Protección contra CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

nombre reservado

Contraloría General de la República Recurso de protección Rol N°35-2026 La Serena, tres de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que, el siete de enero del año en curso, comparece don nombre reservado, profesor de estado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, por si, quien interpone recurso de protección en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por la emisión de la resolución de 12 de diciembre de 2025, dictada en los antecedentes administrativos E210780-2025, la que no considera los antecedentes calificados y reiterados puestos bajo conocimiento del ente contralor, ligados por consecuencia con las causas laboral y penal, Rit T-2-2019 y Rit O-2-2019, estimando que dichos actos vulnerarían sus derechos fundamentales garantizados en los numerales 1, 2, 3 inciso cuarto, 4, 9 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, por resolución E183705-2025 de 29 de octubre de 2025 la recurrida rechaza por extemporáneo su petición de revisión de su situación personal, laboral y profesional, la que fue transgredida al desconocerse su derecho dispuesto por la Ley N°21.592, así como lo dispuesto por el artículo 175 del Código Procesal Penal, pues la recurrida ha infringido sistemáticamente su obligación de garantizar el orden y la seguridad pública interior, incumpliendo lo que le mandata su ley orgánica, pues él denunció hechos que constituyen falta a la probidad y que podrían ser constitutivos de delitos por fraude al Fisco, como pagos indebidos, mal uso de fondos SEP, SENCE entre otros, ante los cuales señala que la recurrida no ha hecho nada, y tampoco lo ha protegido en su calidad de funcionario público y denunciante de aquellos hechos, como mandata la ley. Refiere que por los hechos denunciados fue perseguido, destituido de su cargo de forma ilegal, mediante un Decreto Alcaldicio con fundamentos falsos, y cuyo despido fue declarado ilegal e injustificado en sede laboral, y que, actualmente es perseguido por los responsables de tal fraude al Fisco, como consta de la causa RIT 113-2023 del Juzgado de Garantía de Combarbalá, mediante la cual se querellaron en su contra por él haber cumplido con la Ley N°20.205.

Señala que, lo anterior es el motivo por el cual reiteradamente ha recurrido a la Contraloría, para que se le haga justicia, pero por resolución que recurre fue rechazado su último recurso administrativo, aduciendo haber actuado fuera de plazo, siendo que, los hechos son reiterados en el tiempo y permanecen, tal como consta en la causa en tramitación RIT 113-2023, en la cual se encuentra fijada audiencia para resolver sobre el sobreseimiento definitivo, por lo que el acoso en su contra se mantiene sin protección.

Refiere que, los actos de corrupción que defraudaron al Fisco él los denunció, dando cumplimiento a su deber legal, y que por aquello ha habido represalias en su contra, y que, la Contraloría Regional no hizo nada por perseguir la responsabilidad de los denunciados, siendo que la fiscalización del ingreso y uso de fondos públicos constituye una función de la recurrida, conforme dispone el artículo 98 de la Constitución, y artículo 7 de su Ley Orgánica Constitucional, pudiendo haber iniciado un juicio de cuentas.

Arguye que la Contraloría, en específico el Contralor Regional Don Hugo Segovia Saba, no cumplía para nada con su deber de fiscalizar a la Municipalidad de Combarbalá, y, por tanto, él junto a otros colegas, bajo el amparo de lo que dispone el artículo 58 letra k) de la Ley N°20.205, denunciaron los malos manejos de fondos públicos que estaban destinado a la Educación. Refiere que, denunció los hechos señalados el 7 de enero de 2019 ante el Juzgado de Garantía de Combarbalá, lo que dio origen a la causa Rit O-2-2019, y desde aquel entonces ha aportado al Juzgado, a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, pruebas de lo denunciado, consistentes en informes especiales de Contraloría y la sentencia de esta Corte bajo Rol Contencioso Administrativo N°44-2021, en la que se estableció que la Municipalidad incumplió con la normativa de educación, y no acreditó saldos de subvenciones y/o aportes del Estado percibidos durante el año 2020, habiendo sido sancionada la Municipalidad por la Superintendencia de Educación con multa.

