MINERA LOS PELAMBRES con SOCIEDAD LEGAL MINERA LA GOLONDRINA UNO LOS VILOS Y OTROS

Minera Los Pelambres Sociedad Legal Minera La Golondrina Uno y otra Recurso de protección Rol N° 3127-2022.

La Serena, doce de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha once de mayo de mil veintidós comparecen los abogados don José Manuel Cortés Leighton y don Renzo Stagno Finger, en representación de Minera Los Pelambres, deduciendo acción constitucional de protección en contra de Sociedad Legal Minera La Golondrina Uno, administrada por doña nombre reservado, en contra de la señora nombre reservado como persona natural y de don nombre reservado, todos los cuales individualiza.

Exponen que la acción de protección se sustenta en una serie de actos arbitrarios e ilegales referidos al bloqueo, iniciado con fechas 30 de abril y 1 de mayo de 2022, de los caminos y accesos al predio “Pupío 1”, ubicado en la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo, como también de la ocupación de las instalaciones de Minera Los Pelambres ubicadas en dicho sector dispuestas para la construcción de un ducto, que atraviesa todo el terreno, como parte del denominado “Proyecto de Infraestructura Complementaria” (en adelante “Proyecto INCO”).

Afirman que ello ha resultado en la constante amenaza, perturbación y privación del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de Sociedad Minera Los Pelambres, contenidas en los numerales 3° inciso quinto y 24° del artículo 19 de la CPR, por lo que requieren de este tribunal poner fin a dichos actos y que se dispongan todas las medidas y providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a los recurridos que se abstengan de continuar con dichos actos, los cuales han impedido el acceso de la protegida y sus empresas contratistas al inmueble ya singularizado y, concretizando la petición, requieren: a) Se levanten todos los bloqueos impuestos por los recurridos en el terreno para impedir el acceso de Minera Los Pelambres, sus trabajadores y empresas contratistas al predio “Pupío 1”, para así poder continuar con las obras del Proyecto INCO; b) Se abstengan de seguir impidiendo el normal desarrollo de las actividades relacionadas al avance del Proyecto INCO y a la construcción del sistema de impulsión de agua desalada por parte de Minera Los Pelambres en el predio “Pupío 1”; y c) Se abstengan de seguir utilizando las instalaciones y bienes de propiedad de Minera Los Pelambres ubicados en el terreno en cuestión, y que sirven al desarrollo de los trabajos iniciados por esta última en la zona.

Fundando su acción, exponen que ella se deduce con el fin de cautelar los derechos de su representada consagrados constitucionalmente en los numerales 3° inciso quinto y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los que han sido y están siendo gravemente amenazados y vulnerados por el ilegal y arbitrario actuar de los recurridos.

Aseveran que los recurridos, sin ampararse en derecho alguno, y únicamente por medio de la fuerza, han bloqueado los caminos y accesos al predio “Pupío 1”, ubicado en el sector de Caimanes, comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo, en el cual Minera Los Pelambres se encuentra desarrollando un megaproyecto, a partir del cual se está finalizando la construcción tanto de una planta desalinizadora de agua de mar como también de un sistema de impulsión de dicha agua, los cuales permitirán abastecer de recursos hídricos para la producción de Minera Los Pelambres en la provincia de Choapa, aliviando de esta manera la crisis hídrica que afecta gravemente a la Región de Coquimbo.

Añaden que los trabajos del recurrente se encuentran amparados mediante una serie de servidumbres mineras (ocupación, tránsito y eléctrica) acordadas con los dueños del predio Pupío 1 y que gravan 13 hectáreas del terreno. Todas ellas se encuentran inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos, siendo de esta manera oponibles en contra de cualquier tercero.

Exponen que a pesar de los derechos indubitados que Minera Los Pelambres mantiene en el sector en cuestión, la recurrida, sociedad Minera La Golondrina Uno, sus representantes y personas relacionadas a la misma, no solo han bloqueado los accesos al predio, impidiendo así la debida ejecución de los trabajos de Minera Los Pelambres, sino que también han utilizado las instalaciones ubicadas en el interior de Pupío 1, dispuestas por Minera Los Pelambres para el desarrollo de las obras del Proyecto INCO, con el fin de perpetuar su ocupación en el lugar.

Enfatizan que tal actitud de los recurridos viene precedida de una serie de exigencias efectuadas por los representantes de la Sociedad Minera La Golondrina Uno a Minera Los Pelambres, en las cuales imponen a Minera Los Pelambres paralizar sus trabajos -en lo que denominan su propiedad- y a indemnizar una cuantiosa suma de dinero a modo de indemnización por dichas labores.

Sostiene que los recurridos no son dueños del predio Pupío 1, ni tampoco poseen ningún derecho sobre el predio superficial que impida o haga oponible aquello al ejercicio de las servidumbres constituidas en favor de su representada en dicho terreno, lo cual da cuenta de lo inverosímil de su pretensión, como también de la injusticia detrás del actuar adoptado por los recurridos.

Hacen ver que la paralización de las actividades de Minera Los Pelambres en el sector de Pupío 1, debido a toda esta situación, ya ha generado un impacto en la ruta crítica del proyecto, tal como lo ha informado la empresa contratista a cargo de las obras, mediante una carta enviada a su representada, con fecha 4 de mayo de 2022, y que se acompaña en el segundo otrosí de su presentación.

Señalan que los cálculos preliminares efectuados por los perjuicios ocasionados por cada día de trabajo que se pierde en la zona, es del orden de USD $160.000 diarios, equivalentes a aproximadamente 140 millones de pesos diarios, lo cual da cuenta del enorme daño provocado a Minera Los Pelambres como consecuencia del actuar ilegal y arbitrario de los recurridos.

Requieren, que se restablezca el imperio del derecho y asegure la efectiva observancia de los derechos de nuestra representada, a fin de que los recurridos depongan su actuar ilegal, y así Minera Los Pelambres pueda seguir desarrollando los trabajos que viene ejecutando por años en la zona, haciendo uso de las servidumbres de las que es titular, paralizados al día de hoy por vías de hecho y por la utilización de la fuerza a manos de la Sociedad Legal Minera La Golondrina Uno.

En el acápite II, referido al proyecto minero “Infraestructura Complementaria”, expone que durante los últimos años, la minería chilena ha debido adaptarse a la búsqueda de una mejor convivencia ambiental con los territorios en donde opera, haciéndose cargo además del gravísimo problema de escasez hídrica que ha afectado a todo el país y, particularmente, a la zona norte.

Explica que en ese contexto que, en 2019, luego de años de planificación y con el objeto de reforzar la capacidad de procesamiento de mineral y asegurar el suministro hídrico de las operaciones mineras, Minera Los Pelambres inició en el valle del Choapa la ejecución y construcción del denominado “Proyecto de Infraestructura Complementaria”.

Informan que el proyecto contempla la instalación, en la comuna de Los Vilos, de obras marinas de captación de agua, la construcción de una planta desalinizadora de agua de una capacidad de 400 litros por segundo y obras de descarga de salmuera. Asimismo, los trabajos contemplan la construcción de un sistema de impulsión de agua desalinizada desde las instalaciones industriales de Minera Los Pelambres en Puerto Punta Chungo- a las faenas mineras en el área industrial El Mauro.

