Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°3318-2022.

La Serena, diecisiete de junio de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°) Que, DENNY JARAMILLO MÁRQUEZ, abogada, interpuso acción constitucional de protección en favor nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado; de nombre reservado, tecnólogo en sistema industrial, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado; y de nombre reservado, menor de edad, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, dirigida en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva, lo que vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, afirma que, nombre reservado con fecha “27 de septiembre de 2021” solicitó el beneficio de permanencia definitiva, sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción, no ha recibido ninguna respuesta por parte de la recurrida, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre.

Por su parte, nombre reservado con fecha “19 octubre del 2019” solicitó el beneficio de permanencia definitiva. Luego, con fecha “30 de julio del 2020” se le ordenó subsanar documentos, lo que cumplió dentro de plazo, el “14 de agosto de 2020”. Sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción, no ha recibido ninguna respuesta por parte de la recurrida, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre.

En lo que respecta al niño nombre reservado, es hijo de nombre reservado y nombre reservado, todos de nacionalidad venezolana y residentes en Chile. nombre reservado se encuentra como dependiente de la solicitud de permanencia definitiva de su madre, quien ya tiene su Certificado de Permanencia Definitiva desde el “08 de julio del 2020” bajo N° 902754. Con fecha “13 de noviembre del 2019” la recurrida no acogió a trámite su respectiva Solicitud de Permanencia Definitiva, pues debía postular online, cuestión que hizo. Sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción, no ha recibido ninguna respuesta por parte de la recurrida, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre.

En cuanto al derecho, destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley Nº 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular los artículos 7 y 27 que regulan el principio de celeridad, con la obligación de impulsar el procedimiento de oficio. Del mismo modo, hace referencia al artículo 9 del mismo cuerpo legal, en cuanto al principio de economía procedimental, que establece que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por lo anterior, solicita se acoja la acción interpuesta, y se ordene a la recurrida que se pronuncie respecto de la solicitud de permanencia definitiva.

Acompaña a su presentación: 1. Copia Pasaporte de don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado 2. Cédula de identidad para extranjeros de don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado 3. Solicitud de Permanencia Definitiva de don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado 4. Ultimo Estampado de visa doña de don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado 5. Estado de trámite de don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado 6. Solicitud para subsanar de don nombre reservado y nombre reservado 7. Certificado de subsanación a tiempo de don nombre reservado 8. Certificado de nacimiento de don nombre reservado 9. Copia cédula de identidad de doña nombre reservado 10. Certificado de Permanencia Definitiva de doña nombre reservado 11. Copia contrato de trabajo de don nombre reservado, nombre reservado.

2°) Que, compareció FRANCISCO JAVIER ERRÁZURIZ QUIROZ, abogada, en representación de la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, quien solicitó el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

En cuanto a los hechos, informa que nombre reservado, con fecha “27 de septiembre de 2021” solicitó permiso de permanencia definitiva. Y, con fecha “28 de febrero de 2022” se le comunicó que mediante Resolución Exenta N° 22112754, se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en “Estudio preliminar”.

En lo que respecta a nombre reservado, con fecha “19 de octubre de 2019” solicitó permiso de permanencia definitiva. Y, con fecha “30 de julio de 2020”, mediante Comunicación electrónica N° de Folio 7276664 se informó al extranjero que su solicitud estaba incompleta. Luego, con fecha “09 de diciembre de 2021”, se dictó Resolución Exenta N° 21416410, en la que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en “Análisis resolutivo”.

Mientras que, en cuanto a nombre reservado, con fecha “10 de julio de 2019” solicitó Permiso de Permanencia Definitiva. Mediante Notificación N°19.907 de fecha 13 de noviembre de 2019, del Departamento de Extranjería y Migración, se informó que su solicitud de permanencia definitiva enviada por correo no fue acogida a trámite ya que no adjuntó los documentos que singulariza. Luego, mediante Comunicación electrónica Folio N° 12762490, de fecha 09 de marzo de 2021, se informó que la solicitud estaba incompleta. Finalmente, con fecha “09 de diciembre de 2021”, se dictó Resolución Exenta N° 21415863, en la que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en “Evaluación intermedia”.

En cuanto al derecho, refiere que no existe ilegalidad o arbitrariedad por el retraso en la tramitación de la permanencia definitiva, toda vez que la Administración se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, agregando que dicho plazo no es de carácter fatal.

Agrega que encontrándose en tramitación la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, ésta mantiene una situación migratoria regular en el territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Extranjería, conforme al cual la residencia regular se acredita con el comprobante de tramitación del permiso de permanencia definitiva.

En virtud de ello, y previa cita de los artículos 81, 133 y 157 del Reglamento de Extranjería, sostiene que no existe actualmente un acto que genere vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, y que el Departamento de Extranjería ha actuado con apego a la normativa que regula la materia.

Por otra parte, agrega que no se configura en este caso una hipótesis de silencio administrativo de los artículos 64 y 65 de la Ley Nº19.880, ya que existe una actividad constante del Servicio mediante la dictación de las diversas resoluciones exentas en la tramitación de la solicitud.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20, y se rechace la condena en costas.

Junto con su informe acompaña: 1. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021. 2. Copia de Resolución Exenta N° 22112754 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 28 de febrero de 2022. 3. Comunicación electrónica N° de Folio 7276664, de 30 de julio de 2020, del Departamento de Extranjería y Migración. 4. Copia de Resolución Exenta N° 21416410 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 09 de diciembre de 2021. 5. Notificación N°19.907 de fecha 13 de noviembre de 2019, del Departamento de Extranjería y Migración. 6. Comunicación electrónica Folio N° 12762490, de fecha 09 de marzo de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración. 7. Copia de Resolución Exenta N° 21415863 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 09 de diciembre de 2021.

3°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

4°) Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

5°) Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

6°) Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

7°) Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

8°) Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de permanencia definitiva a cumplido los “9 meses” de tramitación respecto de nombre reservado, mientras que, ha cumplido “2 años y 8 meses” en relación a nombre reservado, y “1 año y 3 meses” respecto de nombre reservado. Tales tiempos, a juicio de estos sentenciadores son evidentemente excesivos, toda vez que si bien es de público conocimiento que muchos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo entero, es preciso constatar que por lo menos durante el año 2021 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud de la recurrente, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, y de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, y en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de las solicitudes de permanencia definitiva presentadas ante ella, dentro del plazo de 30 días corridos desde la notificación de la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 3318-2022 Protección.