Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°305-2026.- La Serena, tres de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el 11 de febrero de 2026, compareció Claudio Fernández Ramírez, abogado, en representación de nombre reservado, quien interpuso acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de 16 de enero de 2026, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°NUM001 y N°NUM002, extendidas por 120 días, a contar del 21 de agosto de 2025.

Expone que tiene 74 años y que padece una grave afección traumatológica en rodilla derecha desde 2017, la cual evolucionó con infección, obligando al retiro de la prótesis en febrero de 2021 y a la instalación de un espaciador de cemento, actualmente fracturado y sublavado, generando inestabilidad articular global, imposibilidad de marcha autónoma y dependencia de silla de ruedas.

Agrega que se encuentra en lista de espera para cirugía de revisión protésica en el Hospital de Coquimbo desde el 12 de octubre de 2021, acumulando más de cuatro años de espera, con reiteradas suspensiones y postergaciones quirúrgicas no imputables a su voluntad, mientras su condición funcional y dolorosa ha progresivamente empeorado, provocando atrofia muscular, limitación severa y deterioro de su calidad de vida.

Refiere que los informes médicos traumatológicos de octubre y diciembre de 2025 establecen que la cirugía de revisión constituye la única alternativa terapéutica capaz de recuperar funcionalidad y eventual capacidad laboral, descartando trámite de pensión de invalidez por existir recuperabilidad condicionada a dicha intervención, manteniéndose indicado reposo médico mientras la cirugía no se concrete.

Indica que la COMPIN rechazó las licencias médicas por estimar la patología irrecuperable, decisión confirmada por la recurrida mediante la resolución impugnada, la que se fundó esencialmente en el prolongado uso previo de reposo y en el carácter temporal de las licencias, sin evaluación clínica directa ni consideración de la cirugía pendiente como factor de recuperabilidad funcional.

Manifiesta que el rechazo de las licencias ha dejado al actor sin ingresos laborales, atendida la incompatibilidad absoluta de su oficio de vigilante nocturno con su condición física y el uso de silla de ruedas, generándole precariedad económica y afectación psicológica, al tiempo que se le exige realizar trámites presenciales en condiciones de dolor y discapacidad.

Sostiene que la actuación de la recurrida resulta ilegal y arbitraria por cuanto califica como irrecuperable una patología susceptible de recuperación mediante cirugía ya indicada, trasladando al trabajador las consecuencias de la demora institucional del sistema público de salud, privándolo del subsidio de incapacidad laboral mientras espera una intervención cuyo retraso no le es imputable.

Previas citas de derecho, solicita se acoja el recurso interpuesto y, en definitiva, se ordene dejar sin efecto las resoluciones impugnadas, disponiéndose en su lugar el pago de las licencias médicas reclamadas, con costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

Alega, en primer término, la improcedencia del recurso de protección, por cuanto la materia objeto del mismo dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, consagrado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por esta acción constitucional.

En subsidio de lo anterior, informa respecto del fondo del asunto, detallando el marco regulatorio del derecho a licencia médica y señalando, en relación con la situación particular del actor, que la COMPIN rechazó las licencias médicas N° NUM001 y NUM002, extendidas por 120 días desde el 21 de agosto de 2025, por estimarse que el diagnóstico correspondía a una patología crónica e irrecuperable.

Indica que, previo análisis de los antecedentes médicos y administrativos se concluyó que el reposo prescrito no se encontraba médicamente justificado, atendido que el afiliado había hecho uso de más de 2000 días de reposo por la misma patología, sin expectativa de recuperación ni posibilidad de reintegro laboral, razón por la cual el otorgamiento de nuevas licencias resultaba improcedente conforme a la normativa vigente.

Sostiene que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en orden a rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra debidamente justificado desde el punto de vista médico-administrativo, en virtud del estudio y ponderación de los antecedentes tenidos a la vista.

Niega, finalmente, que la actora ostente un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido la recurrida en una actuación ilegal o arbitraria que haya vulnerado garantías constitucionales de la recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, cabe tener presente que el actor recurre en contra de la Resolución Exenta N° NUM000, de 16 de enero de 2026, que confirmó el rechazo de la COMPIN de dos licencias médicas, extendidas por un total de 120 días de reposo, a contar del 21 de agosto de 2025.

SEXTO: Que, en lo referente a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar, como ya se ha fallado, que lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que son el derecho a la vida e integridad física, el derecho a la igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad, de los que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, las que se encuentran expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por la recurrida.

SÉPTIMO: Que, el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

OCTAVO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del mismo cuerpo legal, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo ordenado en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

NOVENO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO: Que, del análisis íntegro de los antecedentes administrativos y médicos que obran en el expediente, así como de la Resolución Exenta, se desprende que la autoridad recurrida confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas sobre la base de una motivación meramente aparente, carente de un razonamiento concreto, actual y específico que permita concluir fundadamente que el reposo prescrito carecía de justificación médica suficiente. En efecto, la decisión impugnada se limita a indicar que el actor habría hecho uso de 2098 días de reposo por la misma patología y que ésta habría adquirido el carácter de crónica e irrecuperable, estimándose que el reposo prescrito no tendría rol terapéutico ni contribuiría a un eventual reintegro laboral.

De este modo, la Superintendencia se limitó a ponderar los antecedentes ya existentes, concluyendo que el período de reposo previamente autorizado resultaba suficiente, sin efectuar una valoración médica actual que permitiera determinar, en forma objetiva y concreta, la real capacidad funcional del recurrente ni la necesidad terapéutica del reposo indicado en las licencias rechazadas.

UNDÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud. De igual forma, vulnera el derecho del recurrente a la igualdad ante la ley, por cuanto configura una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.

Asimismo, resulta necesario destacar que la situación expuesta a través del presente arbitrio conlleva necesariamente la utilización de los principios y derechos consagrados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita en el año 2017, lo que implica el deber de los servicios públicos de utilizar un enfoque diferencial que permita el goce efectivo de los derechos de las personas mayores, el que además debe considerar el derecho a la dignidad en la vejez, el que conlleva la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar un acceso no discriminatorio a cuidados integrales; y, el derecho a la seguridad social, que conlleva que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social, tal como lo prescriben los artículos 6 y 17 del referido tratado internacional.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia del recurso.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social; y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, de 16 de enero de 2026, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°NUM001 y N°NUM002, extendidas por 120 días, a contar del 21 de agosto de 2025 y, en su lugar, se resuelve que se autoriza dichas licencias médicas, debiendo la recurrida dictar la resolución pertinente con su respectivo pago, dentro de quinto día a contar que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°305-2026 (Protección).-