Manifiestan que las aguas producidas por la planta desaladora se utilizarán en los procesos de explotación, extracción y beneficio de mineral provenientes del yacimiento amparado por sus pertenencias mineras y/o en el beneficio de minerales propios o de terceros en el Establecimiento de Beneficio. En este sentido, gracias al Proyecto INCO, Minera Los Pelambres aliviará la crisis hídrica que afecta a la Región de Coquimbo y, especialmente, a la Provincia del Choapa.

Hacen ver que el proyecto INCO fue calificado ambientalmente de manera favorable, mediante la Resolución de Calificación Ambiental N° 16 de 19 de febrero de 2018, tanto en relación con las obras y trabajos que componen el proyecto, como también con las medidas que permiten el transporte de personal, equipos e insumos para el desarrollo de dichas actividades.

Manifiestan que, para el cierre del primer trimestre de 2022, y a pesar de la complejidad y envergadura de INCO, el conjunto de obras que lo componen presentaba un 73% de avance.

Prosiguen exponiendo que a pesar del beneficio que trae consigo la construcción y funcionamiento, en el menor tiempo posible, del Proyecto INCO, especialmente para la comunidad de la Provincia del Choapa, los recurridos han iniciado una serie de actos que tienen como única finalidad entorpecer las labores productivas de Minera Los Pelambres dilatando injustificadamente la fecha de entrega del Proyecto INCO, como medio de presión para que su representada acceda a sus injustificadas pretensiones, con todas las consecuencias económicas que ello conlleva tanto para su representada, para la localidad y para el Fisco de Chile.

En el acápite III, titulado “Servidumbre Legal de Minera Los Pelambres”, explican que dada la magnitud del Proyecto INCO, y con el propósito de amparar legalmente cada una de las instalaciones del mismo, Minera Los Pelambres llevó adelante un significativo proceso de regularización y estudios de los inmuebles en donde aquél se desarrollaría, especialmente en lo que respecta al ducto que conectará a las obras de Puerto Punta Chungo con la faena minera en El Mauro.

Prosiguen exponiendo que Minera Los Pelambres acordó con los dueños del predio Pupío 1 la constitución de servidumbres mineras de tránsito, ocupación y eléctrica sobre el señalado terreno, con el fin de que su representada por cuenta propia o ajena, pueda y se entienda siempre habilitada para, entre otras cosas, construir, instalar, emplazar, reparar, mantener, reemplazar y operar el sistema de transporte del Agua Tratada consistente en la cañería, tubería o ducto superficial y subterránea, ya referida previamente, que permita su impulsión y conducción, hasta por un caudal máximo de dos mil litros por segundo.

Indican que las servidumbres se encuentran inscritas a fs. 578 vta. N°1.054 del Registro de Propiedad del año 2006, a fs. 452 N°872 del Registro de Propiedad del año 2010 y a fs. 958 N°1.028 del Registro de Propiedad del año 2016, todos del Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos, como también al margen de la inscripción conservatoria, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos, del inmueble Pupío 1, por lo que resultan oponibles a terceros.

En la sección IV del recurso, referido a “La Sociedad Minera La Golondrina y Las Exigencias de ésta Última para Deponer su Actuar Ilegal y Arbitrario”, exponen que el bloqueo del acceso y de los caminos interiores que permiten a Minera Los Pelambres continuar con el desarrollo del Proyecto INCO en el predio Pupío 1, se los atribuyen los representantes de la Sociedad Legal Minera La Golondrina Uno.

Manifiestan que mediante comunicaciones de fecha 10 de noviembre de 2021 y 20 de febrero de 2022, los propietarios de la Sociedad Legal Minera La Golondrina Uno, nombre reservado y nombre reservado, indicaron a Minera Los Pelambres acerca de la realización de trabajos sin autorización “en sus propiedades” y de la supuesta sustracción de 43.553 toneladas de material minero, valorizando el supuesto perjuicio en $ 5.000.000.000, según cartas que se acompañan en el segundo otrosí de sy presentación y exigieron a Minera Los Pelambres detener todos los trabajos efectuados en la zona.

Explican que luego que su representada no accediera a sus exigencias, y continuara con las obras en el sector de Pupío 1, los representantes de la Mina La Golondrina bloquearon el camino y los accesos al señalado terreno, adelantando que los actos concretos desplegados por tales personas en el terreno serán detallados en el capítulo siguiente. En cualquier caso, se trata de evidentes actos de auto tutela, que no pueden tener protección alguna del derecho.

Señalan que el actuar de los recurridos y que mantienen paralizadas las obras de Minera Los Pelambres en el predio Pupío 1, no tienen asidero legal alguno, más aún cuando el único derecho que detentarían los recurridos, y con el cual sostienen que parte de este terreno sería su propiedad, son aquellos relacionados a supuestas concesiones mineras en el sector, sin que tengan constituidas en la zona ninguna servidumbre en favor de la explotación o exploración de su concesión minera.

Prosiguen explicando que distinto es el caso de Minera Los Pelambres, la cual, como se ha descrito latamente, mantiene servidumbres mineras vigentes sobre el terreno que le permiten precisamente la utilización de los mismos para el trasporte de personal, equipos, materiales e insumos, como también para llevar a cabo las obras relacionadas al ducto que forma parte del Proyecto INCO, por lo que sí posee derechos sobre el predio superficial del predio Pupío 1, a diferencia de los recurridos.

En la sección V de su recurso, hacen ver que luego de no tener una respuesta satisfactoria a sus intereses por parte de Minera Los Pelambres, los recurridos comenzaron con una escalada de hechos violentos que decantaron en el actual bloqueo de los accesos al predio Pupío 1 para el personal de su representada y la toma de diversas instalaciones de esta última dispuestas en el sector para favorecer los trabajos que se desarrollan, precisamente, en esta zona.

Señalan que el día sábado 30 de abril de 2022, trabajadores de Minera Los Pelambres, en el contexto de la realización de tareas de inspección de las obras, pudieron constatar, en los accesos y caminos interiores del predio Pupío 1, la presencia de un grupo de personas encapuchadas ajenas al Proyecto INCO.

Continúan explicando que considerando lo sospechoso de la situación, los trabajadores volvieron a dicho lugar el domingo 1 de mayo de 2022, momento en el cual pudieron constatar una vez más la presencia de un grupo de personas ajenas al Proyecto en cuestión.

Manifiestan que, sin embargo, en dicha oportunidad, dichas personas forzaron y rompieron parte de un portón metálico que permite el paso por los caminos en comento, e instalaron un cerco unos metros más adelante que impide el paso del personal de Minera Los Pelambres por esa zona. En dicho cerco se pueden leer diversos avisos bajo las órdenes de “No pasar”, “Recinto Minero” y otro en el que se señalaba “Mina La Golondrina”.

Expresan que con fecha 2 de mayo de 2022, con el fin de dejar constancia cierta de la situación, se apersonó al lugar don Pablo Barrantes Díaz, Notario Público de la comuna de Los Vilos. En dicha visita, se pudo corroborar in situ todos los hechos anteriormente expuestos.

Señalan que se certificó la existencia de un portón metálico de acceso a los caminos que “se encuentra con evidentes señales de haber sido forzada, está descuadrada, apoyada en el suelo, sostenida con amarras de alambres”, cuyas bisagras que la sostenían al suelo “están cortadas”.

Exponen que luego de haber abierto el portón con ayuda de personal de Minera Los Pelambres, el Sr. nombre reservado pudo certificar un nuevo cierre ajeno a la obra con carteles rojos los cuales señalan “¡No pasar!”, “Recinto Minero” y “Mina La Golondrina”, todo ello impidiendo el paso de trabajadores, vehículos, maquinarias y, por ende, la ejecución de las obras en su conjunto. Las fotos muestran, además, la presencia de banderas negras en los extremos del cierre dispuesto por los recurridos.

