nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social y otro Recurso de protección Rol N°323-2025.- La Serena, dos de abril dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo y de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, lo que representa una vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 9, 18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Relata que el 13 de marzo de 2024, acudió a una consulta médica, debido a una serie de problemas, a saber, opresión torácica, debilidad en las extremidades superiores e inferiores, angustia, labilidad emocional y desatención.

Refiere que se le diagnosticó un episodio depresivo grave, por lo que se le extendió una primera licencia médica por 30 días y luego otra por igual periodo. Tras lo cual el 10 de octubre del año pasado, retomó sus obligaciones, reincorporándose de manera estable a su trabajo, con una recuperación del 100% de su funcionalidad.

Expone que la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo “rechazó las licencias médicas N° RUT reservado y N°RUT reservado, extendidas por un total de 30 días, a contar del 11 de agosto de 2024”, por considerar el reposo no justificado, debido a que estimó que el informe médico aportado no permitía establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanzaba 150 días por la misma patología. Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social, el 30 de enero de 2025, a través de la Resolución Exenta N°R-01-S-13413-2025, confirmó el rechazo de las licencias médicas por no encontrarse justificadas, lo cual se basa en que supuestamente los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permitirían establecer la existencia de incapacidad laboral, actuar que sería ilegal y arbitrario, al no encontrarse debidamente fundado ni haber adoptado las autoridades las medidas que la ley otorga al efecto para determinar la incapacidad derivada del otorgamiento de una licencia médica.

Culmina solicitando se acoja el recurso interpuesto, declarando que se proceda al pago inmediato de las licencias rechazadas, con costas.

Acompaña a su presentación: 1. Pronunciamiento licencia médica N°RUT reservado; 2. Pronunciamiento de licencia médica N°RUT reservado; 3. Informe médico complementario emitido por el Dr. nombre reservado, de 14 de noviembre de 2024; y 4. Resolución licencia médica folio 4-19023399.

SEGUNDO: Que a folio 5, comparece la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, emitiendo el informe requerido.

En primer término, alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

Luego, en subsidio, en cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso intentado, mencionando que efectivamente las licencias médicas fueron rechazadas, por considerarse que no existe causa médica que justifique el reposo prolongado para la patología.

Refiere que la cartola médica de la recurrente consigna “Recurso de reposición “RR se mantiene rechazo de lme399, antecedentes médicos presentados no justifican prolongar su reposo. sin evaluación por especialista ni psicoterapia que justifique el rol terapéutico de su reposo”. A su turno, respecto de la otra licencia médica establece: “Recurso de reposición “RR se mantiene rechazo de LME 489. Informe del 09-092024, por médico PSQ, no aporta datos de la funcionalidad comprometida, sin informe de psicoterapia, sin fecha de retorno laboral o alta probable, sin mayores antecedentes que justifiquen prolongación de reposo mayor al otorgado ni su rol terapéutico.”

Indica que el recurrente con anterioridad a las licencias médicas por las que recurre presentó 5, por un total de 150 días.

Argumenta que su actuar se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios administrativos y médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal, en tanto, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Acompaña a su informe: 1. Resoluciones de rechazo de licencias médicas N°RUT reservado y N°RUT reservado; 2. Cartola médica del recurrente; y 3. Copia reposiciones y antecedentes presentados por el recurrente.

TERCERO: Que, a folio 8 evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad de la acción intentada, dando cuenta de las diversas presentaciones que el actor efectuó y que motivaron pronunciamientos de la autoridad. En efecto, expresa que si bien mediante Resolución Exenta NºR-01-S13413-2025, de 30 de enero de 2025, determinó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado, lo cierto es que por Resolución Exenta NºR-01-UNAAD-166197-2024, de 23 de octubre de 2024, ya se había pronunciado acerca del recurso administrativo de reconsideración que interpuso el interesado por el rechazo de las mismas licencias médicas, de forma tal que aquél tenía conocimiento cierto de lo resuelto administrativamente a lo menos cuatro meses antes de interponer la presente acción el 27 de febrero de 2025. Sobre el particular, añade que sostener una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien, afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame más allá de los 30 días ante ella u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer el recurso.

Luego, alega la improcedencia de la acción de protección en los mismos términos que la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

Expone el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, añadiendo que se limitó a resolver la situación del recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Refiere que de los antecedentes médicos y administrativos que detalla en su informe, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Menciona que en el caso del actor claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Niega, finalmente, que el recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales.

