Protección contra “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile SA

nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado

Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A.

Recurso de Protección Rol Nº 302-2014.- La Serena, trece de mayo de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 41, comparece don nombre reservado abogado, por sí y en representación de don nombre reservado, profesor, ambos domiciliados en domicilio reservado, y expone que viene en interponer recurso de protección en contra de la “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile SA.”, representada por doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Fundando el recurso sostiene que con fecha 10 de marzo del 2014, la recurrida les notificó el Dictamen para solución del Reclamo N° AFC133473, de 19 de diciembre del 2013 y Dictamen para solución del Reclamo N° AFC133604, de 7 de enero del 2014, por medio del cual, de manera ilegal y arbitraria, no dio lugar a la reliquidación de seguro de cesantía formulado por los recurrentes, y que corresponde a montos morosos que su ex empleador, vale decir, la Corporación Municipal Gabriela Mistral de esta ciudad, debió regularizar de conformidad a lo resuelto en las causas laborales RIT O-236-2013 y O-264-2013, seguidas ante el Juzgado del Trabajo de La Serena, por lo que tales fondos para el pago del seguro de cesantía adeudados por su ex empleador, ingresaron a sus cuentas individuales de cesantía con posterioridad a sus despidos y, por tanto, no fueron pagados en su oportunidad, negándose a hacerlo luego de su percepción por parte de la recurrida.

Refiere que ambos recurrentes dedujeron demanda en contra de su ex empleadora, esto es, la Corporación antes mencionada, con fecha 3 de julio del 2013, solicitando el pago de cotizaciones obligatorias de AFC, que dicha entidad les adeudaba entre los meses de julio del 2003 y julio del año 2007 y desde el mes de abril del 2005 a julio del 2007, respectivamente; que con fecha 7 de octubre del 2013 y 25 de octubre del mismo año, se dictó sentencia en las causas antes singularizadas, en las cuales se condenó a la Corporación Municipal Gabriela Mistral al pago de las cotizaciones del seguro de cesantía por los períodos precedentemente señalados, procediendo la demandada a pagar los montos respectivos en el mes de noviembre del 2013.

Que como consecuencia de lo anterior, en la actualidad existen los montos pagados por su ex empleadora en sus respectivas cuentas individuales, montos que la recurrida se niega a pagarles. Añade que conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 inciso 2° de la ley 19.728, ambos recurrentes tienen derecho a retirar en un solo giro el total acumulado en la cuenta individual por cesantía, ya que tales cantidades debieron estar en dicha cuenta al momento de sus despidos, ocurridos el 3 de enero y 6 de febrero del 2013.

Indica que la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC) emitió el Dictamen para solución del Reclamo N° AFC133473, de 19 de diciembre del 2013 y el Dictamen para solución del Reclamo N° AFC133604, de 7 de enero del 2014, ambos entregados con fecha 10 de marzo del 2014, los cuales pronunciándose sobre su solicitud de cobro, concluyeron que los montos que actualmente están en sus cuentas individuales por cesantía serán considerados al momento en que suscriba un nuevo beneficio de cesantía, motivo por el cual no resulta factible su reliquidación, dándose por terminado el reclamo sin acciones a ejecutar. Sostiene que los dictámenes son arbitrarios e ilegales, puestos que dichos montos dicen relación con los períodos antes consignados, que solo pueden referirse a la prestación de cesantía ocurrida producto de sus desvinculaciones por parte de su ex empleadora y no con una eventual posterior prestación de cesantía como se pretende en los aludidos dictámenes.

Estima que los dictámenes referidos no se fundan en precepto legal alguno y son ilegales, puesto que transgreden lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 15 inciso 2° de la ley 19.728, por cuanto los recurrentes registraban más de 12 cotizaciones continúas desde su afiliación al seguro de cesantía, concurriendo los presupuestos del artículo 12 precitado; que conforme a lo previsto en los artículos 14 y 15 inciso 2° de señalado texto legal, ambos actores tienen derecho a retirar en un solo giro el total acumulado en la cuenta individual por cesantía, puesto que tales montos debieron estar en dicha cuenta al momento de su despido. Añade que corrobora el hecho de que estos fondos son del afiliado lo establecido en el artículo 11 inciso 5° de la Ley N° 19.728, que indica que la AFC que ejerza las acciones de cobro de cotizaciones adeudadas, sólo serán de su beneficio las costas de la cobranza, aspecto que en este caso no se dio porque fue el recurrente quien ejerció dichas acciones judiciales de cobro de las mismas.