Indican que en el lugar inspeccionado pudo verificarse, además, la presencia de dos hombres de edad adulta, encapuchados, a quienes se les explicó la gestión y quienes negaron brindar sus datos para su debida identificación. El cierre y los obstáculos descritos fueron singularizados, para un mejor entendimiento, como “cierre sur”.

Explican que el notario solicitó ingresar al predio para constatar un segundo bloqueo existente en la zona, lo cual fue negado por las personas señaladas y cuya identificación se desconoce. Por ello, el Sr. nombre reservado y los funcionarios de Minera Los Pelambres hicieron abandono del lugar y decidieron ingresar al predio al inmueble desde la ruta D-865.

Exponen que, en dicho lugar, se constató la existencia de un nuevo bloqueo ajeno a la obra, compuesto por fierros, cadenas y conos, los que también impedían e impiden al día de hoy el paso a trabajadores, vehículos, maquinarias. Ello imposibilita, por tanto, la debida ejecución de las obras. Según consta en el acta notarial que se acompaña en el segundo otrosí de esta presentación, estos bloqueos fueron denominados, para un mejor entendimiento, como “cierre norte”.

Señalan que conjuntamente con los referidos cierres, trabajadores de Minera Los Pelambres han constatado en sus visitas a la zona que, los recurridos, además, se encuentran utilizando diversas instalaciones dispuestas por MLP en el interior de Pupío 1, para el favorecimiento de las labores que se desarrollan en este sector.

Afirman que estos otros actos ilegales permiten que, precisamente, los recurridos perpetúen su estancia en la zona, bajo una vigilancia permanente y constante en los accesos al terreno.

Refiriéndose a las garantías fundamentales vulneras explican que los hechos descritos en los apartados anteriores dan cuenta de una serie de actos ilegales y arbitrarios en los que han incurrido los recurridos, con el único fin de bloquear e impedir el desarrollo normal de las actividades que desplegaba Minera Los Pelambres en la zona, en razón de las servidumbres mineras constituidas en su favor en el predio Pupío 1, con el único objeto de que ésta última acceda a sus injustificadas y cuantiosas pretensiones expuestas en las cartas ya reseñadas previamente.

Prosiguen señalando que se está en presencia de la utilización más patente de la autotutela como medio de presión para la satisfacción de intereses personales a costa de aquellos afectados por el uso de este tipo de medidas.

Opinan que tales vías de hecho, ya sea impidiendo derechamente el paso y tránsito de personal y vehículos de Minera Los Pelambres, como también bajo amenaza de perpetuar esta situación a futuro, mediante el uso de instalaciones de nuestra representada en el sector, han alterado el status quo, puesto que el personal de nuestra representada, previo a estos actos ilegales y arbitrarios, hacía uso y goce de este terreno y de las instalaciones que allí se ubican sin inconveniente alguno y amparado, como dijimos, en servidumbres mineras constituidas válidamente por el propietario del mismo.

Citando a la Excma. Corte Suprema, exponen “(…) el recurso de protección, conforme a su naturaleza, no ampara el derecho en sí mismo, sino que su legítimo ejercicio, esto es lo que protege es una situación de pacífico y aparentemente legítimo ejercicio de un derecho determinado (…)”3. En este sentido, la presente acción cautelar, como vía extraordinaria y urgencia, constituye, tal como lo ha señalado nuestro máximo tribunal, “un instrumento idóneo para obtener el restablecimiento de la situación al estado anterior a la ejecución de los actos perturbatorios”.

Explican que como lo han señalado los tribunales superiores de justicia en reiteradas oportunidades, es requisito indispensable para dar acogida al presente recurso la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que cause una afectación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales protegidas por el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental.

Sostienen que el actuar desplegado por la recurrida y el grupo de personas que le acompañan en terreno, descrito latamente en este recurso, ha afectado las garantías de nuestra representada consagradas en los numerales 3° inciso quinto, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Destacan que los actos en los que han incurrido los recurridos son una manifestación clara de la autotutela como método de solución de controversias, lo cual esta proscrito en nuestro ordenamiento, explicando que la autotutela ha sido entendida como “un medio de solución de conflictos directo y unilateral mediante el que una parte no acepta subordinar su interés propio al ajeno y hace uso de la fuerza, en atención a que la espera de la solución mediante el proceso significaría la aceptación de un daño que teme se pueda dar”.

Indican que la autotutela se encuentra proscrita como mecanismo de solución de conflictos, pues el uso de la fuerza bien sea física o mental genera injusticia material al suponer la necesidad del sometimiento forzoso de los intereses de una parte respecto de los de la otra, lo que no es propio del estado civilizatorio actual, el cual propende a una solución pacífica de los conflictos.

Afirman que es evidente que la conducta desplegada por los recurridos importa el ejercicio de actos de autotutela prohibida, pues, sin mediar la intervención de nuestros tribunales de justicia, ha impuesto restricciones por vías de hecho al ejercicio legítimo de los derechos y garantías fundamentales de nuestra representada, alterando con ello el status-quo vigente. Todo lo anterior con el objetivo único y exclusivo de obtener beneficios de carácter patrimonial.

Reiteran que las conductas desplegadas por los recurridos no han sido calificadas por su parte como ejercicio de autotutela prohibida de forma azarosa. En efecto, nuestra Corte Suprema, en una situación similar a la de autos en la cual un grupo de personas dispuso la colocación de muros y de un portón en un camino para impedir el libre tránsito de los vehículos y personal destinados a un proyecto minero en la comuna de Alto del Carmen, señaló que dicha conducta: “(…) importa una alteración del status quo vigente, toda vez que la instalación referida implica una acción de autotutela que deja a la actora en una precaria situación, en cuanto le impide acceso a su faena de trabajo y a su propiedad”.

Prosiguen señalando que la autotutela transciende a todas las actuaciones denunciadas en esta sede y perpetradas por los recurridos. Éstos, por medio de la fuerza, pretenden que Minera Los Pelambres acceda a diversas peticiones, ya sea a la detención completa de las obras en el sector como al pago de una suma exorbitante de dinero a modo de indemnización, mediante el cierre de caminos y la utilización de instalaciones de nuestra representada en el sector.

Afirman que el actuar ilegal de los recurridos afectan las garantías constitucionales de su representada, consagradas en los numerales 3° inciso quinto y 24° del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República.

Refiriéndose a la infracción al artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República y explicando que la base conceptual de la conducta desplegada por los recurridos se asocia a la autotutela prohibida, ya sea por impedimentos dispuestos ilegal y arbitrariamente para acceder y transitar en el predio, como por la toma, mediante la fuerza, de instalaciones de Minera Los Pelambres ubicadas en el predio Pupío 1, cabe determinar la forma en que dicha conducta, más allá de contravenir los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico y de todo Estado de Derecho, supone una infracción a los derechos y garantías contenidas en nuestra Constitución Política de la República.

Señalan que, la contraria, sin mediar justificación alguna y en actos abiertamente ilegales y arbitrarios, ha prescindido de quienes, de acuerdo a nuestro ordenamiento, son los órganos llamados a conocer de tales conflictos a fin de resolverlos, pretendiendo con ello hacer justicia por sus propias manos a costa de los derechos fundamentales de su representada.

