nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Recurso de Protección Rol N° 34-2025.- La Serena a dieciocho de febrero de dos mil veinticinco.

Visto y considerando:

Primero: Que se ha interpuesto recurso de protección por el abogado Pablo Martínez, en favor de doña nombre reservado, médica cirujana, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, (COMPIN), representada legalmente por su presidenta doña nombre reservado, o por quien la reemplace o subrogue legalmente en el cargo, ambas con domicilio en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios en que dicha entidad habría incurrido y actualmente incurriría, en desmedro de los derechos y garantías constitucionalmente protegidas de que es titular su representada, a objeto que esta Corte restaure el impero del derecho.

Relata, refiriéndose a los hechos que originan la presente acción de protección, que doña nombre reservado es médica cirujana desde el año 2001, con certificado de especialista en Pediatría otorgado por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), desde el 06 de enero de 2022. En este contexto, atiende y trata diariamente con pacientes que sufren variadas y graves patologías de la salud.

Señala que el 04 de diciembre 2024, la recurrida COMPIN dictó el Ordinario N°2404413323, en virtud del cual, le solicitaron a su representada la entrega de informes médicos, fichas clínicas y copia de bono o boleta de la atención médica relacionados con una nómina de 50 pacientes que se individualizan con nombre completo, RUT y número de licencia. Se adjunta en la Resolución un modelo de informe que exige indicar de cada paciente lo siguiente: fecha de emisión del informe, nombre, RUT, edad, ocupación, fecha de atención, licencia que justifica el informe, folio, diagnóstico, fecha y hora de atención, motivo de consulta, anamnesis, antecedentes clínicos relevantes, examen físico o mental (según diagnóstico), estado funcional del paciente, tratamiento farmacológico, resultado de exámenes (imagenológicos, laboratorio, etc.), diagnósticos (solo en caso de salud mental, consignando los 5 ejes de la evaluación multiaxial), plan de manejo, fecha probable de alta, tratamiento e indicaciones y finalmente identificación del tratante.

Señala que, es posible apreciar que la elaboración de cada informe exige la recopilación y análisis de la situación particular de cada paciente, implicando un trabajo dispendioso, que además exige la digitalización de la documentación junto con las fichas y copias de los bonos o boletas. Agrega que a diferencia de otros casos en que el referido Ordinario se comunica por correo electrónico, en este caso su representada nunca recibió notificación alguna en su correo personal, el que se cita en el texto del recurso.

Señala que, el referido Ordinario N° 2404413323 fue recibido por su representada el 10 de diciembre de 2024 por carta certificada quien se encontraba fuera de Chile, entre el 03 y el 08 de diciembre de 2024, debido a que asistió al Congreso Mundial de Gastroenterología Pediátrica, que se celebró entre el 04 y el 07 de diciembre en Buenos Aires, Argentina. Aún con dichas dificultades, logró ingresar toda la información requerida en la plataforma habilitada al efecto. Posteriormente, el 24 de diciembre de 2024, al ingresar a la página web https://midas.minsal.cl/fiscalizaciondelicencias/ (Portal de fiscalizaciones de la COMPIN), constató que existían 14 licencias sancionadas, en su mayoría por datos como dirección, fecha de nacimiento, ocupación del paciente, que procedió a verificar y rectificar de inmediato. Posteriormente, recibió por carta certificada copia de la Resolución Exenta N°240441332302 de fecha 23 de diciembre de 2024, suscrita por la presidenta de la COMPIN COQUIMBO doña nombre reservado. Consta en dicha resolución que se le aplicaron a su representada las siguientes sanciones: a) Multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales; y b) suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas por un plazo de 15 días, a contar del 28 de diciembre de 2024, esgrimiendo observaciones en 14 fichas clínicas, 1 informe y 4 boletas de honorarios. Respecto de los restantes 36 pacientes no se formula ninguna observación.

Señala que, la recurrente al tener conocimiento de la referida resolución, procedió el 27 de diciembre de 2024, a remitir un correo electrónico a la casilla habilitada al efecto de fiscalización de la COMPIN: correo reservado informando que había incorporado la totalidad de la información vinculada con las licencias médicas fiscalizadas, solicitando la aplicación del artículo 2 de la ley N°20.585, que en la parte pertinente, establece que: “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada”, sin embargo, hasta la fecha, sostiene el recurrente, no ha tenido respuesta de dicho correo ni tampoco la recurrida ha validado la información incorporada en la página web “Mis Licencias Fiscalizadas”, encontrándose impedida de emitir licencias médicas y de atender a sus pacientes, lo que hace necesario la adopción de medidas urgentes para restablecer el imperio del Derecho.

Alega infracción al artículo 17 letra f) de la Ley 19.880. Sostiene que el procedimiento de fiscalización que lleva a cabo la COMPIN es en términos de la ley 19.880 un procedimiento administrativo, por ende, se produce una conjugación de cuerpos normativos junto a la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. Destaca que el artículo 2 de la Ley 20.585 dispone expresamente la aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley 19.880 en estos procedimientos, reforzando así la necesidad de observar los principios y garantías establecidos en ambas normativas.

Señala que, el artículo 17 de la Ley 19.880, en el literal f), reconoce el derecho de los administrados de “ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales”.