Indica que, además denunció amparado en lo dispuesto por el artículo 88 A de la Ley N°20.205, norma que establece que los funcionarios que ejerzan las acciones del artículo 58 letra k) no podrán ser objeto de medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, desde la fecha que el alcalde tenga por presentada la denuncia, y hasta noventa días después de haber terminado la investigación sumario o sumario, incoados a partir de la citada denuncia.

Alega que, aun cuando se han probado malos manejos de los fondos públicos, él ha tenido que defenderse deduciendo un sin número de recursos ante la Contraloría, Juzgado Laboral, esta Corte de Apelaciones y el Ministerio Público, siendo rechazadas sus acciones, y que actualmente se encuentra sin trabajo y con una querella criminal en su contra, por el sólo hecho de haber dado cumplimiento a la ley, realizando la respectiva denuncia.

Se explaya en cuanto a la falta de control de los hechos denunciados como fraude al Fisco, y como se ha probado el desvío de dineros públicos por la Contraloría, la Superintendencia de Educación e incluso el Ministerio de Salud, y sin embargo no han adoptado medida alguna, refiriendo la necesidad que la recurrida implemente un sistema de control contable eficaz para detectar estas malversaciones de fondos públicos y detener la corrupción.

Reitera que por denunciar ha sido perseguido hasta la fecha, y que, la recurrida ha rechazado todas sus acciones administrativas, no tomando en consideración antecedentes nuevos y calificados que deben considerarse para su reincorporación definitiva a sus labores.

Arguye que, la recurrida rechaza su recurso por una supuesta extemporaneidad, lo que vulnera sus derechos fundamentales, pues no adopta medida de protección alguna en su favor, pese a lo dispuesto por la Ley N°20.205, y que, es importante que la Contraloría de los argumentos técnicos jurídico y administrativos del por qué desde el año 2017 no aplicó y no aplica la protección al funcionario público, que hace denuncias por temas de posible corrupción según la Ley N°20.205 actual Ley N°21.592, por lo que solicita se le haga justicia.

Indica que, denuncia la omisión de la recurrida en adoptar acciones concretas que inhiban la ejecución reiterada, de hechos que implican desvíos de fondos públicos que estaban destinados a la educación, hechos por los cuales denunció, lo que implicó que fuera destituido de su cargo de profesor, no siendo protegido, como lo determina la Ley N°20.205, lo cual ha sido rechazado en forma reiterada y continua por la Contraloría, valiéndose de resoluciones sin fundamentos, siendo que a la fecha es sujeto de represalias y acoso, por haberse querellado en su contra, en sede penal, los denunciados.

Comenta que, en su calidad de trabajador en su oportunidad recurrió ante el Juzgado del Trabajo, por tutela laboral, y que se declaró su despido como ilegal e injustificado. Por tanto, señala que, la Contraloría vulnera su derecho a la vida y a la integridad física del trabajador, pues su vulneración es consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, y respecto de los cuales, pese a su derecho de inmunidad, la Contraloría a la fecha no lo considera, a sabiendas de que dichos actos persecutorios y de venganza permanecen en el tiempo y no ha podido restablecer sus derechos.

Señala que, se han vulnerado sus derechos a la protección a la vida privada y a su honra y la de su familia, por cuanto se le despide ilegal e infundadamente, y se querellan en su contra, lo cual hacen público, negándose a reincorporarlo, y sin aplicar la Ley N°20.205 actual Ley N°21.592. Además, refiere conculcado su derecho a la reincorporación y a su trabajo, mediante la sujeción a actos discriminatorios señalados en el artículo 2 del Código del Trabajo. Asimismo, señala que, se ha vulnerado su derecho de indemnidad, pese a estar establecido por la Ley N°20.205 e inclusive dicho derecho lo establece la actual Ley N°21.592, y todo por haber denunciado, hechos que se encuentran en el ámbito de la corrupción. Por último, señala que, los hechos denunciados, vulneran gravemente lo dispuesto por los artículos 1, 4, 5, 7 y 24 de la Carta Fundamental, porque nunca ha tenido un debido proceso como lo amerita su situación.

