito y de quien corresponda, constituyen un acto arbitrario que afecta un conjunto de derechos de su representado, que se encuentran garantizados por la Constitución Política de la República, en particular los derechos contemplados en los numerales 2, 3, 4, 16 y 21 del Artículo 19, Articulo 20 de nuestra Carta Fundamental.

En efecto, señala que el actuar referido conculca el derecho contemplado en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política, “en cuanto ha incurrido en una abierta arbitrariedad cuando la igualdad ante la Ley que se ha visto afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada, promoviendo detenciones que vulneran este principio de que todas las personas están sometidas a un mismo estatuto de derecho y obligaciones generales.” Tal acto infringe de manera manifiesta lo dispuesto en el número 2 del Artículo 19 de la norma constitucional que dispone "La igualdad ante la Ley. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar que se cumpla. La Ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinadas derechos o libertades para proteger a los habitantes. En consecuencia toda Ley o acto de autoridad que implique una discriminación arbitraria y que beneficie o perjudique infundadamente a personas o grupos atenta en contra de esta Garantía Constitucional.

También señala el recurrente que se ha conculcado el derecho contemplado en el número 3 del Artículo 19 "La igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la Ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, si hubiere sido requerida.

Finalmente, señala, que se ha atentado en contra del derecho del número 4 del Artículo 19, el respeto y protección a la vida privada que evidentemente fueron vulnerados y transgrede completamente el numeral 16 del Articulo Nº 19 de la Carta Fundamental, que es la Libertad de Trabajo y la certeza laboral aparejada a estos conceptos.

En definitiva solicita a esta Corte “admitir el presente Recurso a tramitación, declararlo admisible y ordenar que la recurrida informe en el más breve plazo posible y ordenar bajo apercibimiento las medidas necesarias para el restablecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos constitucionales de su representado y en especial, ordenar se investigue de como se determinó la licitación de transporte, dejando sin efecto las resoluciones antes señaladas.

El recurrente acompañó los siguientes documentos: -Licencia de Conducir; -Certificado número 98 y 15 de La Ilustre Municipalidad de Los Vilos, Departamento de Tránsito; -Permiso de Circulación; -Respuesta de Chilecompra; -Seguros; -Revisión Técnica.

Evacuando el informe solicitado, comparece RODRIGO ALFONSO OCHOA VALENZUELA, Abogado, actuando en nombre y representación de la MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su Alcalde Don MANUEL MARCARIAN JULIO, todos con domicilio en domicilio reservado.

Señala la recurrida que el artículo 20 de la Carta Fundamental establece que quien, por causa de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que taxativamente señala la Constitución podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que restablezca el imperio del derecho y se asegure la debida protección del afectado.

El Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 24 de Julio de 1997, que regula la tramitación del recurso de protección contemplado en el citado artículo de la Constitución Política, dispone en su Nº 21 que éste se interpondrá́ dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismo, lo que se hará́ constar en autos.

Agrega que en la especie, se ha recurrido en contra de la Municipalidad de Los Vilos, con motivo de la circunstancia de haber dejado excluido de la misma al recurrente, por no ser concordante los documentos presentados; esto es, las licencia versus certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación en el que constan los tipos de licencias de conducir que posee el Sr. nombre reservado.

Indica que esta situación ya era conocida por el recurrente con bastante antelación; tal es ese conocimiento, que así lo expresa en su libelo, punto 3 “A mediados de diciembre del 2017 en que se le dejo fuera de la licitación respectiva porque sólo cumple con la licencia clases A2, A3, Y A4, No con la A5...” a continuación señala en el punto 4 “Mi representado como empresario y estar preocupado por la licitación acudió́ al Registro Civil, para sacar un certificado que es requisito para acreditar tiene distintas licencia y se encontró́ con la sorpresa que solo consta que figura con clase B, manifestándole los funcionarios del Registro Civil que la Ilustre Municipalidad de Los Vilos no había enviado los oficios a esta institución del Registro Civil de manera arbitraria, ilegal y caprichosa sin fundamento”. Luego en el punto 5 expresa “El 20 de marzo postula a través de los documentos acompañados nuevamente a la licitación según los anexos 2, 3 ,4 debidamente firmados acompañando para esos efectos ...”. Con lo citado y extractado del recurso presentado, señala el informe, que se acredita que el recurrente tenía conocimiento o conocimiento de la omisión involuntaria en la que podría haber incurrido la recurrida, con una antelación de más de 30 días que señala el auto acordado, a la licitación que mediante esta acción constitucional se pretende dejar sin efecto, por tal efecto, es que la presentación de este recurso es extemporánea.

A mayor abundamiento, informa que el recurrente en su propia presentación declara que ya había participado en licitaciones durante el año 2017, respecto de las cuales también sus postulaciones habían sido descartas, por incongruencias en la documentación presentada, lo que reafirma la hipótesis de que el recurrente tenia cabal conocimiento de la omisión que obraba en sus antecedentes y nada hizo para solucionarlo; no presentó reclamo alguno al municipio, no inició proceso administrativo ante esta autoridad edilicia, obviando con ello todos los mecanismos que la ley le franquea para dar solución a su problemática.

