Protección contra Subsecretaría de Educación

Ilustre Municipalidad de Monte Patria nombre reservado, nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 351-2017.- La Serena, doce de abril de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparece don FRANCISCO FUICA CARMONA, abogado, en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, persona jurídica de derecho público, R.U.T. NºRUT reservado, representada legalmente por su Alcalde, don CAMILO VALENTIN OSSANDON ESPINOZA, ambos con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Educación, representada por doña nombre reservado, ingeniero civil, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria que afectarían las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3, 11, 16, 22, 24 y 26 de la Constitución Política de la República. Indica que con fecha 23 de enero 2017 se le notifica las resoluciones Nº6283 de fecha 28 de Diciembre de 2016 que resuelve “dispónese la no renovación, de los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa” y la Resolución Exenta Nº0124 de la Secretaria Regional Ministerial de Coquimbo, de 20 de enero 2017, que decreta “El término a impetrar la subvención especial -aporte de gratuidad- establecida en el artículo 49 bis del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 1998 del Ministerio de Educación, a los sostenedores respecto de los establecimientos educacionales”.

Agrega el recurrente que en conformidad a dichas resoluciones se afecta y se priva de la referida subvención a la Escuela Sol de las Praderas, cuyo sostenedor es la Municipalidad de Monte Patria.

En virtud de lo anterior, estima el recurrente que se vulnera el principio y/o garantía del debido proceso en la dictación de las resoluciones recurridas por parte del Ministerio de Educación. En efecto, indica que en la dictación de la Resoluciones Exentas Nº6283, de 28 de diciembre 2016 y Nº124 de enero 2017 se han infringido normas legales. Explica que la Municipalidad de Monte Patria, en su calidad de sostenedor, celebró el denominado convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa con el Ministerio de Educación, por el periodo comprendido entre los años 2008 y 2011, luego hubo una renovación entre los años 2012 al 2015 y posteriormente, otra renovación en el año 2016, por un lapso de 12 meses. Que a dichos convenios, en conformidad al artículo 7° bis de la ley 20.248, se puede poner término por el incumplimiento de la letra b), por no haber rendido la totalidad de las subvenciones y aportes recibidos, conforme a los establecido en el artículo 7 letra a) de la misma ley, a saber: “Presentar anualmente a la Superintendencia de Educación, dentro de la rendición de cuenta pública del uso de los recursos, y a la comunidad escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención escolar preferencial y de los demás aportes contemplados en la ley 20.248”.

A su vez, el artículo 7 bis de la señalada Ley indica tres elementos copulativos para renovar los convenios: a.- solicitar la renovación del convenio; b.- haber rendido la totalidad de las subvenciones y aportes recibidos; y c.- haber gastado, a los menos el 70% de las subvenciones y aportes recibidos. Solicitada la renovación se entenderán prorrogados por 12 meses, mientras se verifica el cumplimiento de los requisitos reseñados.

En la especie, el recurrente señala que la autoridad omite la verificación de los requisitos, ya que ante si declara el incumplimiento de la letra b) del artículo 7 bis de la ley 20.248, esto es, no haber realizado rendición de cuentas de los recursos percibidos por concepto de subvención preferencial. En efecto, se indica en el recurso que no hay resolución u acto que indique el monto de los dineros no rendidos, por lo que no existe certeza del monto respecto del cual se declara el incumplimiento. Asimismo, reclama el recurso que hay procesos de rendición no cerrados como es el del año 2016 y además, que existen recursos procesales y administrativos que reclaman del proceso sancionatorio.

Agrega que se desprende de la medida de no renovación del convenio una sanción en conformidad al artículo 73 letra d) de la ley 20.529, es decir “privación definitiva de la subvención” y que no hubo verificación por parte del Ministerio de Educación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 20.529, que señala un actuar coordinado entre la autoridad educacional y el Servicio de Impuestos Internos.

