COMERCIAL PORTIA LIMITADA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO

Comercial Portia Limitada Inspección Comunal del Trabajo La Serena Recurso de Protección.

Rol N° 350-2017.

La Serena, tres de abril de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparece don Ignacio Antonio Rostion Casas, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Comercial Portia Ltda, del giro de su denominación, representada legalmente por doña nombre reservado, empresaria, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, interpone Recurso de Protección, por la Resolución Administrativa de Multa N° 33/2017, de fecha 07 de febrero del 2017, notificada legalmente el día 10 de febrero del 2017, emanada de la Inspección Comunal del Trabajo La Serena, representada por su Inspector comunal, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señala que en dicha resolución se mantuvo multa administrativa del trabajo a su representada, cursada por resolución N° 6198/16/41-1, notificada con fecha 27 de diciembre del 2016, por la cantidad equivalente de 40 UTM, por la supuesta infracción consistente en: “No contener en el contrato de trabajo la estipulación referida a monto, forma y periodo de pago de la remuneración, específicamente al concepto de anticipo, acordado por las partes tácitamente en un monto mensual de $228.000 el cual fue modificado unilateralmente en los meses de octubre por $229.000 y noviembre de 2016 por $212.268, respecto del trabajador: nombre reservado”. Agrega que así cursada y mantenida, resulta improcedente y debe ser dejada sin efecto, ya que es una resolución arbitraria, donde la Inspección del Trabajo se “prorroga facultades declarativas de derecho de las que no dispone”(sic), y que además en ningún momento indica norma legal o reglamentaria infringida, reproduciendo el contenido de la resolución de multa N° 33/2017.

Indica que se les ha multado por no contener en el contrato de don nombre reservado el monto, forma y periodo de pago de los anticipos, el que se acordó por las partes tácitamente y aunque su parte niega completamente la procedencia de la multa interpuesta y observa la incongruencia de la multa sosteniendo que una cosa totalmente opuesta a la otra no puede ser y no ser a la vez, ya que pierde toda congruencia y lógica, así considera que desde ya la infracción está mal cursada, ya que resulta imposible expresar en un contrato algo que se supone estar tácitamente establecido.

En cuanto a los argumentos de fondo de la multa señala que discrepa abiertamente respecto a las facultades que la Inspección del Trabajo se ha irrogado en este caso, constituyendo el mismo un acto ilegal y arbitrario, que genera un perjuicio evidente a su representado, ya que el ente fiscalizador se ha atribuido facultades declarativas, toda vez que se ha sentido con la libertad de señalar que existe una anuencia entre las partes del referido contrato con el fin de estipular entre estas que existe una suerte de convención referente a los anticipos que se le otorgan al trabajador don nombre reservado. Cuestión que tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado no ser posible. Expone que no existe ningún tipo de acuerdo entre las partes, ya sea expreso o tácito respecto a anticipos de remuneraciones, y que su representado ha cumplido con la Ley, como lo estipula el artículo 10 del Código del Trabajo y lo que ha señalado la misma Inspección del Trabajo, agrega que este organismo administrativo ha indicado que no es una obligación del empleador otorgar anticipos, por lo que menos aún puede ser una obligación estipular una fórmula de otorgamiento, monto y periodos en el contrato de trabajo, ya que no es una obligación legal, reglamentaria o Constitucional, sino sólo una carga que la Inspección del Trabajo de forma arbitraria y sin sustento jurídico impone a su representado, tanto es así, que en ningún momento se indica en la infracción cursada, algún precepto Constitucional, legal o reglamentario infringido por su parte. Lo único que hace la inspección es interpretar y declarar como existente una supuesta cláusula en un contrato, cuestión que es facultad privativa de los Tribunales de Justicia.

Señala que los hechos relatados así como la resolución recurrida vulneran Derechos Fundamentales contemplados en la Constitución Política de la República, como el artículo 19 N° 3, 24 y 26.

Enseguida, luego de sostener que es al juez a quien cabe el examen total de la legalidad del acto reclamado, alega como preceptos infringidos el artículo 6 de la Constitución Política de la República y artículo 2 inciso 1° de la Ley 18.575, al efecto señala los elementos que deben concurrir respecto de todo acto administrativo y los principios para la aplicación de la sanción, sosteniendo que los errores cometidos por la autoridad administrativa, como es flagrante en el caso presente, pueden y deben ser controlados por el juez. Prosigue su recurso señalando que existe una clara vulneración a la garantía fundamental contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, ya que su parte ha sido juzgada por una comisión especial que se ha prorrogado competencia de Tribunal declarador de derechos, cuestión que claramente excede de sus facultades fiscalizadoras e interpretativas, ya que el único autorizado y competente por ley para señalar que existe una derecho, cláusula tácita o derecho adquirido es un Juez de la República con la facultad de dictar sentencias declarativas de derechos, competencia que indica el artículo 420 del Código del Trabajo Por último señala que en su artículo 19 Nº24, la Constitución asegura: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales…”, y que sobre el particular tanto la doctrina como jurisprudencia han validado que una persona jurídica sea sujeto de derecho para poder accionar de protección.