Prosiguen refiriéndose a que la vinculación entre la autotutela prohibida, el uso de la fuerza y la infracción al artículo 19 N°3 inciso quinto de nuestra Constitución ya ha sido realizada por nuestra Excma. Corte Suprema, la cual ha señalado que el ejercicio de vías de hecho para imponer una pretensión por sobre otra perturba la garantía anteriormente descrita en cuanto “nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, desde que se asumieron, en la práctica, la función de juzgar, que pertenece constitucionalmente a los tribunales de justicia”.

Prosiguen haciendo presente que agrega nuestra Excma. Corte: “En estas condiciones, queda de manifiesto que la actuación descrita vulnera las garantías constitucionales contempladas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, puesto que las recurridas, al alterar una situación de hecho preexistente, han incursionado en materias cuya determinación, por su naturaleza y contenido, corresponde al ámbito jurisdiccional, circunstancia que basta para concluir que la acción debe ser acogida”.

Indican que cuando se pretende asumir el rol de la judicatura, reservado exclusivamente al juez natural llamado a conocer, de acuerdo a la ley, un determinado conflicto, y a partir de ello ejercer una serie de medidas de autoridad y fuerza no autorizada con el fin de asegurar y hacer prevalecer los derechos de uno a costa de los del otro, evidentemente se infringe la garantía al actuar como tribunal especial.

Indican que con ello se niega toda importancia al rol que cumplen los tribunales de justicia a través del debido proceso en un determinado ordenamiento, el cual es el de impartir justicia. Este rol se desenvuelve y encuentra su razón de ser como una actividad de vital importancia en un Estado de Derecho cuando a través de reglas previas al conflicto, y que aseguran la imparcialidad en la decisión adoptada, se puede dar a cada una de las partes lo que es suyo, evitando así la utilización de la violencia como la ejercida por el recurrido para solucionar un determinado conflicto.

Sostienen que los recurridos se atribuyen la potestad de imperio que le asiste únicamente a los Tribunales de la República no solo al disponer, injustamente, de los derechos que su representada detenta sobre el predio por medio de una serie de servidumbres mineras válidamente constituidas, en concordancia con el propietario exclusivo del mismo, sino también, al imponer una serie de medidas de fuerza para impedir cualquier acceso y perpetuar su actuar ilegal en la zona.

Opinan que con ello se lesiona claramente la garantía antes señalada, y se consuman una serie de graves perjuicios patrimoniales a Minera Los Pelambres en relación al cronograma de trabajo del Proyecto INCO. Todo ello, basado, únicamente, en el arbitrario parecer de los recurridos y sin una disposición legal que los ampare en tal sentido.

Afirman, además, la vulneración al derecho de propiedad de Minera Los Pelambres en conformidad al artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, la cual asegura el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, explicando que su representada es titular de una serie de servidumbres mineras constituidas sobre el predio “Pupío 1”, cuyo ejercicio le permite acceder y desarrollar las labores involucradas en el Proyecto INCO.

Prosiguen sosteniendo que no existiendo controversia acerca de los actuales propietarios del terreno en cuestión, según consta en las inscripciones conservatorias del inmueble, terceros han impedido el acceso total de vehículos y personal de su representada, afectando gravemente con ello no sólo el ejercicio de los derechos que emanan del gravamen constituido sobre él en favor de su representada, sino también, de todos aquellos que le permiten llevar adelante la construcción del Proyecto INCO en el sector de Caimanes. Ambos derechos, por cierto, radicados irrevocablemente en el patrimonio de su representada desde la constitución del gravamen en comento.

Afirman que la conducta desplegada por los recurridos ha ocasionado que su representada haya sufrido y se vea expuesta a sufrir perjuicios importantes, atribuibles directamente a la imposibilidad de poder acceder al predio y ejecutar el Proyecto INCO en el cronograma de trabajo dispuesto para aquello.

Sostienen que los gastos y costos adicionales, imprevistos y generados por la conducta ilegal y arbitraria de los recurridos, forzarán a Minera Los Pelambres a realizar disposiciones de bienes que hasta entonces se radicaban válida y efectivamente en su patrimonio para palear los evidentes perjuicios que ha generado la paralización de las obras a consecuencia del actuar de los recurridos.

Aseveran que la paralización de las actividades de Minera Los Pelambres en el sector de Pupío 1, debido al bloqueo impuesto por los recurridos, ya ha generado un impacto en la ruta crítica del proyecto, tal como lo ha informado la empresa contratista a cargo de las obras, mediante una carta enviada a su representada, con fecha 4 de mayo de 2022, y que se acompaña en el segundo otrosí de su presentación.

Explican que los cálculos preliminares efectuados por su representada han estimado los perjuicios ocasionados por cada día de trabajo que se pierde en la zona, en el orden de USD $160.000 diarios, equivalentes a aproximadamente 140 millones de pesos diarios, lo cual da cuenta del enorme daño provocado a Minera Los Pelambres como consecuencia del actuar ilegal y arbitrario de los recurridos.

Sostienen que la afectación de las garantías fundamentales patrimoniales de Minera Los Pelambres no sólo se reduce al detrimento patrimonial significativo y efectivo a causa de la conducta recurrida. En efecto, y tal como fuera dicho y consta en los documentos acompañados en el segundo otrosí de su presentación, los recurridos, en el contexto del despliegue de sus actos ilegales y arbitrarios, han utilizado ilegalmente las instalaciones y obras que su representada instaló en el sector para la construcción y funcionamiento del Proyecto INCO.

Aseveran que el uso ilegal, arbitrario y no autorizado de los bienes que forman parte del patrimonio de su representada y que se han dispuesto para el desarrollo de las obras del Proyecto ha impedido que Minera Los Pelambres pueda ejercer las facultades de uso, goce y disposición derivadas del derecho real de dominio del cuál es titular.

Citando a la Excma. Corte sostienen que, frente a vías de hecho como éstas, que afectan el derecho de propiedad de una de las partes de la controversia, es precisamente el recurso de protección el instrumento adecuado para obtener el restablecimiento del estado de situación existente con anterioridad a la ejecución de los actos reprochados.

Requieren, teniendo en consideración que el recurso de protección tiene como objeto el restablecimiento del imperio del derecho a fin de restablecer las garantías conculcadas y amenazadas del afectado en el menor tiempo posible, que atendida la gravedad de estos hechos, se sirva tomar las medidas necesarias de inmediato, a fin de asegurar que su representada pueda acceder al inmueble “Pupío 1” y hacer uso de las servidumbres mineras constituidas en su favor, sin la presencia de restricciones ilegítimas y arbitrarias, ordenando, en caso de existir nuevas obstaculizaciones, el levantamiento y remoción de todos los elementos dispuestos por los recurridos en la zona, y que han impedido y siguen impidiendo que Minera Los Pelambres utilice los caminos y sus instalaciones que en la zona existen, y que permiten que su representada desarrolle las labores necesarias para el éxito del Proyecto INCO.