En definitiva, la recurrente señala que hubo omisión de etapas previas a la dictación de la resolución impugnada, toda vez que su proceder debió contemplar a los menos tres etapas: 1.- Procedimiento conforme a protocolos legales apto para recabar antecedentes; 2.- Comprobación de los datos obtenidos y 3.- Justificación, al evaluar los hechos deben coincidir con la predeterminada forma legal. Al faltar dichas etapas, las resoluciones reclamadas adolecen de graves vicios de ilegalidad y no pueden surtir efecto alguno. Para justificar lo anterior, la recurrente señala que la Superintendencia de Educación emitió un certificado que da cuenta que la rendición de fondos del año 2015 fue realizada dentro de plazo, además, el acto de notificación se realizó el día 23 de enero del presente año, declarando el término del convenio con fecha 31 de diciembre de 2016, lo cual generó el efecto de desconocer las obligaciones contractuales con los docentes, ya que en conformidad al artículo 41 de la Ley 19.070, aquellos profesores con contrato vigente al 31 de diciembre, se le prorroga su contrato por los meses de enero y febrero. Al no contar con los recursos asociados a la subvención, no se pueden solventar dichas obligaciones.

El recurso plantea que se han visto vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

1.- Derecho de igualdad ante la Ley (ART. 19 Nº 2 DE LA C.P.R.)

Estima la recurrente que se la no renovación del convenio importa una sanción discriminatoria, ya que no sólo le resta recursos a los estudiantes, sino que derechamente se limita el acceso a la educación.

2.- Derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (ART. 19 Nº3 DE LA C.P.R.)

Se estima que se ha afectado el derecho a defensa y por ende, el derecho al debido proceso. Se funda tal afirmación en el hecho de haber transcurrido un lapso de tiempo importante (83 días) entre la solicitud de renovación hasta la notificación de la resoluciones, periodo en el cual no hubo observación al procedimiento, como asimismo no se transparentó el actuar de la autoridad, ya que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 18 de ley 19.880, en cuanto a llevar un registro actualizado en que consten las actuaciones del referido procedimiento.

3.- Derecho a la libertad de enseñanza (ART. 19 Nº 11 DE LA C.P.R.)

En tal sentido la recurrente considera que se limita la posibilidad de mejorar la educación mediante acciones directamente encaminadas al mejoramiento de la misma, tales como la extensión horaria de docentes y talleres de reforzamiento.

4.- El derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el estado y sus organismos en materia económica.

Indica el recurrente que las resoluciones recurridas implican un acto discriminatorio en materia económica, más aún cuando se traduce en la no entrega de un beneficio para la educación. Señala que el acceso a la educación se encuentra asegurado por la Constitución Política y a su vez, la Ley General de Educación consagra el derecho a la inclusión educativa e igualdad de oportunidades como deberes del Estado.

5.- El derecho a la propiedad.

Estima el recurso que la subvención es un derecho adquirido perteneciente al sostenedor en sentido estricto, ya que mientras se cumplan con los requisitos que la ley señala para su otorgamiento, ya que según mandato legal, el destino de tales fondos es asegurar el acceso a la educación material, así como disminuir las brechas económicas que impidan tal acceso.

6.- El derecho a la seguridad de los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen garantías que ésta establezca.

Se indica que el numeral 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental impide que los preceptos legales que regulen o complementen garantías constitucionales no pueden afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Agrega que la recurrida al dictar las resoluciones recurridas suprime el derecho a la educación, su cobertura económica y le impide al sostenedor que cumpla con su obligación constitucional y legal de otorgar el servicio educacional y el de respetar los contratos de trabajo de los funcionarios, que se desempeñan en la ejecución de los planes de mejora educativa.

Concluye el recurrente su recurso, solicitando a esta Corte que se declare que los actos de los recurridos, materializados en las Resoluciones Exentas Nº6283 de 28 de Diciembre de 2016 que pone fin a los convenios de “Igualdad de Oportunidades y Excelencia Académica” y Resolución Exenta Nº0124 que termina el “Aporte de Gratuidad”, son arbitrarios e ilegales, que afectan las garantías constitucionales señaladas, y en consecuencia, se ordene restablecer el imperio del derecho haciendo cesar la resolución recurrida o las demás providencias que se estime adecuadas, con costas.

