nombre reservado con PREFACTURA DE CARABINEROS COQUIMBO

nombre reservado, nombre reservado

Carabineros de Chile Recurso de Protección Rol N° 349-2022.

La Serena, uno de junio de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 25 de marzo de 2022, comparece doña nombre reservado, ingeniera, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Prefectura de Carabineros Coquimbo, representada por don nombre reservado, Coronel de Carabineros, Prefecto de la Prefectura de Carabineros Coquimbo, con domicilio en domicilio reservado, cruce Peñuelas, comuna de Coquimbo, quien expone que es representante legal de una empresa de seguridad privada y capacitadora de estas mismas materias desde hace más de 13 años a la fecha, que teniendo los conocimientos, experiencia y bagaje en el ejercicio de estas funciones, decidió a partir del mes de mayo del año 2010 desempeñar las funciones como “Capacitadora Natural y Asesora en Materias Inherentes a Seguridad Privada”, tanto en la empresa que representa como en otras entidades del rubro.

Agrega que siendo una actividad supeditada a la fiscalización y control por parte de Carabineros de Chile, “Departamento O.S.10 de Seguridad Privada”, dependiente jerárquicamente de cada Prefectura de Carabineros, al cumplir con los requisitos que establecía la Ley N° 19.329 de 05.09.1994, que modificó el Decreto Ley N° 3.607 de 1981, debía solicitar la autorización pertinente ante la Prefectura de Carabineros Coquimbo, Sección OS10, autorización que posee una vigencia aproximada de dos años y en virtud de la cual le permitía, como capacitadora y asesora en Seguridad Privada, impartir clases en las áreas de “Administración de Seguridad, Protección de Instalaciones, Valores y Ética, Conocimiento de Sistemas de Alarma, Sistema de Comunicación y Enlace y Control de Emergencia”.

Hace presente que según se advierte del contenido de las diversas Resoluciones que se acompañan en el presente libelo y que autorizaban periódicamente y cada dos años sus servicios como asesora y capacitadora en Seguridad privada, emanadas de la Prefectura de Carabineros Coquimbo, a partir del año 2010, estos documentos señalan expresamente que ella “reunía los requisitos de idoneidad Cívica, Moral y Profesional, y al mismo tiempo cumple con las exigencias legales, reglamentarias y administrativas necesarias que exige el sistema de Seguridad Privada, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Prefectura de Seguridad Privada O.S.10 de Carabineros de Chile, para desempeñar las funciones por las cuales solicitaba acreditación…”, de forma que, afirma, reunía y reúne a la fecha los diversos requisitos exigidos por las diversas normas legales que se aplican en la especie, para desempeñar estas funciones.

Expone que por los servicios de docencia y capacitación que se prestan a la fecha, bajo modalidad de una remuneración por las cátedras y horas pedagógicas que se imparten al efecto, constituyen una fuente importante y gravitante de ingresos económicos de la recurrente y de su grupo familiar.

Hace presente que ha desempeñado en forma regular y sin cuestionamiento alguno, habida consideración de lo delicado y específico de las materias en comento, las labores de asesora y capacitadora en Seguridad Privada, reuniendo todos y cada uno de los requisitos legales, desde el mes de mayo de 2010 a la fecha. A mayor abundamiento, señala estar investida del título profesional universitario de Ingeniería en Ejecución en Informática y poseer un diplomado de 442 horas pedagógicas, en Gestión de Seguridad Privada.

Explica que a fines del mes de febrero de 2022, ante la proximidad de la fecha en que debía renovar su autorización bianual (mayo) le comenta otra persona que ejerce las mismas funciones descritas en esta presentación, que Carabineros de Chile habría modificado y alterado los requisitos para desempeñar las funciones como capacitadora y asesora, ante lo cual y con la finalidad de contar con un pronunciamiento oficial al respecto, toda vez que nada se le había comunicado e informado por Carabineros de Chile sobre el particular, presentó una carta para ante el Prefecto de Carabineros Coquimbo con fecha 24 de febrero de 2022, en la que solicitó se informara si era efectivo que se había establecido nuevos requisitos para desempeñar labores de asesora en Seguridad Privada, y si estas nuevas exigencias, de ser efectivas, eran retroactivas o aplicables al futuro, esto es, a las personas que solicitaren en la actualidad, autorización para ejercer estas labores.

