Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

nombre reservado, nombre reservado

Ilustre Municipalidad de La Serena Recurso de Protección Rol Nº 325-2014.- La Serena, diecinueve de Mayo de dos mil catorce.

A fojas 3, comparece don NICOLÁS ESTEBAN LARA PARADA, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, estudiante de la carrera de Derecho y funcionario público municipal a contrata administrativo Grado 18° de la Escala Única de Sueldos Municipales, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, rol único tributario número 69.040.100-2, representada legalmente por su Alcalde, don ROBERTO ELÍAS JACOB JURE, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber incurrido en el acto ilegal y arbitrario de poner término sin causa justificada a la contrata de su representado, vulnerando el derecho constitucional garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, esto es, el derecho de propiedad en relación a la estabilidad de su función pública.

Relata que su representado, se desempeñaba en las funciones de actuario del Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena, de su Titular, doña Nubia Urra Roa, dependiente contractualmente de la Ilustre Municipalidad de La Serena.

Refiere que fue nombrado en dicho cargo mediante Decreto Alcaldicio N°s 36/2013, de fecha 01 de Febrero de 2013, del referido Municipio, acto administrativo que contemplaba la prestación de sus servicios a partir de la fecha 01 de Enero de 2013 hasta el día 30 de Junio del 2013 y/o hasta que sus servicios sean necesarios dentro del plazo máximo legal. Dicho nombramiento a contrata fue renovado sucesivamente mediante los Decretos Alcaldicios Números 147/2013, 161/2013, 169/2013, 177/2013, 195/2013, 217/2013 y 411/2014, este último hasta el 31 de Mayo de 2014 y/o hasta que sus servicios sean necesarios dentro del plazo máximo legal.

En cuanto a las labores que desempeñada, relata que éstas consistían en la redacción de las partes expositivas de sentencias, reposiciones e incidentes procesales y digitalizador de actas de audiencias de comparendo.

Anteriormente, agrega, su representado prestaba servicios a honorarios en el Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena, desde enero a principios de marzo del año 2011, prestando asimismo servicios como apoyo jurídico de contratos en la misma modalidad de contratación antedicha, desde el 20 de agosto hasta el 31 de diciembre del año 2012, con destinación de servicios en la Dirección de Servicios a la Comunidad, dependiente de la Ilustre Municipalidad de La Serena.

Expone que el día 18 de febrero de 2014, encontrándose haciendo uso de licencia médica producto de un trastorno ansioso que lo aquejaba debido a un estrés laboral, cesó de sus funciones por así establecerlo arbitrariamente el Decreto Alcaldicio Nro. 1099/2014, de fecha 17 de Marzo de 2014, del Municipio de La Serena, acto administrativo en el cual, sin mediar causal de término, se dispuso poner fin a su nombramiento en calidad de contrata administrativo asimilado al grado 18, en forma anticipada.

Manifiesta que su representado se vio afectado por un cuadro de estrés ansioso, debido a numerosos problemas personales, familiares y de salud, toda vez que debe trabajar para costear sus estudios en la carrera universitaria y gastos de vida. Además, hace presente, que su representado pese haber sido bien evaluado al poseer en su hoja de vida funcionaria dos anotaciones de mérito en el desempeño de sus funciones y contar con la completa confianza de su Jefe de Servicio, la Juez Titular del Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena, ha debido sortear numerosos roces y problemas con la Señora nombre reservado, Secretaria Abogado Titular, problemáticas que fueron superadas satisfactoriamente desde la fecha de la visita extraordinaria del Ministro Visitador de esta Corte de Apelaciones de La Serena, don nombre reservado, de fecha 07 de Enero de 2014, en razón del reclamo formulado respecto de la nombrada funcionaria, al señor Alcalde de esta Ciudad, con fecha 28 de Noviembre del año 2013 y respondido por la autoridad comunal el día de la visita señalada, con más de un mes de tardanza.

