Protección contra resolución referida previamente

Sociedad Comercial nombre reservado Limitada Juez Jorge Corrales Sinsay Recurso de Protección Rol N° 3421-2019.- La Serena, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve comparece don Andrés Corral Macías, abogado, en representación de Sociedad Comercial nombre reservado Limitada, también denominada “nombre reservado Motos Ltda”, sociedad de responsabilidad Ltda. del giro de su denominación, RUT N°RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra don Jorge Corrales Sinsay, juez titular el Primer Juzgado de Letras de La Serena, domiciliado en domicilio reservado, por haber dictado en los autos ejecutivos caratulados “SOC. MINERA Y DE INVERSIONES ALTOVALSOL LTDA. con SOCIEDAD COMERCIAL nombre reservado Y CÍA. LTDA.”, Rol C-1004-2015, cuaderno de apremio, la resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecinueve notificada por el estado diario con igual fecha, la que estima ilegal y arbitraria.

Dando sustento fáctico a su pretensión primero señala que:

a. Mediante resolución de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, el juez recurrido decretó en los autos ejecutivos caratulados “SCO. MINERA Y DE INVERSIONES ALTOVALSOL LTDA. con SOCIEDAD COMERCIAL nombre reservado Y CÍA. LTDA.", rol C-1004-2015, cuaderno de apremio, la ampliación de embargo sobre bienes de la ejecutada, Sociedad Comercial nombre reservado Y Cía. Ltda., también denominada nombre reservado Cars Ltda.

b. Por notificación de trece de septiembre pasado, se dejó cédula en el domicilio de su representada, Sociedad Comercial nombre reservado Ltda., también denominada nombre reservado Motos Ltda., ubicado en Avenida N°1461, La Serena, conteniendo copia de la petición de la ejecutante y de la referida resolución.

c. Mediante resolución de fecha veintitrés de septiembre de este año, se ordenó oficiar en la citada causa a Carabineros de Chile para que concediera al respectivo Ministro de Fe el auxilio de la fuerza pública a fin de trabar embargo sobre bienes del demandado don nombre reservado, en calidad de representante de La Sociedad Comercial nombre reservado y Cía. Ltda., domiciliado(a) en domicilio reservado de La Serena, facultándose el allanamiento y descerrajamiento en caso necesario.

d. Mediante presentación de veinticinco de septiembre, el recurrente de estos autos, compareció como tercero interesado y afectado en la causa referida, atendido el hecho de que se había decretado embargo sobre bienes de una sociedad de la que su representada no formaba parte ni tenía interés y para cuya traba se había indicado su establecimiento comercial, ubicado en domicilio reservado, diligencia para la cual además, se había otorgado el auxilio de la fuerza pública.

Se hizo presente en el mismo libelo, que la situación era grave, pues produciría efectos respecto de un tercero que no era parte de la causa en la cual incidía la resolución de embargo y cuyo patrimonio, prestigio y reputación comercial se podrían ver seriamente afectados, perjudicados y dañados innecesariamente y sin ninguna causa que lo explicara y justificara.

e. Mediante resolución de fecha dos de octubre de los corrientes, no se dio lugar a la presentación señalada, bajo el argumento de que su representada no era parte del juicio.

f. Su representada recurrió de reposición en contra de la resolución referida previamente, fundamentada en que ante la ausencia de otras opciones procedimentales, no cabía a la sociedad afectada más que concurrir a estrados haciendo valer su calidad de tercero interesado y afectado y que el tribunal advertido de los graves alcances y consecuencias que llevaría aparejada la diligencia de embargo en bienes ajenos y no pertenecientes al ejecutado, no podría sustraerse de su obligación de poner reparo y remedio inmediato a la improcedencia de esa diligencia Mediante resolución de diecisiete de octubre, el juez recurrido y luego de evacuado el traslado de la reposición conferido a las partes de la causa, rechazó la reposición interpuesta sobre la base de los siguientes fundamentos: el primero, que se han realizado múltiples actuaciones de la causa en el domicilio domicilio reservado, desde el año dos mil dieciséis a la fecha, entre ellas la notificación personal de la demanda al representante de Sociedad Comercial nombre reservado y Compañía Limitada (fojas 17), y el segundo, que por los artículos 82 y 518 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, normativa, esta última, que modifica las reglas generales contenidas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil, relativas a la intervención de terceros en un pleito, restringiendo la comparecencia de terceros, en los procedimientos de la naturaleza del que actualmente se tramita, sólo a los supuestos que allí se contemplan, ninguno de los cuales se ha hecho valer por el incidentista en su presentación.

