Protección contra Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad

Departamento de Extranjería y Migración nombre reservado, nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 65-2020.- La Serena, treinta y uno de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, cedula de identidad No.RUT reservado, pasaporte colombiano No.RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que expone y que en síntesis son los siguientes:

Aduce que con fecha 16 de julio de 2016 presentó solicitud de carta de nacionalización ante la Gobernación Provincial de Elqui bajo el No.27 para ante el Departamento de Extranjería y Migración perteneciente a la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública acompañando los documentos requeridos al efecto. Lo cierto es que después de casi cuatro años no ha obtenido lo pretendido, terminando su solicitud archivada inexplicablemente debido a la negligencia de dicho Departamento.

Agrega que ha sido imposible obtener una respuesta o solución y que solo se le respondió en una oportunidad que faltaban antecedentes para, finalmente, informársele que sus documentos se habían extraviado por lo que debía iniciar nuevamente las diligencias atendido lo cual en el mes de abril de 2018 presentó una nueva solicitud, sin embargo, pese a haber concurrido personalmente en varias ocasiones, no ha recibido respuesta.

Finalmente, en enero de 2019, se le informó que el trámite demoraba entre uno y dos años. Que ha seguido consultando pero hasta la fecha no ha recibido respuesta a sus requerimientos.

Agrega que el 7 de febrero del presente año concurrió a la Gobernación de Elqui y tomó conocimiento que existía un Oficio Ordinario No.150717 de fecha 5 de noviembre de 2018 y que había sido devuelto el 11 de abril de 2019 sin habérsele notificado su contenido. En dicho oficio se señalaba en síntesis, que se había calificado favorablemente su solicitud de nacionalización y que previo a dictar el decreto final debía cancelar los derechos ascendentes a $4.138 además de entregar su certificado de permanencia definitiva y actualizar el certificado de antecedentes, certificado de trabajo de su cónyuge, certificado de cotizaciones previsionales y de salud y últimas liquidaciones de sueldos, todo en original. También se requería informar domicilio, teléfono y correo electrónico, todo lo cual debía remitir por carta certificada a una determinada dirección postal y señalándose que, de existir algún inconveniente, informarlo mediante carta.

Estima que, no habiendo sido notificada de dicho oficio, era imposible cumplir con lo requerido.

Señala que, por tanto, el acto de ordenar el archivo de sus antecedentes es contrario a derecho puesto que se ha infringido el principio de legalidad de los actos administrativos, en especial el Decreto Supremo No.5.142 que es el que regula los procedimientos sobre nacionalización.

Agrega que incluso dedujo recurso de reposición respecto de dicha resolución pero que le fue denegada por improcedente.

Considera que se han conculcado las garantías constitucionales de los Nos. 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República por cuanto se ha afectado gravemente su integridad psíquica y emocional y su igualdad ante la ley, lo cual deviene en un actuar ilegal y arbitrario de parte del indicado ente estatal.

Por todo lo cual solicita se ordene dejar sin efecto el decreto de archivo de su solicitud de nacionalización y se disponga todas las medidas de apoyo a fin que dicho procedimiento concluya debidamente, con ostas.

Informando el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por intermedio del abogado don Felipe Rosselli Ambuchi, solicita se rechace en todas sus partes el presente recurso por cuanto expone que con fecha 4 de abril de 2011 se otorgó a la recurrente permiso de permanencia definitiva, que por oficio ordinario No.15º717 de 5 de noviembre de 2018 se comunicó a ésta que su solicitud de nacionalización había sido calificada favorablemente y que, con el fin de proceder a la dictación del decreto final debía previamente cancelar los derechos respectivos además de acompañar, actualizados, certificado de antecedentes, certificado de trabajo de su cónyuge, certificado de cotizaciones previsionales y últimas liquidaciones de sueldo. Agrega que mediante providencia No. 273 de 6 de enero de 2020 se ordenó el archivo de los antecedentes por no haberse cumplido con lo requerido, esto es, cancelar los derechos y acompañar los documentos indicados. Mediante presentación de 10 de febrero de 2020 la recurrente interpuso reposición en contra del decreto de archivo, recurso que se encuentra en tramitación.

Agrega que el procedimiento de nacionalización se encuentra reglado en el Decreto Supremo No.5.142 de 1960, de conformidad al cual el Departamento de Extranjería y Migración ha establecido un procedimiento administrativo a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de dicha normativa legal en el sentido de corroborar que los solicitantes no se encuentran dentro de los impedimentos que contempla el artículo 3º, procedimiento que en su numeral octavo prescribe que en caso de ser calificada favorablemente la solicitud, cual es el caso, se remite por correo postal al solicitante la solicitud de pago de derechos y de aporte de documentos, luego de ello cumplido se procede a dictar el decreto de nacionalización, todo lo cual se cumple por carta certificada.