Producto del estrés reseñado precedentemente, su representado presentó con fecha 06 de Marzo del año 2014, licencia médica por el término de 15 días, desde el día 04 hasta el día 18 de Marzo del 2014, siendo desvinculado al día siguiente del término de su licencia. Dentro del periodo de su licencia médica, mi representado había solicitado verbalmente cambio de dependencias en el evento de ser factible, debido a lo complicado que se tornaba tener que estudiar y trabajar en un Juzgado con tanta carga laboral. Habiendo conversado y transmitido lo reseñado con la Magistrado Titular, S.S doña Nubia Urra Roa, ella le señaló estar muy satisfecha con su trabajo, solicitándole reconsiderara esta idea del cambio de dependencias, por cuanto estaba muy bien evaluado, y que en el entendido que no dieran lugar a su solicitud de cambio de dependencias, obviamente seguiría contando con su trabajo en el Servicio destinado.

A mayor abundamiento, expone, dicha situación habría sido conversada además personalmente por su representado con el Secretario Municipal don nombre reservado, en reunión que tuvo lugar en su despacho el día viernes 07 de Marzo de 2014, en la cual se le habría manifestado a su representado por dicho funcionario, que se le reubicaría en otro departamento; que la intención del Alcalde no era despedir personal, sino reubicarlos en otros servicios dentro del Municipio. Inclusive se le consultó a mi representado en que área le gustaría trabajar o se sentiría cómodo, a lo que éste responde que atendido su rol de funcionario administrativo no podía exigir nada a la autoridad superior y que lo único que le interesaba era poder seguir desempeñándose en el Municipio, ya que debía costear sus estudios de Derecho, y necesitaba trabajar. Acto seguido, el Secretario Municipal le dice que se tome tranquilamente su licencia médica, y que no se preocupara porque hablaría personalmente con el Señor Alcalde.

De esa manera, relata, su representado sin tener conocimiento íntegro y en términos formales del Decreto Alcaldicio que ponía término a su nombramiento en calidad de contrata municipal -toda vez que éste le habría sido notificado el día viernes que tuvo por fecha 21 de marzo de 2014- (sic) acudió el día 19 de Mano de 2014, a la Dirección de Personal del Municipio a dar cuenta que iba a ver médico porque se sentía anímicamente mal, razón por la cual haría uso de una nueva licencia médica, siendo entonces informado verbal e informalmente por la Jefa de Personal de la Municipalidad de La Serena doña nombre reservado, de la existencia de un Decreto Alcaldicio que ponía término a su contrata municipal y por consiguiente su desvinculación del Municipio, indicándosele que la Juez Titular del Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena, doña Nubia Urra Roa, había puesto a disposición de la autoridad edilicia su cargo de actuario en el que su representado se desempeñaba.

Ante esta situación, su representado solicitó mayores antecedentes sobre los fundamentos de la decisión transmitida, ante lo cual, fue derivado ante el Director de Administración y Finanzas de esa Municipalidad, don nombre reservado, quien le comunicó ese mismo día, 19 de marzo de 2014, que tal decisión era irremisible, toda vez que ya se había registrado el Decreto de Término de Contrata en el Sistema SIAPER y subido al portal de transparencia municipal, cuestión que en caso alguno, puede constituir un fundamento válido a la hora de justificar la desvinculación de la que se ha hecho referencia. En dicha reunión, su representado en antecedente de la comunicación verbal de la Señora Jefe de Personal, doña nombre reservado, que le informaba que su Jefe de Servicio, la Juez Titular del Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena, doña Nubia Urra Roa, había puesto a disposición su cargo como actuario, le manifestó a don nombre reservado, que aquello era imposible, pues la relación con ella como superior jerárquico y Jefe de Servicio era óptima y que necesitaba un respaldo de la información con algún oficio y/o documento de la Jefe de Servicio aludida, ante lo cual el Señor nombre reservado le señaló no había tal documento y que se trataba de una comunicación verbal efectuada entre la Magistrado y el Ex Jefe de Personal don nombre reservado.

Ante estos hechos relatados por el Señor Director de Administración y Finanzas del Municipio de La Serena, mi representado acudió a la presencia del Señor nombre reservado, a corroborar la información entregada, quien le manifestó verbalmente que jamás había hablado con la Magistrado doña nombre reservado y que nunca había puesto a disposición el cargo en el que su representado se desempeñaba, y que tal cuestión era imposible porque él ya había sido desvinculado del Departamento de Personal del Municipio relegado a cumplir nuevas funciones como Director del Departamento de Finanzas.

