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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 350-202316 may 2023

nombre reservado con COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE

Fecha
16 de mayo de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Primera Sala
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 350-2023, sentencia de 16 de mayo de 2023

Resumen

Se rechaza la protección contra el Comité de Agua Potable Rural El Sauce: la multa y corte del servicio se ajustan a sus estatutos y a antecedentes que acreditan la intervención del medidor, sin arbitrariedad.

Texto íntegro

nombre reservado

Comité de Agua Potable Rural El Sauce Recurso de Protección Rol N° 350-2023.- La Serena, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés Claudia Lorena Abufom Musa, Abogada, en representación de doña nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra del Comité De Agua Potable Rural El Sauce.

Expone que con fecha 28 de septiembre de 2020 doña nombre reservado dio en arrendamiento la vivienda ubicada en domicilio reservado, a su representada doña nombre reservado conforme da cuenta el contrato de arrendamiento que acompaña, el cual se encuentra firmado ante Notario Público y Conservador de Minas don nombre reservado con fecha 11 de marzo de 2023.

Añade que con fecha 7 de marzo de 2023 su representada recibió notificación de multa dirigida a la socia nombre reservado por infracción a los estatutos y reglamentos internos del Comité de Agua Potable por intervención de medidor (rotura de sellos). El detalle de la multa señala lo siguiente:

A) $ 249.800 multa 4 UTM. Punto sexto en las obligaciones de los socios.

Lo cual indica que en caso de encontrarse elementos extraños en el medidor o instrumentos que no permitan el normal funcionamiento de éste, o sean violados los sellos de seguridad serán sancionados con 4 UTM. Retiro inmediato de dicho servicio y eliminación como socio (intervención medidor por rotura de sellos).

B) $ 396.000.- Promedio últimos 12 meses retroactivos al hecho, del cual se le cobrará el consumo más alto que haya tenido, si éstos son bajos se le cobrará un mínimo de 15 metros 3 por mes, de acuerdo a tarifa vigente, artículo noveno ($ 33.000 por cada mes (12 meses), considerando consumo Septiembre 2022 por 25 metros. 3 meses).

C) $ 30.000.- corte y/o eliminación de matriz, para suspender el suministro en forma inmediata, al encontrarse la intervención medidor y así detener el consumo efectuado.

D) $ 33.000.- consumo período Febrero 2023 25 metros. 3. $ 708.800.- Total deuda.

Indica que con fecha 8 de marzo del presente le fue cortado el suministro de agua a su representada, ingresando a su domicilio el trabajador nombre reservado aduciendo que tenía intervenido el medidor, lo cual es falso, afirmando además que doña nombre reservado se encuentra al día en el pago del consumo y siempre ha pagado un consumo similar.

Sostiene que jamás ha intervenido el medidor, sin que tampoco existan pruebas de aquello, y que desde que llegó a arrendar a ese domicilio siempre ha cancelado un monto similar, contando inclusive con subsidio municipal del 50% para el pago del agua.

Refiere que el actuar del Comité de Agua Potable Rural El Sauce, en orden a privar del suministro de agua a su representada, constituye un acto ilegal y arbitrario que provoca privación, perturbación y amenaza del ejercicio de las Garantías Constitucionales de artículo 19 Nº 1, 2 (por cuanto su representada se ha visto impedida de actuar y de defenderse en términos igualitarios de sus derechos como arrendataria del inmueble) y 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones solicita se ordene al Comité De Agua Potable Rural El Sauce el restablecimiento del suministro de agua potable rural al domicilio de su representada, así como cualquier otra medida que se estime pertinente para resguardar el derecho, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de Notificación de multa por intervención de medidor de fecha 7 de Marzo de 2023; 2. Copia de obligaciones de los socios hacia el Comité de Agua Potable Rural El Sauce firmado por la socia nombre reservado de fecha 2 de Junio de 2016; 3. Copia de Registros de consumos y pago por socio período 1-2022 a 12- 2022 de la socia nombre reservado, Número de Medidor 7162; 4. Copia de carta poder otorgada por doña nombre reservado a doña nombre reservado de fecha 11 de Marzo de 2023; 5. Copia de contrato de arrendamiento firmado ante el Notario y Conservador de Minas nombre reservado con fecha 11 de marzo de 2023 entre doña nombre reservado y doña nombre reservado; 6. Copia de resolución definitiva otorgada por el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región Coquimbo de fecha 29 de Diciembre de 2011 la cual ordena inscribir el inmueble Parcela 95, Sitio 1, Sector El Sauce, Coquimbo, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo a nombre de doña nombre reservado; 7. Copia de inscripción de dominio del inmueble Parcela 95, Sitio 1, Sector El Sauce, Coquimbo, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo a nombre de doña nombre reservado, inscrito a fojas 846 Nº 450 correspondiente al año 2012; 8. Copia de inscripción de prohibición de gravar y enajenar el inmueble Parcela 95, Sitio 1, Sector El Sauce, Coquimbo, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo a nombre de doña nombre reservado, inscrito a fojas 449 Nº 269 correspondiente al año 2012; 9. Copia de plano Nº 04102-4594 del inmueble de propiedad de doña nombre reservado.

