nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°307-2024.

La Serena, cinco de abril dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece don Jorge Vargas Muñoz, abogado, en favor de don nombre reservado, venezolano, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones de Chile, representado por nombre reservado, por el retardo injustificado y arbitrario en el pronunciamiento de una nueva y segunda solicitud de permanencia definitiva, lo que conculca el principio de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880.

Sostiene que ingresó al país por vía regular y obtuvo visa previa de trabajo temporal, por lo que solicitó su permanencia definitiva el 27 de febrero del año 2020, comunicándosele recién 10 meses después que la solicitud sería incompleta o insuficiente, otorgándosele un plazo de 5 días hábiles para subsanar la falencia detectada, lo que por diversos motivos no aconteció, por lo que dicha solicitud fue considerada desistida.

Refiere que el 17 de febrero 2021 presentó una nueva solicitud de permanencia definitiva, habiendo transcurrido más de 36 meses sin recibir respuesta, situación que lo ha mantenido en una constante preocupación e incertidumbre, toda vez sin perjuicio de contar con la autorización para ejercer actividades remuneradas dicha demora implica una inestabilidad emocional y un estado de indefensión, asociados a todos los inconvenientes y tramitaciones adicionales que esta situación genera para cualquier trámite, ya sea en instituciones públicas y privadas, lo que lo deja en una situación injusta y arbitraria frente a los demás ciudadanos, vulnerando los principios establecidos en la Ley N° 19.880, en especial, el de celeridad.

Adiciona que previamente se dedujeron otros recursos de protección, el primero dando origen a la causa Rol N°3904-2023 ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que fue acogido inicialmente y luego revocada la sentencia por la Corte Suprema; y el ingreso Rol N°405-2023 ante esta Corte de Apelaciones, en el que se alegó litispendencia, excepción que fue acogida, no continuándose con la tramitación de dicho arbitrio.

Indica que la Corte Suprema, pese a haber revocado la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazar el recurso de protección, dispuso que el recurrido debe emitir pronunciamiento dentro de un plazo razonable, lo que no ha acontecido, exigiéndosele presentar otra petición.

Luego, arguye en orden a la caída del sistema B3000 –la principal base de datos del recurrido– y termina solicitando, previa citas legales, se acoja el recurso de protección, cumpliéndose con lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, ordenando al recurrido emita la brevedad el acto administrativo final del proceso administrativo de residencia definitiva.

Acompaña a su presentación: 1. Pasaporte. 2. Cédula de identidad para extranjeros temporal. 3. Resolución Exenta N°21415879 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 4. Certificado de antecedentes penales, República Bolivariana de Venezuela. 5. E-Book de la causa Protección N°3904-2023 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. 6. E-Book de la causa Protección N°405-2023 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena. 7. E-Book causa apelación Protección N°83942-2023 Excma. Corte Suprema. 8.- Publicación de CIPER CHILE sobre la falla informática del Servicio de Migraciones. 9.- Copia contrato de trabajo. 10.- Copia certificado empleador. 11.- Copia de patente comercial del empleador.

SEGUNDO: Que a folio 4, comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, requiriendo el rechazo de la acción.

Solicita se declare la inadmisibilidad de la acción, dado que no existe alguna vulneración, ni siquiera en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas.

En efecto, sostiene que en el presente recurso de protección se alega la supuesta omisión arbitraria o ilegal al no dictar un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva del recurrente de autos, y que dicha omisión generaría por sí sola una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. En ese contexto cita la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en sus causas Rol 115064-2022 y 115368-2022, ambas de fecha 20 de marzo del 2022.

Reitera que no existe alguna arbitrariedad ni ilegalidad, ni aún en grado de amenaza, por parte de esa autoridad que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección, por lo que la materia excede con creces la tutela cautelar que es propia del recurso de protección y que dada la jurisprudencia reciente debe ser declarado inadmisible.

Señala que todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país se puede desarrollar de forma plena, sin que esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada.