Indica que no conforme con ello, su representado acudió, también ese mismo día 19 de Marzo de 2014, en horario de la tarde, a entrevistarse personalmente con su Jefe de Servicio, la Juez Titular del Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena, S.S., doña Nubia Urra Roa, quien recibiéndolo cordialmente, le pregunta acerca de su estado de salud e inclusive le solicita reconsiderar su solicitud de cambio de destinación de servicio, ya que ella estaba muy conforme con su trabajo y buen desempeño y que siempre era un aporte a su Juzgado por estar en conocimiento del área del derecho, lo que agilizaba el funcionamiento del Tribunal. Que, ante ello, su representado le manifiesta que fue informado de su desvinculación como Actuario del Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena, y que mediante un Decreto Alcaldicio se había dispuesto dar término a su contrata municipal, porque ella había puesto a disposición del Municipio su cargo como actuario; ante lo cual la Magistrado y Jefe de Servicio de mi representado, se sorprende y le manifiesta que ello es una absoluta falsedad, ya que como se expuso precedentemente, ella tenía una muy buena evaluación de la calidad profesional y del trabajo del Señor nombre reservado, por lo que dispondría de un oficio remisor solicitando clarificar la situación, y en caso de ser efectiva la existencia del Decreto se comprometía a instar por su reincorporación. Con fecha 20 de Marzo de 2014, la Juez Titular del Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena, mediante Oficio Judicial Nro. 666-2014, solicita la reconsideración al Señor Alcalde, del Decreto Alcaldicio que desvinculara a mi representado don nombre reservado, así como también clarificar tal situación, por cuanto la referida Magistrado jamás había puesto a disposición su cargo ante la Autoridad Edilicia, solicitando en definitiva su reincorporación a las funciones que desempeñara en su Juzgado, una vez que retornara de su licencia médica.

Habida cuenta de los hechos señalados, expone, los que le producían un evidente estrés e incertidumbre, y estando dentro de plazo legal, su representado presentó con fecha 20 de Marzo de 2014 nueva licencia médica, la que fue recepcionada por el Departamento de Personal de la Municipalidad de La Serena y no tramitada. En efecto, al día siguiente 21 de marzo del 2014, por la mañana, una funcionaria de dicho departamento y encargada de licencias médicas, se contactó telefónicamente con su representado con el objeto de comunicarle que esta nueva licencia médica no sería tramitada por existir un Decreto que ponía término a su contrata municipal y lo desvinculaba del Municipio, y a la vez, preguntarle una dirección para mandarle de vuelta la licencia médica, ante lo cual su representado se opuso rotundamente a tal acto, pues su nueva licencia médica no era más que una continuación de la anterior, era válida, y que esta vez determinaba como reposo a seguir desde el día 19 hasta el día 23 de Marzo del año 2014.

Agrega que inmediatamente después de finalizar esta conversación telefónica, acudió inmediatamente alrededor de las 11.00 horas, a entrevistarse personalmente con la Directora del Departamento de Personal del Municipio de La Serena, Señora nombre reservado, tomando conocimiento su representado recién en esa fecha -21 de Marzo de 2014- en términos formales del Decreto Nro. 1099/2014 de fecha 17 de Marzo del año 2014, que ponía termino a su nombramiento en calidad de contrata municipal, entregándosele en ese acto copia de singularizado acto administrativo.

Ante tal evento, incertidumbre y disconformidad que invadía a su representado, por no haber fundamento plausible que justificara referido decreto de término de su contrata, unido a la circunstancia que se encontraba haciendo uso de su licencia médica; es que solicitó ver su carpeta funcionaria, lo que le fue negado, motivándolo en definitiva a presentar solicitud formal de copia autorizada de toda la carpeta funcionaria al Secretario Municipal, de conformidad a lo preceptuado en las Leyes Nros. 19.628 Sobre Protección de Datos Personales y 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública y Transparencia, subida al portal de transparencia municipal.