Concluye solicitando: “se sirva acoger a tramitación el presente Recurso de Protección, pedir informe a la recurrida y adoptar las medidas de resguardo y de protección respecto de los derechos Constitucionales Vulnerados, que el caso amerite, atendida la naturaleza y gravedad de los hechos.” (sic)

Acompaña a su recurso: 1.- Copia del recurso de revisión que dio origen a los antecedentes administrativos y copia de la última resolución del 12 de diciembre de 2025; 2.- Detalle escrito de las acciones deducidas con su persona; 3.- Sentencia causa 44-2021; 4.- Sentencia causa laboral de primera y segunda instancia; 5.- Copia de la denuncia ante el juzgado de garantía de Combarbalá que origino causa RIT: O-2-2019; 6.- Querella 113-2023; 7.- Resolución de la solicitud del Ministerio Público de no perseverar; 8.- Copia del Peritaje Psicológico y del Informe Psiquiátrico e Informe de Salud Mental, realizados al recurrente.

SEGUNDO: Que previas aclaraciones solicitadas por la Sala Tramitadora en relación al arbitrio interpuesto, el recurrente cumple lo ordenado a folios 3, 5, 6 y 8 de la carpeta digital.

A folio 3, aclara que recurre en contra de lo resuelto por la Contraloría General de la República, el 12 de diciembre de 2025, pues rechaza su recurso de revisión por extemporáneo, impidiendo revisar incumplimientos legales por parte de la misma Contraloría, lo que hace procedente el recurso de protección, pues se vulnera su derecho a obtener una respuesta y pronunciamiento sobre el fondo de una irregularidad grave, vulnerando asimismo su derecho a la tutela judicial efectiva y a obtener un pronunciamiento de fondo sobre una ilegalidad grave, incumplimiento la Ley N°20.205. Indica que la recurrida interpreta erróneamente los plazos, y en su actuar impide la fiscalización de sus propios actos, lo que constituye una especie de "autocontrol" viciado, por lo que, su resolución de rechazo, debe ser considerada arbitraria, ilegal, y vulneratoria de sus derechos fundamentales.

A folio 5 y 6, aclara que, el acto recurrido vulnera sus derechos constitucionales, como el acceso a la justicia del artículo 19 N°3 inciso 4° de la Carta Magna, la igualdad ante la ley, su libertad de trabajo y derecho a la salud, ya que impide o dificulta el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es la facultad y obligación que tiene como empleado público de denunciar actos que pudieren ser faltas a la probidad administrativa o delitos, lo cual hizo, pero no fue protegido, y con consecuencias graves como la afectación de su honra, vida privada, y fue destituido de su trabajo, lo que también ha dañado su salud.

A folio 8, precisa que, su petición concreta es declarar la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión de Contraloría de rechazar su recurso de revisión, y se deje sin efecto aquella, ordenando a la recurrida revisar el fondo del asunto o emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.

TERCERO: Que a folio 16, comparece el Fiscal (s) de la Contraloría General de la República, don Carlos Frías Tapia, informando sobre la acción de protección impetrada.

Expone el contenido de los oficios de su reparto, así sobre el Oficio N°E68199 de 14 de enero de 2021, de la Contraloría Regional, el recurrente requirió que se dispusiera su reincorporación como docente de la Municipalidad de Combarbalá, atendido lo dictaminado en sede laboral por sentencia Rit T-2-2019, la que declaró ilegal su despido, y que, en el oficio referido la Contraloría se abstiene de pronunciamiento por lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N°10.336: “En consecuencia y existiendo ya un pronunciamiento de un Tribunal de Justicia sobre el mismo asunto planteado por el peticionario, procede abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado.” Luego el Oficio N°E183705 de 29 de octubre de 2025 de la División de Gobiernos Regionales y Municipales de la Contraloría, pues el recurrente deduce recurso extraordinario de revisión de conformidad con el artículo 60, letra b), de la ley N°19.880, en contra del decreto alcaldicio N°368 de 2019, de la Municipalidad de Combarbalá, a través del cual se declaró a su respecto la causal de cese de funciones por salud incompatible en virtud del artículo 72, letra h), de la Ley N°19.070, a contar del 28 de febrero de ese año; y, del oficio N°E68199, de 2021, de esa Sede Regional, que se abstuvo de conocer su petición de reincorporación, por existir un pronunciamiento de un Tribunal de Justicia sobre el mismo asunto.

