nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado y otros nombre reservado

Recurso de Protección Rol N°348-2025.- La Serena, veintiséis de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Matías Ignacio Piffardi Salamanca y don Daniel Elías Flores Bruna, abogados, recurren de protección en favor de doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, en su calidad de explotador de la faena minera La Morada, ubicada en la localidad de Combarbalá, alegando en principio vulneración de sus garantías constitucionales contempladas en los numerales 1 y 18, y además en el numeral 24, agregado posteriormente, del artículo 19 de la Constitución Política.

Exponen que el 4 de febrero de 2025 don nombre reservado, en compañía de los vecinos don nombre reservado y don nombre reservado, subieron a visitar las vertientes de la Quebrada de Tenca, constatando que la minera La Morada estaba haciendo uso ilegal de las aguas de la quebrada y utilizaban esta quebrada para desechar material, provocando contaminación de las aguas que corren en dirección a la comunidad, realizando extracción ilegal mediante la utilización de una manguera de polietileno que funciona ininterrumpidamente.

Destaca la importancia que reviste el agua para los vecinos, siendo afectados incluso por el transitar constante de los camiones mineros, donde han eliminado numerosas plantas y arbustos, incluidas numerosas plantas de Chagual, autóctona de la zona, encontrándose los habitantes de la zona expuestos a contaminación producida por la polución o polvo en suspensión, lo que se traduce en una densa nube de polvo permanente, material particulado que infringe estándares internacionales y los principios rectores en materia ambiental.

En este contexto, destacan lo dispuesto en el Decreto Supremo 12/11 del Ministerio de Medio Ambiente, el cual establece la Norma Primaria de Calidad Ambiental para Material Particulado Fino Respirable MP 2,5, que determina los valores máximos de las concentraciones de contaminantes en un 20 ug/m3 como concentración anual y 50 ug/m3, como concentración de 24 horas, y hace suyos los estudios realizados por la OMS en sus guías de calidad del aire, así como el principio rector en materia ambiental, que impone una actuación anticipada, incluyendo las situaciones en que no se cuenta con la certeza absoluta de los efectos que un determinado hecho puede tener para el medio ambiente, ante la existencia de un peligro de daño grave e irreversible y la falta de certeza científica absoluta, resaltando que no existe constancia ni datos sobre la explotación de la mina en cuestión, ya que no existe ningún procedimiento ambiental tanto en sede administrativa como en sede judicial, por lo que desconocen cuales son los estándares científicos en que trabaja la faena.

Afirman que la minera no ha dado cumplimiento a ninguna normativa sectorial, por lo que su explotación y faena transgrede gravemente las garantías constitucionales de sus representados, no existiendo organismo público alguno que verifique la explotación, los niveles de contaminación y sus acciones o medidas preventivas o reparatorias del medio ambiente, y de las poblaciones aledañas.

Alegan, igualmente, que la falta de presencia de la autoridad medio ambiental ha generado una perturbación en su derecho a la integridad psíquica, que no dice relación con los niveles de micrones en el aire, sino que, con el justo temor de una amenaza para su vida, integridad física y a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, más cuando la extracción ilegal del agua se realiza sobre un bien escaso, y la quebrada para estas comunidades es su única fuente de extracción.

Junto con invocar estándares internacionales y normativa sectorial, alegan infracción de garantías constitucionales de integridad física y psíquica, de propiedad y derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, destacando que la conducta de la recurrida constituye un acto de autotutela, proscrito por el ordenamiento jurídico.

Solicitan:

Que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las omisiones de la recurrida.

Que se declaren infringidos los derechos constitucionales a la integridad física y Psíquica, proscripción de la autotutela, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19, numerales 1, 3, 8 y 24 respectivamente, de la Constitución Política de la República.