Complementa su exposición de hechos señalando que en virtud de todo lo ocurrido, en varias ocasiones y en fechas distintas su representado acudió a entrevista personal con el señor Alcalde, las que nunca pudieron concretarse Asimismo, hacer presente que se presentó con fecha 08 de abril de 2014, solicitud de pronunciamiento de legalidad del referido decreto alcaldicio, ante la Contraloría General de la República, el que fue ingresado bajo el N° 42306-2014, el cual se encuentra pendiente de resolución.

En cuanto a los fundamentos de derecho, indica que el referido Decreto Alcaldicio Nro. 1099/2014, de fecha 17 de Marzo de 2014, del Municipio de La Serena, en el cual, sin mediar causal de término, se dispuso poner fin a su nombramiento en calidad de contrata administrativo asimilado al grado 18, en forma anticipada, constituye un acto a todas luces ilegal y arbitrario.

Asevera que es acto es ilegal, por cuanto infringe numerosas disposiciones legales que dicen relación con asuntos de forma como el trámite de toma de razón por parte de Contraloría General de la República, así como de fondo, por cuanto mediante dicho acto administrativo se infringen disposiciones que protegen derechos constitucionalmente garantizados, que se invocan en la presente acción, pero también normas de rango legal que dicen relación con los derechos funcionarios que prodiga el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales a las personas empleadas a contrata, como ocurre en la especie.

Califica el acto como arbitrario, por cuanto carece de cualquier justificación racional, y no se entiende sino como un acto de hostilidad y persecución en contra de la persona de su representado, y por ende le priva, en su condición de afectado por dicho acto, de conocer los fundamentos de dicha decisión.

Indica que la racionalidad de los actos administrativos, actos sujetos a control en su esencia, tienen como insalvable y primer límite la racionalidad y no arbitrariedad, lo que garantiza la sujeción de dichos actos a la Constitución y a las leyes vigentes, lo cual claramente ha sido vulnerado en esta ocasión.

En cuanto a las normas legales indica que la relación jurídica entre mi representado y la Ilustre Municipalidad de La Serena, se rige por la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales. Así se desprendería del artículo 1° del citado cuerpo legal, que prescribe: "El estatuto administrativo de los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado en un cargo de las plantas de las municipalidades. A los alcaldes sólo les serán aplicables las normas relativas a los deberes y derechos y la responsabilidad administrativa. Los funcionarios a contrata estarán sujetos a esta ley en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de estos cargos".

Afirma que la naturaleza jurídica del vínculo entre la Administración y el funcionario público tiene el carácter de un vínculo estatutario de derecho público, lo que ha sido confirmado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que así lo ha señalado en numerosas ocasiones, como por ejemplo en el Dictamen N° 31000N08, al informar al Tribunal Constitucional en el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol NI° 1133-2008, señalando a este respecto que: "No obstante ello, conviene tener presente que la jurisprudencia administrativa ha reconocido que el vínculo que une a los servidores públicos con la Administración y que se conoce como vínculo estatutario" en su sentido amplio, supone la sujeción de los funcionarios, empleados o servidores públicos a un régimen de derecho público preestablecido, unilateral, objetivo e impersonal, fijado por el Estado, cualquiera sea el nombre específico que pudieran recibir los diversos cuerpos estatutarios que los rijan y sea cual fuere la naturaleza del servicio en que se desempeñen" Lo anterior significa que este vínculo se encuentra establecido con anterioridad al nombramiento del funcionario, que le es obligatorio respetarlo, y es por ello que el vínculo se inicia con un acto unilateral de la Administración, denominado nombramiento, y no con un acto bilateral como lo es el contrato.

A continuación pasa a definir qué se entiende por cargo a contrata, señalando que éste lo define el artículo 5° del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, en su letra f) del modo que sigue como: "aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una municipalidad".

A mayor abundamiento, expone, la contrata como vínculo estatutario de derecho público participa de la misma finalidad que el cargo de planta. Ello se colige, según indica, del artículo 2° del citado cuerpo legal que señala que los cargos de planta y a contrata solo "podrán corresponder a funciones propias que deban realizar las instituciones" a que se refiere el artículo 1° del mismo Estatuto. Esto sería lo que las distingue de los honorarios, dado que las actividades que no corresponden a funciones propias son las únicas que la ley autoriza se efectúen por el sector privado, entre ellos personas naturales contratadas a honorarios, funciones propias fijadas la ley orgánica de cada servicio y en el marco regulatorio de la Administración del Estado.