Menciona que la acción de protección puede perfectamente dirigirse contra una resolución judicial, sin que exista norma que lo prohíba.

Estima que la resolución de fecha diecisiete de octubre cuestionada en este recurso, y por la cual el juez recurrido rechazó la reposición interpuesta por la recurrente, constituye un acto ilegal, pues vulnera al menos dos normas constitucionales y legales.

Adicionalmente, constituye un acto arbitrario, porque carece de toda racionalidad y fundamento.

Indica que el actuar del juez recurrido lesiona las siguientes garantías constitucionales:

i. El artículo 19 N° 2 de la Constitución, en cuanto se asegura [la] igualdad ante la ley, puntualizando en su inciso segundo que “[ni] la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Explica que la resolución de fecha diecisiete de octubre pasado, sería ilegal, pues los bienes de su representada se ven afectados por un embargo improcedente, permitiendo el juez recurrido indirectamente al ejecutante actuar en contra del patrimonio del recurrente sin causa real que lo permita y no obstante haberse acreditado fehacientemente la improcedencia de esa actuación.

Así, se ha privilegiado y reconocido al ejecutante un supuesto derecho que lo habilitaría legalmente para verificar un embargo en bienes ajenos, pertenecientes a un tercero con quien no se vincula en desmedro del derecho real y efectivo de este último para oponerse a esa actuación.

Este trato de la judicatura es arbitrario, pues no respeta las circunstancias objetivas de la petición y requerimiento de la recurrente y en su lugar da por sentada la procedencia del derecho de la ejecutante, sólo por una cuestión de tipo procedimental y de antecedentes previos registrados en la causa, los que no habrían constituido fundamentos del rechazo objetado, si el tribunal hubiese revisado la pertinencia de lo que alegaba y probaba su representada.

ii. El artículo 19 N° 24 de la Constitución, en tanto la resolución que se impugna priva, perturba y amenaza a la recurrente el ejercicio de su derecho de propiedad sobre su establecimiento comercial ubicado en domicilio reservado de La Serena y sobre todos y cada uno de los bienes allí contenidos y existentes, desconociéndose tal derecho.

Finalmente solicita se acoja el recurso, declarando que La resolución de fecha diecisiete de octubre de los corrientes, dictada por el recurrido, es ilegal y/o arbitraria ya que vulnera las garantías de los N° 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y restablezca el imperio del derecho adoptando todas las medidas que estime necesarias, y en concreto las siguientes: (1) dejar sin efecto la resolución de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, así como todo acto que tenga por causa o fundamento dicha resolución; (2) Se disponga cualquier otra medida que esta Corte estime pertinente para restablecer el imperio del derecho y amparar las garantías constitucionales de su representada.