SEGUNDO: Que, evacuó informe Claudio García Huerta, abogado por la parte recurrida, exponiendo que ha comparecido comparece como recurrente de protección una persona que no detenta la calidad de socia del comité de agua potable, quien sería arrendataria de una socia del comité, doña nombre reservado. Agrega que dicha socia ingresó al comité con fecha 2 de junio de 2016, y se le hizo entrega de un catálogo de obligaciones de los socios, el cual firmó.

Hace presente que el comité lleva un registro diario de consumos y pago por cada socio. En este caso, el inmueble de la socia y arrendadora tiene el medidor N° 7162.

Destaca que por orden de trabajo N° 2783, se pudo constatar los hechos que fundaron las sanciones a la socia. Asimismo, se pudo fotografiar el medidor de la socia, el cual aparece girado, indebidamente, y con los sellos cortados.

Refiere que como consecuencia de los hechos acreditados, el comité, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, procedió en sancionar a la socia nombre reservado, con fecha 7 de Marzo de 2023.

Hace presente que la intervención del medidor, se refiere, tal como lo señala el acta de notificación, en haber roto los sellos. En otras palabras, sí hubo intervención del medidor lo que está suficientemente acreditado.

Precisa que el artículo 41 de los Estatutos del Comité de Agua Potable Rural El Sauce de Coquimbo establece que: “será causal suficiente, entre otras para suspender el suministro de agua potable a un socio, el que utilice el agua en usos distintos de los establecidos en este reglamento, o cuando se compruebe que ha causado daños a las instalaciones o bienes del comité.

Se suspenderá el suministro de agua potable a aquel socio o usuario que se le compruebe que intervino un medidor y que esté usufructuando agua gratis, además estará sujeto a una multa acordada en Asamblea General de Socios.”

Menciona que la socia no ha deducido reclamo o recurso alguno en contra de las sanciones impuestas por el comité de agua potable rural, cuya actuación estima legal, al encuadrarse en el marco normativo interno que se han dado los socios de esta entidad funcional, teniendo las facultades para aplicar las sanciones que están claramente descritas en el estatuto del comité.

Añade que el actuar del comité no fue arbitrario, toda vez que las sanciones aplicadas resultaron fundadas en hechos acreditados, y su imposición se realizó conforme a los estatutos del comité.

Reitera que la sanción de la suspensión del suministro de agua potable obedece a actos contrarios a los estatutos cometidos por la recurrente y que también afectan a los restantes socios, toda vez que falta a la veracidad en los registro de consumo, pagando menos de lo que le corresponde.

Las multas fueron aplicadas a la socia nombre reservado, y la suspensión del servicio de agua potable fue hecha al inmueble de la socia.

Destaca que los estatutos del comité no consignan norma alguna que faculte a los arrendatarios, meros tenedores u otras personas distintas de los propietarios de los inmuebles para deducir alguna reclamación, toda vez que se está en presencia de una organización funcional con socios que son propietarios. De esta manera, el actuar del comité se enmarcó en las disposiciones del estatuto respectivo.

Añade que la arrendataria no detenta dominio alguno del agua potable rural, y por el contrario, solo puede acceder al agua potable rural a través del comité recurrido, debiendo cumplir estrictamente con las obligaciones estatutarias.