Agrega que con la misma fecha (24.02.2022) el Prefecto de Carabineros, Coronel nombre reservado le responde mediante Oficio N° 02, el cual en su acápite inicial expresa textualmente que: “Conforme a los nuevos estándares de acreditación Ud., no podría acreditarse como tal, pese a tener certificado de título de ingeniero en ejecución en informática y un diplomado de 400 horas, en gestión de seguridad privada…” Agregando en su respuesta que, conforme al Decreto Exento N° 261, del año 2020 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que aprueba el “Manuel Operativo en Materias de Seguridad Privada”, el cual establece la denominada “Idoneidad Profesional Adicional”, para el cargo de Asesor en materias inherentes a seguridad privada, se agregó como requisito “poseer título profesional relacionado con el área de seguridad o materias afines”, para luego señalar que sólo pueden ejercer el cargo de Asesor quienes estén investidos de los títulos profesionales de: “ingeniero en ejecución en gestión de seguridad privada, ingeniero en gestión de seguridad privada y vigilancia privada, e ingeniero en seguridad y prevención de riesgos…”.

Continúa explicando que, en consecuencia, y conforme al mérito de lo informado de modo oficial y formalmente por parte de la autoridad fiscalizadora en Seguridad Privada, no se le renovará en mayo de 2022 la autorización para prestar servicios en seguridad privada, por no reunir este nuevo requisito adicional cual es el estar investida de un determinado y específico título profesional (de los 3 mencionados), circunstancia que la privará de una importante fuente de ingreso económico con el cual mantiene a su grupo familiar, sin perjuicio de estimar que dicha exigencia de la autoridad, es arbitraria e ilegal, y discriminatoria, toda vez que, habiendo desempeñado por más de 11 años estas funciones, con esta nueva exigencia, se borra toda su experiencia, entrega, conocimientos y expertice en estas áreas, eliminándose una fuente de ingreso económico con las graves consecuencias que ello implica, se hace una diferencia odiosa, discriminatoria y arbitraria por el solo hecho de no poseer un determinado título profesional, que hasta la fecha no era exigido como requisito habilitante para prestar estas funciones, y que conforme al nuevo criterio, toda su formación profesional y bagaje de conocimientos, son inservibles ahora para que pueda continuar prestando servicios como asesora, causando con ello un grave detrimento no solo económico sino que psicológico y moral, al sentirse inútil e inhabilitada en lo que desempeñaba sin cuestionamiento alguno hasta el momento.

Explica que la Prefectura de Carabineros de Chile Coquimbo, mediante su Oficio N° 02 de 24 de febrero de 2022, ha vulnerado las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República, específicamente aquellas contenidas en el artículo 19 Nos. 1, 2, y 16, por cuanto el actuar ilegal y arbitrario del recurrido se hace evidente al haber dictado esta Resolución en virtud de la cual se le impide continuar prestando servicios como capacitadora y asesora en seguridad privada.

Hace ver que el actuar del recurrido vulnera la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, ya que al privarle de la labor de asesora, se le ocasiona un grave detrimento de carácter moral y sicológico, que redunda en su autoestima, en su buen nombre y prestigio al tener que cesar en sus labores después de haberlas desarrollado durante 11 años ininterrumpidamente y sin cuestionamiento alguno, obligándola a quedar prácticamente en la cesantía, con todo el daño y afección mental y psicológica que ello conlleva.

Estima que además se vulnera con la decisión cuestionada la garantía del artículo 19 N° 2, esto es, la igualdad ante la ley, toda vez que al establecerse un requisito de idoneidad adicional como lo es el estar investido de determinados títulos profesionales para desempeñar el cargo de asesor, obviando con ello la profesión, perfeccionamiento profesional y capacidades que le permitieron a la recurrente, por más de 11 años, el ejercer esta labor, importa manifiesta y groseramente una vulneración de esta garantía de igualdad ante la ley, constituyendo esta exigencia ser odiosa, sectarista, discriminatoria, arbitraria, ilegítima e injusta.