Concluye solicitando que acogiendo el presente recurso, se deje sin efecto la multa indicada por ilegal y arbitraria, con expresa condenación en costas.

Adjunta antecedentes fundantes del recurso.

Por la recurrida comparece la abogado doña Claudia Pinto Robles, quien evacua el correspondiente informe, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Al efecto indica que el día 05 de diciembre de 2016, previa denuncia del trabajador afectado, la fiscalizadora dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, doña nombre reservado, se constituyó en el domicilio ubicado en domicilio reservado, con el objeto de efectuar un procedimiento de fiscalización a la empresa Comercial Portia Ltda., procediendo a entrevistar al representante del empleador y a requerir y posteriormente revisar la documentación pertinente, revisando los comprobantes de pago de remuneraciones del trabajador nombre reservado, constatando que, durante todo el período comprendido entre enero a noviembre de 2016, dichos comprobantes consignaban el pago de anticipos, los que tuvieron un monto fijo de $228.000.- desde enero a septiembre de 2016, pero en el mes de octubre el monto percibido fue de $229.600.- y en el mes de noviembre ascendió al monto de $212.268, y atendida la variabilidad del monto pagado los últimos dos meses, la funcionaria procedió a revisar el contrato de trabajo del señor nombre reservado, constatando que ni éste ni las actualizaciones del mismo, contenían el monto, forma y período de pago de los anticipos que percibía el trabajador, por lo que procedió a cursar Multa N° 6198/2016/41-1 por infracción al artículo 10° del Código del Trabajo en relación con el artículo 506 del mismo cuerpo legal, presentándose por la recurrente recurso de reconsideración administrativo, siendo confirmada la multa impuesta. Posteriormente, con fecha 22/02/2017 la empresa interpuso una reclamación judicial respecto de la Resolución N° 33 de la Inspección Provincial del Trabajo de la Serena ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, RIT I-14-2017, por fundamentos similares a los expuestos en el presente recurso de protección, y en dicho juicio se dictó sentencia el día 16/03/2017 rechazándose la reclamación interpuesta, con costas.

En tal contexto alega en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, toda vez que en los términos expuestos por el propio recurrente, el hecho respecto del cual se discute si es agraviante y vulneratorio de garantías constitucionales es la multa N° 6198/16/41-1 y no la Resolución Nº 33 de 07/02/2017 que sólo mantuvo la multa impuesta, por lo que el plazo para interponer el recurso de protección debe contarse desde la notificación a la empresa de la resolución de multa, lo que según el propio recurrente ocurrió al día 27/12/2016 y no desde la notificación de la resolución del Inspector Provincial del Trabajo de La Serena (S), que rechazó la reconsideración y mantuvo la sanción, de acuerdo a ello el plazo para interponer la respectiva acción de protección venció el día 26/01/2017, razón por la cual el presente recurso presentado ante la I. Corte el día 23/02/2017, ha sido interpuesto en forma extemporánea, procediendo se le declare inadmisible.

En subsidio, para el evento que se le declare admisible, solicita su rechazo por carecer el recurso de sustento jurídico, en este sentido sostiene la legalidad de la actuación de la recurrida, ya que tanto los artículos 1º y 5° del D.F.L. Nº 2 de 1967, Ley Orgánica de La Dirección del Trabajo, como el artículo 505 del Código del Trabajo, han entregado a la Dirección del Trabajo la función de fiscalizar la aplicación de la legislación laboral. En concordancia con esta función general, son los fiscalizadores de ese Servicio, los llamados a constatar la existencia o no de infracciones a la legislación laboral, y en caso afirmativo, a imponer las multas prescritas por la ley, como sucedió en el presente caso, aludiendo además el carácter consensual del contrato de trabajo y la obligación de escriturarlo, actualizarlo y consignar por escrito sus modificaciones, obligación que, en este caso, no se cumplió respecto del monto, forma y período de pago de la remuneración acordada, en lo relativo a los anticipos percibidos por el trabajador.