El recurrente acompañó los siguientes documentos: 1) Copia de resolución N°6283 de 28/12/2016 del Subsecretario de Educación. 2) Copia de Resolución Exenta N°0124 de 20/01/2017 del SEREMI de Educación de la Región de Coquimbo. 3) Certificado de proceso de rendición de cuenta 2015 de la Superintendencia de Educación.

Evacuando el informe solicitado, comparece nombre reservado, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto, con expresa condenación en costas.

El recurrido señala que en conformidad a los convenios suscritos por la recurrente sobre Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa con el Ministerio de Educación, el sostenedor se compromete a dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley Nº20.248, asumiendo expresamente los compromisos esenciales que en ella se indican: letra a) de la cláusula tercera, en cuanto a la obligación de presentar anualmente un informe relativo al uso de los recursos percibidos; la letra J) de la cláusula quinta dispone que se deben aplicar las sanciones indicadas en el párrafo 7º de la Ley 20.248, que en su artículo 34 establece como infracción grave el incumplimiento de los requisitos en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 6 y de los compromisos esenciales señalados en el artículo 7º, destacándose la letra e) y a), en cuanto al destino de los recursos y la presentación anual de rendición de cuenta pública del uso de los recursos; cláusula décima establece que el Ministerio podrá poner término anticipado al convenio, por incumplimiento total o parcial de las obligaciones del sostenedor; la undécima, respecto de la vigencia de los convenios.

Agrega el informante que el convenio suscrito en el año 2008 fue renovado hasta el año 2015, en virtud del cumplimiento de las obligaciones del sostenedor. En consecuencia, el Ministerio debía verificar el cumplimiento del último período, a saber 2011 a 2015, por lo que se prorrogó por 12 meses mientras se realizaba dicha verificación, según lo dispuesto en el artículo 7º bis de la Ley 20.248. Esta prórroga fue aprobada por resolución Exenta Nº2482 de fecha 11 diciembre 2015. En la referida prórroga destaca la cláusula octava que indica que su vigencia es de un año, el cual se podrá renovar si se cumplen copulativamente ciertos requisitos: solicitar la renovación del convenio; haber rendido la totalidad de las subvenciones y aportes recibidos y haber gastado a lo menos un 70% de los mismos.

La Superintendencia de Educación informo mediante Oficio Ord. Nº 9 DFI Nº580 de fecha 1 y 9FI Nº1641 de 14 de diciembre de 2016 que el establecimiento educacional de la recurrente no cumplieron con el requisito de renovación establecidos en la letra b) del artículo 7 bis Ley 20.248, esto es no haber rendido la totalidad de las subvenciones y aportes recibidos. En virtud de lo anterior se procedió a la no renovación de los convenios y el término del derecho a impetrar la subvención especial “aporte por gratuidad”, según los actos administrativos recurridos.

En cuanto a las garantías constitucionales esgrimidas, señala el recurrido que en primer término que no hay infracción a la igualdad ante la ley, ya que se ha actuado de la misma forma con todos los sostenedores que se encontraban en las mismas condiciones. Asimismo, señala que la recurrente no acreditó que se encontraba en similares condiciones que otros sostenedores, y que haya recibido un trato diverso.

Asimismo, rechaza el recurrido infracción a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y en especial, de la garantía del debido proceso, en atención a que la Constitución no garantiza a través del recurso de protección tales garantías, sino que sólo se limita a proteger el derecho a que nadie sea juzgado por comisiones especiales. Agrega, que las resoluciones impugnadas son susceptible de ser reclamadas mediante la interposición de recursos administrativos, que en la especie la recurrente ejerció.

Señala el informe que la fecha de termino del convenio no es consecuencia de las resoluciones impugnadas, ya que el período de prorroga era de doce meses, el cual se cumplió el 31 de diciembre de 2016, por lo que todas las consecuencias que reclama la sostenedora, eran del todo previsibles en atención a su propio incumplimiento.

Por otra parte, indica el informante que tampoco se ha vulnerado la garantía del artículo 19 número 11 de la Constitución, ya que no se afecta la libertad del sostenedor para impartir educación, sino que sólo imposibilita la entrega de la subvención por el incumplimiento de los requisitos legales por parte de la recurrente.

