nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N° 323-2023 La Serena, treinta de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha quince de marzo de dos mil veintitrés, comparece doña Danirma del Valle Salazar Aliendre, abogada, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad N° RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos del recurrente, garantizados en el artículo 19 numerales 2, 3 inciso quinto, 16 y 21 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 21 de septiembre de 2017, el recurrente ingresa a Chile por paso fronterizo autorizado, por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, siendo titular de una visa de residencia temporario, debidamente otorgada por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, según resolución exenta Nº 9098/2017 de fecha 01 de noviembre de 2017, número de estampado 480.448, válida para permanecer en Chile hasta el 07 de noviembre de 2018. Destaca que para el año 2018 a través de carta certificada al clasificador Nº 8, correo central, Santiago, solicitó Permanencia Definitiva ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, organismo que rechazó la solicitud de prórroga de visa de residencia temporario, otorgándole una visa Temporaria en condición de Titular, número de estampado 839.036, válida para permanecer en Chile hasta el 07 de noviembre de 2019.

Agrega que el 18 de febrero de 2021 a través del portal web https://www.extranjeria.gob.cl, solicitó Permanencia Definitiva, bajo el número de Solicitud 3532352 ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite y cumpliendo así con lo establecido en la antigua Ley de Extranjería y su Reglamento. Que, con fecha 06 de diciembre de 2021 el recurrente recibe mediante correo electrónico una notificación a través de Resolución Exenta N° 21332413, emitido por el Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señalando en su resuelvo “1. APRUÉBESE, el avance de solicitud de permanencia definitiva del extranjero nombre reservado, nacional de Venezuela, RUN RUT reservado, certificándose que su trámite se encuentra en la etapa de "Evaluación Intermedia".

Puntualiza que han transcurrido 2 años y 26 días, dejando al recurrente en total vulnerabilidad, puesto que la condición migratoria mientras que la solicitud del beneficio este en trámite, limita el accionar cotidiano de cualquier extranjero en el país, bien sea en el plano laboral, gestionar solicitudes ante los bancos o instituciones financieras, enfrentarse en igualdad de condiciones al mercado laboral a objeto de encontrar un mejor empleo o reto profesional, para solicitar planes telefónicos, solicitar créditos hipotecarios, arrendar viviendas, entre otras, no bastando una solicitud por demás retrasada en la respuesta. Habiendo transcurrido más de 6 meses, plazo fijado por Ley para resolver los actos administrativos, a la fecha de la presentación de esta solicitud, el recurrido ha mantenido un estado de incertidumbre para el recurrente.

Destaca que don nombre reservado, es un profesional con trabajo estable en el área de la medicina en nuestro País y no constituye una carga social para el Estado, no tiene antecedentes penales ni en su país de origen ni en Chile, además ha dado cumplimiento a cada uno de los requisitos exigidos por la ley, por tanto, no existe justificación para la demora excesiva por parte de la recurrida.

Indica que, el recurrente entabla la presente acción no para resultar favorecido frente a otras personas en su misma situación, ni mucho menos obtener una respuesta a costa de otro extranjero que padece de la misma vulneración, sino, que lo que motiva a este ciudadano extranjero de tomar la acción judicial es evitar sigan pasando los años de incertidumbre, a consecuencia de la tramitación prolongada por parte del Servicio Nacional de Migraciones tramitación cuyos plazos escapan de todo razonamiento lógico y legal, definitivamente ha conllevado que el recurrente no sólo tenga un trato desigual ante el recurrido, sino también desencadena que otros organismos del estado obren en forma contrario a la Ley, que conculca el derecho a la igualdad ante la ley; haciendo presente además, que en el caso que nos concierne, el recurrente tramitó de forma oportuna y diligente su solicitud de permanencia definitiva dentro de los plazos exigidos por la ley. Así las cosas, el recurrente no se aventaja de esta forma a quienes efectuaron igual solicitud a la suya con fecha anterior a la misma, por el contrario de debe condenar al ente administrativo que no ha cumplido con la ley, que se encuentra al debe con una gran cantidad de migrantes que han realizado sus trámites migratorios, como en este caso lleva 24 meses esperando se tome un decisión respecto a su solicitud, sin que esta signifique la aprobación de la misma, sino que también podría ser rechazada. Pareciera ser que todos los extranjeros están condenados a un mal servicio. Respecto de lo anterior, sería erróneo considerar que el recurrente haya optado por esta vía judicial como grupo privilegiado, se debe mencionar el papel que juega la voluntad personal y que no todos tienen la misma urgencia ni entregan la misma importancia a su trámite migratorio. Rechazar el recurso de protección bajo el argumento de estarse empleando para eventualmente vulnerar el principio de igualdad ante la ley, está creando un procedimiento no dispuesto en la Ley y generando un sesgo constitucional, infiriendo que los migrantes o cualquier otra persona no están facultados para incoar esta clase de acción y deberán necesariamente insistir en sede administrativa, sin importar el retardo, los años de espera y la vulneración de los derecho de tantos migrantes que se ven desprotegidos por la falta de respuestas en sus trámites migratorios. Entregando un mensaje equívoco señalando que la Administración en materia migratoria está exenta de ser controlada.

