nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº337-2024.- La Serena, nueve de abril de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Iván Antonio Alcayaga González, abogado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, nacional de República Dominicana, cédula de identidad N°RUT reservado, mismo domicilio anterior, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado legalmente por su titular, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, afectándose con ello el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

Expone que el recurrente ingresó solicitud de carta de nacionalización N°20109033, el 17 de enero de 2022, acompañando en dicha oportunidad los documentos necesarios para la tramitación de la solicitud, entre ellos, pasaporte vigente, contrato de trabajo vigente, y certificado de gastos e ingresos para comprobar su sustento económico, certificado de afiliación a AFP, certificado de cotizaciones, certificado de antecedentes penales apostillado y certificado de antecedentes penales en Chile, junto con el estampado de visa temporaria, la acreditación del vínculo con sus hijos chilenos, siempre conforme a la ley, las buenas costumbres y el orden público.

No obstante, indica que, desde esa data, sólo recibió una respuesta a su solicitud el 26 de julio de 2022, en la que le informan el avance a la etapa de análisis.

Desde entonces, afirma que no ha recibido respuesta alguna respecto de su proceso de solicitud nacionalidad, alargándose este proceso por un período de más de 2 años Y 2 meses, situación que califica como fuera de toda lógica administrativa.

Señala que, pasado un tiempo, decidió presentar un reclamo en agosto de 2023, a través del Sistema Integral de Atención ciudadana, número de reclamo OR099N02451281, el que fue respondido el 07 de noviembre de 2023, no recibiendo respuesta a esta solicitud de información.

Asimismo, hace presente que tampoco puede acceder a consultar el estado de su solicitud ni a través de consulta de estado del trámite, así como tampoco por consulta de beneficios migratorios, por lo cual, además de la demora injustificada en la resolución de su solicitud, se le impide consultar el estado de la misma.

Expone que la dilación de la recurrida en tramitar la solicitud de carta de nacionalización, le ha traído enormes y graves consecuencias al estilo de vida del recurrente, generando limitaciones en el ordinario vivir como son, no contar con accesibilidad al mundo normal de gestiones, no siendo posible por ejemplo aplicar a empleos formales en los que se requiere como requisito ser chileno, tampoco pudiendo viajar junto a sus hijos de nacionalidad chilena a destinos de fácil acceso para los chilenos.

A mayor abundamiento, señala que el recurrente cumple con todos los requisitos objetivos para acceder al beneficio solicitado a la autoridad.

Por lo anterior, señala que se está vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, estableciendo una discriminación en relación a los demás solicitantes de carta de nacionalización que han obtenido un pronunciamiento definitivo dentro de un plazo razonable.

A su vez, destaca lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 27 de la Ley Nº19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular lo concerniente al principio de celeridad, conclusivo, economía procedimental y de inexcusabilidad, los que igualmente estarían siendo infringidos por la recurrida.

Igualmente, afirma que la recurrida está infringiendo los principios de promoción de derechos y de procedimiento migratorio informado, contenidos en los artículos 3 y 5 de la Ley N°21.325 de Migraciones.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida resolver sin más trámite, la solicitud de nacionalización del recurrente, emitiendo la respectiva resolución que en derecho corresponda en el más breve plazo; ordenar a la recurrida, entregar lineamientos de acción en este caso particular, con la finalidad que el recurrente tenga en lo futuro certeza sobre su estatus migratorio en Chile, entregando un canal particular de atención, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Señaló que el 17 de enero de 2022, el recurrente solicitó mediante la plataforma web del Servicio de Migraciones, la carta de nacionalización.

Luego, el 10 de junio de 2022 se le informó al recurrente que su solicitud de carta de nacionalización no reunía los requisitos exigidos por la legislación vigente, debiendo acompañar certificado de antecedentes legalizado.

Seguidamente, el 26 de julio de 2022 se le comunicó bajo folio 26896812 que su solicitud avanzaba a etapa de ANÁLISIS.

Posteriormente, el 26 de julio de 2022 la solicitud avanzó a etapa de asignación de PDI, siendo asignada el 28 de julio de 2022 para redacción de informe, el cual debe ser enviado al Servicio de Migraciones.

Señala que el 01 de abril de 2024, Policía de Investigaciones de Chile envió a la autoridad migratoria informe policial de entrevista realizada al extranjero solicitante de nacionalidad.