En cuanto a la garantía a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, indica que no ha ocurrido en la especie, ya que la pérdida de la subvención escolar preferencial no responde a una decisión o diferenciación arbitraria por parte del Ministerio, sino que se encuentra justificada por la verificación del incumplimiento por parte del propio sostenedor.

Agrega el recurrido, en cuanto al derecho de propiedad no hay infracción, ya que la subvención en cuestión está sujeta al cumplimiento de los requisitos legales para su otorgamiento, por lo que si no se cumplen tales exigencias mal se puede exigir el derecho a percibirla, a mayor abundamiento la subvención no constituye un derecho preexistente de los particulares para su obtención.

Finalmente, en relación a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 26 de la Constitución, el sostenedor al no cumplir con los requisitos necesarios la Administración no podría haber contravenido disposiciones expresas de la normativa, renovando el convenio, infringiendo el principio de legalidad y el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, en conformidad a la ley Nº18.575, artículos 2 y 5, respectivamente.

En consecuencia, el recurrido, en merito de lo expuesto, y negando haber cometido ningún acto que constituya una vulneración a las garantías denunciadas por el recurrente, solicita que el recurso de protección interpuesto sea rechazado por esta Corte, todo con expresa condenación en costas.

El recurrido acompañó los siguientes documentos: 1.- copia resolución exenta Nº548 del año 2008; 2.- copia de convenio celebrado entre el Minsiterio de Educación y la Municipalidad de Monte Patria de fecha 28 de marzo 2008; 3.- copia resolución exenta Nº236 del año 2013; 4.- copia de resolución exenta Nº2482 del año 2015; 5.- copia de resolución exenta Nº6283 del año 2016; 6.- copia de resolución exenta Nº0121 del año 2017; 7.- copia de resolución exenta Nº279 del año 2016; 8.- oficios ord. Nº1580 y oficio ord. 9 DFI Nº1641 ambos del 2016; 9.-planilla con el resultado de la fiscalización de la superintendencia al sostenedor con infromación al 9 de diciembre de 2016; 10.- copia de la presentación efectuada por el recurrente con fecha 2 de febrero 2017, ante la Subsecretaria de Educación.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, del análisis del recurso deducido y los documentos acompañados se constata que el recurrente es sostenedor del establecimiento educacional Escuela Sol de las Praderas de la comuna de Monte Patria. Con fecha 23 de Enero de 2017, se le notifica al sostenedor Municipalidad de Monte Patria la Resolución Exenta Nº6283 de fecha 28 de Diciembre de 2016 del Subsecretario(s) de Educación en que se le comunica “la no renovación de los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa” regulado en la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y la Resolución Exenta Nº0124 de la Secretaria Regional Ministerial de Coquimbo, de 20 de enero 2017, que decreta “El término a impetrar la subvención especial -aporte de gratuidad- establecida en el artículo 49 bis del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 1998 del Ministerio de Educación, a los sostenedores respecto de los establecimientos educacionales”. El recurrente estima que a través de dicha resolución se han visto conculcadas las siguientes garantías constitucionales: 1.- Derecho de igualdad ante la ley, ya que la no renovación del convenio importa una sanción discriminatoria, al restar recursos a los estudiantes y limitar el acceso a la educación; 2.- Derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos al estimar que hubo infracción al debido proceso. Se funda tal afirmación en el hecho de haber transcurrido 83 días entre la solicitud de renovación hasta la notificación de la resoluciones, sin observación al procedimiento y sin transparentar el actuar de la autoridad, ya que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 18 de ley 19.880, en cuanto a llevar un registro actualizado en que consten las actuaciones del referido procedimiento; 3.- Derecho a la libertad de enseñanza, ya que la recurrida señala que se limita la posibilidad de mejorar la educación mediante acciones directamente encaminadas al mejoramiento de la educación; 4.- El derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el estado y sus organismos en materia económica. Señala que el acceso a la educación se encuentra asegurado por la Constitución Política y a su vez, la Ley General de Educación asegura el derecho a la inclusión educativa e igualdad de oportunidades como deberes del Estado; 5.- El derecho a la propiedad, ya que la recurrente considera que la subvención es un derecho adquirido perteneciente al sostenedor, mientras se cumplan con los requisitos que la ley señala para su otorgamiento; 6.- El derecho a la seguridad de los preceptos legales que por mandato de la Constitución que regulen o complementen garantías que ésta establezca; al considerar que las resoluciones recurridas suprimen el derecho a la educación, su cobertura económica y le impide al sostenedor cumplir con su obligación constitucional y legal de otorgar el servicio educacional y el de respetar los contratos de trabajo de los funcionarios.