Refiere la normativa vigente que regula la solicitud de permanencia definitiva, además destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites, a su vez, añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Alega vulneración del artículo 19 de la Constitución Política de la República en sus numerales 2° y 3° inciso quinto, indicando que, según lo planteado en dichos preceptos, queda claro que no se pueden establecer diferencias entre las personas frente a la ley, y que no deben darse tratos preferentes, o -en este caso- excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes ante la Ley. Señala que ha sido un trato evidentemente desigual el que se le ha dado a la recurrente en comparación con otros administrados, quienes, al acudir a entes dependientes de la administración del Estado, en sus diferentes peticiones, no son sometidos a plazos de tramitación excesivos, sino que, al contrario, el Estado chileno les garantiza la respuesta de sus solicitudes dentro de los plazos previstos en la Ley 19.880, dándole así cumplimiento a la norma. No solo se evidencia la vulneración a la garantía constitucional de la igualdad ante la ley de la que ha sido víctima el recurrente en lo expuesto en esta presentación, sino que también en el mismo funcionamiento interno del ente recurrido, quien resuelve sus solicitudes al azar, de forma no organizada ni cronológica, otorgando respuesta a solicitudes en plazos que exceden el tiempo máximo de tramitación permitido por la Ley 19.880.

Por otra parte, arguye que se han vulnerado los derechos del recurrente que se encuentran consagrados en los números 16 y 21 del artículo 19 de la Constitución, toda vez que el recurrente no puede ejercer el derecho constitucional de desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a derecho, sino que, al contrario, debe evaluar o seleccionar en realidad cuáles actividades económicas sí podría realizar estando en esta situación.

Refiere diversa jurisprudencia aplicable al caso, para finalmente solicitar se acoja el recurso interpuesto, ordenando al recurrido que se pronuncie sobre su solicitud y le otorgue sin más demora al recurrente la permanencia definitiva solicitada, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Cédula de identidad para extranjeros del recurrente don nombre reservado. 2. Copia de Pasaporte venezolano del recurrente don nombre reservado. 3. Copia de Título Profesional como médico cirujano del recurrente don nombre reservado. 4. Certificado de Vigencia del Contrato de Trabajo del recurrente don nombre reservado. 5. Certificado de Cotizaciones de AFP Modelo del recurrente don nombre reservado, correspondiente al periodo comprendido entre mayo de 1981 y marzo de 2023. 6. Certificado de Antecedentes Penales venezolanos apostillado del recurrente don nombre reservado. 7. Certificado de Antecedentes Penales Chilenos del recurrente don nombre reservado. 8. Comprobante de solicitud de Permanencia Definitiva del recurrente don nombre reservado, con fecha 18 de febrero de 2021 ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 9. Comprobante de 4 ampliaciones de solicitud de Permanencia Definitiva del recurrente don nombre reservado, con fecha 29 de agosto de 2021, 20 de febrero de 2022, 16 de agosto de 2022 y 06 de febrero de 2023 ante el Servicio Nacional de Migraciones. 10. Copia del estampado de Visa Temporaria del recurrente don nombre reservado. 11. Copia del certificado del registro de Visa ante la Policía de Investigaciones de Chile del recurrente don nombre reservado. 12. Captura de pantalla del estado de solicitud de beneficio migratorio del recurrente don nombre reservado, donde se refleja un avance de 50%. 13. Resolución exenta Nº 21332413 de avance de estado de trámite a “Evaluación intermedia” del recurrente don nombre reservado.