Señala que la autoridad ha notificado de todos sus avances al recurrente.

Hace presente que el recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, por lo que mantiene situación migratoria regular en el país. Así, la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Luego, señala que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, la carta de nacionalización se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior, y que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo de la solicitud, terminando la labor del Servicio con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Asimismo, enfatiza que consiste en una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual al recurrente, ya que su solicitud de carta de nacionalización ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, no es de carácter fatal, y que el solicitante cuenta con el documento que acredita su residencia legal.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numerales 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica. Solicita que se ordene a la recurrida acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de carta de nacionalización del actor se encuentra en trámite, en etapa de “Análisis”, haciendo además presente que se trata de una especial gracia que se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior. Asimismo, indicó que el recurrente tiene su residencia regular en el país y que no ha existido discriminación ni trato desigual en la tramitación de su solicitud, actuando al Servicio con apego a la normativa vigente.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de carta de nacionalización, cuya presentación fue realizada el 17 de enero de 2022.

Si bien, es necesario considerar que la referida solicitud requiere de un tiempo de tramitación que es superior al del resto de solicitudes corrientes de residencia, no resulta menos cierto que el Servicio ha demorado más de dos años en entregar alguna especie de respuesta a la parte solicitante, plazo que en este caso particular aparece alejado de justificación racional, además de exceder lo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de carta de nacionalización, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que numerosos trámites administrativos se vieron dilatados por la emergencia sanitaria que afectó a la sociedad, es preciso constatar que durante los años 2022 y 2023 la situación sanitaria se normalizó y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud del actor, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Por último, es necesario precisar que, abona al actuar arbitrario de la recurrida, el hecho que en su informe el Servicio afirma que “en el caso de autos, la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente fue remitido al Gabinete de la Subsecretaría del Interior, quien deberá resolver la concesión o rechazo de la mencionada solicitud”, circunstancia que, conforme a lo manifestado por el apoderado de la recurrida en estrado, no es tal.

NOVENO: Que, si bien esta Corte conoce los recientes fallos del máximo tribunal, esgrimidos por la entidad recurrida, de todas formas se puede apreciar que las personas en condición de movilidad sí presentan dificultades para el ejercicio de sus derechos.

En efecto, si bien es correcto afirmar que la norma del artículo 43 de la Ley N°21.325 mantiene la vigencia de la cédula de identidad otorgado provisoriamente a la persona, en tanto se encuentre en trámite su requerimiento, lo cierto es que no existe un sistema en línea o interconectado que permita a cualquier entidad –pública o privada- consultar, en el momento exacto en que un sujeto en condición de movilidad le exhiba el documento identificatorio, su validez o, en los términos del artículo citado, su prórroga, poniendo de cargo del solicitante el obtener a diario y a cada minuto un certificado digital del Servicio recurrido para demostrar esta situación.

Aquella carga resulta una consecuencia de la tardanza del servicio recurrido en resolver la petición que se le ha formulado, lo que han intentado corregir a partir de la contratación de más personal, como ha sido indicado en diversos alegatos, pero en lo concreto no ha provocado en el caso de marras una decisión final, cualquiera que ésta sea, que permita al sujeto ejercer sus derechos en nuestro país, ser contratado, poder acudir a recintos público o privados de educación y salud, entre otros.

De esta forma, en los hechos se termina imponiendo una carga al migrante, al serle impositivo contar a diario con un certificado del servicio recurrido que dé cuenta de que su trámite se encuentra pendiente, para cuya obtención se requiere tiempo e insumos como internet, acceso a PC, etc., lo que no siempre ocurre, pues en los más de los casos se trata de personas en condición de alta vulnerabilidad. Si ellos/as son niños, niñas y adolescentes, mayor debe ser el estatuto protector.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá concluir la tramitación que le corresponde al Servicio de Migraciones, remitiendo los antecedentes a la Subsecretaría respectiva e informando de ello al recurrente, dentro del plazo de 30 días corridos desde notificada la presente sentencia.

Se previene que el Ministro Sr. Troncoso, fue del parecer de disponer que la recurrida concluya la tramitación que le corresponde respecto a la solicitud de carta de nacionalización, en el plazo de 30 días hábiles.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°337-2024 (Protección).