CUARTO: Que el recurrido al informar el recurso, sostiene que el recurso interpuesto carece de toda fundamentación y niega la vulneración de alguna garantía constitucional. Agrega que en conformidad a la última renovación se pactó expresamente que su duración era de un año, hasta la finalización del año escolar 2016 y que sólo para el evento que se hayan verificado el cumplimiento de los requisitos legales, serían renovados por otros cuatro años. Que el plazo de término de la prórroga ya estaba establecida en el propio convenio, por lo que la resolución recurrida no afectó el debido proceso al ser notificada con posterioridad a la solicitud de renovación o tuviese efectos retroactivos, ya que el plazo de duración ya se encontraba fijado, por lo que mal puede existir una infracción a la ley 19.880.

En cuanto a las garantías constitucionales esgrimidas, señala que en primer término que no hay infracción a la igualdad ante la ley, ya que se ha actuado de la misma forma con todos los sostenedores que se encontraban en las mismas condiciones. Asimismo, rechaza el recurrido infracción a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y en especial, de la garantía del debido proceso, en atención a que la Constitución no garantiza a través del recurso de protección tales garantías, sino que sólo se limita a proteger el derecho a que nadie sea juzgado por comisiones especiales y en la especie, las resoluciones recurridas son impugnables administrativamente.

En cuanto a la garantía del artículo 19 número 11 de la Constitución, indica que no se afecta la libertad del sostenedor para impartir educación, sino que sólo imposibilita la entrega de la subvención por el incumplimiento de los requisitos legales por parte de la recurrente. Asimismo, rechaza la existencia de vulneración a la garantía a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, ya que la pérdida de la subvención escolar preferencial no responde a una decisión o diferenciación arbitraria por parte del Ministerio, sino que se encuentra justificada por la verificación del incumplimiento por parte del propio sostenedor.

En cuanto al derecho de propiedad, la recurrida señala que no hay infracción, ya que la subvención en cuestión está sujeta al cumplimiento de los requisitos legales para su otorgamiento, por lo que si no se cumplen tales exigencias mal se puede exigir el derecho a percibirla, a mayor abundamiento la subvención no constituye un derecho preexistente de los particulares para su obtención.

Finalmente, en relación a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 26 de la Constitución, se informó que el sostenedor al no cumplir con los requisitos necesarios, la Administración no podría haber contravenido disposiciones expresas de la normativa, renovando el convenio, infringiendo el principio de legalidad y el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, en conformidad a la ley Nº18.575, artículos 2 y 5, respectivamente.

QUINTO: Que, como se ha consignado, constituye un requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario. Pues bien, en el caso sub lite, debe tenerse presente que el acto que indica el recurrente, como arbitrario e ilegal, consiste en la resolución exenta Nº6283, de fecha 28 de diciembre de 2016, de la Subsecretaria de Educación, la cual puso término expresamente al convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa; asimismo, se arguye de la notificación de la resolución exenta Nº0124 de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de Coquimbo que decreta el término a impetrar la subvención especial establecido en el artículo 49 bis del Decreto con Fuerza de Ley Nº2 de 1998, del Ministerio de Educación.

SEXTO: Que en conformidad a los antecedentes acompañados, la recurrida posee las facultades para dictar las resoluciones impugnadas, ya que se encuentra dentro de sus atribuciones. En efecto, el Convenio de Igualdad de oportunidades y Excelencia Educativa, fue aprobado con fecha 11 de abril 2008, entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Monte Patria. El sostenedor se comprometió a dar cumplimiento al artículo 6 de la ley Nº20.248, en especial la letra a) de la cláusula tercera; letra J) de la cláusula quinta y la cláusula décima y undécima. En consecuencia, el ente recurrido posee las facultades al efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar que el referido convenio fue renovado en una primera oportunidad, ya que el sostenedor cumplió con sus obligaciones. Al finales del año 2015, se produjo una nueva prorroga del convenio, cuyo origen se encuentra en el año 2008. Dicha prórroga es de duración definida (resolución exenta Nº2488, 11 diciembre 2015), esto es, doce meses, plazo que tenía por objeto verificar el cumplimiento por parte del sostenedor en el último período del convenio vigente (2012-2015).