Agrega, en cuanto a la forma en que se resolvió́ la licitación ya señalada, se ajusta a lo regulado en la Ley Nº 19.886, y su Reglamento Decreto Nº 250 Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente”

En este sentido, la forma en cómo se gestó́ y resolvió́ la licitación en comento, señala que se ajustó́ íntegramente a los procesos administrativos y requerimientos legales establecidos, por la ley y el reglamento, no existiendo causal de vicio alguno; de esta forma correspondiendo a la comisión evaluadora, evaluar y ponderar los antecedentes presentados por los diversos oferentes.

Es asi como, la comisión evaluadora, según acta de apertura electrónica le indica, a los documentos presentados por el recurrente, en lo que nos interesa “Oferta Rechazada: El oferente nombre reservado, cumple con lo solicitado por las bases administrativas, pero los documentos ingresados para acreditar el tipo de licencia que mantiene, no coinciden, indicando la licencia que mantiene clase A2/A4 y la hoja de vida del conductor emitido por la institución del Registro Civil indica que mantiene clase B. Para la comisión evaluadora resulta imposible dilucidar cuál de los documentos es el correcto y las bases administrativas impiden realizar la consulta a través del foro inverso debido a que la Ley 19.886, faculta “la posibilidad de que los oferentes salven errores u omisiones formales siempre y cuando no sean mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación”. Esto expresa claramente, que el recurrente acompañó el certificado del Servicio de Registro Civil, y sus licencias, las que no concordaban; siendo esto en el proceso licitatorio una falta a las bases administrativas que regulan dicho proceso.

Señala finalmente que la licitación en comento se resolvió́ con absoluto apego al principio de estricta sujeción a las bases, no existiendo acto u omisión arbitraria o ilegal que vulnere las garantías constitucionales expresadas, como lo considera el recurrente, por lo que solicita el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

La parte recurrida acompañó los siguientes documentos: - Acta de apertura electrónica licitación ID3714-15-LE18; -Acta de evaluación informada y razonada de la licitación ID 3714-15-LE18, -Hoja de vida del conductor, emitida por el Servicio de Registro Civil e identificación de fecha 18 de marzo de 2018.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que los hechos que esgrime el recurrente como actos vulneratorios de sus garantías constitucionales consiste en que fue excluído de la licitación en que participó, por parte de la comisión evaluadora, al no acreditar el tipo de licencia que mantiene, ya que los documentos acompañados no coinciden, puesto que por un lado se indica que mantiene licencias clase A2/A4 y la hoja de vida del conductor emitido por la institución del Registro Civil indica que mantiene clase B.

CUARTO: Que en la especie no se visualiza la acción u omisión, ilegal o arbitraria de la recurrida, toda vez que la Comisión Evaluadora actuó dentro de la esfera de sus competencias. En efecto, en conformidad a los antecedentes que el propio recurrente proporcionó, se constató la inconsistencia en la información respecto de las licencias de que era titular, no siendo resorte de dicha comisón, determinar la efectividad u origen de la información.

Así las cosas, no era posible que el oferente pudiera salvar el error u omisión formal, ya que se produciría eventualmente una mutación de los antecedentes, entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. La presentación del certificado del Servicio de Registro Civil, y sus licencias, las que no concordaban; implican al interior del proceso licitatorio, una falta a las bases administrativas que regulan dicho proceso.

QUINTO: Que a mayor abundamiento, la parte recurrente poseía perfecto conocimiento de la falta de concordancia entre las licencias que poseía y la información que mantiene el Registro Civil, producto, aparentemente, del no envío oportuno de la información pertinente por parte de la Municipalidad de Los Vilos, ya que había participado de otras licitaciones en años anteriores y ya había sido excluido por la misma situación. De modo que, el hecho fundante del recurso ya se encontraba, con mucha antelación, en conocimiento del recurrente. Además, cabe consignar que la presente acción cautelar, no es la vía idónea para dar una solución a la problemática del recurrente, en cuanto al registro de la información correcta ante el Servicio de Registro Civil y más aún, no es la vía para representar los resultados de una licitación, toda vez que la entidad recurrida ha actuado conforme a las bases y reglamentación.

Por lo que esta Corte no visualiza perturbación o amenaza a las garantías esgrimidas como conculcadas, ya que la recurrida no ha realizado actuación ilegal o arbitraria susceptible de ser restaurada por esta acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por el abogado Patricio Mardones Fuenzalida en representación de don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Marcos López Julio.

Rol N° 358-2018.- Pronunciado por la Tercera Sala Extraordinaria integrada por la Ministro señora Marta Maldonado Navarro, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Marcos López Julio.

En La Serena, a once de junio de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.