nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°355-2025 La Serena, veintisiete de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento que ponga fin al procedimiento administrativo, aprobando o rechazando solicitud de residencia definitiva de 08 de noviembre de 2022, lo cual vulneraría el derecho de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880.

Expone que, el recurrente ingresa al país en calidad de turista, y estando dentro del país cambia su condición migratoria a residente por visa temporal, para luego solicitar el beneficio migratorio de residencia definitiva, el 08 de noviembre de 2022, cumpliendo además con el pago de derechos del beneficio migratorio solicitado.

Indica que, el recurrente se encuentra privado de derechos fundamentales en virtud de la demora que ha mantenido el recurrido de forma arbitraria en dar respuesta a su solicitud, encontrándose completamente limitado en tramites esenciales de la vida cotidiana, ya que, al no ser titular de un visado vigente en virtud de los largos tiempos de espera para acceder a una respuesta por parte del recurrido, no logra acceder a tramites básicos y cotidianos, pues no cuenta con cédula de identidad vigente, y que si bien al contar con solicitud de visa en trámite mantiene una situación regular dentro del país, no es menos cierto que en un sentido pragmático no corresponde a la realidad de quien se encuentra en esta situación que afecta derechos fundamentales para un libre desarrollo y desempeño.

Sostiene que, las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de residencia definitiva realizada, esto es, desde la solicitud realizada con fecha 08 de noviembre de 2022, hasta la fecha de presentación del recurso, ha transcurrido 2 año, 3 meses, y 25 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por los recurrentes.

Destaca los artículos 4°, 7°, 9° y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7° y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites. Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9°, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Previas citas legales, solicita se acoja el recurso y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones emitir el pronunciamiento respecto de la solicitud ingresada dentro de un plazo razonable, con expresa condena en costas.

Acompaña al recurso: 1. Comprobante de solicitud de residencia definitiva. 2. Cédula de identidad para extranjeros. 3. Comprobante de pago de derechos.

SEGUNDO: Que, a folio 4 evacuó informe Roberto Castillo Toro, abogado del Servicio Nacional de Migraciones.

En primer lugar, solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso de protección, arguyendo que conforme a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencias de 20 de marzo de 2023 pronunciadas en las causas Rol N°115064-2022 y N°115368-2022, la sola tardanza en la resolución de las solicitudes de permanencia definitiva no es constitutiva de ilegalidad o arbitrariedad que pueda suponer afectación a las garantías constitucionales de los solicitantes, ni aún en grado de mera amenaza, de lo que se seguiría que la materia planteada en el recuso exceda “la tutela cautelar que es propia del recurso de protección”. Agrega que, dado lo resuelto por el máximo tribunal, se concluiría que no existe un derecho indubitado que deba ser cautelado a través de esta acción constitucional.

En subsidio a la declaración de inadmisibilidad, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el recurso de protección se dirige erróneamente en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados. En efecto, refiere que la supuesta omisión, que se estima por el recurrente como vulneratoria de derechos fundamentales, no existe ni tampoco es posible sostener que es obra del Servicio Nacional de Migraciones, ya que la normativa vigente y los instrumentos que ella regula permiten a la recurrente residir en Chile sin ninguna restricción ni limitación, salvo el respeto de la Constitución y la ley como cualquier otro habitante de la República.

Por lo anterior, solicitó que se declare la inadmisibilidad del recurso de protección y, en subsidio, que se acoja la excepción de falta de legitimación pasiva.

En cuanto al fondo, solicitó el rechazo de la acción, por no existir acto ilegal o arbitrario que afecte alguno de los derechos constitucionales resguardados por la acción de protección.

Expone que, el 19 de noviembre de 2021, al recurrente se le otorga visa de Responsabilidad Democrática, la que mantuvo su vigencia desde el 05 de diciembre de 2021 hasta el 05 de diciembre de 2022. Luego, solicita el beneficio de residencia definitiva con fecha 08 de noviembre de 2022, fecha en la que pasa a etapa de análisis. Posteriormente, el 18 de abril de 2023, pasó al trámite de pago derechos, tras lo cual, el 20 de abril de 2023, se le solicitan documentos adicionales. Finalmente, luego de recibirse la documentación requerida, el 20 de abril de 2023 ingresa a la etapa de Análisis Jurídico, ya que, en virtud de la revisión de datos, se encontró que el recurrente tuvo un ingreso clandestino al país el año 2021, por lo cual esa situación está en análisis.

Explica que, la demora en el procedimiento se debió a un incumplimiento del recurrente al no acompañar los documentos solicitados correctamente, y que, el hecho de haber subsanado aquello da cuenta de la continua comunicación entre el servicio y el solicitante, careciendo por tanto de falta de información que podría generar angustia y temor en su persona.

Destaca que, conforme lo ha alegado en diversas ocasiones, el plazo de 6 meses establecido en la Ley N°19.880 tiene el carácter de no fatal, así lo ha sostenido la Contraloría General de la República como también la jurisprudencia en general, inclusive, la actual jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, además de existir la posibilidad de ampliar dicho plazo por caso fortuito o fuerza mayor, destacando la crisis migratoria que sufre el país y la alta cantidad de solicitudes de residencia que actualmente se encuentran en tramitación.