Indica que constatada la infracción, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 505 del Código del Trabajo, y de conformidad con el artículo 503 del Código del Trabajo, que establece que las sanciones por infracciones a la legislación laboral, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo, actuando dichos funcionarios como ministros de fe, se cursó la multa en el ejercicio de las facultades generales de fiscalización, sin atribuirse el Servicio otras facultades distintas a las conferidas por la ley, pues las normas sobre el cumplimiento del contrato de trabajo y sus cláusulas mínimas se encuentran dentro del ámbito de fiscalización de la recurrida que le han otorgado las normas señaladas, y es en virtud de esta competencia que se cursó la multa respecto de la cual se reclama, lo que no supone atribuirse facultades declarativas de derechos, sino que constatar hechos y efectuar una apreciación jurídica de los mismos, propia de la labor fiscalizadora.

Añade que se ha entendido que la “fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral” citada en el artículo 505 del Código del Trabajo significa criticar, enjuiciar, apreciar con finalidad saneatoria y correctiva o rectificar, en su caso, la manera como se está dando aplicación -cumpliendo o incumpliendo- a las leyes que rigen la relación de trabajo.

Agrega que luego, al deducirse el recurso de reconsideración administrativa, el Inspector Provincial del Trabajo de La Serena (S) debía ajustarse al marco legal establecido en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, según los cuales para dejar sin efecto una multa debe aparecer de manifiesto que se ha incurrido en un error de hecho al imponerla, lo que claramente no ocurrió; y para rebajarla, la acreditación fehaciente del íntegro cumplimiento de las disposiciones legales infringidas, cuestión que tampoco sucedió y así, la decisión de mantener la multa cursada no implica tampoco el ejercicio de facultades jurisdiccionales sino que se ajusta plenamente al ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos referidos. De esta manera, tanto al imponerse la multa, como al resolver la reconsideración, los funcionarios del Servicio actuaron con estricto apego a las normas establecidas en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental y artículo 2° de la ley 18.575, no atribuyéndose otras facultades que las que la ley expresamente le ha entregado. Hace presente, además, que el artículo 23 del D.F.L. Nº 2 del 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social establece una presunción de veracidad de los hechos constatados por el fiscalizador.

Señala que en razón de lo expuesto, aparece claro que la actuación de la Inspección del Trabajo de La Serena, a través de sus funcionarios, no obedeció a actos abusivos o caprichosos sino que ha derivado de un proceso de fiscalización serio y ajustado a la normativa legal; y al ejercicio de las facultades que la ley le concede al Inspector del Trabajo para resolver recursos de reconsideración administrativa, ajustándose las actuaciones al ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo contenidas tanto en el Código de Trabajo como en el DFL Nº 2 de 1967.

En relación a las garantías que la recurrente estima vulneradas, señala que lo que la Constitución prohíbe es que un cuerpo no establecido por la ley como tribunal, ejerza función jurisdiccional, definida por la propia Carta Fundamental en su artículo 76, el que reproduce, agregando que no puede considerarse, en caso alguno, que la recurrida se esté atribuyendo facultades jurisdiccionales, además, la multa cursada no amenaza, no perturba y no priva a la recurrente de su derecho de propiedad, ya que el Servicio ha actuado de acuerdo a criterios establecidos en la propia legislación vigente y las resoluciones administrativas de multas, se imponen por infracciones a la normativa laboral, es decir, en resguardo de los derechos de los trabajadores, lo que no constituye lesión de ninguna especie al derecho de propiedad del recurrente. Finalmente, en cuanto a la garantía constitucional establecida en el artículo 19° N° 26 de la Carta Fundamental no se encuentra protegida por la presente acción constitucional.

Finalmente señala que como se desprende claramente de lo ya expuesto, si bien no estamos frente a una acción u omisión arbitraria o ilegal, la acción del Servicio tampoco ha lesionado los derechos supuestamente vulnerados por medio de la multa aplicada, por lo que la presente acción no puede prosperar.

Adjunta antecedentes fundantes del informe.

Se trajeron los autos en relación y se decretó como medida para mejor resolver traer a la vista los antecedentes RIT I-14-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

TERCERO: Que del examen del el recurso, se desprende que esta acción cautelar se dirige en contra de la resolución N º33/2017 de fecha 7 de febrero pasado que mantuvo la multa administrativa, la que fue presentada a esta Corte el día 23 del mismo mes, esto es, dentro de treinta días corridos que para tal efecto contempla el N° 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, circunstancia que conduce a rechazar la alegación de extemporaneidad sustentada por la recurrida.