Indica que el empleo a contrata, al igual que el cargo de planta, es un cargo público a través del cual se realiza la función administrativa. Por tal razón regirían todas las normas estatutarias correspondientes, como por ejemplo el Estatuto Administrativo que contempla obligaciones y derechos funcionarios, calificaciones, prohibiciones e incompatibilidades, responsabilidad administrativa y su extinción, cesación de funciones, siendo lo que realmente distingue a los empleos a contrata de los cargos de planta es su transitoriedad, lo cual no implicaría en caso alguno que dicho empleo sea precario, y sujeto a voluntad de la Administración en cuanto a su término, es decir, no se trataría de un empleo precario, por cuanto si bien puede ponerse término anticipado a éste, sólo pude hacerse en virtud de las causales establecidas por la citada ley.

Así en la especie, se vería vulnerado el derecho de propiedad consagrado en el artículo 24° de nuestra Constitución en relación con el artículo 87 del Estatuto, que se encuentra encabezando el Título relativo a los Derechos Funcionarios, y que señala: "Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón; participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y licencias, recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las normas del presente Estatuto".

Por tanto, aquel sería un derecho incorporal que tiene su representado, siendo del todo procedente, que se vea restablecido vía el presente recurso de protección, dado que dicha garantía constitucional alcanza todo tipo de bienes corporales e incorporales.

Añade en cuanto a la infracción del trámite de toma de razón del referido decreto, que siendo los actos administrativos por esencia actos sujetos a control, y revisables es que nuestro ordenamiento constitucional ha instituido diversos controles a estos actos, siendo el mecanismo de control interno aquel efectuado por la Controlaría General de la República.

Así en la Resolución Exenta N° 1600-2008, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, en su artículo 7°, se indica: "Exímanse de toma de razón los decretos y resoluciones sobre la materia de este Título, salvo los que se dicten sobre las siguientes, consideradas esenciales v que en consecuencia, se encuentran afectos a dicho trámite".A continuación enumera una serie de párrafos y artículos de materias que por ser esenciales se encuentran afectos al trámite de toma de razón, siendo pertinente señalar el Párrafo II sobre Vida funcionaria y medidas disciplinarias, dentro de las materias que quedan afectas a trámite de toma de razón, consigna el artículo 7.2.4: "Término de servicios por cualquier causal respecto del personal cuyo nombramiento esté afecto a toma de razón". Siguiendo el razonamiento, cabría analizar si el nombramiento del recurrente de acción de protección, es de aquellos afectos a toma de razón, y la respuesta estaría dada por el artículo 7.1.1 que prescribe como afecto a dicho trámite a los "Nombramientos en general" en relación con el artículo 7.1.6, que establece la toma de razón para "Contratos a honorarios de personas naturales: i) Asimilados a grado".

De la relación de las normas precitadas, expone, no cabe sino concluir que la desvinculación de su representado debió haber cumplido con el trámite de toma de razón, como de hecho ocurrió con el Decreto N° 36/2013, que dispuso su nombramiento, por lo que existiría un vicio de legalidad en cuanto al acto en cuestión, del que se encuentra conociendo la Contraloría General de la República, mediante solicitud que se presentó y que fuera ingresada con fecha 08 de abril de 2014, bajo el N°42306-2014, solicitud que además incluye el pronunciamiento de fondo en cuanto al decreto ya referido, por vulnerar las normas del estatuto administrativo y que aún se encuentra pendiente de resolución.

Por otra parte, agrega que el artículo 69 del citado cuerpo normativo sobre Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, prescribe que: "Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados licencias o permisos con goce de remuneraciones, previstos en este Estatuto, de suspensión preventiva contemplada en el artículo 134, o de caso fortuito o fuerza mayor". Dicha norma se vería vulnerada en el caso de autos. Asimismo, también su vulnera el derecho que tiene su representado de dar continuidad a su licencia médica dentro del período legal de tres días hábiles desde el cese de la misma, que le concede la Ley, a los Funcionarios Públicos, para presentar, renovar ylo dar continuidad a una Licencia Médica otorgada por un profesional del área de la salud facultado para ello, por cuanto fue desvinculado por dicho decreto con fecha 17 de marzo de 2014, resolución administrativa que comenzó a producir sus efectos el día 21 de marzo de 2014, fecha en la cual fue notificado de la misma. Ello en virtud del artículo 11 del Decreto Ley N° 3 de fecha 04 de enero de 1984.

