ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA con nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Monte Patria nombre reservado

Recurso de protección Rol N°356-2024.- La Serena, dos de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Luis Yáñez González, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Monte Patria e interpone recurso de protección en favor del funcionario público nombre reservado, en contra de nombre reservado, por el acto arbitrario consistente en emitir opiniones a su respecto en el programa Mi Radio relativas al manejo de la red de salud, lo que estima vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, 4 y 21de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que el 18 de marzo de 2024, a las 8:46 AM, en Mi Radio La Serena TV, cuya frecuencia de transmisión es 102.3 FM, así como a través de Facebook y el canal Mundo, el recurrido expresó una serie de opiniones relevantes que reflejan el trabajo de la red comunal a la cual el recurrente pertenece en calidad de Director.

Señala que en dicha transmisión hace referencia directamente al actor mediante la siguiente frase: “¿En qué quedo la negligencia del Cesfam? ¿De la pequeña Ema que murió por una negligencia? ¿Dónde están los culpables? ¿Están presos los responsables? No. Fue ratificado el Director de Salud”.

Indica que dicha opinión viene a acompañar la campaña de deshonra que se ha observado por parte del recurrido, ya que en diferentes instancias ha emitido pronunciamientos falsos sobre el actor y la red de salud de la que es parte. Ejemplo de ello es la afirmación de venta de fármacos vencidos durante octubre de 2023, como otras que son de público y notorio conocimiento.

Refiere que este hecho ha causado una grave impresión el recurrente, pues lo hace directamente responsable por un hecho que se encuentra en investigación y en el que por lo demás no intervino, lo que lleva al inequívoco de insinuar que es responsable del fallecimiento de una usuaria, que debería estar “preso”, pero que, sin embargo, continúa en su cargo. Todo ello sin mediar una investigación previa de antecedentes, vulnerando la honra del funcionario e inclusive su presunción de inocencia.

En cuanto a la arbitrariedad, sostiene que no aparece razonabilidad en los dichos del recurrido, por cuanto no se aprecia siquiera un motivo a conseguir, además de perjudicar moralmente al Director de la Red Comunal de Salud, quien posee un perfil y nombramiento técnico y no político, por lo que no cabe considerar que el afectado debiese tolerar o admitir semejantes acusaciones en el ejercicio de su cargo.

Añade que ante el crecimiento del uso de smartphones e internet entre la población, la viralización de la información es un asunto que debe sin duda tenerse en consideración, no siendo capaz de imaginar cómo el mensaje ha circulado libremente y sin filtro alguno sobre la veracidad del mismo.

Explica que el actuar del recurrido importa una vulneración al derecho a la integridad psíquica; a la honra y al ejercicio de cualquier actividad económica lícita.

Finaliza solicitando tener por interpuesto el presente recurso de protección, ordenando a la recurrida el cese inmediato de la actitud hostigadora que ha manifestado hacia el recurrente; se disponga la publicación en un medio de comunicación escrito de alcance local, provincial y/o regional de un inserto de disculpas públicas por la actitud hostigadora hacia el actor, o bien, que dichas disculpas públicas se realicen verbalmente en el programa “Mi Radio”; y el compromiso en dicha misiva de no volver a emitir opiniones como las vertidas por cualquier vía electrónica, sea el redes sociales como en servicios de mensajería, que busquen la denostación del funcionario afectado; todo ello con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Decreto Alcaldicio N°20719, de 28 de diciembre de 2021, que nombra a don nombre reservado como Director de la Red Comunal de Salud; 2. Carta de Director de la Red Comunal de Salud, de 20 de marzo de 2024, dirigida al Alcalde; y 3. Registro audiovisual de 18 de marzo de 2024, emitido en el programa “Mi Radio”, dirigido por el recurrido, publicado a través de la red social “Youtube”.

SEGUNDO: Que a folio 16 comparece el recurrido evacuando el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción intentada.

Sostiene que se ha desempeñado hace muchos años en medios de comunicación y actualmente es socio de la empresa que opera Mi Radio, medio de comunicación local de la Región de Coquimbo, cuyo propósito es la entrega de contenido noticioso local, superando la centralización tan común en los medios de comunicación de alcance nacional.

Refiere que, en ese contexto, todos los días se tratan una amplitud de temas de interés regional, como es el tiempo, el estado del tránsito y también cuestiones de interés político como evidentemente es el caso de los distintos representantes públicos de la zona. Añade que, para el cumplimiento de este propósito, todos los días se desarrollan entrevistas y comentarios de crítica política, sin imputarse delitos ni atribuir responsabilidades penales, como parece entender el recurrente.

Manifiesta que el arbitrio intentado no puede ser acogido sin que aquello signifique el sacrificio de la libertad de prensa, así como la libertad de información. En efecto, la entrega de aquella, así como la emisión de opiniones es un acto absolutamente legítimo para todas las personas y particularmente para un medio de comunicación en los términos establecidos por la ley y la Carta Fundamental en la medida que se respeten los límites propios al ejercicio de ese derecho.