Agrega que, además, es arbitrario, ya que representa actos u omisiones, contrarios a la justicia, a la razón o a las leyes, dictados o incurridos, por la sola voluntad o capricho de su autor, esto es, carente de una causa lógica y explicativa de la decisión de su agente.

Expone que los hechos relatados y que culminaron en la dictación de los dictámenes para solución de Reclamo Número AFC133473 de fecha 19 de diciembre de 2013, y del Reclamo Número AFC133604 de fecha 7 de enero de 2014, entregados con fecha 10 de marzo de 2014, implican la vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad.

Al respecto, explica que se ha trasgredido la primera de las garantías aludidas, consagrada en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto alguna de los fundamentos contenidos en los dictámenes impugnados, son demostrativas de un trato desigual otorgado a los recurrentes por parte de la recurrida, ya que se basan instrucciones vigentes a la fecha, sin señalar las razones por las cuales el saldo registrado en la cuenta del trabajador será considerado al momento en que el trabajador suscriba un nuevo beneficio y que es el motivo por el que no es factible su reliquidación, por lo cual dichos dictámenes importan una diferencia arbitraria que afecta la referida garantía de igualdad ante la ley, puesto que les impone una obligación que no está establecida en la ley, vale decir, que los recurrentes deben ser objeto de un nuevo despido respecto de fondos referentes a un empleador y a un despido determinado.

Señala que, asimismo, se afecta la garantía previstas en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, porque resulta claro que las cotizaciones por seguro de cesantía que corresponde a los montos pagados por su ex empleadora en sus cuentas individuales de la AFC, que dicha entidad se niega a pagarles, pese a que dicho monto corresponde a las cotizaciones de seguro de cesantía desde julio de 2003 a julio de 2007, y desde el mes de Abril del año 2005 a julio de 2007 respectivamente, previos descuentos efectuados por la AFC, y que dicen relación con la prestación de cesantía, debieron ingresar a sus patrimonios una vez percibidas por la AFC recurrida, por lo cual resulta evidente que mediante estos dictámenes se afecta su derecho de propiedad de un modo directo y flagrante.

Termina solicitando se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la sociedad administradora recurrida y acogiéndolo se restablezca el imperio del Derecho, adoptando todas las medidas que la Corte juzgue pertinentes, en especial, que se ordene dejar sin efecto los dictámenes impugnados y se decrete la reliquidación, además del pago de los montos que se encuentran actualmente en sus cuentas individuales de cesantía, todo ello con costas Acompaña al recurso los siguientes antecedentes: a) copia de las sentencia dictada con fecha 25 de octubre del 2013 por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, en virtud de la cual se condenó a la demandada “Corporación Municipal Gabriel González Videla”, a pagar al demandante don nombre reservado las cotizaciones de seguro de cesantía desde el mes de abril del 2005 a julio del 2007; b) copia de las sentencia dictada con fecha 7 de octubre del 2013 por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, en virtud de la cual se condenó a la demandada “Corporación Municipal Gabriel González Videla”, a pagar al demandante don nombre reservado las cotizaciones de seguro de cesantía desde el mes de julio del 2003 a julio del 2007; c) Dictamen para solución de reclamo N° AFC133473, emitido el 19 de diciembre del 2013, por la “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile SA.”, en relación al reclamo formulado por don nombre reservado; d) Dictamen para solución de reclamo N° AFC133604, emitido el 7 de enero del 2014, por la “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile SA.”, en relación al reclamo formulado por don nombre reservado; e) certificados de saldo de cuenta individual correspondientes a nombre reservado y nombre reservado, ambos otorgados con fecha 10 de marzo del 2014, por la mencionada Administradora de Fondos de Cesantía.

Además, a fojas 95, acompañó certificados de cotizaciones previsionales de don nombre reservado y de don nombre reservado, emitidos por las AFP Habitat y Cuprum, respectivamente.