Finalmente, manifiesta y aunque dicho derecho constitucional no éste garantizado por la acción de protección, también se vería vulnerado el derecho garantizado en el artículo 19 N° 17 de nuestra Constitución Política, esto es, el derecho a "la admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes", el que debe ser entendido de manera amplia, es decir, comprendiendo también la permanencia en el mismo cargo.

Por último y pide tener por presentado recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, representada legalmente por su Alcalde Sr. ROBERTO ELÍAS JACOB JURE, y en definitiva, acogerlo en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho, y ordenando informar al recurrido dentro del plazo señalado por la ley.

A fojas 106, acompaña copia de la carpeta funcionaria del recurrente, autorizada por el Ministro de Fe y copia simple de jurisprudencia Rol 21-2005 de la Corte de Apelaciones de Rancagua y Rol 21-2005 de la Excma Corte Suprema.

A fojas 127 y siguientes comparece don FERNANDO FELIPE NAZER CASTRO, abogado, RUN N RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Oficina de Dirección de Asesoría Jurídica, en representación de la Ilustre Municipalidad de La Serena, quien informando acerca del recurso de protección presentado, expone:

En cuanto a los hechos, indica que el recurrente fue nombrado mediante Decreto Alcaldicio N 2 036/13, de fecha 1 de febrero de 2013, en calidad de contrata, asimilado a Grado 182 de la Planta Administrativa de la E.U.S.M., desde el 1 de enero al 30 de junio de 2013, o hasta que sus servicios fueren necesarios, para desempeñarse en el Segundo Juzgado de Policía Local, dictándose sucesivos decretos que individualiza, y por los cuales se prorrogaba su contratación, siendo el último de ellos el Decreto Alcaldicio N 9 411/14, por el cual se le nombró nuevamente en dicha calidad, grado y cargo, esta vez desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2014 y/o hasta que sus servicios fueren necesarios.

A su turno, señala, mediante Decreto Alcaldicio N 2 1099/14, de fecha 17 de marzo de 2014, se puso término a contar del día 19 de marzo del mismo año al nombramiento en calidad de contrata de don nombre reservado, notificándose de dicho instrumento el día 21 de marzo, tal como lo ha reconocido en su presentación.

Expone que previo al término de su contrata, el recurrente presentó la licencia médica N 24323928, por un período de 15 días, desde el 4 al 18 marzo de 2014, acompañando luego la licencia médica N 9 43324622, por un período de 5 días, la que le fue devuelta mediante Ordinario del Departamento de Personal N 2 1360, de fecha 21 de marzo de 2014, dado el término de su contrata.

Señala que el recurso ha sido interpuesto fuera de plazo.

Cita el artículo 12 del Auto Acordado de la Corte Suprema que establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

En la especie, han transcurrido más de treinta días desde que el acto que el recurrente estima ilegal y arbitrario, esto es, el Decreto Alcaldicio N2 1099/14, de fecha 17 de marzo de 2014, le fuera notificado, a saber, el día 21 de marzo de 2014, y la interposición de la presente acción, esto es, 31 días.

Refiere que la jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República, entre otros, a través de los dictámenes N2s 68.032, de 2013, y 2.907, de 2014, ha declarado que si una contrata contiene la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" la superioridad puede ponerle término cuando lo estime conveniente, sin que para ello se requiera de una especial fundamentación o la aceptación del empleado.

Relata que el recurrente fue designado a contrata por un plazo determinado y/o hasta que sus servicios fueren necesarios, siempre dentro del plazo máximo que contempla la ley, esto es, el 31 de diciembre. Dicha fórmula, indica, se repite tanto en los Decretos que lo nombraron como en los que prorrogaron su contrata.