En mérito a lo anterior, señala que se emitió el oficio ordinario No.150717 en que se solicitaba actualizar la documentación aludida, la que tiene validez de un año conforme al artículo 11 del referido Decreto Supremo, obligación que en definitiva la recurrente no cumplió.

Posteriormente, ampliando su informe precisa que el oficio ordinario No.150717 de 5 de noviembre de 2018 fue notificado a la recurrente en su domicilio de domicilio reservado, como a la Gobernación Provincial de Elqui, lo cual acredita mediante guía de correos con timbraje respectivo de 7 de noviembre de 2018, que adjunta en fotocopia.

En mérito a lo anterior, expresa que, habiendo transcurrido el plazo de un año, es que se procedió a disponer el archivo de los antecedentes, agregando que, sin perjuicio de ello, la reposición interpuesta por la actora se encuentra en tramitación.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección contemplado en nuestra Constitución Política se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos de rango constitucional y cualquier persona, por sí o a favor de otra, pude recurrir ante el órgano jurisdiccional para el amparo necesario, cuando los derechos protegidos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros, siendo la Corte de Apelaciones quien debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, es así requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el precepto contenido en el artículo primero del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que el No.1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección previene que la acción de protección de interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

CUARTO: Que el acto arbitrario e ilegal contra el cual recurre la actora es la dictación de la resolución No.273 de 6 de enero de 2020, emanada del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que ordenó el archivo de su solicitud de otorgarle carta de nacionalidad.

QUINTO: Que son hechos de la causa que la recurrente presentó solicitud de carta de nacionalización ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública con fecha 19 de julio de 2016; que con fecha 5 de noviembre de 2018 se emite oficio ordinario No.150717 por dicho Departamento, oficio que comunica que la solicitud de la recurrente ha sido calificada favorablemente y se le solicita que, a efectos de dictar el decreto respectivo, debe cancelar los derechos respectivos, además de proceder a entregar certificado de antecedentes, contrato de trabajo del cónyuge, certificado de cotizaciones previsionales y de salud y últimas liquidaciones de sueldos; que dicho oficio ordinario fue notificado mediante carta certificada de Correos de Chile, según da cuenta nómina de 7 de noviembre de 2018; que, no habiéndose dado cumplimiento a lo requerido en el oficio No.150717 y transcurrido el término de un año que prescribe el artículo 11 del Decreto Supremo No.5.142, con fecha 6 de enero de 2020 se dictó resolución No.273 ordenándose el archivo de dichos antecedentes .

Conforme a lo señalado por la recurrida, sin perjuicio de lo anterior y habiéndose presentado recurso de reposición por parte de la recurrida con fecha 10de febrero de 2020, esta se encuentra en etapa de tramitación.

SEXTO: Que atendido el mérito de los antecedentes, estiman estos sentenciadores que de ellos se desprende nítidamente que la actuación que la recurrente reprocha al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Social consistente en que se procedió a archivar su solicitud de obtención de carta de nacionalización, no permitiendo así que dicho proceso tuviese un curso completo y debido para sus pretensiones, carece de toda fundamentación impugnatoria fáctica y de derecho por cuanto el señalado trámite administrativo se ha ajustado estrictamente a lo prescrito en la normativa legal aplicable en la especie, esto es, el Decreto Supremo No.5.142 de 1060, ya que la demora en su tramitación se ha debido únicamente al no cumplimiento oportuno por parte de la accionante de sus obligaciones correlativas, las cuales, por cierto, no recaían en el órgano administrativo estatal cuestionado.

SEPTIMO: Que, así las cosas, no se divisa de qué manera el accionar del ente estatal se constituya en ilegal puesto que, como ya se dijo, dicho ente se limitó a actuar conforme a las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere, como tampoco se avisora arbitrariedad alguna ya que los fundamentos necesarios y suficientes para dictar la resolución cuestionada se encuentran insertos en la misma.

OCTAVO: Que, por tanto, no se advierte vulneración de las garantías invocadas, puesto que no se ha amagado en absoluto la integridad psíquica como emocional de la actora, como tampoco se ha incurrido en desigualdad ante la ley, por lo que necesariamente el presente recurso se desestimará.

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se decide:

Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior del Interior y Seguridad Pública y en contra de don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese oportunamente.

Redacción del Fiscal Judicial Jorge Colvin Trucco.

Rol No. 322-2020 Protección.-