Acompaña a su informe expediente administrativo.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, es necesario tener en consideración las siguientes actuaciones: a) Que conforme fluye del recurso intentado, por esta vía se reprocha el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas consistente en el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado; b) Que respecto de la licencia médica N°RUT reservado, el actor reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social, autoridad que por Resolución Exenta N°R-01-UNRA-153636-2024, de 30 de septiembre de 2024, resolvió confirmar el rechazo de la misma; c) Que el recurrente presentó recurso de reposición respecto del acto recién citado, adicionando un reclamo en relación a la segunda licencia médica cuyo rechazo por esta vía se impugna, los que fueron resueltos por Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-166197, de 23 de octubre de 2024, oportunidad en que se determinó confirmar el rechazo de las dos licencias médicas; d) Que, finalmente, a través de Resolución Exenta N°R-01-S-13413-2025, de 30 de enero de 2025, la Superintendencia del ramo decidió confirmar el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, ya tantas veces aludidas.

Que, el numeral primero del Auto Acordado N°94-2025, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Que, atendido el mérito de los antecedentes, fluye que el recurrente, en lo que respecta a la licencia médica N°RUT reservado, efectuó una serie de presentaciones ante la Superintendencia de Seguridad Social, lo que se tradujo en que la autoridad se pronunció en tres oportunidades confirmando el rechazo efectuado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –el 30 de septiembre, 23 de octubre, ambos de 2024, y el 30 de enero de 2025– circunstancia que permite sostener que quien recurre ya estaba en conocimiento de la decisión de rechazo respecto de tal licencia médica y que la última presentación ante la autoridad sólo lo fue con la finalidad de crear un nuevo plazo para interponer el recurso, motivos que autorizan a acoger la excepción conforme se dirá.

Que, finalmente, considerando que lo antes expuesto no se verifica en el caso de la licencia N°RUT reservado, por cuanto el pronunciamiento terminal a su respecto sólo se produjo el 30 de enero de 2025, al desestimar la reconsideración planteada respecto de la resolución que confirmó el rechazo de la licencia en cuestión, por lo que se rechazará la alegación de extemporaneidad en lo que dice relación con aquélla, acogiéndola sólo en relación a la singularizada con el N°RUT reservado.

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta a la alegación de improcedencia del recurso de protección, planteada por ambas recurridas, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento y, en la especie, algunas de las reclamadas, como el derecho a la vida e integridad física, igualdad ante la ley y de propiedad, de las que tratan los numerales 1,2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se encuentran expresamente contempladas bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por las recurridas.

OCTAVO: Que, en lo pertinente, en relación al rechazo de la licencia médica que por esta vía se reprocha, conviene indicar que el fundamento expuesto por la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en sus dos rechazos fue: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología.”

A su turno, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, en el último acto emitido esgrimió: “Esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 150 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo.”

NOVENO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

DÉCIMO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

UNDÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre la licencia médica otorgada al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

DUODÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por las recurridas, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándolo, además, en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

DÉCIMO TERCERO: Que, este actuar de las recurridas, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; y la segunda, porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta su patrimonio, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

DÉCIMO CUARTO: Que, asimismo, es un dato imposible de soslayar que, en diversos recursos de protección conocidos por esta Corte, aunque acogidos, se ha ordenado a las recurridas la práctica de nuevas pericias y, conforme a ellas, definir si procede o no el pago de las licencias respectivas. Sin embargo, a pesar de tratarse de una imposición dictada en sentencia judicial, no han dado estricto y oportuno cumplimiento a dicha instrucción, lo que mantiene la condición desfavorable del trabajador al no ser objeto de dichos nuevos exámenes y tampoco haber percibido el pago de las mismas.

Es por ello que, al resolver, esta Corte lo hará con sentido de realidad, en tanto se estima necesario decretar la realización de dichas pericias y, en caso de incumplir la orden judicial en el plazo fijado, deberán proceder al pago de la licencia objeto del recurso, pues las dificultades que puedan presentar los organismos para la gestión de aquellas –ya sea administrativas, de recursos o de disponibilidad de profesionales- es una insuficiencia que corresponde asumir al respectivo órgano público y jamás debe ser ello un asunto de cargo del paciente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE nombre reservado, la alegación de extemporaneidad planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en lo que respecta a la licencia médica N°RUT reservado.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, la alegación de improcedencia de la acción de protección planteada por las recurridas Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y Superintendencia de Seguridad Social.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiéndose que las recurridas deberán realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por la licencia médica rechazada N°RUT reservado, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados, procedan o no al pago de aquella, según corresponda, y determinen la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, determinándose, desde ya, que de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, deberá proceder a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámite.

Se previene que el Ministro señor Espinosa fue del parecer de acoger el recurso ordenando el pago directo al actor dentro de quinto día.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°323-2025 Protección.