Que se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela de los derechos fundamentales vulnerados, poniendo fin a las omisiones ilegales y arbitrarias descritas con antelación respecto de las personas afectadas, particularmente solicitando:

a. Suspensión y/o paralización de las operaciones de Minera La Morada en la zona, mientras se mantenga el acto ilegal o arbitrario que genera los niveles de polución por sobre las guías de la OMS.

b. En subsidio, en virtud del principio precautorio, la paralización de las operaciones de Minera La Morada o lo que se estime pertinentes en orden a adoptar medidas de no repetición de los episodios denunciados, que como se ha demostrado, se mantienen a la fecha.

Acompañan los siguientes documentos: 1. Copia de inscripción de propiedad y derechos de aprovechamiento de aguas de doña nombre reservado; doña nombre reservado; doña nombre reservado; don nombre reservado y doña nombre reservado. 2. Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, actualización año 2015. 3. Set de registros fotográficos.

SEGUNDO: Que evacua el informe requerido Javier Eduardo Núñez Michea, abogado, en representación del recurrido, quien pide el rechazo de la acción.

Sostiene que las alegaciones imputadas son falsas y carentes de proporcionalidad y de legalidad, pues se basan en fotografías que fueron generadas dentro de la mina y sin autorización de su representado, siendo generadas por un ingreso ilegal a una propiedad que es privada.

Afirma que la extracción de agua, que funciona en la mina, se sustenta en nacimientos de agua utilizados para sus fines propios de la mina, controvirtiendo la expulsión de material, que es propios de grandes mineras, precisando que las extracciones no generan polvo en suspensión, porque las tronaduras se realizan dentro de la mina a más de cien metros de profundidad.

Arguye que el recurso es inadmisible, toda vez que los hechos alegados, según los recurrentes, fueron advertidos un 4 de febrero, sin embargo, dicho día corresponde a un día martes, y la mina se encuentra en labores de lunes a viernes, prohibiéndose el ingreso a la mina atendida la utilización de explosivos debidamente autorizados, por lo que los recurrentes indican dicho día solo para ajustarlo al plazo de interposición del recurso.

Hace presente que la recurrente doña nombre reservado trabaja en la mina hace más de un año y vive junto a ella, concluyendo que tuvo conocimiento de los hechos hace más de un año.

Argumenta que esta Corte es incompetente para conocer de la acción, toda vez que la materia es propia y de competencia de los tribunales ambientales, conforme lo previsto en la Ley 19.300, más cuando la explotación minera fue debidamente aprobada por SERNAGEOMIN, lo que descarta ilegalidad en su ejecución.

Descarta, igualmente, la vulneración de la garantías referidas, en cuanto la petición de los recurrentes no es clara ni concreta, debido a que no están determinadas con base a la contaminación ambiental atribuida de forma arbitraria e ilegal a la explotación minera, sin que existan elementos tóxicos atribuidos a la planta chancadora que sean desechados en la quebrada, pues no existen dichas labores en la explotación de la mina de su representado, controvirtiendo, igualmente, que la extracción de agua coincida con la faena, en razón de que se alega una supuesta contaminación.

De lo anterior concluye una falta de legitimación activa, más cuando existen relaciones de cooperación y comunicación entre su representado y la comunidad, reiterando que no puede existir arbitrariedad o ilegalidad en un proyecto de explotación, si fue aprobado por la institución que corresponde a la materia.

Dando cuenta de brotes naturales de agua en los caminos aledaños, niega la existencia de partículas en suspensión que afecten el medio ambiente y a la salud humana, sin que exista ninguna evaluación de impacto ambiental que permita medir o establecer la existencia o no de partículas en suspensión, y que a su vez dicha evaluación profesional atribuya como nexo causal que el origen de su eventual existencia sea la explotación de la Mina Los Morados, desconociendo los actores las labores que se han realizado en beneficio de los propios vecinos, como el riego constante de los caminos, a costa de su representado, y limpieza de pozos sin costo.

Agrega que la mina La Morada no es una mina a tajo abierto, reiterando que las tronaduras se producen a más de cien metros de profundidad, en condiciones de humedad, por lo que no pueden citarse normas generales de polución o de partículas en suspensión para una explotación que no las produce, más cuando se trata de pequeña minería.