Se acompaña al recurso la siguiente documentación: (1) Piezas del expediente rol C-1004-2015; (2) Certificado de vigencia de la ejecutada, Sociedad Comercial nombre reservado y Compañía Limitada; (3) Copia autorizada de la inscripción de la ejecutada, Sociedad Comercial nombre reservado y Compañía; (4) Copia digital del RUT de la ejecutada, Sociedad Comercial nombre reservado y Compañía Limitada, N°76.109.598-6, con indicación del domicilio domicilio reservado de esta ciudad; (5) Copia de facturas emitidas por de la ejecutada, Sociedad Comercial nombre reservado y Compañía Limitada; (6) Copia del Contrato de Trabajo suscrito con fecha 01 de febrero de 2007, entre Sociedad Comercial nombre reservado Limitada en cuanto empleadora y don nombre reservado en cuanto trabajador; (7) Copias diversas del Libro de remuneraciones de la compareciente en que se acredita el pago de remuneraciones de su empleado Sr. nombre reservado; (8) Certificado emitido con fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, que da cuenta del pago por parte de su representada de las imposiciones previsionales de su trabajador don nombre reservado; (9) Certificado de vigencia de Sociedad Comercial nombre reservado Limitada; (10) Copia autorizada de la inscripción de Sociedad Comercial nombre reservado Limitada; (11) Copia digital del Rut de Sociedad Comercial nombre reservado Limitada. N° 78.978.250-4 con indicación del domicilio domicilio reservado; (12) Copia autorizada de la patente comercial de Sociedad Comercial nombre reservado Limitada, correspondiente al segundo semestre del año dos mil diecinueve con indicación del domicilio domicilio reservado;(13)Copia de las siguientes facturas electrónicas, emitidas por Sociedad Comercial nombre reservado Limitada, y; (14) Certificado de nacimiento de nombre reservado.

SEGUNDO: Que, con fecha ocho de noviembre pasado, comparece Ingrid Marlene Ebner Rojas, Juez Subrogante del Primer Juzgado de Letras de La Serena, informando el recurso de protección.

En primer lugar, y en cuanto a los antecedentes de la causa rol N° C-1004-2015 y su respectiva tramitación, señala:

a. Cuaderno principal:

I. A fojas 3, Sociedad Minera y de Inversiones Altovalsol Limitada interpuso demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicios en contra de Sociedad Comercial nombre reservado y Compañía Limitada, representada por don nombre reservado.

II. A fojas 14 rola certificado de ocho de mayo de dos mil quince, emitido por receptora judicial doña María del Pilar Hernández Marambio, que se constituyó en calle Balmaceda de La Serena, a la altura de los números 4400, con el fin de ubicar la numeración 4420 y notificar personalmente a don nombre reservado, en representación de Sociedad Comercial nombre reservado y Compañía Limitada; diligencia que no pudo efectuar por no haber encontrado dicha numeración en calle Balmaceda.

III. A fojas 17, rola acta de notificación de treinta de junio de dos mil quince emitida por receptora judicial doña María del Pilar Hernández Marambio, que señala que en su domicilio ubicado en domicilio reservado, notificó personalmente a don nombre reservado, en representación de Sociedad Comercial nombre reservado y Compañía Limitada, la demanda de fecha 18 de marzo de 2015 con su resolución de fecha 30 de marzo de 2015 y presentación de fecha 15 de junio de 2015 con su resolución de fecha 18 de junio de 2015.

IV. A fojas 80, el tres de agosto de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva por el magistrado Jorge Corrales Sinsay, acogiendo la demanda contenida en lo principal de fojas 3, declarándose resuelto el contrato de compraventa celebrado con fecha veintiuno de noviembre de dos mil once entre Sociedad Minera y de Inversiones Altovalsol Limitada y Sociedad Comercial nombre reservado y Compañía Limitada, y condenando a la demandada a restituir a la actora la suma de doce millones de pesos ($12.000.000.-), más los intereses corrientes a contar de la fecha de la sentencia y hasta el día de su devolución.

V. A fojas 97 rolan dos actas de notificaciones, ambas de fecha seis de agosto de dos mil dieciséis, emitidas por la receptora judicial doña María del Pilar Hernández Marambio, en las que se señala que en su domicilio ubicado en domicilio reservado, notificó por cédula a don nombre reservado, la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil dieciséis y, en su domicilio ubicado en domicilio reservado, notificó por cédula a don nombre reservado, la sentencia referida, a los abogados de las partes demandante y demandado, respectivamente.

