nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº352-2024 La Serena, dieciséis de abril de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen nombre reservado, egresado de derecho, y Fedora nombre reservado Rubilar Morell, abogada, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región de Coquimbo, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, casada, de 32 años de edad, cédula de identidad para extranjeros número RUT reservado, empleada, mismo domicilio anterior, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado legalmente por su titular, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, afectándose con ello sus garantías constitucionales de la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de trabajo y su protección y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, establecidas en los numerales 2, 3, 6 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que la recurrente ingresó solicitud de carta de nacionalización N°57593503, el 07 de noviembre de 2022, cumpliendo todos los requisitos legales y acompañando los documentos necesarios para la tramitación de la solicitud. Además, hace presente que tiene vínculo chileno con su cónyuge nombre reservado y nombre reservado, chileno, de 40 años de edad, cédula nacional de identidad número RUT reservado, y su hija menor de edad nombre reservado y nombre reservado nombre reservado de 05 años.

No obstante, señala que habiendo transcurrido más de 500 días desde efectuada la solicitud de nacionalización, ésta aún no ha sido resuelta, como tampoco existe información de avance en la página web del Servicio recurrido.

Hace presente, que se encuentra en la hipótesis de nacionalización calificada del artículo 85 de la Ley N°21.325, por mantener vínculo con cónyuge chileno.

Expone que la dilación de la recurrida en tramitar la solicitud de carta de nacionalización, infringe los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley Nº19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular lo concerniente al principio de celeridad, conclusivo, economía procedimental.

Añade, que al no haber un plazo fatal establecido en ley especial, se debe cumplir de manera supletoria lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 que establece que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Por otra parte, sostiene que la carta de Nacionalización no es una facultad discrecional de la autoridad, sino que es un derecho que exige el cumplimiento de determinados requisitos establecidos en la ley.

Afirma, que la demora del Servicio de Migraciones afecta sus derechos a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, ya que se le ha otorgado un trato diferente al de otros interesados que han obtenido una respuesta en un plazo inferior.

Asimismo, señala que se vulnera su derecho al debido proceso del artículo 19 N°3 de la Carta Política, como también su derecho a la libertad de trabajo y su protección y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, de los numerales 16 y 21 de la misma norma, por cuanto no puede enfrentarse al mercado laboral en igualdad de condiciones respecto de otras personas, ya que por ejemplo, no podría calificar a un mejor empleo en que se viera envuelto tener que viajar a otros países, debido a que la calidad de chileno le daría mucha más libertad para poder entrar y salir a más países que siendo venezolana, no pudiendo ejercer el derecho mismo a la libre elección de trabajo.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida realizar todas las gestiones que correspondan, para dictar el acto administrativo terminal, dando respuesta a la solicitud de nacionalización objeto de del recurso, en un plazo no superior a 30 días desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada o el plazo que el tribunal estime conveniente, o bien, se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompañó a su presentación: 1. Copia pasaporte venezolano de doña nombre reservado; 2. Copia cédula de identidad nacional para extranjeros de doña nombre reservado; 3. Certificado de Matrimonio de doña nombre reservado; 4. Certificado de convivencia debidamente notariado de doña nombre reservado; 5. Certificado de antecedentes penales venezolanos debidamente apostillados de doña nombre reservado; 6. Copia cédula de identidad de don nombre reservado y nombre reservado, cónyuge de doña nombre reservado; 7. Copia cédula de identidad de la menor nombre reservado y nombre reservado nombre reservado, hija de doña nombre reservado; 8. Acta de nacimiento de la menor nombre reservado y nombre reservado nombre reservado, hija de doña nombre reservado; 9. Acta de nacimiento de don nombre reservado y nombre reservado, cónyuge de doña nombre reservado; 10. Certificado de residencia definitiva de doña nombre reservado; 11. Información económica de doña nombre reservado; 12. Copia comprobante de envío solicitud de Nacionalización de doña nombre reservado; 13. Copia estampado electrónico primera visación de doña nombre reservado; 14. Escritura compraventa entre Constructora Serena S.A y doña nombre reservado.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Señaló que el 07 de noviembre de 2022, la recurrente solicitó mediante la plataforma web del Servicio de Migraciones, la carta de nacionalización.

Luego, habiéndose realizado los análisis correspondientes y habiéndose efectuado la entrevista por parte de Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Migraciones remitió los antecedentes de la solicitud por medio de Oficio Ordinario N°17.708, de 01 de abril de 2024 al Gabinete del Sr. nombre reservado para que resuelva la solicitud, como autoridad competente.

Hace presente que la recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, por lo que mantiene situación migratoria regular en el país. Así, la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Luego, señala que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, la carta de nacionalización se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior, y que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo de la solicitud, terminando la labor del Servicio con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Asimismo, enfatiza que consiste en una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual al recurrente, ya que su solicitud de carta de nacionalización ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, no es de carácter fatal, y que el solicitante cuenta con el documento que acredita su residencia legal.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica la actora de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus garantías fundamentales contempladas en los numerales 2, 3, 16 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica. Solicita que se ordene a la recurrida dictar el acto terminal respectivo, o bien, adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente fue remitida el 01 de abril de los corrientes al Gabinete del Sr. nombre reservado para que resuelva la solicitud, como autoridad competente. Asimismo, indicó que la recurrente tiene su residencia regular en el país y que no ha existido discriminación ni trato desigual en la tramitación de su solicitud, actuando al Servicio con apego a la normativa vigente.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto, resulta oportuno tener presente que el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización de la actora debe culminar mediante la decisión discrecional del Presidente de la República, de conformidad al 1° del Decreto N°5142 de 1960 del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, la cual no puede ser resuelta por la recurrida, pues corresponde a un beneficio otorgado exclusivamente por dicha autoridad.

SÉPTIMO: Asimismo, del mérito de los antecedentes aportados, y lo informado por el apoderado de la recurrida a folio 4 de la carpeta digital, se constata que el Servicio Nacional de Migraciones remitió los antecedentes de la solicitud por medio de Oficio Ordinario N°17.708, de 01 de abril de 2024 al Gabinete del Sr. nombre reservado para que resuelva la solicitud, como autoridad competente Aquello impone concluir que no hay asunto pendiente que deba resolver la entidad recurrida y, por ende, el presente recurso no puede sino ser desechado, por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber perdido oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°352-2024 (Protección).