Indica que en el oficio de 29 de octubre de 2025 se concluyó que “…en atención a que, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que el oficio de la Contraloría Regional de Coquimbo fue emitido el 14 de enero de 2021, y que el peticionario interpuso el mencionado recurso el 13 de junio de 2025, es decir, transcurrido en exceso el plazo de un año antes aludido cabe concluir que su reclamación es extemporánea (aplica criterio contenido en el dictamen N°84.534, de 2015). Por otra parte, en lo relativo al decreto alcaldicio N°368, de la Municipalidad de Combarbalá, emitido el 22 de enero de 2019, es importante aclarar que el recurso extraordinario de revisión se interpone ante el superior jerárquico, si lo hubiere -calidad que no posee la Contraloría General- o, en su defecto, ante la autoridad que hubiere dictado el acto administrativo impugnado, razón por la cual es forzoso colegir que la Entidad Fiscalizadora no tiene atribuciones para pronunciarse sobre el particular”.

Refiere que, el recurrente frente a lo resuelto interpone recurso de reposición y en subsidio apelación, lo que fue resuelto por Oficio N°E210780 de 10 de diciembre de 2025 de la siguiente manera: “(...) como puede advertirse de los antecedentes tenidos a la vista, aun cuando la presente impugnación se dirige formalmente en contra del oficio N°E183705, de 2025, de este origen, los argumentos de hecho y derecho en que se funda, así como su petición concreta, son los mismos que se esgrimieron en su oportunidad por el recurrente para objetar el oficio N°E68199, de 14 de enero de 2021, de la Contraloría Regional de Coquimbo. En mérito de lo expuesto, es posible afirmar que esta Contraloría General ya se pronunció acerca del recurso extraordinario de revisión presentado por el señor nombre reservado, por lo que dicha instancia se encuentra agotada, no correspondiendo, en consecuencia, referirse nuevamente a la petición formulada (aplica criterio del dictamen N°E261561, de 2022).”

Afirma que la materia objeto del presente recurso ya fue resuelta por sentencia en protección Rol N°25-2021, el cual fue rechazado, y confirmado por la Excma. Corte Suprema, pues en cuanto a la Contraloría efectivamente ya existía un pronunciamiento en sede laboral, por lo que no se advertía ilegalidad o arbitrariedad en su actuar. Añade que, lo pretendido por el recurrente en la presente acción, es lo mismo que en la Rol 25-2021, esto es, discutir el término de su vínculo estatutario, lo cual ya fue resuelto por lo que el recurso debe ser rechazado.

Alega la extemporaneidad del recurso de protección, indicando que si bien se recurre en contra de lo resuelto por medio del Oficio N°E210780, de diciembre de 2025, lo cierto es que el recurrente pretende controvertir lo concluido por medio de su similar N°E68199, de 2021, pues el agravio en que se fundamenta se remonta al hecho de que su Entidad de Control se tuvo que inhibir de proseguir conociendo acerca del cese de funciones del recurrente, pues dicha materia ya se ha ventilado y decidido en las instancias jurisdiccionales correspondientes. Por lo que concluye que, la acción cautelar interpuesta el 7 de enero de 2026, ha excedido con creces el plazo de treinta días corridos previsto en el N°1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, por lo que corresponde su rechazo.

