nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Combarbalá Recurso de Protección Rol N° 339-2025.- La Serena, treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, interponiendo una acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, quien actuando como Alcalde Subrogante de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ, dictó un Decreto Alcaldicio que declara la salud incompatible y vacancia del cargo que detentaba la actora, sin derecho a indemnización.

Refiere que, el recurrido mediante Decreto Alcaldicio N°297/2025 de 15 de enero de 2025 dispuso declarar su salud incompatible y la vacante del cargo para el cual estaba contratada, por el que prestaba servicios desde el año 2017, en calidad de Técnico en Educación Diferencial y Trabajadora Social, como Asistente del Programa de Integración Social, en el Liceo Samuel Román Rojas de Combarbalá, dependiente del municipio, siendo notificada del decreto el 26 de febrero de 2025.

Afirma que, el acto se trata de un Decreto ilegal, abusivo y arbitrario, que perturba y amenaza su derecho de propiedad y de salud, y que solamente señala que se dicta en conformidad a los artículos 147 y 148 de la Ley N°18.883.

Manifiesta que, conforme al inciso final del artículo 148 de la ley antes referida, el alcalde, para ejercer la facultad allí señalada, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, lo cual no aparece de manera alguna que lo haya cumplido, con lo que se configura una transgresión legal.

Señala que, la resolución tampoco hizo mención a las modificaciones de la Ley N°19.070, introducidas por la Ley N°21.093, según las cuales, solo puede ser cesada en el cargo cuando su salud sea declarada irrecuperable, y que no pueda desempeñar el cargo.

Sostiene que, la decisión del recurrido de poner término a la relación laboral, amparada en la incompatibilidad de su salud, carece de la motivación exigida por la ley, en cuanto al respaldo que debía recibir del organismo técnico llamado a comprobar el sustento fáctico del acto administrativo, es decir, la incompatibilidad para el desempeño del cargo, lo que no aparece acreditado.

Expresa que, de esta forma, el Decreto Alcaldicio recurrido, al encontrarse desprovisto de la justificación exigida por la ley, ha devenido en un acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privarme de percibir mis remuneraciones y demás emolumentos a que tengo derecho, derecho, en razón de mi vínculo contractual, con la Municipalidad de Combarbalá.

Solicita, por tanto, se acoja el recuso, y se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 297/ 2025, de fecha 15 de enero de 2025, procediendo a reincorporarla a sus funciones, con costas.

Acompaña al recurso copia del Decreto Alcaldicio de 15 de enero de 2025.

SEGUNDO: Que, evacúa informe en representación de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, la abogada Gisella Fuentes Fuentes.

Señala ser efectivo que, por medio de Decreto Alcaldicio N°297/2025 se declaró la salud incompatible, la vacancia del cargo y Cese de funciones sin derecho a indemnización, a contar del 01 de marzo de 2025, por considerar su salud incompatible, en conformidad con lo dispuesto en la letra a) del artículo 147 y 148 de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales; que, la recurrente se desempeñaba desde el año 2017 como Técnico en Educación Diferencial y Trabajador Social, como asistente del Programa de Integración Social, en el Liceo Samuel Román Rojas de Combarbalá; y que, el referido decreto le fue notificado a la actora el 26 de febrero de 2025, por el Secretario Municipal, don nombre reservado.

Sin embargo, indica que no es efectivo que no se cumplió con lo señalado en la Ley N°18.883 en su artículo 148 inciso final, ya que, por medio de Ord. N°576 de 8 de noviembre del año 2023 enviado a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, se solicitó se sometiera a evaluación a la funcionaria nombre reservado, quien, en un plazo de dos años, ha hecho uso de 279 días (9 meses aprox.) de Licencias Médicas, esto de forma intermitente, y que, el 17 de abril de 2024 se emite Resolución N°17382162 por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, donde resuelve que presenta un estado de salud recuperable, resolución que aparece expresamente señalada en el Decreto N°297/2025.

Indica que, el articulo 147 letra a) de la Ley N°18.883, señala la declaración de vacancia procederá por tener salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, y el artículo 148 del mismo texto legal, confiere al Alcalde la facultad de considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Sostiene que, respecto de las normas antes citadas, existe una errónea interpretación por parte de la recurrente, pues si bien es cierto la COMPIN puede declarar que la salud es irrecuperable, es el jefe de servicio, en este caso, el Alcalde, quien puede declarar la salud incompatible con el desempeño del cargo si el funcionario ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que para el caso en comento esta última parte no aplica, ya que, la COMPIN declaró salud recuperable, por lo tanto el alcalde está facultado para declarar la salud incompatible, estando ajustado a Derecho el Decreto N°297/2025.

Destaca que, conforme al Dictamen N°5.700 del año 2011, precisó que la causal de cese por salud incompatible tiene como resultado el término del respectivo contrato de trabajo, sin derecho a indemnización por años de servicio, tal como lo preceptúa el artículo 15 de la Ley N°18.020.