En este contexto, alega que la COMPIN Coquimbo ha vulnerado el precepto señalado, dado que, pese a que su representada cumplió con la entrega de toda la documentación solicitada, le fueron impuestas sanciones debido únicamente a una discrepancia menor en algunos antecedentes. Además, posteriormente la COMPIN no revisó la información entregada que subsana dichas observaciones, situación que se mantiene hasta la fecha. Esta situación no solo implica una infracción al derecho a ser tratado con respeto y deferencia, sino que también constituye un ejercicio indebido de la potestad fiscalizadora al no considerar las condiciones específicas de cumplimiento que la administrada observó en su presentación.

Señala que, el objetivo de la potestad fiscalizadora de COMPIN es evaluar la existencia de licencias médicas que carezcan de fundamento, y en este caso, no se cuestiona el fundamento médico de las licencias, sino que se realizan observaciones formales tales como que la “ficha entregada no cumple con los requisitos dispuestos en el Decreto N°41 del 2012 del Minsal”.

Si se considera que a la recurrente se le solicitaron antecedentes relacionados con 50 licencias médicas, que, aun habiéndose encontrado en el extranjero y desconociendo inicialmente la fiscalización, procedió a entregar la información requerida tan pronto como tuvo conocimiento de esta, aún con lo excesivo del requerimiento, y que además rectificó de inmediato las observaciones formuladas, resulta evidente que la recurrida ha establecido exigencias desproporcionadas. Dichas exigencias no solo dificultan de manera insuperable el ejercicio profesional de la recurrente, sino que también vulneran sus derechos y afectan negativamente a sus pacientes, quienes ven restringida su posibilidad de acceder a una atención médica íntegra y oportuna. Cita jurisprudencia de esta Corte para apoyar sus dichos.

Alega igualmente Infracción a los artículos 2 de la Ley 20.585 y 41 de la ley N°19.880, al respecto cita el artículo 2, incisos 1° y 2°, de la ley N°20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas donde se establece lo siguiente, que “Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N° 19.880”.

Respecto a la norma citada, sostiene que la ilegalidad se produce por la falsa aplicación del artículo 2, inciso 1° de la Ley N °20.585, referente al plazo para dar respuesta a la solicitud. Que dicho plazo para responder un requerimiento de información de esta naturaleza se concibe para un caso concreto, en que exista sospecha cierta de emisión de licencia sin fundamento, no para un conjunto copioso de licencias como el caso sub-lite. Agrega que dicho plazo resulta completamente razonable en el entendido de que se trate de una o dos licencias médicas relacionadas a un mismo paciente, pues la elaboración del informe es una tarea ardua y compleja. Todos y cada uno de estos informes, presuntamente, deberán ser analizados y contrastados uno a uno por la COMPIN para cumplir con la finalidad y espíritu de la ley, es decir, determinar si existe o no falta de fundamento médico en su otorgamiento.

Señala que, en la Historia de la Ley 20.585, el plazo original era de 30 días y fue reducido a solo 7 días, bajo el fundamento de que debía darse celeridad al procedimiento. En tal consideración y siguiendo la intención del legislador, resulta ineludible minimizar los casos en que sería necesario recurrir al profesional que otorga la licencia médica para obtener antecedentes adicionales y, asimismo, cuando ello resulte indispensable, a fin de generar una respuesta rápida en un sistema concebido como expedito. Empero, en el presente caso, no existen fundamentos suficientes que justifiquen la fiscalización, más aún si se trata de una profesional que solo emitió 202 licencias entre el 30 de noviembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2024, cifra claramente inferior a la de otros prestadores que emiten miles de licencias al año. En efecto, la cifra de licencias emitidas se encuentra dentro de rangos razonables en comparación con otros prestadores, y no existen antecedentes específicos que justifiquen una fiscalización exhaustiva en este caso. Junto con lo anterior, solicita que se conside que en la especie no estamos ante una médica que tenga inasistencias injustificadas y repetidas a las citaciones, porque la COMPIN jamás la citó en el curso de la fiscalización.

Alega que, tampoco concurre el segundo supuesto del enunciado normativo que habilita la aplicación de sanciones, dado que la recurrida no ha establecido la existencia de un caso calificado que permita aplicar la suspensión de venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas hasta por 15 días. Sobre el particular, la aplicación de medidas tan gravosas es únicamente procedente en casos excepcionales con motivo fundado. Sin embargo, en la resolución dictada por la recurrida que aplica sanciones no se indican razones que den cuenta de un caso calificado. Sostiene igualmente que, considerando que la afectada emitió únicamente 202 licencias en el transcurso de un año, es decir, menos de una al día, no existen elementos que permitan presumir o acreditar la emisión de licencias carentes de fundamento, incumpliéndose también la exigencia de fundamentación de la resolución final exigida por el artículo 41 de la ley N°19.880. Cita jurisprudencia de esta Corte en apoyo de sus argumentaciones.

Sostiene que, conforme lo expuesto la recurrida actúo al margen de la legalidad, incumpliendo el artículo 2 de la Ley 20.585, y también el deber de fundamentación del acto administrativo exigido por el artículo 41 de la Ley 19.880.

Alega infracción al artículo 13 de la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, dispone en su inciso 4°, que: “Los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica. Ello incluye al personal de salud y administrativo del mismo prestador, no vinculado a la atención de la persona, independiente de la modalidad de atención prestada”. Ergo, existe confidencialidad de la ficha clínica, sin que el artículo 2 de la ley N°20.585, habilite a las COMPIN para requerirla, siendo su actuar contrario a la legalidad, situación que se replica respecto de los bonos o boletas de atención.