En subsidio, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el presente recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados, haciendo hincapié en las sentencias ya individualizadas de la Excma. Corte Suprema. En dicho sentido el recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esa autoridad en atención a que no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados por la recurrente, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, por lo que mal podría ser esa autoridad el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

En cuanto al fondo del recurso señala que don nombre reservado, solicitó el 27 de enero de 2020 su permanencia definitiva. Luego, el 17 de febrero de 2021 requirió nuevamente el beneficio migratorio señalado, solicitud que se declaró desistida al no subsanar dentro del plazo solicitado en su oportunidad. Continúa indicando que el 3 de marzo de 2023, interpuso recurso de protección Rol N°3904-2023 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, recurso que fue acogido, sin embargo, tal sentencia fue revocada, rechazándose la acción impetrada el 9 de junio de 2023, en causa Rol N°83942-2023, seguida ante la Corte Suprema. Posteriormente, interpuso recurso de protección Rol N°405-2023 ante esta Corte, oportunidad en que se alegó la excepción de litis pendencia, la que fue acogida. Finalmente, el 27 de enero de 2020, la solicitud de permanencia definitiva bajo el ID 2968538, se encuentra en etapa de análisis.

Luego reseña antecedentes de derecho relativos al trámite de permanencia definitiva y las normas protectoras de la Ley N°21.325.

Hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con apego estricto a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, indicando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita el rechazo del recurso.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que la solicitud de declarar inadmisible el recurso que formula la recurrida en su informe será desestimada, pues el examen de admisibilidad de la presente acción constitucional fue realizado en la etapa procesal correspondiente, apreciándose por esta Corte que el recurso fue intentado oportunamente y en él se alude a hechos que -a lo menos en abstracto- son aptos para constituir infracción de garantías constitucionales.

SEXTO: Que, asimismo, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pues con prescindencia de lo que se pudiera decidir en cuanto al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la conducta calificada de ilegal o arbitraria por la recurrente -consistente, como se ha dicho, en la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de permanencia- corresponde precisamente a esa repartición pública.

SÉPTIMO: Que, para efectos de resolver este libelo, debemos recordar que el recurrente alega la falta de pronunciamiento de la entidad recurrida al requerimiento de permanencia definitiva, presentada el 17 de febrero de 2021, solicitando “…resolver lo ordenado por la Excma. Corte Suprema, y otorgando a la brevedad el acto administrativo final del proceso administrativo de residencia definitiva de don nombre reservado ya individualizado, cesando las vulneraciones a sus garantías constitucionales.

OCTAVO: Que, con lo expuesto, es dable concluir que la pretensión del actor es el cumplimiento de la orden expedida por el máximo tribunal en autos Rol 83.942-23, existiendo para ello una regulación especial establecida en el propio Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, contemplando su numeral décimo quinto que “Si la persona, el funcionario o el representante o Jefe del Órgano del Estado, ya tenga éste la calidad de titular, interino, suplente o subrogante, o cualquiera otra, no evacuare los informes o no diere cumplimiento a las diligencias, resoluciones y sentencias dentro de los plazos que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema ordenaren, conforme a lo establecido en este Auto Acordado, podrán éstas imponer al renuente, oyéndolo o en su rebeldía alguna o algunas de las siguientes medidas: a) amonestación privada; b) censura por escrito; c) multa a beneficio fiscal que no sea inferior a una unidad tributaria mensual ni exceda de cinco unidades tributarias mensuales; y d) suspensión de funciones hasta por cuatro meses, tiempo durante el cual el funcionario gozará de medio sueldo. Todo ello además de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir dichas personas.”

De esta forma, al exigirse el cumplimiento de una resolución judicial, considerando la ley un procedimiento especial para ello, este libelo debe necesariamente ser desechado, por no mediar acto arbitrario ni ilegal.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la solicitud de declaración de inadmisibilidad del recurso de protección.

II.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva.

III.- Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, sin perjuicio de los derechos que la legislación considera para obtener lo requerido.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°307-2024 Protección.-