nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°313-2024.

La Serena, veinticuatro de abril dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por doña nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario la decisión de confirmar el rechazo de la licencia médica N°91412034-9 emitida a la recurrente, lo que representa una conculcación al derecho fundamental de integridad física y psíquica y al de propiedad consagrados en el artículo 19 N°1 y N°24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Sostiene que producto de un accidente laboral de trayecto sufrió fractura de las vertebras L4 y L5 el 15 de enero de 2018 y, desde el año 2020 en adelante, padece una depresión severa que se agudizó en los años siguientes, presentando intentos suicidas en algunas épocas.

Manifiesta que todos los antecedentes médicos fueron presentados a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en primer término, y luego ante la recurrida, particularmente el informe del psiquiatra nombre reservado emitido el 24 de enero de 2024, que da cuenta del diagnóstico de depresión mayor con trastorno fóbico e intentos suicidas de alto riesgo que padece, documento que además consigna otras enfermedades como arritmia cardiaca, trastorno fóbico, debilidad emocional, crisis de pánico con convulsiones, migraña, cefalea e irritabilidad.

Indica que el dictamen de la recurrida, que confirma el rechazo de la licencia médica que por esta vía se impugna es incoherente, toda vez que independientemente que haya solicitado una pensión de invalidez y que no se la hubieren otorgado, en el mismo párrafo la recurrida reconoce que presenta una patología irrecuperable.

Añade que la resolución recurrida es ilegal y arbitraria, dado que al padecer depresión con intentos suicidas no puede trabajar en esas condiciones de salud mental y es lógico que debe guardar reposo total, cuestión que se condice con el informe médico evacuado por el psiquiatra a que se hizo referencia, el cual concluye que “la paciente mantiene el mismo diagnóstico de salud mental y desde el punto de vista de su vida diaria y laboral se hace imposible se reintegración, debido a su dependencia a su tratamiento farmacológico y alto riesgo postraumático”.

Reseña una serie de causas de esta Corte en que los recursos impetrados habían sido acogidos, a saber, Roles N°282-2023; 929-2023; 1366-2023; 2020-2023; 2097-2023 y 2295-2023.

Luego, cita los artículos 16, 21 y 22 del Reglamento de Autorización de licencias médicas, afirmando que la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, al confirmar el rechazo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de no pagar la licencia médica referida es arbitrario, por cuanto se funda en una afirmación falsa, carente de realidad y es, a su vez, ilegal, dado que el rechazo debe obedecer a un fundamento legal verídico y racional, siendo en este caso infundado o carente de fundamentos.

Explica que el actuar de la recurrida constituye una vulneración al derecho cuya protección garantiza el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, desde que la disminución y el rechazo de la licencia importa la privación a la retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad. Asimismo, conculca la garantía consagrada en el numeral 1, relativa al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, puesto que al confirmar el rechazo de la licencia médica ha provocado padecimientos de orden psicológico producto de la impotencia, angustia y dolor sufrido.

Finaliza solicitando se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida que disponga a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez autorice el pago de la licencia médica N°91412034-9, con costas.

Acompaña a su presentación: 1. Copia de licencia médica N°91412034-9; 2. Resolución emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, de 20 de marzo de 2024; 3. Certificado de nacimiento de la recurrente; 4.Certificado de defunción de la madre de la recurrente; 5.informes médicos emitido por el psiquiatra nombre reservado, respecto la recurrente, de 2 de junio de 2023 y 24 de enero de 2024; 6.Informe del médico nombre reservado, de 17 de noviembre de 2022; 7. Certificado de la psicóloga nombre reservado, de 16 de febrero de 2023, respecto la recurrente; y 8. Recetas médicas emitidas por el psiquiatra nombre reservado.

SEGUNDO: Que a folio 8, comparece don nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer término, alega la improcedencia del recurso por cuanto la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, en cuanto al fondo, evacúa informe solicitando que el recurso sea rechazado, con costas. Señala que consta en el expediente administrativo PAE R-34686-2024 que la actora recurrió ante dicha autoridad mediante presentación realizada el 6 de marzo de 2024, reclamando respecto de la decisión de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez región de Valparaíso, que confirmó el rechazo de la licencia médica N°91412034-9, extendida por un total de 30 días a contar del 12 de septiembre de 2023, por diagnóstico irrecuperable.

Expresa que mediante la Resolución Exenta NºR-01-UNRA-45630-2024, de 20 de marzo de 2024, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, determinó que “(…)el reposo prescrito por la licencia médica N°91412034-9, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que según los antecedentes analizados, el trámite de pensión de invalidez ejecutoriado con fecha 2 de junio del 2023, en conformidad al D.L. N°3500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a un 36%, el cual no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, reconoce que presenta una patología irrecuperable, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de más de 691 días por la patología”.

Reseña antecedentes relativos al marco jurídico que regula la materia, haciendo hincapié en que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Indica que la recurrente registra el Dictamen N°0052186/2023, de 3 de mayo de 2023, ejecutoriado el día 2 de junio del mismo año, por el cual la Comisión Médica Regional de La Serena, de la Superintendencia de Pensiones, acordó rechazar la solicitud de pensión de invalidez, dado que las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de ganancia de a lo menos el 50%, llegando al 36% de menoscabo, presentando una patología irrecuperable, los que no justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de 691 días por la patología.

Añade que de esa forma, de los antecedentes médicos y administrativos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Manifiesta que la pretensión de la recurrente desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, lo que no acontece en la especie.

Finalmente, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida, pues se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, no existiendo tampoco vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos al derecho de propiedad de la recurrente, dado que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.

Acompaña a su informe: Expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, toda vez que el artículo 20 de la Carta Fundamental no la establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas, cierto es que la recurrente alega la conculcación de otras que sí lo están, motivo más que suficiente para desestimar tal alegación.

SEXTO: Que es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta NºR-01-UNRA-45630-2024, de 20 de marzo de 2024, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social rechaza el recurso impetrado por la actora, confirmando la decisión de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, al presentar una patología irrecuperable, lo que no justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado por la patología.

En torno al argumento vertido por la recurrida, determinó que “(…) el reposo prescrito por la licencia médica N°91412034-9, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que según los antecedentes analizados, el trámite de pensión de invalidez ejecutoriado con fecha 2 de junio del 2023, en conformidad al D.L. N°3500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a un 36%, el cual no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, reconoce que presenta una patología irrecuperable, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de más de 691 días por la patología”.

SÉPTIMO: Que, el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

OCTAVO: Que para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo ordenado en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

NOVENO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “(…) la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida, al indicar que por padecer una patología irrecuperable no se encuentra justificado el reposo laboral, la deja en una situación compleja, dado que, por un lado, no puede acceder a las prestaciones derivadas de la declaración de invalidez y, por otro, le impide obtener el subsidio derivado de la licencia médica; confirmación del rechazo que no se sustenta en antecedentes médicos, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación carece de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

UNDÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y, en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la decisión de la recurrida, materializada en la Resolución Exenta NºR-01-UNRA-45630-2024, de 20 de marzo de 2024, que confirmó el rechazo de la licencia médica N°91412034-9 extendida a la recurrente y, en su lugar, se resuelve que se autoriza dicha licencia médica con su respectivo pago.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°313-2024 Protección.-