Verificados los requisitos exigidos al sostenedor, se constató que hubo incumplimientos, según el detalle de los requisitos y establecimientos en particular, según lo indican los Oficios Ord. 9DFL Nº1580 y Oficio Ord. 9DFl Nº1641, ambos del año 2016, por lo que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 bis Ley 20.248 y la cláusula octava inciso 2 del convenio, se declaró que no se habían cumplido los requisitos y por ende, no se renovó el convenio.

SEPTIMO: Que la resolución recurrida, sólo vino a constatar un hecho que ya se había producido en virtud de la ley y del propio convenio, es decir, el periodo de vigencia ya se encontraba establecido, a saber doce meses, por lo que no hay afectación al debido proceso, ya que ante un incumplimiento, dicho plazo ya se encontraba fijado y era de conocimiento de la recurrente.

OCTAVO: Que en relación a las garantías constitucionales esgrimidas como conculcadas, estos sentenciadores estiman que no hay infracción a la igualdad ante la ley, ya que se ha actuado de la misma forma con todos los sostenedores que se encontraban en las mismas condiciones, según da cuenta el propio mérito de la resolución impugnada, por lo que tampoco se produjo una discriminación arbitraria. Asimismo, el recurso de protección sólo ampara el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, por lo que la infracción al debido proceso esgrimido no procede en la especie, sin perjuicio que de los antecedentes agregados se constata que ha sido la propia recurrente la que ha ejercido los recursos administrativos correspondiente, lo cual da cuenta de un procedimiento administrativo ajustado a derecho. Asimismo, es necesario tener presente que no se afecta la libertad del sostenedor para impartir educación, sino que sólo imposibilita la entrega de la subvención por el incumplimiento de los requisitos legales por parte de la recurrente, por lo que no se puede esgrimir tal garantía so pretexto de tal situación. En la especie el sostenedor no cumplió con los requisitos legales y no puede pretender exigir una subvención sin cumplir con las exigencias legales que se establecen al efecto. En relación al derecho de propiedad, la subvención en cuestión está sujeta al cumplimiento de los requisitos legales para su otorgamiento, por lo que si no se cumplen tales exigencias mal se puede exigir el derecho a percibirla, a mayor abundamiento la subvención no constituye un derecho preexistente de los particulares para su obtención. Los sostenedores sólo poseen derecho a obtener dicha subvención en la medida que se cumplan con todos y cada uno de los requisitos legales establecidos para ello, lo cual en la especie no ocurrió, por lo que verificado el incumplimiento no hay infracción y/o discriminación económica por parte de la autoridad. Asimismo, la autoridad educacional no puede vulnerar el principio de legalidad y el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, por lo que al constatar el no cumplimiento de los requisitos exigidos, no era posible su renovación.

NOVENO: Que, en consecuencia, el hecho denunciado, calificado como ilegal o arbitrario por el recurrente, no ha sido constatado en opinión de esta Corte, toda vez que no ha sido posible lograr el convencimiento que las resoluciones impugnadas constituyen un acto ilegal y arbitrario. A mayor abundamiento, el recurso de protección no es la vía idónea para tratar de impugnar las resoluciones referidas, toda vez que el conflicto radica en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa pertinente y en el propio convenio suscrito, lo cual es propio del ámbito admnistrativo.

UNDECIMO: En consecuencia, en conformidad a lo expuesto, no es posible acoger el recurso de protección en la forma planteada en estos autos.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Marcos López Julio.

Rol N° 351-2017 Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por la Ministro Titular señora Marta Maldonado Navarro, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Marcos López Julio.

En La Serena, a doce de abril de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.