También sostiene la infracción al artículo 19 N° 16, esto es, el derecho a la libertad de trabajo y su protección, vulneración a todas luces que se advierte que en la práctica, a partir del mes de mayo de 2022, fecha en la cual debía renovar la autorización para continuar desarrollando labores de asesora, dado que se le negara esta autorización, causándole con ello el cese de una importante fuente de ingresos económicos para su grupo familiar y su persona, al no poder desarrollar una actividad económica que durante 11 años se le permitió y que a partir de mayo de los corrientes se le prohibirá.

Recalca que en cuanto la nueva exigencia de idoneidad establecida para renovar la autorización pertinente, aun cuando emane, supuestamente, de un acto administrativo (Decreto) de todos modos resulta pertinente y aplicable la acción de Protección para impugnar tanto el acto emanado de la Prefectura de Carabineros Coquimbo, como el acto de autoridad (Gobierno), toda vez que nuestro ordenamiento jurídico no contempla ni regula un procedimiento contencioso administrativo de impugnación, de carácter general que permita a los ciudadanos particulares, controvertir la legalidad o ilegalidad de estos actos administrativos.

Concluye afirmando que el actuar de la recurrida resulta ser un acto discriminatorio, arbitrario e ilegal, sin un sustento y fundamento legal plausible, al no especificar ni fundamentar irredargüiblemente lo resuelto por la recurrida en su Resolución, volviendo así la decisión del todo carente de razonabilidad y, por ende, arbitraria, afectando sus derechos constitucionales fundamentales en los términos expuestos.

En definitiva, solicita que, previa tramitación de rigor, se acoja la acción de protección deducida, se declare ilegal y arbitraria la resolución impugnada, y, en definitiva, se disponga que se deje sin efecto, y con ello permitir a la recurrente continuar prestando sus servicios en calidad de asesora y capacitadora en materias inherentes a la seguridad privada.

SEGUNDO: Que, con el fin de sustentar su recurso, la recurrente acompañó los siguientes antecedentes: 1.- Carta de fecha 24 de febrero de 2022 por la cual se solicita un pronunciamiento explícito y formal a la Prefectura de Carabineros Coquimbo, sobre la veracidad de nuevos requisitos y fecha de aplicación de la misma; 2.- Oficio y/o Resolución N° 02 de fecha 24 de febrero de 2022, de la Prefectura de Carabineros Coquimbo, por la cual se informa procedencia de nuevos requisitos de título profesional, y negativa a nueva acreditación y autorización; 3.- Autorización de fecha 13 de mayo de 2010, firmada por el Coronel de Carabineros nombre reservado, para desempeñar labores de capacitadora y asesora en seguridad privada, hasta el 15 de mayo de 2012; 4.- Autorización de fecha 07 de junio de 2012, firmada por el Coronel de Carabineros nombre reservado, para desempeñar labores de capacitadora y asesora en seguridad privada, hasta el 15 de junio de 2014; 5.- Autorización de fecha 19 de mayo de 2014, firmada por el Coronel de Carabineros nombre reservado, para desempeñar labores de capacitadora y asesora en seguridad privada, hasta el 15 de junio de 2016; 6.- Autorización de fecha 02 de junio de 2016, firmada por el Coronel de Carabineros nombre reservado, para desempeñar labores de capacitadora y asesora en seguridad privada, hasta el mes de junio de 2018; 7.- Autorización de fecha 07 de junio de 2018, firmada por el Coronel de Carabineros nombre reservado, para desempeñar labores de capacitadora y asesora en seguridad privada, hasta el mes de junio de 2020; 8.- Resolución N° 053 de 19 de mayo de 2020, firmado por el Coronel nombre reservado, por la cual autoriza desarrollar labores como Capacitadora a la recurrente; 9.- Resolución Exenta N° 31, de 19 de mayo de 2020 firmado por el Coronel nombre reservado, por la cual autoriza desarrollar labores como Asesora en materias inherentes a seguridad Privada a la recurrente; 10.- Resolución Exenta N° 32, de 19 de mayo de 2020 suscrita por el Coronel nombre reservado, por la cual autoriza desarrollar labores como Capacitadora en materias inherentes a seguridad Privada a la recurrente e impartir docencia y capacitación en las cátedras que en esta resolución se especifican; 11.-Copia de Título Profesional de Ingeniero en Ejecución en Informática de la recurrente, otorgado por la Universidad Santo Tomás, debidamente legalizado ante la Notario Suplente del Interino, Paulina Plaza Pastén de la 2ª. Notaría de La Serena; 12.- Copia de Diploma otorgado por la Universidad del Mar, por el cual da cuenta de haber aprobado el Diplomado en “Gestión de Seguridad Privada” por esta recurrente, debidamente legalizado ante la Notario Suplente del Interino, Paulina Plaza Pastén de la 2ª. Notaría de La Serena.