Señala que, para el evento que esta llegase a estimar como legal el proceder de la recurrida, su actuar es manifiestamente arbitrario, carente de motivación y caprichoso. Si se interpretara de manera aislada y descontextualizada el artículo 2 de la Ley N°20.585, entendiendo que la recurrida se encuentra facultada para solicitar informes respecto de varias licencias médicas, de igual manera es razonable que se ejerza por un número prudente y materialmente posible, que le permita al administrado dar respuesta satisfactoria en el plazo que establece la ley, sin afectar sus derechos y garantías constitucionales, ni afectar la integridad y necesaria relación que debe mantener con sus pacientes. Que la arbitrariedad se manifiesta además en la imprecisión de dichos requerimientos, sin motivo, sin fundamentos que se relacionen con un uso inadecuado de las licencias médicas, que podrían contener o referirse a datos sensibles de los pacientes, complejizando aún más la labor de la recurrente.

Sostiene que la actuación de la recurrida también contraviene el principio de proporcionalidad que rige la actuación de la Administración, el cual exige que las sanciones sean adecuadas y razonables en relación con los hechos que las motivan. Dado que la única objeción fue de carácter formal y no afectaba la validez ni el contenido de la información entregada, la sanción impuesta resulta arbitraria y desproporcionada. Que la COMPIN Coquimbo no solo tenía el deber de examinar la documentación de manera exhaustiva, sino que también de aplicar un criterio de razonabilidad que permitiera resolver el asunto sin recurrir a sanciones excesivas que, en este caso, resultan infundadas.

Alega que con las infracciones antes señaladas en que incurrió la recurrida COMPIN, con su actuar se vulneran y/o amenazan los derechos y garantías consagrados en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad de su representada.

Que en cuanto al derecho a la vida y la integridad física y psíquica, más allá del perjuicio evidente a la integridad psíquica de su representada, se está arriesgando la vida de sus pacientes. Reitera que la profesión de le recurrente exige que atienda, identifique enfermedades y entregue a sus pacientes un adecuado tratamiento para sus afecciones. Dentro de las acciones de tratamiento, conocido es que muchos pacientes requieren de reposo laboral para así evitar un agravamiento de sus patologías y/o recuperar su salud. Que actualmente, su representada no puede trabajar adecuadamente y tiene un temor constante de que esta situación se mantenga en el tiempo.

Respecto a la Igualdad ante la ley, señala que la Constitución es clara al declarar que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, al verse expuesta la recurrente a una injusta sanción, que afecta su patrimonio – por la multa asociada y pérdida de capacidad de trabajo – y la facultad de emitir licencias médicas, es evidente que se encuentra en una hipótesis de desigualdad frente a otros profesionales a quienes no los hostigan con solicitudes de información de este tipo. Además, se debe considerar que proactivamente la médica solicitó la revisión de los informes y fichas corregidas a solicitud de la recurrida, sin recibir ningún tipo de respuesta, a diferencia de otros profesionales que reciben de inmediato una resolución que deja sin efecto las sanciones, validando los antecedentes.

Alega que, la libertad de trabajo de su representada también se ve gravemente amenazada, porque está privada de una herramienta fundamental para la atención de sus pacientes, al no poder emitir licencias médicas y que por otra parte amparándose en la protección constitucional del derecho de propiedad en sus diversas especies, sin hacer distinción entre cosa corporal o incorporal, el derecho de su representada como profesional de la medicina para emitir licencia médica es parte de su patrimonio y está siendo vulnerado igualmente. Que también, se afecta su patrimonio, pues claramente la multa aplicada resulta injusta e improcedente, al encontrar su causa en un procedimiento en que se cometieron ilegalidades y arbitrariedades.

Señala que, debido a la urgencia que requiere la situación, puesto que la COMPIN ya ha sancionado a su representada, quien se encuentra impedida de emitir licencias médicas y porque la multa se puede cobrar en cualquier momento, el recurso de protección resulta la vía idónea y más expedita para que se restablezca el imperio del derecho, que está consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Solicita finalmente a esta Corte, en virtud de las normas legales y constitucionales citadas, tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, representada legalmente por su presidenta doña nombre reservado, o por quien la reemplace o subrogue legalmente en el cargo, acogerlo, declarando ilegal y/o arbitrario el proceder de la recurrida y que se ordene, 1° Se deje sin efecto todos los requerimientos de información remitidos a su representada mediante correos electrónicos y/o cartas certificadas relacionados con la fiscalización, incluyendo las resoluciones ya dictadas y, especialmente aquellas que aplicaron sanciones de suspensión de facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios y/o multas; 2° Se abstenga en el futuro de efectuar requerimientos similares, limitando su actuación a una menor cantidad de informes requeridos, a la cantidad de 3 por requerimiento o lo que S.S. I. estime prudente y razonable; 3° Se adopten por esta Corte, las medidas necesarias que estime convenientes para restablecer el imperio de los derechos vulnerados y amenazados y que se condene en costas a la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos a su libelo:

1) Copia del Ordinario N°2404413323, de fecha 04 de noviembre de 2024, dictado por la COMPIN COQUIMBO.

2) Copia de Resolución Exenta N°240441332302 de fecha 23 de diciembre de 2024, suscrita por la presidenta de la COMPIN COQUIMBO doña nombre reservado.

3) Copia de correo electrónico dirigido a la recurrida el 27 de diciembre de 2024.

4) Copia de pasajes aéreos de ida y regreso a Buenos Aires, Argentina.