Indica, en cuanto a la supuesta contaminación de agua, que este recurso es obtenido por los propios nacimientos de la mina y por compra a camiones aljibe, reiterando la inexistencia de contaminación del aire y agua, que los antecedentes fotográficos son ilegales e inconstitucionales, siendo inadmisible la interposición de la acción, pidiendo el rechazo del recurso.

Solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de proyecto de explotación minera “LOS MORADOS”, de faena minera “LA MORADA del 1 al 20”, ubicada en el sector de Quebrada de Tenca, en la comuna de Combarbalá, de fecha 10 de junio del año 2024, en virtud de Resolución Exenta N°0422/2024/. 2. Copia de factura electrónica de Tuberías de aire, de fecha 27 de enero de 2025. 3. Declaraciones juradas de don nombre reservado y don nombre reservado, terceros testigos de las labores de explotación minera La Morada, de fecha 17 de abril de 2025, ante Notario Público interino de Combarbalá. 4. Copia de Patente de Faena La Morada 5. Copia de factura electrónica de fecha 22 de abril de 2025, de última compra de agua para La Morada, emitida por don nombre reservado. 6. Copia de compra de explosivos para la explotación minera.

TERCERO: Que según se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, igualmente se ha sostenido que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que son presupuestos de esta acción cautelar: a.- que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible al recurrido; b.- que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c.- que dicho derecho esté señalado en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y d.-que exista posibilidad de que el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea, pueda adoptar las medidas de protección o cautela adecuada para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SEXTO: Que el recurrido, esto es don nombre reservado, en primer término invoca la inadmisibilidad del recurso de protección, fundado en que, si bien los recurrentes indican en el libelo recursivo que con fecha 04 de febrero de 2025, los vecinos recurrentes de la localidad advierten los hechos que se exponen, y que son materia de dicho recurso, ello es falso, ya que el día 4 de febrero corresponde a un día martes, hecho relevante puesto que la mina se encuentra en labores de lunes a viernes, encontrándose tanto trabajadores al interior como fuera de la mina, por lo que se prohíbe cualquier ingreso a ella, ya que ello naturalmente constituye un riesgo imprudente de quien lo hace, en el contexto de las labores que se realizan, y que requiere la utilización de explosivos debidamente autorizados, indicándose dicho día solo para ajustarlo a la admisibilidad del presente recurso de protección.

SEPTIMO: Que de acuerdo al numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y falle del Recurso de Protección, dicho recurso debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la “ejecución del acto” o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará contar en autos.

Al respecto cabe señalar, que según se ha sostenido, dicho plazo no empieza a correr si el acto que se atribuye al recurrido, aún se mantiene en ejecución, esto es no cesa, de manera que, en la especie, en el evento de que los actos que se atribuyen al recurrido, a decir de los recurrentes, aún se mantienen, mal puede declararse inadmisible el recurso de protección en referencia.

Por lo que cabe concluir, que el presente recurso de protección no se ha interpuesto en forma extemporánea, sino que oportunamente.

OCTAVO: Que dilucidado que el recurso de protección se ha interpuesto oportunamente, cabe señalar que, en la especie, los recurrentes atribuyen a la recurrida los siguientes hechos:

a.- Que la minera La Morada, está haciendo uso de forma ilegal de las aguas de la Quebrada de Tenca, sin contar con derecho alguno, recurso hídrico que es un bien escaso y la quebrada para esta comunidades es su única fuente de extracción de agua, y además utiliza la Quebrada en cuestión para desechar todo el material, provocando con ello, contaminación de las aguas que corren hacía abajo en dirección de la comunidad, de la que “los recurridos” son vecinos, extracción ilegal del agua que se realiza mediante la utilización de una manguera de polietileno de ½”, que funciona 24/7, la cual se saca desde los brazos que dan origen a la Quebrada de Tenca, mismo brazo que sirve para verter el agua que se extrae de un proceso minero, la cual va con sedimentos y se está depositando directo en la quebrada, mientras que el material sólido de otro brazo que da origen a la Quebrada, está rellenando el origen de la vertiente, agua que es de vital importancia para la vida de los vecinos, dado que dicha Quebrada se utiliza para riego de plantas, consumo por parte de animales, y uso domiciliario, tanto para consumo como también en cocina y aseo.