Solicitan tener por interpuesto el recurso de protección en contra de i) Sociedad Legal Minera La Golondrina Uno; (ii) nombre reservado; (iii) nombre reservado, ya individualizados, por las amenazas, perturbaciones y privaciones ocasionadas a las garantías fundamentales de su representada en el inmueble “Pupío 1” y por medio del cual han impedido el ejercicio de los derechos que detenta Minera Los Pelambres sobre el terreno mencionado, los cuales han resultado en la perturbación, privación y amenaza del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de su representada, contenidas en los numerales 3° y 24° del artículo 19 de la CPR, con el objeto de que esta Corte disponga todas las medidas y providencias que estime necesarias para reestablecer el imperio del derecho y, especialmente, se ordene a los recurridos: a) Levantar todos los bloqueos impuestos por los recurridos en el terreno para impedir el acceso de Minera Los Pelambres, sus trabajadores y empresas contratistas al predio “Pupío 1”, para así poder continuar con las obras del Proyecto INCO; b) Se abstengan de seguir impidiendo el normal desarrollo de las actividades relacionadas al avance del Proyecto INCO y a la construcción del ducto por parte de Minera Los Pelambres en el predio “Pupío 1”; c) Se abstengan de seguir utilizando las instalaciones y bienes de propiedad de Minera Los Pelambres ubicados en el terreno en cuestión, y que sirven al desarrollo de los trabajos iniciados por esta última en la zona, y d) Todo lo anterior, con costas.

En el primer otrosí de la presentación solicitan orden de no innovar, la que fue concedida con fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

SEGUNDO: Que, la recurrente, sustentando su acción, acompañó los siguientes documentos: 1.- Acta de Inspección Notarial suscrita por el Notario Titular de Los Vilos don Pablo Barrantes Díaz, de fecha 3 de mayo de 2022; 2.- Copia Autorizada de Inscripción a fs.510 N°350 del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos, en donde consta la constitución de la servidumbre minera en favor de Minera Los Pelambres respecto del inmueble “Pupío 1”; 3.- Contrato de Constitución de Servidumbres Legales Mineras entre nombre reservado y otros, y Minera Los Pelambres, de fecha 11 de noviembre de 2016; 4.- Cartas remitidas por nombre reservado y nombre reservado, en representación de la Mina “La Golondrina del 1 al 6”, de fechas 11 de noviembre de 2021 y 20 de febrero de 2022; 5.- Copia de documento electrónico, de fecha 25 de noviembre de 2021, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos en el que consta la composición accionaria de la Sociedad Minera La Golondrina Uno y la designación de doña nombre reservado como administradora de la misma; 6.- Copia Autorizada de Inscripción de Prohibición a fs. 561 N°543 del año 2017 del Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos; 7.- Copia de carta enviada por el contratista Bechtel Chile Ltda. a Minera Los Pelambres, con fecha 4 de mayo de 2022, mediante la cual se notifica a la recurrente la detención de los trabajos en el predio Pupío 1, a consecuencia del actuar de los recurridos, y el impacto de esto último en la ruta crítica del proyecto.

Con fecha 26 de mayo de 2022, en relación a la orden de no innovar concedida, solicitando apercibimiento en contra de los recurridos acompañó los siguientes documentos: 1.- Set de fotografías de fecha 26 de mayo de 2022, los cuales dan cuenta del estado actual de la maquinaria minera de propiedad de Minera Los Pelambres a consecuencia de los ataques descritos en lo principal de esta presentación; 2.- Oficio N°122 de fecha 20 de mayo de 2022 emitido por el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos y que consta en causa E-233-2022 del citado tribunal, a través del cual este informa a Carabineros de Chile acerca de la disposición y requerimiento de auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a la orden de no innovar decretada en estos autos con fecha 16 de mayo de 2022 en resolución que consta a folio 4, y 3.- Oficio N°460 de la Subcomisaria Los Vilos de Carabineros de Chile, de fecha 25 de mayo de 2022, en donde se informa al Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos acerca de la realización de las diligencias necesarias para el cumplimiento de la orden de no innovar decretada en estos autos con fecha 16 de mayo de 2022 en resolución que consta a folio 4.

Posteriormente, con fecha 6 de julio de 2022, en una nueva solicitud de apercibimiento se acompañó como documentos un set de fotografías, que comprende registros fotográficos del día 30 de junio, y de los días 1 y 5 de julio, todos de 2022, que dan cuenta de la subsistencia de las vías de hecho y de los actos de auto tutela en los que Minera La Golondrina, sus personeros, dependientes, trabajadores y colaboradores han incurrido de manera recurrente desde mayo de 2022 en desmedro de las garantías fundamentales de la recurrida.

El 15 de julio de 2022, en el mismo contexto relativo al cumplimiento de la orden de no innovar el actor acompaña acta de inspección notarial, de fecha 5 de julio de 2022, otorgada por el Notario Titular de Los Vilos, don Pablo Barrantes Díaz, en la cual se deja constancia de los nuevos bloqueos llevados a cabo con la misma fecha por parte de personeros de la recurrida Minera La Golondrina Uno de Los Vilos en el fundo “Pupío I”.

TERCERO: Que, con fecha 25 de mayo de 2022, comparece el abogado don Esteban Vílchez Celis, abogado, en representación convencional de la recurrida sociedad legal minera La Golondrina Uno, representada legalmente por doña nombre reservado, quien procede a evacuar el informe de rigor.

Expone, en base a lo sostenido por la actora de protección a que los recurrido “... sin ampararse en derecho alguno, únicamente por medio de la fuerza, han bloqueado los caminos y accesos al predio Pupío 1”, que es notable la cantidad de hechos falsos consignados en esta afirmación.

Explica que los recurridos son personas que están protegiendo los derechos de la sociedad legal minera La Golondrina Uno, dueña de una concesión minera de explotación constituida judicialmente e inscrita en el Conservador de Minas de Los Vilos-Canela en el año 2012, de manera completamente regular, y cuyas patentes mineras se encuentran pagadas y al día. Es grave ocultar información tan relevante, porque obviamente ello conduce a que los tribunales y nombre reservado tomen decisiones erradas, pero como consecuencia simplemente de la sesgada información que reciben, en este caso, de un recurrente de protección que no actúa de buena fe.

Agrega que la recurrente debería expresar con claridad que nadie ha impedido el acceso al predio Pupío 1 como tal, sino únicamente a aquella parte del predio que corresponde a las pertenencias mineras sobre las cuales se ha constituido la concesión minera de explotación denominadas “La Golondrina de Uno al Seis”. Estas pertenencias configuran un paño de terreno que cruza la ruta D 865. Los trabajos que pretende realizar Minera Los Pelambres en el sector implican la instalación de una tubería que corre en paralelo a dicha ruta y que, en consecuencia, atraviesa perpendicularmente el paño constituido por las pertenencias mineras de propiedad de la sociedad legal minera La Golondrina Uno.

Se pregunta, ¿puede un tercero simplemente desarrollar obras sobre una concesión de explotación minera ajena, sin indemnizar a su dueño? ¿Puede suprimir o pedir a esta Corte que suprima el derecho de propiedad sobre la concesión minera? Minera Los Pelambres parece creer que, habiendo llegado a un acuerdo de servidumbre con los dueños del predio superficial, sencillamente los titulares de una concesión minera de explotación no existen y carecen de todo derecho. Parecen creer que sencillamente la propiedad minera no tiene valor alguno.

Expone que la propia recurrente sabe que debe resolver este tema y llegar a un acuerdo con todos los afectados por sus obras, no sólo con los dueños del predio sirviente. El artículo 122 del Código de Minería no deja espacio a dudas: “Las servidumbres se constituirán previa determinación del monto de la indemnización por todo perjuicio que se cause al dueño de los terrenos o al de la concesión sirviente, en su caso, o a cualquiera otra persona”.