Segundo: que a fojas 45 del expediente digital, informa Ramón Zambrano Bustos, abogado, por la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo (COMPIN) solicitando el rechazo total del recurso que informa.

Argumentando la inexistencia de actos ilegales y arbitrarios, y vulneración de garantías constitucionales, se refiere al Plan de fiscalización a altos emisores de licencias médicas. Señala que la Ley 20.585, sobre Otorgamiento de Licencias médicas, publicada el año 2012, faculta en su artículo 2 a la COMPIN en el marco del procedimiento de fiscalización, a solicitar antecedentes a los prestadores respecto a las licencias médicas emitidas y a sancionar en caso de que éstos no cumplan con lo solicitado. Cita y transcribe el artículo 2 de la ley citada, aplicable al caso.

Señala que la fundamentación de la estrategia implementada atiende al gasto por subsidio por incapacidad laboral, que afecta transversalmente a toda la población e impacta enormemente la disponibilidad de recursos públicos. Que lo anterior lo relata en su informe pues permite ilustrar la importancia de la labor fiscalizadora de la COMPIN, en el resguardo de la correcta focalización de los recursos públicos.

Agrega que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Departamento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Nacional, la recurrente es una profesional médico, con especialidad en gastroenterología pediátrica, que conforme con el software Tableau, desde el 30.11.23 al 30.11.24, previo a la fiscalización, emitió 202 licencias médicas. En gráficos que inserta en su recurso expone la cantidad mensual de licencias médicas emitidas por periodo fiscalizado, la cantidad de licencias emitidas según el total de días otorgados. Señala que es necesario aclarar que el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas no se sustenta en la existencia de un límite de licencias médicas por prestador, por el contrario, el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas se ha ideado y ejecutado bajo el amparo de la normativa precedentemente citada, para una adecuada protección de la salud de los cotizantes y beneficiarios de FONASA y su conveniencia social se cimienta en la necesidad de llevar a cabo el control técnico de las licencias médicas ante el gasto asociado por el pago de aquellas que no se ajustan a derecho.

En lo referente al número de licencias fiscalizadas, en el caso concreto únicamente se fiscalizó la cantidad de 50 licencias médicas, lo que representa un 25%, de las 202 licencias médicas extendidas en el periodo señalado. Indica que este número implica una significativa reducción respecto del total de licencias médicas habitualmente requeridas por esta autoridad administrativa para dicho efecto. Es importante señalar que la entrega de la información en el número señalado es perfectamente posible de realizar, si se tiene en consideración que el profesional está obligado por el Decreto Ley N° 41, que aprueba el Reglamento sobre fichas clínicas a contar con dicha información, a través del almacenamiento digital o papel, de forma permanente y por la cantidad de 15 años.

Señala que las licencias son elegidas todas de forma aleatoria, desprovista de cualquier tópico que pudiese ensuciar el muestreo requerido, en el entendido que el software aplicado para estos efectos, permite analizar el comportamiento del fiscalizado de forma objetiva, en razón de los datos obtenidos del proceso de emisión de licencias médicas otorgadas por doña nombre reservado, lo que queda de manifiesto en las gráficas citadas y que en la práctica dan cuenta de un proceder objetivo de la COMPIN, al momento de realizar la elección del o la fiscalizada en virtud del algoritmo previsto para dicho efecto. Cita jurisprudencia para ilustrar que su actuar se conforma a la misma.

Sostiene que el actuar de COMPIN, se contextualiza en las propias atribuciones de la institución, como en el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas, cuya finalidad es la protección de todos los cotizantes y beneficiarios de FONASA frente al gasto asociado por el pago de licencias médicas expedidas con ausencia de fundamento terapéutico. Dicho actuar es razonable y reglado, por lo tanto, está muy por lejos de ser considerado arbitrario, ya que, la información que es requerida al fiscalizado, se encuentra debidamente regulada por Ley, Decreto 41 del 15-12-2012, que aprueba el reglamento de las fichas clínicas, estableciendo expresamente en los artículos 6° y 8° con relación a la información mínima que esta ficha clínica debe contener para ser tal, y la obligación de almacenamiento y protección de forma digital o papel, atribuciones y conductas que han sido validadas por la Contraloría General de la República.

Agrega que, conforme lo dicho, la fiscalización que el recurrente impugna se contextualiza en las propias atribuciones de la institución, como en el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas, cuya finalidad es la protección de todos los cotizantes y beneficiarios de FONASA frente al gasto asociado por el pago de licencias médicas expedidas con ausencia de fundamento terapéutico. Antecedentes por los cuales no es posible aceptar la particular interpretación que hace el recurrente, en términos de que las facultades conferidas en el artículo 2 de la Ley N°20.585, son sólo para un caso determinado.

Se refiere luego al plazo a entrega de información, sosteniendo que el plazo concedido a los prestadores fiscalizados para que entreguen los antecedentes solicitados, se encuentra expresamente regulado en el artículo 2 de la ley 20.585, el cual establece que “la inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos”. Atendido a que la norma específica contempla un cómputo del plazo distinto al indicado en la Ley 19.880, es que este cuerpo legal, no puede ser considerado a estos efectos. Señala que lo anterior ha sido respaldado por la jurisprudencia, que cita al efecto.

Sostiene que las medidas que ha adoptado la COMPIN obedecen a prerrogativas que por ley puede aplicar este organismo, con fines de buen servicio y cuidado del patrimonio fiscal. Como se puede apreciar, ambas fuentes del derecho, consagran un plazo brevísimo para la entrega de antecedentes.