Señala que ello es más evidente en aquellos casos en que se ejercen funciones públicas como acontece con el alcalde de Monte Patria o el Director de Salud de la mencionada comuna, quienes atendida su calidad de funcionarios están expuestos a la crítica pública.

Indica que la frase que se esgrime como vulneratoria consiste en 15 segundos en que hace una mención al alcalde de Monte Patria señalando que en vez de estar preocupado por regalar la inscripción de patentes en los vidrios de los vehículos de los habitantes de la comuna, debiera estar preocupado por la conducción del sistema de salud, en que una niña habría muerto por un caso de eventual negligencia.

Controvierte completamente el presupuesto del recurso en cuanto a que el recurrido habría atribuido participación en la muerte de la niña al actor. Como se ha señalado, se trató de una crítica política y pública realizada a propósito de la labor del alcalde. Así, sostener que la crítica política realizada a un funcionario público debe proscribirse en razón de que puede ser públicamente amenazado en razón de realizarla constituye el más profundo desconocimiento respecto del control vertical.

Respecto de la eventual colisión de garantías fundamentales sostiene que dentro de los criterios para dirimirla se encuentra la relevancia pública de la información, así como la de los involucrados. Sobre el particular, manifiesta que si bien es cierto no existe una definición normativa respecto de qué ha de entenderse por la primera, para efecto de los medios de comunicación existe un criterio. En efecto, el artículo 30 de la Ley N°19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, dispone que ha de entenderse como una hipótesis de interés público aquella que corresponde a quienes desempeñan funciones públicas.

Destaca que la asimetría en el poder que ejerce un alcalde o el Director de alguna repartición municipal, en relación a la situación en que se encuentra un ciudadano común y corriente, hace necesario que cualquier información respecto del devenir del manejo de la Municipalidad o su servicios de salud, en el caso particular, sea algo que pueda ser mostrado o exhibido.

Añade que el recurso de protección no es la vía idónea, toda vez que la interpretación que efectúa el actor respecto de los comentarios vertidos escapa por mucho de lo que racionalmente puede alegarse por este medio. En efecto, jamás se ha pretendido atribuir responsabilidad en un delito al recurrente. En ese sentido, la naturaleza de la acción no es la de un juicio declarativo en que se intente responder a la pregunta de si el recurrente tuvo o no participación en la muerte de la niña. Por otro lado, el tenor del recurso, así como su petitorio parecen también reclamar que los dichos del conductor no son ciertos o, al menos serían incorrectos. Pues bien, la Ley N°19.733 regula justamente la información entregada por los medios de comunicación, así como sus límites y sanciones, contemplando un procedimiento destinado a sancionar los excesos que se produzcan en virtud de la libertad de información que es, en definitiva, lo que se denuncia en el presente proceso. Por su parte, la misma ley, para casos en que alguien se sienta afectado por una transmisión, contempla un procedimiento –el derecho declaración-especialmente destinado a los efectos que aparecen reclamados en esta acción.

Culmina señalando que todos los funcionarios de Mi Radio someten su actuar a las normas éticas del ejercicio de periodismo o, en términos generales, al ejercicio de la información. En el marco de ese actuar, no existe interés alguno en dañar a ninguna persona sino sólo dar a conocer antecedentes relevantes para la comunidad.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que en la especie, la conducta que se reprocha de arbitraria consiste en haber emitido el recurrido en el programa Mi Radio La Serena TV, así como a través de Facebook y el canal Mundo, una serie de opiniones que reflejan el trabajo de la red comunal a la cual el recurrente pertenece en calidad de Director, vinculados a una eventual negligencia médica en dicha red de salud, lo cual atentaría contra las garantías contenidas en el artículo 19 N°1, 4 y 21 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, por su parte, el recurrido arguye que las opiniones vertidas obedecen al desarrollo de la libertad de información y comunicación con relación al medio de comunicación en el que se desempeña. Lo anterior, asociado además al carácter público que ostenta el actor, situación que lo somete al escrutinio público.

SÉPTIMO: Que, conforme se ha señalado en los considerandos que anteceden, fluye que en el presente caso se produce una colisión de garantías constitucionales–particularmente respecto de una de aquellas alegadas como vulneradas por el actor–que dadas sus características es usual que puedan interferirse: el derecho a la honra y a la vida privada, por un lado, y el derecho a la libertad de expresión por el otro.

La pregunta es cómo resolver este conflicto o interferencia entre derechos fundamentales.

En este sentido, el criterio utilizado es considerar que no obstante el derecho a expresar libremente cualquier opinión en un medio masivo, dicho derecho tiene como límite el respeto a la vida privada y la honra de las personas.

Pero para que se estime que el ejercicio de la libertad de expresión traspasa el antedicho límite es fundamental revisar si la denuncia, opinión o comentario que se hace a través de un medio de comunicación se erige en un obrar meramente temerario, más que el legítimo derecho a expresar el descontento o crítica frente a situaciones injustas o que merecen ser objeto de revisión y/o investigación.