Sostiene que, si se quiere instalar una tubería sobre una concesión minera de explotación, habrá de convenir que ello importaría una gravísima limitación al dominio del concesionario, quien evidentemente no podrá explotar su concesión en un área determinada y que se enfrentará a la remoción probable de tierra que contiene minerales que sólo a él le corresponde explotar. Desde este punto de vista, es indudable que, en este caso, el concesionario de explotación minera pasaría a ocupar la categoría de “concesión sirviente” o que, si por alguna extraña razón no se le quisiera reconocer tal categoría, indudablemente se trataría de “cualquiera otra persona” afectada por las obras que pretende desarrollar Minera Los Pelambres en el terreno.

Agrega que este punto de vista ha sido compartido por Minera Los Pelambres, aunque al interponer el presente recurso de protección haya omitido informar. En efecto, se sostuvieron al menos dos reuniones entre representantes de Minera Los Pelambres y de la sociedad legal minera La Golondrina Uno. Por parte de la primera, estuvieron presentes los señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. Más aún, Minera Los Pelambres ofreció pagar una indemnización, aunque misérrima.

Adiciona que, en paralelo a estas conversaciones, Minera Los Pelambres, a través de la empresa subcontratista BECHTEL y otra empresa denominada “TRÉBOL AGUA SANTA”, procedía a efectuar un corte en el cerro, dentro de la propiedad minera de su representada, extrayendo una ingente cantidad de material minero, que se ha avaluado, conforme a los análisis efectuados, en una suma superior a los 2.000 millones de pesos. Las conversaciones tenían por objeto llegar a un acuerdo con respecto al valor que debía serle pagado a la recurrida como consecuencia de la extracción subrepticia de minerales por parte de Minera Los Pelambres – lo que constituye, ciertamente, un delito patrimonial que será objeto de la correspondiente querella criminal – y al monto de la indemnización por la afectación que la construcción e instalación de la tubería implicaría para su representada.

Informa que la respuesta de Minera Los Pelambres fue ofrecer diez millones de pesos. Y nada más. Un monto francamente irrisorio e insultante. Y ahora ha agregado un recurso de protección que sorprende al tribunal con información incompleta, sesgada y tendenciosa.

Afirma que es Minera Los Pelambres quien ha actuado con completa prepotencia y arrogancia, efectuando conversaciones y negociaciones que sólo tenían por objeto mantener ocupados a los representantes de la sociedad legal minera La Golondrina Uno y seguir avanzando en la instalación de la tubería hasta llegar a un punto de “hechos consumados”.

Agrega que es posible discutir largamente muchos aspectos jurídicos de esta relación conflictiva, pero lo que es cierto y objetivo es que Minera Los Pelambres pretende desconocer de manera absoluta los derechos de propiedad de un titular de una concesión minera de explotación, trabajar sobre su terreno, extraer minerales y materiales de valor, hacer que la explotación de un sector de esa concesión se haga imposible y, como si fuera poco, hacer todo esto sin indemnizar como es debido. Es la recurrente quien desconoce el derecho de propiedad y actúa de manera ilegal y arbitraria.

Sostiene que se está perfectamente dispuesta a discutir y rebatir, en un juicio, todos los argumentos que quiera presentar Minera Los Pelambres, pero un recurso de protección es una acción constitucional destinada a amparar garantías constitucionales indubitadas frente a actos evidentemente arbitrarios e ilegales. Como ya se ha visto, Minera Los Pelambres no puede sostener que su derecho a instalar un tubo que atraviesa la concesión minera de explotación de un tercero es indubitado e indiscutible; tampoco puede pretender que los titulares de una concesión minera de explotación carezcan absolutamente de derechos para protegerla. Solo esta necesidad de un debate suficientemente profundo y la ausencia de derechos indudablemente preferentes, demuestran la improcedencia del recurso de protección.

Agrega en su informe fotografías a fin de ilustrar de mejor forma la situación y poder comprender lo que ocurre en el lugar.

Explica que al lado izquierdo de la fotografía incorporada en el texto del recurso puede observarse el corte que Minera Los Pelambres le hizo al cerro, de manera que extrajo una cantidad enorme de material minero perteneciente a su representada. Lo que ahora parece un “camino”, antes era sencillamente cerro y llegaba hasta el camino público correspondiente a la ruta D 865.

Expone, en relación a una segunda fotografía incorporada, que en ella se observa el límite del terreno en el que comienza la pertenencia minera de la sociedad legal minera La Golondrina Uno, sobre la cual se encuentra la concesión de explotación minera. Al lado izquierdo de la foto se aprecia el corte que Minera Los Pelambres efectuó en el sector, con la intención de instalar la tubería.

En relación a una tercera fotografía incluida en el informe, explica que ella está tomada desde el otro lado, esto es, mirando hacia el pueblo de Caimanes y, por ende, el corte se observa al lado derecho de la foto.

Afirmando la falsedad de los hechos mencionados por la recurrente, expone que sus representados están lejos de ser personas que no tienen argumento alguno y que actúan únicamente a través de la fuerza. La verdad es que se trata de una sociedad legal minera dueña de una concesión de explotación minera regularmente constituida y vigente y cuya propiedad Minera Los Pelambres pretende desconocer.

Sostiene que es habitual que Minera Los Pelambres pretenda justificar y disfrazar sus proyectos destructores del medio ambiente y orientados únicamente a su beneficio y lucro empleando los ropajes de la filantropía y los beneficios comunitarios. Es completamente absurdo que pretenda convencer de la bondad de su posición sosteniendo que su proyecto “aliviará la crisis hídrica que afecta gravemente a la región de Coquimbo”. Esto roza con el descaro por dos razones: primero, porque aunque lo niegue pertinazmente, ha sido Minera Los Pelambres quien obturó las napas subterráneas con relaves en el tranque El Mauro, secando el Estero Pupío y contaminando las aguas que pudieron quedar, al punto que hasta el día de hoy los habitantes de Caimanes deben surtirse de agua envasada o esperar a los camiones aljibes; en segundo lugar, porque el agua desalada que pretenden conducir por el ducto no tiene el propósito de aliviar la crisis hídrica que sufren las personas o los campesinos del sector, sino únicamente aliviar la crisis hídrica que sufre Minera Los Pelambres para sus faenas, luego de haber agotado las aguas que antes fluían por el estero Pupío.

Estima que el absurdo llega a niveles casi cómicos cuando la recurrente señala que se han utilizado sus instalaciones. Eso es simplemente mentira. En el sector apenas, e intermitentemente, ha habido una o dos personas, simplemente vigilando que Minera Los Pelambres no insista en destruir y ocupar terrenos de manera ilegítima. No se trata de un grupo de encapuchados ni de personas numerosas, sino de personas prácticamente indefensas que se enfrentan al poder económico y al abuso de Minera Los Pelambres.

Expone que Minera Los Pelambres se queja amargamente de perder 140 millones de pesos diarios al no poder avanzar en su obra. Recordemos que se trata de una empresa que en algunos periodos obtenido utilidades netas mensuales de 100 millones de dólares, de manera que, aun si fuera cierto su cálculo de supuestas pérdidas diarias, con mayor razón, entonces, debería estar dispuesta a indemnizar a quienes daña con sus proyectos. Pero lo que quiere es causar daños, desconocer la propiedad ajena sobre una concesión de explotación minera y no pagar nada. A Minera Los Pelambres le gusta sentar precedentes de este tipo, para que las personas y las comunidades aprendan a aceptar cantidades ínfimas como indemnización a cambio de daños inmensos. Afirma que su representada está absolutamente dispuesta a conversar y a colaborar siempre que se le indemnice razonablemente; y si no hay acuerdo sobre la indemnización justa para este caso, está igualmente dispuesta a litigar para que un tercero la determine.