Señala que en el caso que nos ocupa, a la recurrente se le solicitaron antecedentes con fecha 04.12.2024, y se le reiteró tal solicitud con fecha 04.12.2024 (sic). Ambas solicitudes contemplan un plazo de 7 días corridos conforme lo establece la ley, es decir, la recurrente tuvo 14 días para entregar íntegramente la información, periodo que va desde el 05.12.2024 al 19.12.2024. Que en la materia, y tal como se registra en el listado con detalle de ingreso de antecedentes que informa más adelante, y se corrobora en las 12 bitácoras individuales con ingreso de antecedentes que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación, la entrega de información en 12 casos, es de fecha posterior al 19.12.2024, concretamente de fecha 24.12.2024. En resumen, la recurrente efectivamente ingresó toda la documentación, pero no lo hizo en los plazos otorgados.

Que en virtud de la entrega de los antecedentes y tal como se señala en el artículo 2, de la Ley 20.585, constatada la entrega de la totalidad de los antecedentes, se dictó la Resolución Exenta N° 240441332303/02.01.2025, que puso término a la suspensión de venta de formularios de licencias médicas y facultad de emitirlas.

Por lo anterior, no resulta oportuno la solicitud de la recurrente de dejar sin efecto los requerimientos, por cuanto estos se encuentran cumplidos.

En lo que se refiere a la multa cursada, aclara que la entrega total de los antecedentes permite el término de las suspensiones aludidas, pero en ningún caso que se deje sin efecto la multa. Que esto es así, porque dicha facultad se concede a la COMPIN, para aquel caso en que se haya reclamado ante la Superintendencia de Seguridad Social, y se haya resuelto a favor del profesional. Sostiene que ello fluye del tenor literal del inciso cuarto del artículo 2 de la Ley N° 20.585, que señala “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada”. Que la profesional recurrente, no se encuentra en la hipótesis de la norma citada, ya que no consta que haya reclamado ante la Superintendencia de Seguridad Social conforme lo permite el inciso tercero del artículo 2 de la Ley 20.585, ni mucho menos que ésta haya resuelto a su favor. En resumen, la recurrente hace uso del recurso de protección, saltándose un procedimiento reglado, pero a su vez pretende que le sean aplicada la normativa reservada específicamente para ese procedimiento, lo que claramente no corresponde.

Señala que en relación a la no entrega de antecedentes en los plazos otorgados, el artículo 2 de la Ley N° 20.585, establece que la negativa reiterada a la entrega de antecedentes, y la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, habilitan a la COMPIN, para sancionar al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales, y con las suspensiones tanto de la venta de formularios de licencias médicas, como de la facultad para emitirlas, hasta por 15 días.

Al efecto inserta en su informe listado con detalle de ingreso de antecedentes que indica, pueden ser contrastados con las 12 bitácoras acompañadas en el tercer otrosí de su presentación.

Se refiere seguidamente a la falta de notificación que alega la recurrente, respecto del Ordinario 2404413323 que le solicitó inicialmente los antecedentes. Sostiene que este Ordinario le fue remitido válidamente con fecha 04.12.2024, a la dirección de correo electrónico que registra en el sistema correo reservado. Así también la reiteración de derivación de antecedentes, le fue notificada con fecha 12.12.24, a la misma dirección de correo electrónico. Lo anterior, además del envío por carta certificada de corres de Chile. Lo anterior consta en documentos acompañados en el primer otrosí de su presentación consistentes en “Bitácora expediente con registro notificaciones por mail, los días 04.12.2024 con solicitud de antecedentes, y 12.12.2024, con reiteración de solicitud de antecedentes”, y “Copia de voucher notificaciones de correos de Chile, comprobante N° 6000252818211 de fecha 04.12.2024, que notifica Ordinario que solicita antecedentes”.

Agrega que sobre el particular, de conformidad con el D.S. 3/84, es deber del profesional ingresar el dato actualizado de su dirección, por cuanto en el Artículo 7° se señala “Corresponderá al profesional certificar, firmando el formulario respectivo, el diagnóstico de la afección del trabajador; establecer el pronóstico, fijar el período necesario para su recuperación; el lugar de tratamiento o reposo con su dirección, y teléfono; el tipo de éste; si constituye o no prórroga de uno anterior; la fecha de concepción y la del nacimiento del hijo; la fecha y hora del accidente si es del caso y el tipo de licencia. Asimismo, deberá dejarse constancia de, al menos, la dirección, correo electrónico y teléfono del otorgante, en cada licencia que emita.

Es así como las notificaciones se realizaron válidamente a la dirección que registra la profesional, desconociendo esta parte el motivo por el cual señala no pudo tomar conocimiento de la existencia de las resoluciones, considerando que como lo dice la normativa, es su responsabilidad mantener la dirección actualizada. En este aspecto solicita descartar cualquier argumento que señale que se haya vulnerado el derecho que tiene el administrado de tomar conocimiento del estado de tramitación del procedimiento por cuanto las notificaciones se realizaron conforme lo establece la normativa, artículo 2 inciso primero de la Ley 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas.

