nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana Recurso de protección Rol N°312-2025.- La Serena, dos de mayo dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de las licencias médicas N°4-20346610 y N°4-20497965, lo que representa una vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Relata su historial médico, manifestando que la especialista en gastroenterología determinó que su condición emocional era la principal causa de la persistencia de los síntomas físicos.

Menciona que todos los antecedentes médicos, incluidos los informes de gastroenterólogos, psicólogos y psiquiatras, así como los exámenes realizados a lo largo del tiempo, fueron entregados oportunamente a la recurrida con la esperanza que reconsiderara el rechazo a las licencias médicas, lo que no aconteció.

Refiere que la mera referencia a un “reposo injustificado” al momento de justificar el rechazo de las licencias, es insuficiente para sostener que la resolución se ajusta a derecho en cuanto a fundamentación suficiente, dado que no se hace mención alguna a lo fáctico en relación al estado de salud de la paciente ni se hace alusión a alguna normativa legal vigente que sustente la decisión de rechazo, por el contrario, sólo se emplea una excusa genérica que evidencia lo arbitrario e injustificado del acto.

Culmina solicitando se dejen sin efecto las resoluciones que rechazaron las licencias médicas, ordenando autorizarlas y proceder al pago de los subsidios correspondientes, con costas.

Acompaña a su presentación: 1. Informe médico psiquiatra Dra. nombre reservado, 28 de enero de 2025; 2. Informe médico psiquiatra Dra. nombre reservado, de 10 de febrero de 2025; 3. Certificado psicológico Dr. nombre reservado, de 10 de febrero de 2025; 4. Certificado médico de interconsulta a psiquiatra emitido por Dra. nombre reservado, de 28 de octubre de 2024; 5. Certificado médico emitido por Dra. nombre reservado, de 24 de febrero de 2025; 6. Pronunciamiento sobre licencia folio 4-20346610, de 27 de enero de 2025; y 7. Pronunciamiento sobre licencia folio 4-20497965, de 30 de enero de 2025.

SEGUNDO: Que a folio 5, comparece la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana indicando que es incompetente para emitir el informe, por cuando las decisiones de rechazo fueron dictadas por la autoridad correspondiente a la Región de Coquimbo, motivo por el que se le requirió pronunciarse al tenor del recurso, lo que aconteció a folio 8.

En primer término, alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

Luego, en subsidio, en cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso intentado, mencionando que efectivamente las licencias médicas fueron rechazadas, por considerarse que no existe causa médica que justifique el reposo prolongado para la patología.

Refiere que la cartola médica de la recurrente consigna “RR se mantiene rechazo de LME610. Informe del 28-01-2025, por médico general, refiere diagnóstico trastorno de depresión en tratamiento con quetiapina y venlafaxina. Pese a reposo prolongado, no realiza psicoterapia, tampoco has sido evaluada por especialista, sin datos de funcionalidad comprometida, sin fecha de retorno laboral clara, sin mayores antecedentes que justifiquen prolongación de reposo mayor al otorgado ni su rol terapéutico.

Expresa que ambas licencias médicas contienen diagnósticos por patología de salud mental y fueron extendidas por médico general, incumpliéndose lo exigido en el Decreto Supremo N°7/2013, en relación a que el reposo laboral por patología mental por más de 60 días siempre debe ser otorgado por médico psiquiatra.

Argumenta que su actuar se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios administrativos y médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal, en tanto, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Acota que la actora reclamó en sede administrativa por los rechazos de las licencias médicas, siendo confirmados mediante Resoluciones N°R-01-S-19004/12.02.2025 y R-01-S-19886-2025, de 2025, ambas de la Superintendencia de Seguridad Social.

Acompaña a su informe: 1. Resolución de rechazo licencias médicas N°4-20346610 y 4-20497965; 2. Cartola médica de la recurrente; 3. Copia apelaciones y antecedentes presentados; y 4. Resoluciones N°R-01-S-19004/12.02.2025 y R-01-S-19886-2025 de la Superintendencia de Seguridad Social.

TERCERO: Que, a folio 12 como trámite previo a la vista de la causa se solicitó informe a la Superintendencia de Seguridad Social, el que fue emitido a folio 16.

Indica, respecto a la licencia médica N°RUT reservado, que mediante Resolución Exenta N°R-01-S-19886-2025, de 14 de febrero de 2025, concluyó que el reposo prescrito no se encontraba justificado, lo que se basa en que los antecedentes médicos y administrativos tenidos a la vista, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 63 días, lo que en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral, confirmando su rechazo.

A su turno, señala, en relación a la licencia médica N° RUT reservado, que a través de Resolución Exenta N°R-01-S-19004-2025, de 12 de febrero de 2025, confirmó su rechazo por consideraciones del mismo tenor a las apuntadas precedentemente.

Allegó a su informe copia del expediente administrativo de la actora.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, en lo que respecta a la alegación de improcedencia del recurso de protección, planteada la recurrida, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física, igualdad ante la ley y propiedad, de las que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

SÉPTIMO: Que, en relación al rechazo de las licencias médicas que por esta vía se reprocha, conviene indicar que el fundamento expuesto por la recurrida en sus resoluciones fue el siguiente: “sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”.

OCTAVO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

NOVENO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

DÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas a la trabajadora es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

UNDÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándola, además, en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; y la segunda, porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta su patrimonio, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los que se acogerá el recurso conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de improcedencia de la acción de protección planteada por la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, ordenando que deberá proceder a autorizar el pago de las licencias médicas N°4-20346610 y N° 4-20497965, dentro de quinto día desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°312-2025 Protección.