SEGUNDO: Que, con fecha 24 de marzo de 2023 evacuó informe Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone que don nombre reservado, ciudadano nacional de Venezuela, ingresó por primera vez al país con fecha 21 de septiembre de 2017, en calidad de turista, por el paso fronterizo Carretera de Chacalluta. Que, con fecha 02 de septiembre del 2017, a petición del extranjero, el Departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación Provincial del Loa, otorgó al recurrente por primera vez visa temporaria, por el plazo de un año y en calidad de titular. Este permiso se mantuvo vigente hasta el 07 de noviembre de 2018. Que, posteriormente, con fecha 26 de octubre de 2018, a petición del extranjero, el Departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación Provincial del Loa, otorgó al recurrente prórroga de su visa temporaria, por el plazo de un año y en calidad de titular. Este permiso se mantuvo vigente hasta el 07 de noviembre de 2019.

Agrega que con fecha 18 de febrero de 2021, solicita ante la autoridad recurrida mediante correo, el beneficio migratorio de permanencia definitiva bajo el ID N°3532352, la cual desde el mismo día 18 de febrero de 2021, se encuentra en la etapa de ANÁLISIS I.

Señala que, a consecuencia de lo anteriormente señalado, estando en tramitación la solicitud de la recurrente se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, por lo que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el Servicio Nacional de Migraciones, velando por el debido cumplimiento de la función pública, actuando de propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones y siempre dentro de la esfera de sus atribuciones, ha remitido Oficios Ordinarios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y supervigilancia que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite.

Agrega que, respecto a la ley de presupuesto para el sector público de 2023, en la partida presupuestaria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se hace mención al presupuesto destinado para el Servicio Nacional de Migraciones, lo que contempla el monto de $992.089.000.- sólo en concepto para “Regularización Rezago solicitudes migratorias”; con esto se puede ver que es una preocupación para la Administración la demora que existe respecto a las diversas solicitudes de residencia que tienen los extranjeros ante el Servicio Nacional de Migraciones, dicho plan de regularización se encuentra controlado en la glosa 4 y 6 del programa.

Añade que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país.

Además, su parte entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de amparo, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo.

Finalmente, también señala los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria; indica que la consecuencia directa de la interposición de dichos recursos respecto de aquellos extranjeros que han elegido esta vía, es la urgencia aplicada a este reducido universo de casos en cumplir los requerimientos judiciales, dando prioridad a esos recurrentes en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad. En perspectiva, es un grupo reducido, pero que a la vez se ha constituido en un grupo privilegiado en cuanto a la resolución de sus solicitudes, circunstancia que pugna con la garantía de la igualdad ante la ley.

Es en virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que su parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esa autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

Por estas consideraciones solicita el rechazo en todas sus partes la acción de protección intentada, no siendo procedente la condena en costas a su parte.

Acompaña: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1361/2022, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado. 2. Publicación de Resolución Exenta N°50.422, de fecha 9 de junio de 2022, del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones en el Diario Oficial del día 22 de junio de 2022. 3. Oficio Ordinario N° 67130, de fecha 7 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 4. Oficio Ordinario N° 80585, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 5. Oficio Ordinario N° 80586, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud presentada, lo cual califica la actora de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera, entre otras, su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud, es evidentemente excesiva, toda vez que si bien es de público conocimiento que numerosos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atravesamos como humanidad, es preciso constatar que a partir del año 2021 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud de la actora, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

NOVENO: Que, del mismo modo, se desestimará la alegación de la recurrida en orden a que la actora formaría parte de un grupo privilegiado que pretende la resolución de sus solicitudes en forma previa a las de otros peticionarios, lo cual, en su concepto, pugnaría en contra del principio de igualdad ante la ley, toda vez que, en concepto de estos sentenciadores, el acceso a la tutela judicial efectiva constituye el legítimo ejercicio de una garantía constitucional establecida en favor de todas las personas en nuestra Carta Fundamental, sean nacionales o extranjeros, no pudiendo por tanto en caso alguno entenderse tal prerrogativa como un privilegio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile y en consecuencia se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella por la recurrente, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, según lo dispuesto en la Ley 19.880.

Acordada con la prevención de la Ministra Sra. Sandoval, quien fue del parecer de conceder a la recurrida un plazo de 30 días corridos pare emitir pronunciamiento.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 323-2023 (Protección).-