Luego y a efecto de complementar lo referente a las facultades que permiten a COMPIN, solicitar la ficha clínica, señala la recurrida, que hay que tener presente que la ley faculta al Ministerio de Salud y por consecuencia a la COMPIN, para que en la determinación y otorgamiento de beneficios de salud pueda “requerir de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, la información que fuere necesaria”; todo ello conforme, con lo prescrito en el artículo 4 N° 5 del Decreto Ley N° 1, del año 2005, al establecer “Al Ministerio de Salud le corresponderá formular, fijar y controlar las políticas de salud. En consecuencia, tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 5) Tratar datos con fines estadísticos y mantener registros o bancos de datos respecto de las materias de su competencia. Tratar datos personales o sensibles con el fin de proteger la salud de la población o para la determinación y otorgamiento de beneficios de salud. Para los efectos previstos en este número, podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, la información que fuere necesaria. Todo ello conforme a las normas de la ley N° 19.628 y sobre secreto profesional”.

Que, en lo que se refiere específicamente a las fichas clínicas, se hace presente que éstas se encuentran reguladas en el artículo 2 del Decreto N°41, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre fichas clínicas y que establece, que es el único instrumento que registra la totalidad de la atención recibida por una persona por parte de un prestador de salud es la ficha clínica, y es por lo mismo, que se considera un documento esencial para poder acreditar fehacientemente la debida procedencia de una licencia médica. Que en relación con la información solicitada a la recurrente, cabe señalar que por expresa disposición del artículo 2 de la Ley 20.585, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. A mayor abundamiento, el artículo 34 del Reglamento del Ministerio de Salud manifiesta que, la Secretaría Regional Ministerial será la continuadora legal de las funciones médico administrativas que la ley encomendara al ex Servicio Nacional de Salud y al ex Servicio Médico Nacional de Empleados y que con posterioridad se desarrollaran por las Comisiones de Medicina Preventiva y de Invalidez de los Servicios de Salud, por lo que le corresponderá organizar, bajo su dependencia directa, el trabajo de dichas entidades. En este contexto, y como se desprende del artículo anterior, la COMPIN cuenta con facultades médico administrativas; y es en este sentido que, el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, establece un catálogo de medidas de las cuales puede disponer esta Comisión para formarse una mejor convicción de la licencia médica objeto de estudio, dentro de las cuales -especialmente en la letra d), subyace la posibilidad de solicitar la ficha clínica del beneficiario de una licencia médica. En consecuencia, las actuaciones realizadas por COMPIN, para solicitar la ficha clínica se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto en dichas normas, frente a la necesidad de asegurar que el correcto uso de las licencias médicas.

Que, es importante tener presente en esta materia, que si bien los datos contenidos en la ficha clínica son sensibles o de carácter reservado, el artículo 15 de la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, establece que “no obstante lo dispuesto en este Título, no podrá solicitarse información, modificación, cancelación o bloqueo de datos personales cuando ello impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones fiscalizadoras del organismo público requerido, o afecte la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

Por último, abordando lo referido por la recurrente en relación al artículo 13 de la Ley 20.584, señalar que éste establece “La información contenida en la ficha clínica, copia de toda o parte de ella, será entregada o será accesible, total o parcialmente, a solicitud expresa de las personas y organismos que se indican a continuación, en los casos, forma y condiciones que se señalan: e) Al Instituto de Salud Pública y al Ministerio de Salud, en el ejercicio de sus facultades. Que en relación a esto último se debe tener presente lo establecido en el artículo 24 del Decreto 136/04, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, que establece “El Ministerio de Salud estará integrado por el Ministro, la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y las Secretarías Regionales Ministeriales.” Y, lo establecido en su artículo 30 “Para la desconcentración territorial del Ministerio habrá una Secretaría Regional Ministerial en cada una de las regiones en que se divide administrativamente el país”. Señala que se debe tener presente lo establecido en el artículo 45, del Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, que establece a su vez que “En cada Secretaría Regional Ministerial de Salud se constituirá una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, o Compin, a la cual corresponderá desarrollar todas las funciones médico administrativas que la ley ha asignado al ex Servicio Nacional de Salud y al ex Servicio Médico Nacional de Empleados, así como aquellas que, siendo de competencia de los Servicios de Salud, eran realizadas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de dichos Servicios, cuya continuidad de gestión deberán asumir.”

Sostiene que conforme toda la normativa precedentemente citada, no cabe más que concluir que la COMPIN Región de Coquimbo constituida en la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo, organismo desconcentrado del Ministerio de Salud, cuenta con la facultad para solicitar la información contenida en la ficha clínica, copia de toda o parte de ella, razón por la que los prestadores fiscalizados no pueden negarse a la entrega de dicho documento que por ley contiene todos los datos que sustentarían el estado de salud del paciente, habiendo sido solicitado en el marco de la función fiscalizadora que la institución tiene, regulada en el artículo 2 de la ley 20.585.

Indica que atendido que la recurrente, no dio cumplimiento a la entrega de información en los plazos solicitados, la aplicación de la multa y suspensiones de que da cuenta la Resolución Exenta 240441332302, válidamente notificada, en ningún caso vulnera las garantías constitucionales que se reclaman, por cuanto se amparan en lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 20.585, que como ya se ha señalado, establece que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional”.

Sostiene finalmente que, la Comisión médica ha actuado conforme a derecho, con ausencia total de ilegalidad o arbitrariedad alguna, ello porque todo el actuar cuestionado, cuenta con respaldo en sus atribuciones constituidas de forma previa y por ley, lo que trae como consecuencia un respeto irrestricto de las garantías constitucionales con especial apego a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Solicita a esta Corte que, en caso de acoger el presente recurso de protección, no se condene en costas a su parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que esta parte ha tenido motivo plausible para litigar, y goza de privilegio de pobreza, en base a la normativa vigente y expresa declaración en diversos fallos de la Excma. Corte Suprema y solicita, tener por evacuado el informe requerido, y en su mérito, esta Corte rechace la acción de protección interpuesta en contra de su representada.