CUARTO: Que de acuerdo a lo expuesto en lo expositivo, la resolución recurrida mantuvo la decisión de multa Nº 6198/16/41-1 que condenó a la empresa “Comercial Portia Ltda.” a pagar un monto de 40 UTM por no contener el contrato del trabajador nombre reservado, el monto, forma y periodo de pago de los anticipos acordados por las partes tácitamente. El accionante sostiene que en dicha resolución el fiscalizador del trabajo se irroga facultades declarativas de derecho de la que no dispone, cuestión que es facultad privativa de los tribunales de justicia, estimando infringidas las garantías de los numerales 3, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que el tenor de la referida multa consigna: “No contener en el contrato de trabajo la estipulación referida a monto, forma y periodo de pago de la remuneración, específicamente al concepto de anticipo, acordado por las partes tácitamente en un monto mensual de $228.000 el cual fue modificado unilateralmente en los meses de octubre por $229.000 y noviembre de 2016 por $212.268, respecto del trabajador: nombre reservado”.

SEXTO: Que cabe considerar que acorde con lo previsto en el artículo 1° del DFL. N° 2 del año 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija las funciones de la Dirección del Trabajo, a este organismo le corresponde, entre otras atribuciones, fiscalizar la aplicación de la legislación laboral, otorgándoles, el artículo 23 del mismo texto legal, el carácter de ministro de fe a los inspectores del trabajo, respecto de las actuaciones que ejecuten en el ejercicio de sus funciones; que así las cosas si el hecho objetivo constatado en el acto de fiscalización, a juicio de los inspectores del trabajo constituye infracción a la normativa laboral, su actuación se ajusta a las atribuciones de competencia de la Dirección del Trabajo; y, por tanto, la autoridad administrativa, se encuentra facultada para imponer multa, siendo necesario, tener presente al respecto, además, que el artículo 505 del Código del Trabajo prescribe que “la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo”.

SEPTIMO: Que en el presente caso, de los antecedentes acompañados al recurso por la autoridad administrativa, esto es, contratos de trabajo y liquidaciones de remuneraciones del trabajador nombre reservado durante el año 2016, es posible inferir que el inspector del trabajo, en el ejercicio de su labor fiscalizadora y previa denuncia del trabajador, constató situaciones objetivas que constituyen incumplimiento de leyes laborales, particularmente, de lo dispuesto en el artículo 10 del Código laboral, toda vez que verificó que el trabajador durante el periodo Enero a Noviembre del año 2016 percibió por concepto de anticipo una suma de dinero, la que entre los meses de enero a septiembre correspondió a un monto fijo y en los meses de octubre y noviembre a sumas distintas y que revisado el contrato de trabajo junto a sus actualizaciones, dichos documentos no contenían el monto, forma y periodo de pago de la remuneración, de manera tal que estimando que era un beneficio pactado tácitamente por las partes y que corresponde a remuneración, concluyó que era constitutiva de infracción y cursó la multa.

OCTAVO: Que, de lo anterior es posible concluir que el inspector del trabajo, en el ejercicio de las funciones que la ley le otorga en el cumplimiento de la legislación laboral, no se ha arrogado facultades propias y excluyentes de los Juzgados del Trabajo competentes, toda vez que su actuar se limitó, a la constatación de un hecho objetivo en relación con los anticipos percibidos por el trabajador, por ello ante una infracción evidente a las normas del contrato individual de trabajo, y que de acuerdo al artículo 506 del Código del Trabajo se sancionan con multa, procedió a dictar la resolución sancionatoria.

NOVENO: Que, por otra parte, cabe consignar que estos hechos además han sido sometidos al conocimiento del juez laboral, como se desprende de los antecedentes agregados para mejor resolver por esta Corte, en los que aparece que la recurrente interpuso reclamación de multa en juicio monitorio respecto de la resolución Nº33/2017 de fecha 7 de febrero pasado ante el Juzgado del Trabajo de La Serena, causa RIT 1-14-2017 invocando haber corregido la infracción y el tribunal con fecha 16 de marzo actual dictó sentencia rechazando el reclamo.

DECIMO: Que, por consiguiente, habiéndose descartado en la especie la existencia de un acto arbitrario e ilegal por parte de la Institución recurrida que atente contra las garantías constitucionales referidas por el actor en su libelo, procede que la acción intentada en autos sea desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado don Ignacio Antonio Rostion Casas, en representación de Comercial Portia Limitada.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Redacción de la Ministra Titular Sra. Marta Maldonado Navarro.

Rol N° 350-2017 (Rec. de Protección).- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señora Marta Maldonado Navarro y la abogado integrante señora Elvira Badilla Poblete. No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

En La Serena, a tres de abril de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.