Luego, expone, si bien la última designación va desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2014, la autoridad edilicia resuelve finalizar anticipadamente el vínculo con el recurrente fundado precisamente en la fórmula que se ha expresado, por así estimarlo conveniente. Así, a diferencia de lo sostenido por él, no se le ha puesto término a su contrata "sin causa justificada", invocándose expresamente en los fundamentos del respectivo acto administrativo "las necesidades del servicio".

Añade que el recurso de protección interpuesto debe ser rechazado pues no existe ilegaldad ni arbirariedad en la decisión deponer término a la contrata del recurrente.

Señala que en cuanto a la ilegalidad del acto, el recurrente califica como tal, el acto administrativo que pone término a su contrata por cuanto infringiría el artículo 87 de la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el que reconocería el derecho de todo funcionario a gozar de estabilidad en el empleo. Empero, explica que dicha norma no consagra la inamovilidad del funcionario, no sólo porque la principal característica de los servicios a contrata es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades del empleador, sino también porque al incluirse tanto en la contratación original como en las prórrogas de la designación de don nombre reservado la fórmula o cláusula "hasta que sus servicios sean necesarios", la autoridad pudo disponer el cese anticipado de su labores.

En cuanto a la alegación del recurrente en el sentido que se ha omitido el trámite de toma de razón del Decreto Alcaldicio N° 1099/14, que ha puesto término a su contrata, conforme lo establece la Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República. Sobre el particular, informa que mediante Resolución N° 323, de 2013, el Órgano Contralor fijó las normas sobre registro electrónico de Decretos Alcaldicios relativos a las materias de personas que indica, resolución que para la Municipalidad de La Serena entró en vigencia el 1 de agosto de 2013 y donde se establece que los relativos a designaciones a contrata y ceses, se registran electrónicamente a través de la página web dispuesta por Contraloría, denominada "Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado" (Siaper). Luego, el artículo 3 de la señalada Resolución dispone que los usuarios deberán seleccionar el formulario único correspondiente al acto administrativo de que se trata, ingresando la información que se solicite, incluidos el número y fecha del documento y que al finalizar el proceso el sistema entregará un Certificado de Registro Electrónico que acreditará la realización exitosa de la operación, debiendo la Municipalidad correspondiente imprimir dicho certificado y mantenerlo archivado en soporte papel, junto con el acto administrativo registrado y sus antecedentes originales.

Así las cosas, manifiesta, consta a través del Certificado de Registro que acompaña en un otrosí de su informe, que el acto administrativo que puso término a la contrata del recurrente ha sido registrado por el Órgano Contralor con fecha 9 de abril de 2014.

Sobre la infracción al artículo 69 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y el derecho a continuar gozando de una segunda licencia médica, la que fue devuelta al recurrente mediante Ordinario del Departamento de Personal Nº 1360, de fecha 21 de marzo de 2014, dado el término de su contrata, recuerda, en armonía con aquello que ha sostenido la jurisprudencia administrativa, entre otros a través de los dictámenes N° 20.252, de 2011 y N° 23.277, de 2013, por una parte, que la licencia médica no otorga inamovilidad en el empleo, y por la otra, que el organismo empleador sólo tiene la obligación de recibir y dar curso a ella mientras el interesado sea funcionario de la respectiva entidad, calidad que a esa fecha el recurrente había perdido.

Respecto a la arbitrariedad del acto administrativo que puso término a su contrata, refiere que en armonía con la jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República, si una contrata contiene la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" la superioridad puede ponerle término cuando lo estime conveniente, sin que para ello se requiera de una especial fundamentación o la aceptación del empleado, lo que ha ocurrido en la especie.

Así – agrega - atendido que un acto arbitrario es aquel contrario a la justicia o a la razón, producto de la sola voluntad o capricho del que lo comete, el Decreto Alcaldicio N° 1099/14, de fecha 17 de marzo de 2014, no puede entenderse como tal por cuanto fue dictado conforme a las atribuciones del Alcalde, y según lo ha manifestado de manera uniforme y reiterada la jurisprudencia emanada del Órgano Contralor.