A fojas 87, comparece don nombre reservado, Gerente General Soc. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., por la recurrida y evacuando el informe solicitado señala que la sociedad que representa, según lo dispone el artículo 30 de la ley 19.728, que establece un seguro de desempleo, tiene como objeto exclusivo, por una parte, administrar los Fondos de Cesantía, que se denominan Fondo de Cesantía (integrado por las Cuentas Individuales por Cesantía) y Fondo de Cesantía Solidario (integrado por aportes de empleadores y el Estado), y por otro lado, otorgar y administrar las prestaciones que establece la ley. De esta forma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de la ley citada, para que los afiliados tengan derecho a una prestación por cesantía, deben reunir los siguientes requisitos: a) Que el contrato de trabajo haya terminado por alguna de las causales señaladas en los artículos 159, 160 y 161, o por aplicación del inciso primero del artículo 171, todos del Código del Trabajo; b) Que el trabajador con contrato indefinido registre en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 12 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley; c) En el caso del trabajador con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado, deberá registrar en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley; y, d) Encontrarse cesante al momento de la solicitud de la prestación.

Agrega que si los afiliados reúnen los requisitos señalados al momento de solicitar la prestación por cesantía, éstas se pagarán mediante la modalidad de retiro de fondos desde sus respectivas Cuentas Individuales por Cesantía de la que fueren titulares, según lo prescrito en el artículo 15 de la Ley 19.728, que dispone que los afiliados tendrán “derecho a realizar tantos giros mensuales de su Cuenta Individual por Cesantía como su saldo de dicha Cuenta les permita financiar, de acuerdo a los porcentajes expresados en la segunda columna de la tabla establecida en el inciso siguiente"; que, por tanto, el monto de la prestación por cesantía que tuviere derecho a percibir el afiliado, queda determinado al momento de efectuar la respectiva solicitud del beneficio, la que será pagada en tantos giros mensuales desde su Cuenta Individual por Cesantía, como su saldo disponible de dicha cuenta le permita financiar, de acuerdo a los porcentajes expresados en el inciso 2° del mismo artículo de la ley.

Sostiene que, a su vez, el Compendio de Normas del Seguro de Cesantía de la Superintendencia de Pensiones, organismo contralor de la Sociedad Administradora, facultado legalmente para dictar normas de carácter administrativo de cumplimiento obligatorio en esta materia, dispone en su Libro III, Título II, denominado “Prestaciones en Base al Saldo de la Cuenta Individual por Cesantía”, que el derecho de impetrar el beneficio de cesantía puede ser ejercido en cualquier momento mientras el trabajador mantenga la condición de cesante y dé cumplimiento a los requisitos exigidos en el artículo 12 de la Ley N° 19.728, agregando en su Capítulo I denominado “Financiamiento” que “Estos giros se financiarán con el saldo disponible de la cuenta individual del trabajador. Se entenderá por saldo disponible el valor acumulado respecto del empleador con el cual se ha dado término a la relación laboral, más el saldo de los remanentes que tuviera el trabajador de otros empleos anteriores cuyo cese se encuentre debidamente acreditado o se pueda presumir su término”. Por último, añade en su Capítulo II denominado “Número y Montos de Giros” que “El trabajador tendrá derecho a realizar tantos giros mensuales de su Cuenta Individual por Cesantía como su saldo de dicha Cuenta le permita financiar, de acuerdo a los porcentajes expresados en la segunda columna de la tabla que se presenta a continuación” (sic).

Refiere que, en consecuencia, del tenor literal de la norma ya indicada se infiere que el saldo que debe considerarse para determinar el monto de cada uno de los giros mensuales que tiene derecho a percibir el solicitante del seguro, corresponde al saldo disponible de su cuenta, vale decir, según la primera acepción que a este término otorga la RAE, “que se puede disponer libremente de ella o que está lista para usarse o utilizarse”, de modo, entonces, es “disponible” el saldo efectivamente existente en la cuenta individual del solicitante del beneficio, pues solo de él se puede “disponer libremente”.