TERCERO: Que, evacuando el informe de rigor don nombre reservado, Coronel de Carabinero, Prefecto de Coquimbo y Jefe de la Autoridad Fiscalizadora Regional Coquimbo, exponiendo que en la acción de protección interpuesta se alega en su parte pertinente, el haber visto conculcadas las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1 “Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, N° 2 “Igualdad ante la Ley” y N° 16 “Libertad de trabajo y su Protección”, lo anterior a raíz de la Nota de Respuesta Nro. 02, de fecha 24.02.2022 por medio de la cual el Prefecto y Jefe de la Autoridad Fiscalizadora que informa, otorgó formal respuesta a su presentación de fecha 24.02.2022, en la que la recurrente de autos, en su calidad de representante legal de la Empresa “Capacitación en Seguridad Privada nombre reservado E.I.R.L.”, Rol Único Tributario Nro. 76.089.992-5, consultó sobre la efectividad en la modificación de los requisitos relativos a la “Idoneidad Profesional Adicional” al cargo de Asesor, como asimismo solicitó conocer, cuáles son los títulos profesionales relacionados con el área de seguridad privada o “materias afines” que, en adelante, serán exigidos para efectos de conceder la autorización para desarrollar labores inherentes a la seguridad privada en calidad de Asesor, y si de ahora en más, dichos requisitos serán igualmente exigibles respecto de aquellas personas que, tal como es su caso, se encuentran próximas a la renovación de sus correspondientes acreditaciones.

Explica que mediante nota de respuesta Nro. 02, de fecha 24.02.2022, se le informó a la recurrente sobre la aclaración, y por consiguiente modificación, introducida por la Resolución Nro. 4070, de fecha 20.10.2021, de la Prefectura Seguridad Privada (O.S.10), dependiente de la Zona de Seguridad Privada Control de Armas y Explosivos, respecto de cuáles son los títulos profesionales relacionados con el área de seguridad privada o “materias afines”, señalados en la exigencia de “Idoneidad Profesional Adicional” para el cargo de Asesor, indicando que para el caso de mediar una nueva solicitud de autorización, o renovación de aquella, el interesado deberá reunir los mencionados requisitos. En ese sentido, queda en evidencia que la referida misiva en ningún caso constituye un acto administrativo decisorio, sino que, por el contrario, es de carácter meramente informativo, cuyo objeto no fue otro que ilustrar e informar acertadamente a la recurrente, acerca de la normativa reglamentaria vigente y aplicable al particular.

Continúa explicando que en lo concerniente al marco normativo que regula la materia en comento, es menester señalar que para efectos de determinar los requisitos y/o condiciones que, en la especie, y cualquier persona, deberá reunir a objeto de acreditarse en calidad de “ASESOR” en materias inherentes a seguridad privada, se deberá estar a la normativa que regula la actividad y que identifica concretamente.

Explicita que el inciso final del Artículo 3° de la Ley Nro. 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, dispone que esa institución tendrá a su cargo, en la forma que determine la ley, la fiscalización y el control de las personas que desarrollen actividades de vigilancia privada.

Acorde a lo anterior, el Artículo 5° bis del Decreto Ley Nro. 3.607, de 1981, dispone que las personas naturales o jurídicas que realicen o tengan por objeto desarrollar labores de asesoría o de capacitación de vigilantes privados, deberán contar con la autorización previa de la Prefectura de Carabineros, y acreditar su idoneidad cívica, moral y profesional.