VI. A fojas 126 consta resolución de la ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis en la que se confirma, con costas, la sentencia apelada ya referida.

b. Cuaderno 4.0 Tercería de Posesión:

VII. A fojas 19, con fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete Sociedad Comercial nombre reservado Ltda., interpuso demanda incidental de tercería de posesión en contra de Sociedad Minera y de Inversiones Altovalsol Ltda. y en contra de Sociedad Comercial nombre reservado y Compañía Ltda., respecto de los bienes embargados en el domicilio domicilio reservado, de los que da cuenta el acta de embargo rolante a fojas 143 y siguientes.

VIII. A fojas 68, se falló la tercería de posesión interpuesta por el juez Jorge Corrales Sinsay, rechazándola por estimarse que no había acompañado la tercerista los antecedentes necesarios en orden a acreditar la posesión invocada; decretando continuar con el procedimiento de apremio.

IX. A fojas 126, consta en autos resolución de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha once de junio de dos mil dieciocho que confirma la sentencia apelada.

c. Cuaderno 5.0 Tercería de Posesión:

X. A fojas 16, con fecha tres de diciembre de dos mil diecisiete, Sociedad Inmobiliaria e Inversiones nombre reservado Limitada interpuso demanda incidental de tercería de posesión en contra de Sociedad Minera y de Inversiones Altovalsol Ltda. y en contra de Sociedad Comercial nombre reservado y Compañía Limitada, respecto de los bienes embargados en el domicilio domicilio reservado, de los que da cuenta el acta de embargo rolante a fojas 143 y siguientes.

XI. A fojas 96, se falló la tercería de posesión interpuesta, por el magistrado Jorge Corrales Sinsay, rechazándola por estimarse que no había acompañado la tercerista los antecedentes necesarios en orden a acreditar la posesión invocada; decretando continuar con el procedimiento de apremio.

XII. A fojas 104 rola certificado de encontrase firme y ejecutoriada la sentencia. Dicho fallo no fue recurrido.

d. Cuaderno 6.0 Tercería de Posesión:

XIII. A fojas 17, el diez de septiembre de dos mil dieciocho, Sociedad Comercial nombre reservado Ltda., interpuso demanda incidental de tercería de posesión en contra de Sociedad Minera y de Inversiones Altovalsol Ltda. y Sociedad Comercial nombre reservado y Compañía Limitada, respecto de los bienes embargados en el domicilio domicilio reservado, de los que da cuenta el acta de embargo rolante a fojas 190 y siguientes.

XIV. A fojas 56, se falló por la jueza informante, la tercería de posesión interpuesta rechazándola por estimarse que no había acompañado la tercerista los antecedentes necesarios en orden a acreditar la posesión invocada, tercería que en su tenor era similar a lo pedido en la mencionada en el N° 7 precedente; decretando continuar con el procedimiento de apremio.

XV. A fojas 79, consta resolución de la Ilma. Corte de Apelaciones de fecha que confirma la sentencia apelada.

e. Cuaderno principal:

XVI. A fojas 266, con fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se autorizó embargo con auxilio de la fuerza pública, a fin de llevar a efecto el mismo en el domicilio de domicilio reservado.

XVII. A fojas 267, Sociedad Comercial nombre reservado Ltda. presentó escrito solicitando, entre otras cosas, que no se tenga como domicilio domicilio reservado, ni habilitar en éste el embargo de bienes ni la intervención de fuerza pública.

XVIII. A fojas 274, el magistrado titular, ya mencionado, negó lugar a la solicitud, fundado en que el tercero que presentó el escrito, esto es, Sociedad Comercial nombre reservado Ltda., no es una de las partes del juicio.

XIX. A fojas 275, Sociedad Comercial nombre reservado Ltda, repuso en contra de esta resolución.

XX. A fojas 285 y en concordancia con la tramitación dada a los autos, con fecha diecisiete de octubre, se rechazó la reposición intentada.