Adjunta los siguientes documentos a su informe: Copia en PFD Ordinarios N°2404413323, de fecha 04.12.2024 que solicita antecedentes; Ordinario N° 240441332301, de fecha 12.12.2024, que reitera remisión de antecedentes; Resolución Exenta N° 240441332302, de fecha 23.12.2024, que sanciona; Resolución Exenta N° 240441332303, de fecha 02.01.2025 que cierra proceso de fiscalización, todas emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; Copia Panel SUSESO con datos del profesional; Copia de voucher notificaciones de correos de Chile (comprobante N° 6000252818211 de fecha 04.12.2024, que notifica Ordinario que solicita antecedentes; comprobante N° 6000251048039, de fecha 23.12.2024, notificación resolución de sanción; N° 6000252850389, de fecha 02.01.2025 que notifica Resolución de cierre proceso; Bitácora expediente con registro notificaciones por mail, los días 04.12.2024 con solicitud de antecedentes, y 12.12.2024, con reiteración de solicitud de antecedentes; Copia reportes de fiscalización nacional, emitidos por el software TABLEAU, obtenido del proceso de emisión de licencias médicas otorgadas por doña nombre reservado; Copia de 12 bitácoras que muestran ingreso antecedentes fuera de plazo; Copia de pronunciamiento N°E369310/2023 de fecha 18/07/2024, emitido por la Contraloría General de la República; Copia de Circular SUSESO N°3523, de fecha 21-07-2020, mediante la cual se imparte instrucciones para la aplicación de la ley N° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. Deja sin efecto circular N° 2827 de fecha 14 de mayo del año 2012 de la Superintendencia de Seguridad Social; Copia de publicación realizada por FALMED en su página web www.falmed.cl , mediante la cual exponen en la gaceta jurídica pública, dedicada a la asesoría de médicos en Chile, respecto del objeto y las particularidades de forma pormenorizada del procedimiento cuestionado en la presente acción. ¿Cuáles son las sanciones que arriesgan los profesionales que emiten licencias médicas sin fundamento médico? La Ley N° 20.585, publicada el 11 de mayo de 2012, establece la aplicación de medidas de control, fiscalización y sanciones para profesionales médicos y contralores de Isapres, ante conductas fraudulentas, ilegales o abusivas en la emisión y evaluación de las licencias médicas y Mandato judicial, otorgado en la Notaría Reinoso de La Serena, de fecha 25 de agosto del 2023.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que conforme los antecedentes allegados a estos autos y que ha podido revisar esta Corte; el informe emitido por la recurrida y lo declarado en estrados por los abogados de ambas partes en la correspondiente audiencia, son hechos en el presente recurso:

· La solicitud hecha por la recurrida COMPIN a la recurrente, mediante “Ordinario 2404413323 de fecha 4 de diciembre de 2024 solicita remisión de antecedentes e informes complementarios” respecto de 50 pacientes de la recurrente (p. 100 expediente digital)conforme la normativa vigente y dentro del rol de fiscalización que le compete a la COMPIN en relación a la emisión de licencias médicas por los profesionales del área. Que dicho Ordinario fue notificado en la forma legal.

· La reiteración de la solicitud anterior, mediante Ordinario 240441332301 de 12 de diciembre de 2024 (p. 104 del expediente digital), que igualmente este ordinario fue notificado en la forma legal.

· Que mediante Res. exenta 240441332302 de fecha 23 de diciembre de 2024 de la COMPIN, se aplica multa y suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios a la recurrente en atención a que respecto de 12 casos no se ha entregado toda la información requerida dentro de plazo que vencía el 19 de diciembre, conforme da cuenta listado que se acompañó por la recurrida COMPIN en su informe. Que en el mismo listado aparece que con fecha 24 de diciembre se completó la información, respecto de los casos considerados “fuera de plazo por la recurrida COMPIN” (Informe pág. 10 y siguientes).

· Que posteriormente, mediante Res. exenta 240441332303 de fecha 2 de enero de 2025 de la COMPIN, se cierra el proceso de fiscalización y deja sin efecto las sanciones impuestas en los siguientes términos:

“VISTO: Lo dispuesto en el artículo 2 inciso 2° de la Ley 20.585; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud; el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus Seremis aprobado por el Decreto Supremo N° 136/04:

CONSIDERANDO: Que, con fecha 02 de Enero de 2025, la Compin pudo constatar que por causa de cumplimiento de información solicitada .

SE RESUELVE: Póngase término al Proceso de Fiscalización, Expediente 2404413323 y déjese sin efecto, en caso de que se hubiesen decretado, y si procediese, las sanciones de multa, suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y prohibición de venta de talonario de licencias médicas de papel, a partir de esta fecha”.

· Que a la época de la vista del presente recurso, la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios a la recurrente se había levantado por Res. exenta 240441332303 de fecha 2 de enero de 2025 de la COMPIN.

Sexto: Que conforme lo anterior y lo actuado en estrados, las partes están contestes en que en lo que respecta a la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios a la recurrente, el presente recurso ha perdido oportunidad en dicho capítulo.

Séptimo: Que asimismo constató esta Corte que las notificaciones efectuadas a la recurrente a efecto de ponerla en conocimiento de las solicitudes y resoluciones de la recurrida se hicieron conforme lo dispone la norma legal por la que se rige este procedimiento. Constando en el expediente digitalizado en las páginas 75, 125 y siguientes.