Hace presente que en armonía con lo dispuesto en el Artículo 4° del Decreto Supremo Nro. 867 de 2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y atendida la necesidad de sistematizar la normativa vigente en materia de seguridad privada, mediante Decreto Exento Nro. 261, del 27 de febrero de 2020, de la misma cartera de Estado, se aprobó el “Manual Operativo en Materias de Seguridad Privada”.

Explica que como se expresa en la introducción de este último texto normativo, con la dictación de los referidos decretos que establecen nuevos estándares de seguridad privada, se pretende mejorar la calidad de vida de las personas, robusteciéndose los mecanismos de seguridad y protección de aquellas y de sus bienes, dotando tanto a los componentes de la seguridad privada como a la autoridad fiscalizadora, de una útil herramienta tanto para desarrollar actividades de seguridad privada como para ejercer el rol fiscalizador y de control de las respectivas autoridades fiscalizadoras a nivel nacional.

Especifica que en su Acápite II, Nro. 1 “De las personas naturales que prestan servicios en materia de seguridad privada”, prevé que la totalidad de las personas naturales que desarrollen actividades inherentes a la seguridad privada, deben cumplir los requisitos generales allí previstos, sin perjuicio de los que dicho manual exija de forma particular, al tratar la idoneidad profesional adicional de cada cargo.

Detalla que el cargo de Asesor se encuentra definido en el punto 6 del Numeral viii, del Nro. 1, del mencionado Acápite II, exigiendo como requisitos para acreditar la “Idoneidad Profesional Adicional” para aquel, el poseer título profesional relacionado con el área de seguridad o materias afines y un diplomado en materias inherentes a seguridad privada o gestión de seguridad empresarial, otorgado por una entidad de estudios superiores, reconocida por el Ministerio de Educación, exceptuando del aludido diplomado a quienes acrediten están en posesión del título profesional de Ingeniero en Seguridad privada o el Magíster en Seguridad Privada.

Comenta que, para desarrollar actividades inherentes a la seguridad privada, se debe contar con una autorización otorgada por la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros de Chile, previa acreditación de las exigencias y el cumplimiento de los requisitos tanto generales como especiales previstos en el referido Decreto Exento Nro. 261, de 2020.

Hace presente que a propósito de la necesidad de establecer un criterio a nivel nacional, de cuáles son los “Títulos Profesionales” relacionados con el área de seguridad o “materias afines”, lo que propendería a clarificar la regulación normativa, como asimismo, la resolución y ejecución bajo un justo criterio de los requerimientos de acreditación como Asesores de Seguridad privada; y atendidas las facultades de las que está revestido el Prefecto de la Prefectura de Seguridad Privada (O.S.10), conforme a lo dispuesto en la Orden General Nro. 2.673, de fecha 25.07.2019, de la Dirección General de Carabineros, que señala dentro de sus funciones dirigir, orientar técnica y jurídicamente las funciones que le competen a las Autoridades Fiscalizadoras del país, es que mediante Resolución Nro. 4070, de fecha 20.10.2021, de la Prefectura de Seguridad Privada (O.S.10), dependiente de la Zona de Seguridad Privada Control de Armas y Explosivos, y que se encuentra disponible para conocimiento público en el portal web de la mencionada Zona de Seguridad privada (www.zosepcar.cl) resolvió aclarar, que los títulos profesionales relacionados con el área de seguridad o “materias afines” señaladas en la exigencia de “Idoneidad Profesional Adicional”, específicamente para el cargo de Asesor en materias inherentes a Seguridad Privada, son: a.-Ingeniero de ejecución en gestión de seguridad privada; b.- Ingeniero en gestión de seguridad privada y vigilancia privada; c.- Ingeniero en seguridad y prevención de riesgos; d.- Ingeniero en prevención de riesgos; e.- Para el caso de los ex miembros de las fuerza armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, se exigirá el título de oficial egresado de las FF.AA., de las Fuerzas de Orden y Seguridad pública o de Gendarmería de Chile.