b.- Que la minera La Morada nunca ha regado caminos o implementado algún plan de mitigación del polvo generado por el tránsito de los vehículos, o por el trabajo en la faena, por lo que las casas de los recurridos que se encuentran cercanas al lugar reciben diariamente el polvo que originan los camiones y camionetas al pasar, encontrándose los habitantes y los recurrentes expuestos a contaminación producida por la polución o polvo en suspensión de dicha minera, amaneciendo todas las mañanas con una nube de polvo que se propaga por el viento de cordillera, y que emana de la producción mineral, de la extracción, del funcionamiento del Chancao, de las tronaduras en los cerros, y de la carga y traslado de camiones, lo que además afecta los matorrales y pasto, de los cuales se alimenta el ganado caprino.

c.- Que la minera La Morada ha implementado caminos en donde han eliminado numerosas plantas y arbustos, incluidas numerosas plantas de Chagual, autóctona de la zona.

d.- Que el recurrido nombre reservado, ha incurrido en actos graves de omisión de control de material particulado, con prescindencia del cumplimiento de la regulación ambiental, así como la ausencia de mitigación, que han provocado la contaminación diaria de la localidad ya indicada, lo que se traduce en una densa nube de polvo, resultante de las operaciones de la faena minera, bruma matutina, que más allá de los aspectos técnicos, les provoca distintas reacciones físicas, como tos y ardor en los ojos.

e.- Que la minera La Morada no ha dado cumplimiento a ninguna normativa sectorial, por ende, su explotación y faena transgrede gravemente las garantías constitucionales de los recurrentes, no existiendo organismo público alguno que verificará la explotación, los niveles de contaminación y sus acciones o medidas preventivas o reparatorias del medio ambiente y de las poblaciones aledañas, por lo que este actuar fuera de la norma resulta atentatorio a la salud de los recurrentes.

NOVENO: Que, los hechos anteriormente descritos consignados en el libelo recursivo y que se le atribuyen al recurrido, han sido controvertidos por este último en el respectivo informe que ha evacuado al efecto , por lo que la eventual extracción ilegal de aguas, la eventual alteración del medio ambiente, las eventuales contaminaciones derivadas de la actividad minera realizada por la recurrida y el eventual incumplimiento de normativas sectoriales, no pueden ser debatidos en un recurso de protección, en cuya tramitación, según el respectivo auto acordado, no se considera un término probatorio, sin que se adviertan por lo demás elementos de juicio que permitan dilucidar la efectividad de dichos hechos, y que, por ende, no es posible de ser resueltos en esta sede, la cual se caracteriza por ser un procedimiento cautelar, de emergencia y excepcional, de manera que los supuestos fácticos que sirven de base a la acción intentada deben ser claros, nítidos y no discutidos, o bien susceptibles de ser dilucidados con los antecedentes puestos a disposición de esta Corte, lo cual no ocurre en la especie, todo lo cual permite sostener, en consecuencia, que en este caso no existen derechos indubitados de que sean titulares los recurrentes y que a su vez sean susceptibles de ser tutelados por esta vía, lo cual abona el rechazo del recurso, no pudiendo determinarse a priori si se está en presencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, debiendo promoverse la discusión en la sede que corresponda, incluso en aquella donde los recurrentes y recurrido puedan hacer uso de todos los derechos que garanticen la controversia, y rendir las pruebas que correspondan.

Así, según sea el caso, los recurrentes podrán recurrir a los Tribunales Especiales Ambientales (Ley N°20.600), a la Superintendencia del Medio Ambiente (Ley N°20.417), a los Tribunales Ordinarios de Justicia, o a otras instancias.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los abogados don Matías Ignacio Piffardi Salamanca y don Daniel Elías Flores Bruna, en la representación que invocan, en contra de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

Rol N°348-2025 (Protección).-