Luego alega excepción de legitimación pasiva, pues si bien el actor recurre en contra del oficio N°E210780, de 2025, en virtud de la cual se rechazó su solicitud de reposición y/o apelación deducida en contra de su similar N°E183705, de 2025, lo verdaderamente impugnado, es el decreto N°389, de 2019, de la Municipalidad de Combarbalá, que puso término a sus funciones como docente del DAEM entidad que no ha sido emplazada en autos, pretendiendo el actor que la Corte declare que su cese vulneró sus derechos constitucionales, toda vez que esta actuación es la que le causaría un agravio, y no el pronunciamiento de la Contraloría, pues aspira en sus argumentaciones con utilizar el presente arbitrio como instancia recursiva respecto de la decisión adoptada por el aludido municipio, por lo que carece de legitimación pasiva, pues la Contraloría no es la llamada a disponer el reintegro en las funciones docentes del recurrente, sino que la alcaldesa, a través del DAEM.

En cuanto al fondo del asunto, primero se refiere a la génesis de las actuaciones, indicando que el recurrente dedujo ante la Contraloría Regional de Coquimbo un recurso extraordinario de revisión, en contra, por un lado, del decreto alcaldicio N°368, de 22 de enero de 2019, por el que se dispuso el término de su vínculo estatutario a contar del 28 de febrero de ese año, y, por el otro, del oficio N°E68199, de 2021, de la aludida Sede Regional de Control, que se inhibió de conocer sobre dicha materia por existir una decisión judicial en torno a dicha problemática, sostuvo que su recurso se basaba en nuevos antecedentes de prueba que, supuestamente, no habían sido ponderados al momento de resolver su pretensión de ser reincorporado a sus funciones.

Señala que el actor, hizo presente que, a la data de su desvinculación, no se aplicó a su respecto las medidas de protección al denunciante reguladas en la Ley N°20.205, en circunstancias que, a su juicio, eran procedentes, atendido que el sumario instruido en su contra sería un acto de represalia por haber denunciado al ex alcalde de la comuna de Combarbalá y a funcionarios del DAEM como autores de los delitos de fraude al fisco y actos de corrupción. A su vez, el Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá declaró ilegal e injustificado su despido, en fallo recaído en la causa RIT T-2-2019, al igual que el dictamen N°1.271, de 2024, de la Contraloría General, y por tales motivos, solicitó ser reincorporado en las funciones que desempeñaba en el DAEM o, en su defecto, que se le pagara una indemnización por los daños causados.

Precisa en relación a lo anterior, que, a través del decreto alcaldicio N°368, de 22 de enero de 2019, la Municipalidad de Combarbalá determinó el cese de las labores docentes del actor, ante lo cual este interpuso demanda ante el Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá conforme al procedimiento de tutela laboral y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, la cual se tramitó bajo la causa RIT T-2-2019, en donde también se ventilaron las situaciones de acoso y/o maltrato laboral de las que habría sido víctima el recurrente, como consecuencia de haber realizado diversas denuncias ante la Contraloría en contra del entonces alcalde y otros funcionarios, demanda que fue acogida por despido injustificado, se ordenó pagar las indemnizaciones legales procedentes y se rechazó la demanda de nulidad del despido. Luego el recurrente interpuso una nueva demanda ante el Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá, con el objeto de ser reincorporado en sus funciones, en conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la ley N°19.070, la que ingresó bajo RIT O-3-2020, la que fue desestimada mediante resolución de 25 de mayo de 2020, y confirmada por esta Corte en Rol N°164-2020. Posteriormente el actor recurrió ante la Contraloría Regional de Coquimbo, solicitando que se dispusiera su reincorporación como docente del DAEM, argumentando que la sentencia judicial dictada en RIT T-2-2019, declaró la ilegalidad de su despido, correspondiéndole, a su juicio a aquel Organismo de Control ordenar su reincorporación. Lo anterior señala haber sido resuelto por medio del Oficio N°E68199, de 2021, absteniéndose de emitir el pronunciamiento porque el asunto ya había sido sometido al conocimiento y decisión de los Tribunales de Justicia, en conformidad con lo expuesto previamente. Prosigue exponiendo, que el recurrente interpuso protección Rol N°25-2021, en contra, tanto de la singularizada entidad edilicia como del Organismo de Control, reclamando, entre otras consideraciones, la ilegalidad y arbitrariedad del aludido oficio N°E68199, de 2021, impugnación que fue rechazada por esta Corte el 22 de marzo de 2021, la que luego fue confirmada por la Excma. Corte Suprema. Luego de lo anterior, interpone el reclamo ante la Contraloría que en definitiva motiva el presente recurso.