Destaca que el referido Decreto Exento Nro. 261, de 202, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, en su Acápite II, Numeral 7, sobre “CAPACITADOR”, refiere que éste último “Es aquella persona que tiene como función instruir a los restantes componentes del sistema de seguridad privada, a saber, vigilantes privados, guardias de seguridad, conserjes, nocheros, porteros, rondines u otros de similar carácter, tanto en aspectos teóricos como prácticos para desarrollar labores de seguridad y protección, para lo que deberá demostrar conocimientos suficientes en el ámbito de la seguridad privada que instruya”.

“Los capacitadores deberán demostrar ciertos conocimientos en el ámbito de la seguridad privada para efectos de obtener una autorización de la autoridad fiscalizadora competente para instruir a los restantes componentes del sistema de seguridad privada”.

Agrega que el Numeral 7.2, regula la “Idoneidad profesional adicional para el cargo”, consignando los requisitos que se deben reunir para tales efectos, mientras que el Numeral 7.3 contempla los requisitos educacionales que los capacitadores deberán reunir, de acuerdo al curso de capacitación que impartan, siendo estos los que a continuación se detallan; a.- Conocimientos legales: Acreditar a lo menos 8 semestres aprobados en materias legales de nivel universitario; b.- Prevención de Riesgos y Control de emergencia: Poseer conocimientos y experiencia en materias de seguridad propia de esta especialidad. Ser ingeniero o técnico en prevención de riesgos, además debe presentar certificación del Seremi de Salud; c.- Administración de Seguridad: Poseer conocimientos académicos y experiencia en materias propias de esta especialidad (Diplomado superior a 400 hrs); d.- Protección de Instalaciones: Poseer conocimientos académicos y experiencia en materia propia de esta especialidad. Ser ingeniero o técnico en prevención de riesgos, además debe presentar certificación del Seremi de Salud; e.- Valores y Ética: Poseer conocimientos académicos y experiencia en materias propias de esta especialidad; f.- Conocimiento en Sistema de Alarma: Poseer título académico profesional o técnico con especialidad en la materia; g.- Sistema de comunicación y Enlace: Poseer título académico (profesional o técnico) con especialidad en la materia; h.- Primeros Auxilios: Poseer título académico profesional o técnico con especialidad en la materia de Primeros Auxilios; i.- Arma y Tiro: Tener experiencia y/o conocimiento demostrado a través de un examen a rendir en la zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos o antes organismos Institucionales autorizados por Carabineros de Chile; j.- Instrucción Física: Poseer título académico (profesional) en Educación Física, otorgado por entidades reconocidas por el estado; k.- Defensa personal: Poseer título académico en materias, de defensa personal o artes marciales y estar inscrito en el organismo competente que regula esta materia (Dirección General de movilización DGM.), además deberá ser evaluado por personal especializado de Carabineros de Chile; l.- En caso de Extranjeros: Para acreditar la validación de sus estudios equivalentes a la formación técnica o profesional, debe hacerlo, mediante el certificado de estudios debidamente legalizado por el Ministerio de Educación o la Autoridad competente del País. Para la homologación, de Títulos deberá hacerlo en la Universidad de Chile. (Documento debe ser protocolizado. De acuerdo a la Convención de la Haya del 5 de octubre del 1961.)

Hace presente que la acción impetrada por la recurrente es de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinaria, sumarísima de tutela de derechos fundamentales, cuya finalidad es reestablecer el imperio del derecho en aquellos casos en que ocasione una vulneración clara y efectiva a las garantías constitucionales. En consecuencia, y dado el carácter perentorio que tiene el recurso interpuesto, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio.

Explica que como quedara de manifiesto en el numeral 2 del presente informe, el acto recurrido de protección (Nota de Respuesta Nro. 02, de fecha 24.02.2022), bajo ninguna perspectiva resulta ser un acto de naturaleza declarativa o decisoria, sino más bien, corresponde una misiva que el Prefecto y Jefe de la Autoridad Fiscalizadora infrascrito, suscribió con la finalidad de otorgar formal respuesta a la presentación efectuada con idéntica data por la recurrente de autos, como asimismo, ilustrar e informar adecuadamente respecto de la aclaración, y por consiguiente modificación, introducida por la Resolución Nro. 4070, de fecha 20.10.2021, de la Prefectura Seguridad Privada (O.S.10) respecto de cuáles son los títulos profesionales relacionados con el área de seguridad privada o “materias afines”, señalados en la exigencia de Idoneidad Profesional Adicional para el cargo de Asesor. En ese sentido, queda en evidencia que tanto la referida Resolución Nro. 4070, como asimismo, la Nota de Respuesta Nro. 02, esta última la cual se remite en todas sus partes a las disposiciones del mencionado acto administrativo emitido por la Prefectura Seguridad Privada (O.S.10), persiguen como única finalidad, y al contrario de lo sostenido por la actora en su acción de protección, propender a clarificar la regulación normativa en referencia, resolviendo y ejecutando bajo un justo criterio y justicia, los requerimientos de acreditación como Asesores de Seguridad Privada.