Octavo: Que la Ley 20.585 en su artículo 2º en sus cuatro primeros incisos dispone lo siguiente: “Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N° 19.880.

En contra de lo resuelto en conformidad al inciso anterior podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación.

Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

Noveno: Que conforme la norma citada, la recurrida COMPIN, al solicitar los antecedentes a la recurrente mediante los Ordinarios 2404413323 de fecha 4 de diciembre de 2024 y Ordinario 240441332301 de 12 de diciembre de 2024, ha actuado dentro de las facultades que la Ley 20.585 le entrega. En efecto, el artículo 1º de dicha Ley establece el objetivo de la citada Ley: “La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento”.

Y luego el citado artículo 2º del mismo cuerpo normativo, le entrega dicha facultad fiscalizadora a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), la recurrida en estos autos, por lo que no puede decirse que la recurrida ha actuado de manera ilegal como reclama la recurrente.

Octavo: Que en cuanto a la arbitrariedad en el actuar de la recurrida, cabe tener presente lo dicho en el considerando cuarto de este fallo. El acto u omisión es arbitrario cuando es producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza.

Estamos en presencia de arbitrariedad cuando hay una ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho.

Noveno: Que la recurrida COMPIN en su informe, reclamando de la falta de oportunidad respecto de una de las alegaciones de la recurrida sostiene que: “(…) a la recurrente se le solicitaron antecedentes con fecha 04.12.2024, y se le reiteró tal solicitud con fecha 04.12.2024 (Sic). Ambas solicitudes contemplan un plazo de 7 días corridos conforme lo establece la ley, es decir, la recurrente tuvo 14 días para entregar íntegramente la información, periodo que va desde el 05.12.2024 al 19.12.2024. En la materia, y tal como se registra en el listado con detalle ingreso antecedentes que se informa más adelante, y se corrobora en las 12 bitácoras individuales con ingreso de antecedentes que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación, la entrega de información en 12 casos, es de fecha posterior al 19.12.2024 (concretamente de fecha 24.12.2024).

En resumen, la recurrente efectivamente ingresó toda la documentación, pero no lo hizo en los plazos otorgados”.

Décimo: Que de lo descrito, se advierte que la decisión de la autoridad fiscalizadora, si bien, se ajustó en lo legal, no así en la razonabilidad y proporcionalidad que requiere la actuación de la autoridad para no tornarse en arbitraria.

En efecto, como dan cuenta los antecedentes en estos autos, la recurrente a la época en que se le solicitan los antecedentes, estaba fuera de chile en actividades propias de su gremio; que se le pide información detallada respecto de 50 licencias médicas; que solo respecto de 12 casos, lo hace dentro de los 5 días siguientes al plazo que la recurrida le otorga; que la información faltante se trataba de datos de menor índole y no cuestiones de fondo en relación con el objetivo de la fiscalización, lo que fue señalado por la recurrente en su libelo y no cuestionado por la recurrida, ni en su informe ni en estrados; por tanto, no aparece razonable, aplicar una sanción tan drástica como la que fue objeto. Puesto que como indica el inciso segundo del artículo 2 de la Ley que regula esta materia, ya citado precedentemente, “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días”.

Undécimo: Que, mediante la resolución exenta 240441332302 de fecha 23 de diciembre de 2024, se le ha aplicado a la recurrente las máximas sanciones, sin considerar, la intencionalidad que tuvo aquella de dar respuesta a los requerimientos de la autoridad en el menor tiempo posible, atendida sus propias circunstancias y la información solicitada, como ya se dijo. Que la primera solicitud se le formula es con fecha 4 de diciembre de 2024 y que finalmente al 24 de diciembre la recurrente había dado respuesta a los requerimientos en su totalidad, lo que sin duda, demuestra, su intención de cumplir con lo solicitado en el menor tiempo posible atendida la envergadura de la información solicitada. Que además se trata de información sensible que requiere rigurosidad en su manejo.

Duodécimo: Que en virtud de todo lo expuesto, el actuar de la recurrida se torna arbitrario en cuanto aparece desproporcionada la aplicación de la multa en el rango más alto, sin considerar que la recurrente entregó la información solicitada, dentro de los plazos indicados y solo respecto de doce casos, lo hizo con posterioridad, pero dentro de los cinco días inmediatamente siguientes, conforme se lee en el listado acompañado por la recurrida en su informe (p. 10 y siguientes del informe).

Que de lo anterior es dable concluir que la recurrente demostró intencionalidad de cumplir con la solicitud y en ningún caso eludirla.

Décimo tercero: Que la norma del artículo 2 de la Ley 20.585, ya citado, al referirse a la multa que la administración puede aplicar, utiliza la expresión “..,hasta 10 unidades tributarias mensuales” sin embargo, para el presente asunto, la recurrida aplica la sancione más drásticas, sin considerar la conducta de la administrada, lo que sin duda torna su actuación en arbitraria y vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Carta fundamental, esto es, igualdad ante la ley, toda vez que en circunstancias similares, otros administrados han sido tratados con mayor proporcionalidad.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia de la Excma. Corte Suprema, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo y se deja sin efecto la Resolución exenta Nº 240441332302 de fecha 23 de diciembre de 2024, solo en aquella parte que se mantiene vigente, esto es, la multa de 10 UTM aplicada a la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante señora Elvira Badilla Poblete.

Rol 34-2025 (Protección).-