Reitera que, la Contraloría Regional de Coquimbo, mediante su oficio N°E68199, de 2021, se abstuvo de emitir un pronunciamiento en torno a la reincorporación como docente del reseñado DAEM, toda vez que existen pronunciamientos judiciales previos sobre el mismo asunto, ya señaladas, y que, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 6° de la ley N°10.336, la Contraloría se encuentra impedida de intervenir e informar los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia o respecto de aquellos en los que estos se hayan pronunciado sobre el fondo del mismo, por lo que su Organismo de Control está inhibido de emitir un pronunciamiento sobre la reincorporación del recurrente al DAEM de la Municipalidad de Combarbalá, y en el caso que hubiera emitido un pronunciamiento sobre la reincorporación del actor a sus funciones se hubiera infringido el artículo 76 de la Constitución Política de la República, en virtud del cual la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, no pudiendo, en consecuencia, el Órgano Fiscalizador revivir procesos fenecidos.

Afirma que, la vía de impugnación administrativa se encuentra agotada, según las acciones que consagran los artículos 59 y siguientes de la Ley N°19.880, y recuerda que por medio de su Oficio N°E210780, de 2025 -acto que se impugna en la especie-, la Contraloría General desestimó una reposición con apelación en subsidio deducida en contra de su oficio N°E183705, de 2025, por cuanto por su intermedio se había pronunciado sobre el recurso extraordinario de revisión presentado por el actor, estimándolo extemporáneo, por lo que la instancia administrativa de impugnación sobre el mismo se agotó.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su recurso: 1.- Oficio N°E210780, de 2025; 2.- Oficio N°E183705, de 2025; 3.- Oficio N°E68199, de 2021; 4.- Resolución exenta N°2.168, de 2024; y 5.- Resolución N°2090, de 2025.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo primero del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, lo alegado por presente arbitrio es la resolución de la recurrida contenida en Oficio N°210780 de 10 de diciembre de 2025, la que desestima la presentación del recurrente por existir pronunciamiento sobre el recurso extraordinario del recurrente por el ente controlador, lo que alega el actor ser una denegación de justicia pues rechaza revisar sus antecedentes, quien por medio de actos vulneratorios fue desvinculado de sus funciones de profesor de la I. Municipalidad de Combarbalá en el 2019, y posteriormente en sede laboral se declaró injustificado su despido, lo cual vulnera las garantías constitucionales referidas en su arbitrio, por lo que solicita dejar sin efecto la resolución recurrida, y ordenar a la Contraloría pronunciarse sobre el fondo de lo solicitado.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, deberá tenerse en cuenta que lo alegado por el recurrente es la falta de pronunciamiento del ente Controlador de su recurso extraordinario en contra de lo resuelto en octubre de 2025 por la Contraloría, el cual en diciembre fue desestimado por ya haber emitido pronunciamiento la Contraloría en cuanto al Oficio N°E183705 de 2021.

De lo anterior, esta Corte estima que no habiéndose aportado nuevos antecedentes por el recurrente que hagan variar lo decidido por el ente Controlador en el Oficio N°E183705 de 2021, no puede el actor por medio del recurso extraordinario presentado en junio, pretender generar un nuevo plazo para recurrir nuevamente en contra del referido oficio del año 2021, por lo que esta alegación será acogida, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, por extemporáneo el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°35-2026 Protección