Añade que, la decisión se funda en la alta sensibilidad de la función que desempeñaba como Técnico en Educación Diferencial, el Liceo Bicentenario Samuel Román Rojas, cuenta con la necesidad de contar con un asistente de la Educación que ejerza la labor de forma permanente, colaborando y contribuyendo al proyecto de aprendizaje de los estudiantes, y cuya ausencia prologada provoca un grave perjuicio por la rotación permanente de personal necesario para cubrir su cargo.

Asimismo, hace presente que, tanto en febrero de 2023, como en agosto de 2024, se le informó a la actora que sus licencias estaban siendo rechazadas por la COMPIN, informándole que se realizaría el trámite de apelación.

Previas citas de jurisprudencia administrativa y judicial, y de las normas legales pertinentes, solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta.

Acompaña al informe: 1. Mandato Judicial. 2. Ord. N°062 de fecha 05 de febrero de 2023. 3. Ord. N°453 de fecha 21 de agosto de 2024. 4. Ord. N°576 de fecha 08 de noviembre de 2023. 5. Resolución de Evaluación N°17382162 de la COMPIN de fecha 17 de abril de 2024. 6. Decreto N°297/2025 de fecha 15 de enero de 2025. 7. Planilla de Licencias médicas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de ello aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto, la jurisprudencia de los Tribunales superiores de Justicia ha sostenido que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, la recurrente pretende, por medio del presente arbitrio constitucional, dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N°297/2025 de fecha 15 de enero de 2025, por estimarlo ilegal y arbitrario, al carecer de un presupuesto exigido por ley, cual es la realización de una evaluación por parte de la COMPIN, y que esta institución determinara su irrecuperabilidad.

Por su parte, la recurrida, indica que la evaluación requerida por ley se cumplió, y que en mérito de sus resultados fue que se ejerció una facultad contemplada por el legislador.

QUINTO: Que, para la acertada resolución del asunto es menester detenerse en el tenor de la norma del artículo 148 de la Ley N°18.883 que aprobó el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, cuyo actual texto, luego de la reforma introducida por la Ley N°21.050, es el que sigue:

“El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

SEXTO: Que, la forma de conciliar lo indicado en los incisos 1º y 3º de la norma trascrita, consiste en que, para declarar a un funcionario afecto a salud incompatible con el ejercicio de su cargo, el Alcalde debe requerir siempre y de manera previa el pronunciamiento de la COMPIN competente en relación a una eventual irrecuperabilidad, en términos de que si así fuera se habrá de seguir el camino dado para la declaración de salud irrecuperable regulado en el artículo 149 de la misma ley; en tanto que si la salud fuere estimada como recuperable podrá procederse –en su caso- al ejercicio de la prerrogativa establecida en el primer inciso de la norma del artículo 148.

SÉPTIMO: Asentado lo expuesto, cabe revisar los términos del Decreto objeto de la acción.

En dicho documento, se hace referencia a los artículos 147 letra a) y 148 de la Ley N°18.883 y de forma expresa a la resolución Folio N°17382162 de la COMPIN, la que resuelve que la funcionaria presenta salud recuperable, explicando el decreto las funciones desempeñadas por la recurrente y las consecuencias de sus ausencias, además de detallar cada una de las licencias presentadas por la actora, entre junio de 2022 y octubre de 2023, para luego, en su parte resolutiva, declarar que la salud de doña nombre reservado resulta incompatible, disponiendo la vacancia del cargo y el cese de funciones, sin derecho a indemnización, a contar del 01 de marzo de 2025.

OCTAVO: Que, resulta fundamental, en consonancia con el mandato legal, el que el acto administrativo se encuentre debida y suficientemente fundado, pues es sólo en dicha virtud que se explicitan cuáles han sido las razones o fundamentos (no sólo legales sino también fácticos) que han conminado a la Administración a decidir en tal o cual sentido.

Ello es exigido por la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (aplicable en la especie en mérito del inciso 1º de su artículo 2), dado el tenor del artículo 11 inciso 2º y 41 inciso 4º.

NOVENO: Que, regresando la mirada al Decreto en cuestión, como se expresó en el considerando séptimo de este fallo, queda asentado en sus numerales 3°, 4°, 6° y 7°, los fundamentos que motivan la determinación adoptada, al tenor de la facultad concedida en el artículo 148 de la Ley N°18.883, esto es, haciendo expreso señalamiento de lo informado por la COMPIN, tras la evaluación de la funcionaria, y detallando, concretamente, el periodo continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos años previos por el cual la actora se mantuvo con licencia médica, señalando, además, la importancia de contar con un asistente de educación que ejerza la labor de forma permanente en el establecimiento educacional que se indica.

De lo anterior, se desprende que el acto resulta suficientemente fundado, tanto en su sustento fáctico como normativo, no avizorándose la arbitrariedad e ilegalidad que se le atribuye, motivo por el cual, la acción constitucional presentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°339-2025 (Protección).-