Refiriéndose a las razones por las cuales el presente recurso de protección debe ser rechazado que un primer fundamento lo son los contratos de servidumbre voluntarias con los dueños del predio superficial no empecen a los titulares de una concesión minera de explotación. Sostiene que es realmente curioso que una empresa dedicada a la minería no comprenda una cuestión tan simple. Necesariamente, y en virtud de lo establecido en el artículo 122 del Código de Minería, debe también Minera Los Pelambres llegar a un acuerdo voluntario con los titulares de la concesión minera de explotación sobre la cual quieren construir o litigar para que se determine la indemnización correspondiente. Nadie cuestiona la existencia de estos contratos de servidumbre con los dueños del predio superficial, pero simplemente se trata de un asunto irrelevante a la hora de juzgar los derechos de su representada a que se le respete su propiedad sobre la concesión minera de explotación que, dicho sea de paso, le otorga a su vez derechos para imponer, en su momento, las servidumbres legales mineras necesarias para concretar dicha explotación.

Expone, como segunda razón que la conducta de los representantes de La Golondrina Uno no es ilegal ni arbitraria. No es ilegal porque la sociedad legal minera La Golondrina es titular de una concesión minera de explotación constituida a través de un proceso judicial llevado a cabo ante el tribunal de Letras y de Garantía de Los Vilos, bajo el Rol V- 3051-2009, de modo que se encuentra amparada por la ley y por un procedimiento judicial para proteger su propiedad de ataques de hecho, como está ocurriendo en esta ocasión. La sentencia constitutiva de la concesión de explotación se encuentra inscrita a fojas 180, número 49, del Registro de Propiedad de Minas del año 2012, correspondiente al Conservador de Minas de Los Vilos-Canela, según da cuenta el documento acompañado en el número 2 del segundo otrosí de su presentación.

Agrega que no es arbitraria porque existen buenas razones que justifican las acciones de simple protección de su concesión minera de explotación por parte de la recurrida. Minera Los Pelambres actúa por vías de hecho, como lo prueba el hecho de que ella se haya producido un delito patrimonial de extracción de minerales que ha obligado a la elaboración e inminente interposición de la correspondiente querella criminal contra las personas que resulten responsables del delito.

Añade, como una tercera razón, la circunstancia que no hay derechos indubitados y el debate sobre la preeminencia de unos otros debe ser objeto de un juicio ordinario. No es procedente que una discusión que requiere un análisis reposado y profundo y los argumentos jurídicos de una y otra parte y la oportunidad de rendir prueba oportunamente, sea zanjada a través de una acción constitucional que, de suyo, importa un procedimiento de emergencia que, como tal, solo está autorizado a emplearse cuando los derechos no son dudosos y los hechos no están sujetos a controversias fundamentales.

Citando a la Excelentísima Corte Suprema expone que ella ha expresado de manera reiterada que para efectos de la procedencia y, en particular el acogimiento del recurso de protección debe tratarse de derechos indubitados. Así, por ejemplo, se ha resuelto en la causa Rol 2973-2012, en fallo dictado por el máximo tribunal con fecha 15 de junio de 2012.

Sostiene que en el caso concreto existe una clara controversia entre dos partes. Minera Los Pelambres plantea tener un derecho para instalar la tubería que conducirá el agua de la planta desaladora en un terreno sobre el cual se encuentra constituida una concesión minera de explotación; por su parte, la minera recurrida reclama tener un derecho de propiedad sobre su concesión minera de explotación y, consecuentemente, el derecho de no ser perturbado en sus atribuciones del dominio con respecto a dicha concesión. De esta manera, no es posible que Minera Los Pelambres puede afirmar que sus derechos sean indubitados, pues se encuentran controvertidos por su parte en virtud de una concesión minera de explotación cuya propiedad se encuentra constituida legalmente a través de una sentencia judicial con efecto de cosa juzgada. La única conclusión posible a partir de lo señalado es que el debate acerca de cuál de estos derechos resulta prevalente en el caso concreto, supone un juicio de lato conocimiento y excluye aplicar el presente recurso de protección como el procedimiento a través del cual resolver el conflicto jurídico.

Expresa que el recurso de protección deducido no puede prosperar y debe ser rechazado íntegramente, con costas, sin perjuicio de lo que la justicia ordinaria pueda resolver en relación con la controversia que enfrenta a las partes.

Solicita tener por evacuado el informe y, en mérito de lo expuesto, rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costa.

CUARTO: Que, la sociedad minera recurrida, a fin de sustentar sus argumentos, acompañó con su informe los siguientes documentos: 1.- Comprobante del pago de la patente minera relativa a la concesión minera de explotación de propiedad de su representada, la sociedad legal minera La Golondrina Uno, del año 2021; 2.- Comprobante del pago de la patente minera relativa a la concesión minera de explotación de propiedad de su representada, la sociedad legal minera La Golondrina Uno, del año 2022; 3.- Certificado de inscripción vigente en el Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas de Los Vilos-Canela de la concesión de explotación de las pertenencias mineras denominadas “La Golondrina Uno al Seis”, el que da cuenta también de la inscripción de la sentencia constitutiva; y, 4.- Copia de la sentencia constitutiva de la concesión de explotación minera de la que es titular su representada, con indicación de sus coordenadas y ubicación.

Posteriormente acompañó, con el mismo fin, los siguientes documentos: 1.- un plano de la concesión minera de explotación “La Golondrina Uno al Seis”; 2.- informe de valorización económica por la cantidad de 12.408 m3 de material extraído, de fecha 14 de abril de 2022, elaborado por don nombre reservado, Ingeniero Civil en Minas con mención en Seguridad, junto al título profesional y copia de la cédula de identidad.

Con motivo de la orden de no innovar, la recurrida dedujo un recurso de reposición con nuevos antecedentes, acompañando, con fecha 3 de junio de 2022, los siguientes documentos: 1.- Informe topográfico de nombre reservado; 2.- Anexos del informe de nombre reservado; 3.- Protocolo topográfico de Minera Los Pelambres; y, 4.- Informe sobre realización económica emitido por don nombre reservado.

QUINTO: Que, en relación a los recurridos doña nombre reservado, en cuanto persona natural y don nombre reservado, si bien ambos fueron notificados de la acción deducida, conforme lo da cuenta el Exhorto rol N° 233-2022 del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, ninguno de ellos compareció evacuando el informe respectivo, disponiéndose proseguir la tramitación de la acción y proceder a la vista de la causa.

SEXTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como se desprende de lo analizado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

OCTAVO: Que, como se observa de la controversia que motiva la acción de protección, la recurrente afirma y sostiene que los recurridos han realizado diversas conductas que califica de arbitrarias e ilegales las que se vinculan al bloqueo, iniciado con fechas 30 de abril y 1 de mayo de 2022, de los caminos y accesos al predio “Pupío 1”, ubicado en la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo, como también de la ocupación de las instalaciones de Minera Los Pelambres ubicadas en dicho sector dispuestas para la construcción de un ducto, que atraviesa todo el terreno, como parte del denominado “Proyecto de Infraestructura Complementaria” (en adelante “Proyecto INCO”) y que permitirá la instalación de un ducto para la circulación de agua proveniente de una planta desalinizadora de agua de mar que se encuentra en construcción, al igual que un sistema de impulsión de la misma.