Concluye de lo expresado que no es posible entonces advertir que el acto reprochado, el cual ya resulta cuestionable como foco del presente recurso (no es un acto administrativo decisorio propiamente tal), se erija en ilegal o arbitrario, esto último por basarse en el capricho de la respectiva autoridad Institucional; sin que se observe tampoco, en consecuencia, una afectación antijurídica de los derechos fundamentales invocados por la recurrente como conculcados, por cuanto a la presente fecha, no ha mediado ninguna solicitud de renovación o habilitación presentada formalmente por la interesada, más allá de la mera consulta efectuada, de suerte que no se ha demostrado en el recurso de autos, que la recurrente haya sido objeto de un trato discriminatorio en relación a alguna otra persona que, puesta en similar condición, no haya quedado sometida a las nuevas exigencias previstas por la autoridad competente para efectos de tramitar su autorización, o renovación de la correspondiente acreditación como Asesor o Capacitador en materias inherentes a seguridad privada.

Agrega que a la fecha del informe, no consta que la recurrente haya presentado formalmente ante esta Autoridad Fiscalizadora, y por los conductos regulares previstos para tales efectos, la correspondiente solicitud de renovación de su acreditación para continuar desempeñándose como Asesora, o en su defecto, como Capacitadora en materias de Seguridad Privada, lo que por consiguiente hace concluir inequívocamente, que no obstante existir un formal procedimiento que regula la tramitación de la mencionada solicitud, el que además contempla las respectivas instancias recursivas en sede administrativa, la actora ha resuelto recurrir de protección en contra de un acto que tal como se señaló precedentemente, se confeccionó con un carácter meramente informativo, y cuyo objeto no fue otro que el de ilustrar acerca de la normativa reglamentaria en torno al asunto en examen.

Explica que conforme a las Resoluciones Nos. 31 y 32, ambas de fecha 19.05.2022, de la Prefectura de Carabineros Coquimbo, por medio de las cuales se autoriza a la Srta. nombre reservado, como Asesora y Capacitadora en materias inherentes a seguridad privada respectivamente, la recurrente de autos permanece a la fecha del presente informe, válidamente autorizada, y por consiguiente, habilitada para desempeñarse en ambos aspectos, en tanto la referida autorización tiene vigencia hasta el mes de Junio de 2022, fecha en la que la interesada deberá presentar la documentación pertinente, ante esta Autoridad Fiscalizadora, para tramitar su correspondiente renovación.

Afirma, de esta forma, que la cuestión promovida no es de aquellas que compete ser dilucidada a través del ejercicio de la acción cautelar extraordinaria, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos preexistentes e indubitados, que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en posición de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre. En consecuencia, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente, por cuanto para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, cuestión que evidentemente no se materializa en el caso escrutado, toda vez que la respuesta en contra de la cual se recurre, no produce los efectos jurídicos esgrimidos como afectación, al no tratarse de un acto administrativo terminal o decisorio.

Sintetiza que en orden a las consideraciones expuestas, y habida consideración a que la hipótesis de la recurrente es del todo errónea, al verificarse la ausencia de uno de los requisitos esenciales de la acción constitucional diferida, cual es la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales cautelados mediante este recurso, se concluye que no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio que permitan acreditar y sustentar el presente Recurso de Protección, por lo que se solicita tener por informado el recurso y, en definitiva, declarar que se rechace, con expresa condenación en costas.