En segundo lugar, y refiriéndose a las alegaciones del actor señala que la resolución que rechazó el recurso de reposición resolvió el asunto conforme a las reglas que regulan la intervención de terceros en juicio, tratándose, además, de una resolución motivada, es decir, fundamentada, como así lo expone el recurrente en su presentación.

En cuanto a los derechos constitucionales que el recurrente estima vulnerados, indica:

1) Respecto al contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, el recurrente sostiene que se habría vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley; no obstante, no señala de qué forma la dictación de la resolución recurrida habría conculcado tal garantía constitucional o en qué casos el Primer Juzgado de Letras habría resuelto de manera diversa una situación semejante a la que plantea como para poder estimar que pudiera eventualmente haberse recibido un trato desigual o discriminatorio.

2) En cuanto al contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, que reconoce a todas las personas el derecho de propiedad, el recurrente indica que la actuación priva, perturba y amenaza el ejercicio de su derecho de propiedad sobre su establecimiento comercial ubicado en domicilio reservado, y sobre todos y cada uno de los bienes allí contenidos y existentes, desconociéndose tal derecho; no obstante, en los autos no existe ninguna declaración que reconozca los derechos que menciona, atento a que, si bien ha ejercido los mecanismos que contempla la ley respecto de la intervención de terceros en juicio para proteger los derechos de que estima ser titular, no ha acompañado los distintos medios probatorios que la ley franquea para tales efectos y que pudieren haber dado lugar, eventualmente, al reconocimiento de los mismos.

Precisa finalmente que con posterioridad a la resolución de diecisiete de octubre, no se ha decretado embargo alguno de bienes.

Acompaña el expediente en el que se tramita la causa en que se dictó la resolución que motiva el presente arbitrio.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

CUARTO: Que del mérito del informe de autos, así como de la lectura del expediente acompañado por el juez recurrido se desprende que el acto reclamado se ajusta a derecho, careciendo en consecuencia de la ilegalidad y arbitrariedad que el recurrente denuncia, toda vez que el Sr. Juez recurrido obró en virtud de lo dispuesto en el artículo 518 del Código de Procedimiento Civil, en tanto, la intervención de terceros –como lo es el recurrente en el juicio seguido en la causa rol C-1004-2015 del Primer Juzgado de Letras de esta ciudad- en un pleito de naturaleza ejecutiva, está limitada a las tercerías referidas en dicho precepto, y no habiendo accionado en la forma dicha, se procede al rechazo de las pretensiones del hoy recurrente en esta sede, tal como se desprende de los fundamentos de la resolución cuestionada.

A mayor abundamiento cabe consignar, que consta del proceso que la recurrente dedujo tres tercerías de posesión todas las cuales fueron rechazadas por el tribunal a quo por falta de prueba.

QUINTO: Que así las cosas, y teniendo presente que el recurso de protección es una acción cautelar, dirigida, como ya se dijo, en contra de actos u omisiones ilegales y arbitrarios, es decir, contrarios a la ley o bien adoptadas sin razón, motivo o fundamento alguno, que en la situación de autos, a todas luces no se advierte, al haber sido la decisión jurisdiccional, adoptada por autoridad competente, en el marco de sus atribuciones legales y con la motivación suficiente para ser cabalmente comprendida.

Lo anterior conduce irremediablemente a desechar el arbitrio constitucional que nos ocupa al no existir acto ilegal o arbitrario en el actuar del emplazado, y consecuencialmente no existir afectación a las garantías constitucionales que se estiman amagadas.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 19 y 20 de la Constitución Política del Estado, y por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección presentado por Andrés Corral Macías, abogado, en representación de Sociedad Comercial nombre reservado Limitada, en contra del Juez del Primer Juzgado de Letras de esta ciudad, don Jorge Corrales Sinsay.

Devuélvanse los expedientes acompañados en el informe.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 3421-2019 Protección.-