Expone que el recurso de protección debe ser rechazado pues la decisión de poner término a la contrata del recurrente no amenaza, perturba, ni priva el derecho fundamental consagrado en 24 del artículo 19 de la Constitución Política, teniendo presente que los empleos a contrata son esencialmente temporales, por cuanto quienes los ejercen gozan de estabilidad en el empleo limitada a dicha transitoriedad y a la inclusión en el respectivo acto administrativo de la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios". De ello se desprende que el recurrente, al haber sido designado en tal calidad, carecía de propiedad sobre el cargo que ejercía, a diferencia del funcionario nombrado en calidad de titular, a quien el inciso segundo del artículo 62 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales le ha otorgado esta prerrogativa.

Por último, expresa que como presupuesto necesario para la procedencia del recurso de protección, no sólo debe existir un acto que se estime ilegal o arbitrario, en este caso, el Decreto Alcaldicio N 2 109/14, que puso término a la contrata del recurrente, sino también que de ello se derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho de aquellos garantidos por la Constitución Política, supuesto que en la especie no se cumple, toda vez que aquél acto se ha dictado, en uso de las prerrogativas legales de la autoridad y en armonía con aquello que sobre el particular ha sostenido la jurisprudencia administrativa.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicita se rechace el recurso de protección interpuesto, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: copia del Decreto Alcaldicio N° 036/13, de fecha 1 de febrero de 2013, copia del Decreto Alcaldicio Nº 147/13, de fecha 25 de julio de 2013; copia del Decreto Alcaldicio Nº 161/13, de fecha 28 de agosto de 2013; copia del Decreto Alcaldicio Nº 169/13, de fecha 26 de septiembre de 2013; copia del Decreto Alcaldicio N 2 177/13, de fecha 18 de octubre de 2013; copia del Decreto Alcaldicio N9 195/13, de fecha 11 de diciembre de 2013, copia del Decreto Alcaldicio N 9 217/13, de fecha 31 de diciembre de 2013; copia del Decreto Alcaldicio N 9 411/14, de fecha 3 de febrero de 2014; copia del Decreto Alcaldicio N 2 1099/14, de fecha 17 de marzo de 2014; copia del Ordinario N9 193, de fecha 6 de marzo de 2014, del Departamento de Personal; copia del Ordinario N2 1360, de fecha 21 de marzo de 2014, del Departamento de Personal, y copia del Certificado de Registro, de fecha 9 de abril de 2014, extendido por la Contraloría General de la República.

A fojas 133 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos fundamentales que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción, por la Corte de Apelaciones respectiva, de las providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, y así se ha resuelto reiteradamente por los Tribunales Superiores llamados a conocer del recurso - y recientemente por esta Corte en autos rol N°302-2014 - es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que en el orden procesal, el recurso debe interponerse dentro del plazo que se señala en el Auto Acordado Sobre Tramitación del Recurso de Protección.

CUARTO: Que el numeral 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección establece que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiese cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

QUINTO: Que como consta en autos, tal como lo reconoce expresamente el recurrente, el acto que, calificado como ilegal y arbitrario ha motivado la interposición de la acción constitucional de protección, se ha hecho consistir en el Decreto Alcaldicio Nro. 1099/2014, de fecha 17 de Marzo de 2014, del Municipio de La Serena, por el que se dispuso poner fin a su nombramiento en calidad de funcionario a contrata administrativo asimilado al grado 18, en forma anticipada, notificado el día viernes 21 del mismo mes.

SEXTO: Que, como consta a fojas 3, y así lo ha alegado también la parte recurrida, el recurso de protección que ha motivado la formación de estos antecedentes, fue presentado en el domicilio del Secretario de esta Corte, con fecha 21 de abril de 2014, vale decir, el día siguiente de aquel en que expiró el plazo previsto el numeral 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección.

Así las cosas, la presentación de fojas 3 y siguientes, de fecha 21 de abril de 2014, por la que se ejercitó la acción constitucional de protección deducida en estos autos resulta claramente extemporánea.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA por extemporáneo, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 3 por don nombre reservado en representación de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de La Serena, representada por su Alcalde, don Roberto Elías Jacob Jure, sin costas.

Redacción del abogado integrante, don Reinaldo Villalobos Pellegrini.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol N°325-2014.- Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros señor Jaime Franco Ugarte, señor Fernando Ramírez Infante y el abogado integrante señor Reinaldo Villalobos Pellegrini.

Jorge Colvin Trucco Secretario

La Serena, diecinueve de mayo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.