El derecho a emitir opinión e informar que establece el artículo 19 N°12 de la Carta Fundamental, no es de carácter absoluto y su adecuado ejercicio debe ponderarse en relación con los demás derechos personales, como el derecho a la honra.

En ese mismo tenor se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en Causas Rol N°2536-2016 de 5 de mayo de 2016; Rol N°29599-2018 de 4 de diciembre de 2018 y Rol N°5498-2019 de 18 de julio de 2019.

En este sentido, resulta ilustrativo lo razonado por la Excma. Corte Suprema que estimó en un caso que si bien las expresiones escritas por los recurridos evidencian señales importantes de vehemencia, y por cierto denotan un malestar intenso y un ánimo de reprobación significativo hacia el recurrente, no por eso resultan reprochables, pues precisamente el sentido del aseguramiento a nivel constitucional de la libertad de informar y emitir opinión es el de resguardar la circulación de aquellas expresiones que pueden resultar objetables. (Recurso de Protección: Rol N°12.443-2018)

OCTAVO: Que, reiteradamente la doctrina moderna sostiene "que los derechos fundamentales no se jerarquizan, sino que solo deben ser ponderados cuidadosamente, respetando ciertos criterios como por ejemplo: la relevancia pública de la información, existencia de un mínimo de diligencia en la comprobación de los hechos o la actitud positiva del actor hacia la verdad, que el grado de diligencia sea razonable y proporcionado a las circunstancias, que no hay intromisión ilegítima en la honra de la persona cuando se realizan críticas acerbas y que sean injerencia previstas por la ley." (Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso no.37 Valparaíso dic. 2011)

En este mismo orden de ideas Nogueira Alcalá plantea ante una eventual colisión con el derecho a la honra, que si estamos en presencia de una opinión que es la expresión de ideas o juicios de valor, por no ser susceptibles de ser probadas científicamente o verificables empíricamente, no puede probarse su veracidad u objetividad, lo que permite que la libertad de opinión pueda ejercerse en forma amplia, con el único límite de no utilizar expresiones vejatorias o insultos, las cuales son innecesarias para la expresión de ideas.

Agrega el mismo autor que “si estamos en presencia de la revelación de un acto, dato o hecho de relevancia pública, la libertad de información prima sobre el derecho al honor, por el derecho que tiene la ciudadanía en un sistema democrático de conocer aquellos hechos y conductas que afecten la conducción de los asuntos públicos y la coherencia de los funcionarios públicos y las autoridades en sus conductas con los valores y principios que determina el ordenamiento jurídico(probidad y transparencia) como con aquellos valores y principios que han explicitado públicamente. La relevancia pública de la información está dada por la importancia o trascendencia pública de los hechos en sí (ámbito económico, político, social, cultural, nacional o internacional) o en virtud de la persona que lo realiza, y la conveniencia o necesidad de su conocimiento por la sociedad, en sentido objetivo. Así la ausencia de relevancia pública de la información emitida determina la prevalencia del derecho a la honra u honor sobre la libertad de opinión e información. (Nogueira Alcalá, H. Pautas para superar las tensiones entre los derechos a la libertad de opinión e información y los derechos a la honra y la vida privada en línea.

NOVENO: Que para resolver la colisión de derechos que se viene comentando, resulta preciso considerar que el derecho a expresar libremente cualquier opinión tiene como límite el respeto a la vida privada y la honra de las personas, toda vez que no es de carácter absoluto y su adecuado ejercicio debe ponderarse en relación con los demás derechos personales, como el derecho al que se hizo mención.

Ahora bien, para que se estime que el ejercicio de la libertad de expresión traspasa el antedicho límite es fundamental revisar si los comentarios son vertidos de manera temeraria.

DÉCIMO: Que, sobre el particular, en la especie no se avizora que al emitir los comentarios en el programa se haya traspasado el límite resguardado por el derecho, toda vez que no puede perderse de vista el carácter de funcionario público que, como ya se dijo, ostenta el recurrente quien se encuentra sometido al escrutinio público, así como tampoco que en los dichos que reprocha en su recurso no se le atribuyó una participación directa en los eventos que fueron objeto de comentario en el referido programa.

Además, las expresiones proferidas por el recurrido no tienen la entidad suficiente para dañar o afectar la honra del recurrente, ya que se remite a poner en el debate público un lamentable hecho ocurrido en el Cesfam de la comuna de Monte Patria que está siendo investigado, sin que en la especie se haya traspasado aquella línea que separa la denuncia, con la denostación o menoscabo moral, ya que no se utilizan comentarios vejatorios que atenten contra la honra y dignidad del actor en su rol como funcionario público.

UNDÉCIMO: Que, en base a todo lo dicho, se concluye que no existe un obrar arbitrario por parte de la recurrida, lo cual acarrea como necesaria consecuencia que el recurso de protección interpuesto por el recurrente no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Jorge Fonseca Dittus.

Rol N°356-2024 Protección.-