Por estas consideraciones solicita el rechazo el recurso de protección deducido por la arrendataria, en contra del Comité de Agua Potable Rural El Sauce Coquimbo, en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Estatuto y reglamento del Comité APR El Sauce comuna de Coquimbo; 2.- cuatro hojas de registro de consumos y pago de socia nombre reservado, del medidor N* 7162; 3.- Catalogo de obligaciones de los socios, recibido por la socia doña nombre reservado, con fecha 2 de Junio de 2016; 4.- Orden de trabajo N* 2783 del inmueble de la socia; 5.- Notificación de multa por intervención de medidor de fecha 7 de Marzo de 2023, a la socia nombre reservado y firmado por ella; 6.- Acta de trabajos en medidor de la socia nombre reservado, de fecha 9 de Marzo de 2023 y Fotografía del medidor que da cuenta de los hechos de las sanciones impuestas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que la Ley 20.998 en su artículo 2 letra b) define a los "Comité de servicio sanitario rural" como una organización comunitaria funcional, constituida y organizada conforme a las leyes respectivas, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, a la que se le otorgue una licencia de servicio sanitario rural. A su vez, el artículo 47 en sus literales d) a f) contempla los supuestos bajo los cuales es posible que un operador proceda a suspender el respectivo servicio a un usuario, lo que puede ocurrir por falta de pago de una o más boletas o facturas, por la destinación del agua a un fin distinto del consumo doméstico y por haber causado daño a las instalaciones, equipos o bienes del operador. En similares términos discurre el reglamento contenido en el DS 50 en su artículo 43 letras b) a d). Finalmente, y para el caso de autos, el artículo 28 del estatuto del Comité recurrido, otorga al directorio la facultad de acordar la suspensión del servicio de agua potable, en tanto que el reglamento complementario, en su artículo 41, señala que será causal suficiente para suspender el suministro de agua potable a un socio, entre otras, la utilización del agua en usos distintos de los establecidos en dicho reglamento, o cuando se compruebe que se ha causado daños a las instalaciones o bienes del “Comité”. Agrega luego que se suspenderá el suministro de agua potable a aquel socio o usuario que se le compruebe que intervino un medidor y que esté usufructuando de agua gratis, quien además quedará sujeto a una multa acordada en Asamblea General de socios.

SEXTO: Que, de conformidad con la normativa legal y reglamentaria precedentemente reseñada, no cabe duda que el Comité recurrido se encuentra facultado para suspender el servicio de agua potable a cualquiera de sus socios, en la medida que se configuren los presupuestos fácticos respectivos, dentro de los cuales se encuadra la hipótesis de intervención del medidor que se atribuye a la recurrente. Consta además de la documentación acompañada por la recurrida, que quien detenta la calidad de socia de la organización es doña nombre reservado, quien aparece personalmente notificada de la sanción por intervención del medidor (rotura de sellos), con fecha siete de marzo del año en curso, esto es, con anterioridad a la suscripción del contrato de arrendamiento invocado por la recurrente, el cual figura firmado ante Notario recién con fecha once de marzo pasado, misma fecha de la carta poder para efectuar gestiones ante el Comité. En consecuencia, la sanción impugnada se ha impuesto por la organización comunitaria a uno de sus asociados y por una de las causales expresamente previstas en el marco normativo que la rige, todo lo cual se encuadra dentro de la autonomía que se le reconoce en el artículo primero de nuestra Constitución, y que comprende la necesaria e indispensable libertad para organizarse del modo más conveniente según lo dispongan sus estatutos y decidir sus propios actos, incluido el poder sancionatorio sobre sus miembros en el ámbito funcional que le es propio, debiendo descartarse la ilegalidad que se le atribuye en el libelo de autos.

SÉPTIMO: Que tampoco resulta posible calificar la conducta de la recurrida como arbitraria, desde que la medida adoptada no sólo responde a un presupuesto formalmente contenido en sus estatutos, sino que además se apoya en antecedentes documentales que dotan de verosimilitud a la infracción imputada a la usuaria, esto es, la intervención del medidor. Así se desprende del contenido de la orden de trabajo 2783 y en especial, por la fotografía del medidor intervenido. Por lo demás, la ausencia de consumo durante el mes de febrero se ve refrendada por el Registro de Consumo y Pagos por Socio acompañado por la propia actora a su recurso, que indica precisamente para el mes de febrero un consumo de 0 metros cúbicos, arrojando como total a pagar la suma de $1.750 que corresponde a la mitad del cargo fijo de $3.500 vigente a esa fecha.

OCTAVO: Que, por último, cabe tener presente que la privación del servicio de agua potable es una medida reversible siempre que se cumpla con los requisitos previstos para su reposición, lo que en el caso de autos debiera requerirse de la arrendadora y propietaria del inmueble, quien a su vez detenta la calidad de socia del Comité de Agua Potable Rural recurrido, y que de conformidad con el artículo 1924 del Código Civil se encuentra obligada a garantizar el uso tranquilo de la propiedad, en condiciones de servir para el fin para el que fue arrendada, sin perjuicio del poder que para esos mismos fines y con posterioridad a la imposición de la sanción en cuestión le fuera otorgado a la recurrente de autos.

NOVENO: Que, por las razones expuestas, no configurándose en la especie ninguna actuación ilegal o arbitraria por parte de la entidad recurrida que deba ser enmendada por esta vía cautelar de urgencia, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Claudia Lorena Abufom Musa, en representación de nombre reservado, en contra del Comité De Agua Potable Rural El Sauce.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 350-2023 (Protección).-