Agrega que encontrándose en tramitación la solicitud de residencia definitiva del recurrente, este mantiene una situación migratoria regular en el territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 38 y 45 de la Ley de Migración y Extranjería, como también en su artículo 43, conforme a los cuales la residencia regular se acredita con el Certificado de Residencia en trámite.

Añade, que conforme al artículo 45 de la Ley de Migración y Extranjería, los extranjeros pueden acreditar su situación regular con su cédula de identidad vigente, la que conforme al artículo 43 de la Ley mantiene su vigencia con el mérito del Certificado de permanencia definitiva en trámite.

Señala que el Servicio de Migraciones ha remitido oficios a diversas instituciones públicas, con el objeto de que se impartan las instrucciones pertinentes para que se dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 43 de la Ley Nº21.325, en cuanto a reconocer como vigentes aquellas cédulas de identidad que sean exhibidas conjuntamente con el comprobante de residencia en trámite.

Asimismo, indica que, en la Ley de Presupuesto para el sector público del año 2023, se considera un presupuesto de $992.089.000.- sólo por concepto de “regularización rezago solicitudes migratorias”, de lo que se demuestra la preocupación que existe para la Administración por la demora en la tramitación de las solicitudes de residencia.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual al recurrente, ya que su solicitud ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, conforme a diversos fallos que cita, no es de carácter fatal, y que al solicitante se le ha otorgado el documento que acredita su residencia legal.

Concluye indicando que, la acción de protección no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición, por cuanto no existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por el Servicio, debido a que el plazo establecido por la ley para la terminación de acto administrativo no es fatal para la Administración, y además, ha quedado claramente establecido la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20, así como el rechazo de una condena en costas.

Acompaña al informe: 1. Oficio Ordinario N° 67130, de fecha 7 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 2. Oficio Ordinario N° 80585, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 3. Oficio Ordinario N° 80586, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 4. Oficio Ordinario N° 843, de fecha 14 de junio de 2023, de la Dirección del Trabajo. 5. Oficio Ordinario N° 34.531, de fecha 27 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud. 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 7. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.368- 2022, de fecha 20 de marzo de 2023.

TERCERO: Que, a folio 5, la recurrente evacúa traslado respecto de las alegaciones de inadmisibilidad y falta de legitimación pasiva.

En cuanto a la primera, sostiene que no es la etapa procesal para alegarla, ya que el examen de admisibilidad ya se realizó, siendo acogido a trámite la acción interpuesta, citando al efecto jurisprudencia para apoyar sus alegaciones.

En cuanto a la segunda, indica que la recurrida se limita a citar una sentencia para apoyar su alegación, sin considerar que hay abundante jurisprudencia que resuelve en un sentido contrario, y por otra parte, recalca que el presente recurso fue dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por su actuar omisivo, al dilatar de forma exagerada y nada razonable ni justificada el pronunciamiento de una petición administrativa, no correspondiendo que le endose responsabilidad a terceros por sus consecuencias, recalcando los principios y plazos a los que está obligado sujetarse el servicio recurrido, en virtud de la Ley N°18.880 y Ley N°21.325. Finalmente, sostiene que, de seguir la tesis de la recurrida, se aumentaría exponencialmente la cantidad de ingresos por recursos de protección, al verse los extranjeros obligados a dirigir sus acciones a cada una de las instituciones que le establecen restricciones, lo cual contribuiría a una situación aún más precaria por parte de los recurrentes.

Solicita, por tanto, que ambas alegaciones sean rechazadas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, la solicitud de declarar inadmisible el recurso que planteara la recurrida en su informe será desestimada, pues el examen de admisibilidad de la presente acción constitucional fue realizado en la etapa procesal correspondiente, apreciándose por esta Corte que el recurso fue intentado oportunamente y en él se alude a hechos que -a lo menos en abstracto- son aptos para constituir infracción de garantías constitucionales.

SÉPTIMO: Que, asimismo, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pues con prescindencia de lo que se pudiera decidir en cuanto al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la conducta calificada de ilegal o arbitraria por la recurrente -consistente como se ha dicho en la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de permanencia- corresponde precisamente a esa repartición pública.

OCTAVO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria formulada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que, en mérito de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, es posible advertir que la tramitación de la permanencia definitiva del actor se encuentra en una etapa de análisis jurídico, desde el 20 de abril de 2023.

Sin perjuicio de lo expuesto por la recurrida, en cuanto a que la demora en el avance del procedimiento se debió a una solicitud de antecedentes al recurrente, ello fue subsanado oportunamente, y la circunstancia de haberse detectado un ingreso clandestino al país, no es fundamento suficiente para que la etapa de análisis jurídico se extienda por aproximadamente 1 año y 11 meses, plazo que escapa de toda razonabilidad para emitir un pronunciamiento, ya sea concediendo o rechazando el beneficio solicitado.

DÉCIMO: Que, por lo anterior, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo de tal forma el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

UNDÉCIMO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la solicitud de declaración de inadmisibilidad del recurso de protección.

II.- Que, SE RECHAZA la excepción de falta de legitimación pasiva.

III.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se ordena a la recurrida emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia definitiva del recurrente, en mérito a la documentación allegada al proceso administrativo incoado por el actor, dentro del plazo de 30 días corridos desde la ejecutoriedad del presente fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°355-2025 (Protección).