CUARTO: Que el recurrido incorporó, conjuntamente con su informe, los siguientes documentos: 1.- Resolución Nro. 4070, de fecha 20.10.2021, de la Prefectura Seguridad Privada (O.S.10), dependiente de la Zona de Seguridad Privada Control de Armas y Explosivos; 2.- Orden General Nro. 2.673, de fecha 25.07.2019, de la Dirección General de Carabineros de Chile, que aprueba la Directiva de Organización y funcionamiento de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos”, y 3.- Decreto Exento Nro. 261, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el Manual Operativo en Materias de Seguridad Privada.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es concebido como una acción cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos, perturbaciones o amenazas que puedan experimentar en su legítimo ejercicio ello como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Constituyen presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental y, c) que dicho derecho esté contemplado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Cumplidos los presupuestos antes singularizados, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, los tribunales competentes pueden adoptar las medidas de resguardo o providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, ello sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEXTO: Que como se desprende de lo expresado, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza. La referida acción u omisión arbitraria o ilegal debe traer, como consecuencia, algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, es decir, una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho fundamental contemplado expresamente por la Carta Fundamental, de forma tal que, en definitiva, se exige una relación de causalidad entre el comportamiento arbitrario o ilegal y la afectación del derecho fundamental, consideración que resulta necesaria para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, en el caso concreto, el acto que se estima ilegal y arbitrario causante de la afectación y/o amenazas a los derechos fundamentales que se afirman amagados – el oficio o nota de respuesta N° 02 de 24 de febrero de 2022- corresponde a una comunicación dirigida desde la Prefectura de Carabineros de Coquimbo a la recurrente en que se le informa, a su requerimiento, la modificación del régimen normativo y de las exigencias profesionales, técnica y otras para poder optar a la autorización periódica que se exige para prestar las funciones y/o labor de Asesor en materias inherentes a la seguridad privada y al de Capacitador en la misma área, modificación de exigencias que, además, es consecuencia de una modificación en la regulación normativa de la actividad respectiva. Por consiguiente, se desprende claramente que no se está frente a un acto administrativo terminal y ni siquiera de tramitación, sino más bien de un acto informativo del referido cambio normativo y de las exigencias que se establecieron para el desarrollo de una labor regulada.

OCTAVO: Que, estando frente a un acto meramente informativo, que carece, por tanto, de una decisión formal emitida por el Prefecto de Carabineros de Coquimbo que importe una declaración de voluntad de un órgano administrativo, no es posible colegir que el oficio o nota de respuesta N° 02 de 24 de febrero de 2022, objeto de la acción de protección, importe o traiga aparejada la afectación o una amenaza a los derechos fundamentales que la actora de protección afirma amagados, quien, no ve afectados sus derechos fundamentales por la mera comunicación del cambio de estatuto normativo y/o exigencias profesionales y/o técnicas para obtener las autorizaciones que requiere para el desarrollo de su actividad, más aún si no existe constancia en estos autos que la recurrente haya solicitado una nueva autorización y ésta haya sido negada por el cambio de normativa y/o exigencias. En efecto, la simple comunicación de la modificación de la regulación y de las exigencias técnico-profesionales, en nada afecta los derechos fundamentales que se afirman lesionados o, al menos, amenazados. Cosa diversa ocurriría si, en definitiva, por el cambio de esta regulación, se niega la autorización, evento en el cual, si pudiese, hipotéticamente, configurarse una posible afectación de algún derecho fundamental, ello si sujeto a la previa existencia de un acto ilegal y/o arbitrario y sin perjuicio del ejercicio de otros mecanismos o medios administrativos que puedan resolver el eventual conflicto por una vía diversa de la presente acción de urgencia.

NOVENO: Que, conforme se viene razonando, indefectiblemente la presente acción de protección no podrá prosperar, dado que se ejerce sobre un acto meramente informativo y que, por su propia naturaleza, carece de un contenido decisorio, y por tanto no tiene la capacidad de afectar los derechos fundamentales que la actora estima vulnerados.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Prefectura de Carabineros Coquimbo, representada por don nombre reservado, Coronel de Carabineros, Prefecto de la Prefectura de Carabineros Coquimbo.

Redacción del abogado integrante, don Enrique Labarca Cortés.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 349-2022 Protección.