Conforme afirma Minera Los Pelambres, los recurridos no son dueños del predio Pupío 1, ni tampoco titulares de algún derecho sobre el predio superficial que impida o haga oponible el ejercicio de las servidumbres constituidas en su favor para el desarrollo del denominado Proyecto INCO, de forma que la paralización del proyecto en un sector determinado, generado por las acciones de los recurridos que actúan sin derecho alguno, constituiría un acto ilegal y arbitrario y, esencialmente, un ejercicio de autotutela para la defensa de intereses propios, esencialmente de carácter económico según denuncia.

A fin de sostener la acción y demostrar que actúa conforme derecho, Minera Los Pelambres acompaña diversos documentos, entre ellos, un contrato de constitución de Servidumbres Legales Mineras entre nombre reservado y otros, y Minera Los Pelambres, de fecha 11 de noviembre de 2016, por el cual se constituyen a favor de la referida empresa las servidumbres mineras voluntarias de ocupación, eléctrica y de tránsito a que se refiere el referido contrato y en relación a predio denominado Pupío Uno (resto del Fundo Pupío), convención que, de sus cláusulas, se desprende se vincula al proyecto de la planta desalinizadora señalado y de la infraestructura necesaria para su uso y beneficio, entre ello, la instalación de ductos o tuberías y en que se singularizan los tramos del proyecto conforme se desprende de la cláusula tercera.

NOVENO: Que, la recurrida, al evacuar el informe de rigor expone, esencialmente y en base al sustento fáctico de la acción de protección deducida, que resulta inefectivo lo afirmado en ella en orden a que la Sociedad Legal Minera La Golondrina Uno no posea derecho alguno sobre el sector del predio Pupío Uno donde se ha generado la controversia de autos, por cuanto en un el sector respectivo, por donde Minera Los Pelambres efectúa labores, existe una concesión de explotación minera debidamente constituida e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas de Los Vilos-Canela y que corresponde a las pertenencias mineras La Golondrina Uno al Seis, acompañando los documentos fundantes de tal derecho real.

Agrega que Minera Los Pelambres, sus trabajadores y/o contratistas (empresas BECHTEL y TRÉBOL AGUA SANTA), con motivo del desarrollo del proyecto INCO, ya singularizado, y de las obras para su desarrollo, procedieron, en aquella parte donde se encuentra constituida la concesión minera de explotación de que es titular y dentro de la propiedad minera, a efectuar un corte en el cerro, extrayendo una cantidad importante de material minero de interés, el que valoriza, conforme a los análisis efectuados, en una suma superior a los 2.000 millones de pesos.

Para acreditar lo expuesto, acompañó diversos documentos, incluyendo un “Informe Topográfico de Internación Minera Proyecto INCO Minera Los Pelambres A Propiedad Minera La Golondrina 1 Al 6”, adicionalmente de algunas fotografías, informes de análisis al material extraído que da cuenta de un eventual interés minero y otros documentos.

Agrega, en el contexto referido, que Minera Los Pelambres tenía conocimiento pleno de que las obras de Proyecto INCO, en una parte, afectaban la concesión minera de explotación de que es titular, dado que las empresas mantuvieron conversaciones previas a la acción de protección para que se indemnizara a la Sociedad Legal Minera La Golondrina Uno por el daño que se le ocasionaría por el desarrollo de las obras y la instalación del ducto, acercamientos que no prosperaron y la recurrente procedió simplemente a ejecutar las obras, extrayendo el material minero amparado por la concesión minera de explotación.

DÉCIMO: Que, en relación a lo expuesto por la Sociedad Legal Minera La Golondrina Uno, en orden a que Minera Los Pelambres tenía conocimiento de que el Proyecto INCO afectaba en parte la concesión minera constituida, se acompañó al proceso un documento denominado “Protocolo topográfico de Minera Los Pelambres”, en el que se observa el logo de “Antofagasta Minerals” en su esquina superior derecha y que aparece singularizado como “PROTOCOLO N°: PT-TOP-EPC2-405”, identificándose al área como: “PLATAFORMA SIAD SECTOR MINA "LA GOLONDRINA”, con constancia de movimiento parcial de tierra, de cuya gráfica se observa que el trayecto de obras pasa por los límites de la Concesión Mina “La Golondrina”, conforme se observa.

Por otro, de los documentos acompañados por la recurrente, se agrega una carta suscrita por doña nombre reservado y don nombre reservado, quienes se identifican como propietarios de la Mina “La Golondrina del 1 al 6” y en la cual se les hace ver que en el sector de Pupío 1, cercano a piscina Pupío, se están realizando trabajos del proyecto INCO en servidumbre minera constituidas por SERNAGEOMIN desde 2010 y que con motivo de esos trabajos ingresaron a su propiedad, carta de fecha 10 de noviembre de 2011.

UNDÉCIMO: Que, conforme se analiza en las motivaciones precedentes y de las presentaciones efectuadas por las partes en el proceso, se observa que existe entre ambas una controversia en que mutuamente se acusan de afectar derechos fundamentales de que serían titulares, esencialmente el de propiedad, ello por actos que ambos califican como de autotutela. Por una parte, Minera Los Pelambres afirma acciones que han impedido el ejercicio de las servidumbres de que sería titular para el desarrollo del ya referido Proyecto INCO y, por la otra, la Sociedad Minera La Golondrina Uno, afirma conductas de la recurrente que afectan su dominio sobre la concesión minera de explotación de que es titular en el sector donde se ha suscitado la controversia al extraer material minero de interés, acusándose, así, de forma recíproca actos de autotutela de tales derechos.

DUODÉCIMO: Que, la acción de protección, dada su naturaleza cautelar de urgencia, no constituye un medio legal que posea característica declarativa de derechos en controversia, dado que ello corresponde a acciones de fondo, ni tampoco, por esta vía excepcional, se puede procurar que este tribunal deba efectuar una análisis que culmine en una decisión de fondo respecto de cual derecho debe prevalecer en el caso concreto y, por tanto, de cuál de los recurrentes tiene o no la razón de fondo sobre las pretensiones que alegan y los derechos que ambos aducen, de forma tal que la controversia concreta desborda los límites de la acción de protección, dado que la presente acción carece de un requisito esencial para prosperar, ya que la situación fáctica invocada por la recurrente no aparece determinada como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que negada y discutida por el recurrido, no siendo esta acción cautelar una instancia para aclarar hechos, ni constituir ni declarar derechos, sino para proteger derechos no discutidos.

De esta forma, el reconocimiento o aclaración de los hechos que en su caso podría permitir acoger la presente acción constitucional, es propia e inherente de una controversia de lato conocimiento, lo que necesariamente conlleva el rechazo de la acción interpuesta.

Abona a dicha conclusión el que, a juicio de esta Corte, habría sido la recurrida la que modificó el estado actual de las cosas, lo que impone consultarse si tiene un derecho que valide tal actuar. Al no constar, como venimos sosteniendo, quién es el titular del derecho que permita resolver este conflicto de fondo, el ámbito cautelar de esta acción constitucional se desborda, pues se requiere de un procedimiento de lato conocimiento que defina quién tiene el derecho, a la base.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido con fecha 11 de mayo de 2022 por Minera Los Pelambres en contra de Sociedad Legal Minera La Golondrina Uno, de doña nombre reservado y de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, señor Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 3127-2022 Protección.-