Manifiesta, asimismo, que el artículo 51 de la Ley 19.728 señala que “Las prestaciones del Seguro se pagarán al trabajador contra la presentación del finiquito, la comunicación del despido, la certificación del inspector del trabajo respectivo que verifique el término del contrato, Acta de Conciliación o Avenimiento o Acta de Comparecencia ante la Inspección del Trabajo respectiva, sentencia judicial ejecutoriada o carta de renuncia ratificada por el trabajador ante alguno de los ministros de fe que establece el artículo 177 del Código del Trabajo. La Sociedad Administradora estará obligada a verificar el cumplimiento de los requisitos que establece esta ley para acceder a las prestaciones por cesantía que ella contempla. Dicho control deberá ser previo al pago de la respectiva prestación y la Sociedad Administradora estará impedida para otorgar el beneficio impetrado, si no se acreditan las condiciones para su pago”; en consecuencia, estima que su representada actuó con apego estricto del marco normativo vigente, el que le impone la obligación, según se desprende del inciso 2° del artículo 51 de la precitada ley, de verificar el cumplimiento de los requisitos que deben reunir los afiliados al momento de presentar sus respectivas solicitudes para acceder al beneficio de cesantía, como también, la de entregar el monto de la prestación de cesantía bajo la modalidad de pago señalado en la ley.

Precisa que con fecha 6 de febrero de 2013, el recurrente don nombre reservado suscribió la Solicitud de Beneficio N° RUT reservado y el 8 de enero de 2013 el recurrente don nombre reservado suscribió la solicitud N° RUT reservado, ambos con la finalidad de acceder al beneficio de cesantía, por reunirse en sus casos los requisitos exigidos en el artículo 12 de la ley 19.728, para lo cual los afiliados acompañaron el finiquito extendido por su empleadora “Corporación Municipal Gabriel González Videla”, mediante el que se acredita el cese de la relación laboral a contar del día 4 de febrero de 2013 y 3 de enero de 2013, respectivamente; que, por lo tanto y, según dispone la ley, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales que debe efectuar la Sociedad Administradora, ambos afiliados accedieron al beneficio de cesantía, siendo su monto financiado, en cada caso, con el saldo disponible que al momento de solicitar el beneficio existía en sus respectivas cuentas individuales; que dicho saldo disponible en cada una de sus cuentas individuales, debió considerarse, por expreso mandato normativo, como base para el cálculo del monto de cada uno de los giros que tenían derecho a percibir los solicitantes y habiendo procedido al cálculo, cada uno de los recurrentes percibió el beneficio de cesantía. Expone que el recurrente nombre reservado percibió la prestación en 4 giros que le fueron pagados con fecha 11 de marzo del 2013, por $ 767.463; el segundo con fecha 11 de abril del 2013, por $ 690.716; el tercer giro con fecha 9 de mayo del 2013, por $ 613.970; y, el último con fecha 11 de junio del 2013, por $570.198. Añade que en el caso del accionante nombre reservado, de igual modo percibió el beneficio en 4 giros, que le fueron pagados con fecha 18 de abril del 2013, por $ 765.742; el segundo, con fecha 13 de mayo del 2013, por $ 689.167; el tercer giro con fecha 10 de junio del 2013, por $ 612.593; y, el último giro con fecha 8 de julio del 2013, por $ 536.668; por tanto, afirma que la Sociedad Administradora efectuó los pagos del beneficio con estricto apego a las normas legales y administrativas que regulan la materia.

Continúa expresando que con fecha 13 de diciembre del 2013, vale decir, seis meses después de haber percibido el último giro o pago del beneficio al que accedió, don nombre reservado interpuso en la sucursal de la Sociedad Administradora de La Serena, el reclamo AFC-133473, bajo la materia "Beneficio Mal Calculado", pretendiendo obtener una “reliquidación” del seguro que había cobrado y percibido, con el objeto que se incorporaran al cálculo del beneficio ya pagado y percibido seis meses antes, las cotizaciones pagadas con retardo por su ex empleador con fecha 13 de noviembre del 2013, y que correspondían a los períodos julio del 2003 a julio del 2007, en consecuencia, el monto a que ascendió el pago de estas cotizaciones atrasadas, efectuado con retardo por el ex empleador del nombrado nombre reservado, no constituyó parte del saldo disponible en su cuenta individual al momento en que solicitó el beneficio y se calculó el mismo conforme a las normas pertinentes, no obstante lo cual, dicho monto ingresó a su cuenta individual, es de su dominio y estará disponible y será considerado en la base de cálculo del beneficio al momento en que requiera una nueva prestación, habiendo cumplido previamente con los requisitos legales para ello.

Por su parte, prosigue, con fecha 18 de diciembre del 2013, esto es, cinco meses después de haber percibido el último giro del beneficio, el recurrente nombre reservado interpuso en la sucursal de la Sociedad Administradora de La Serena, el reclamo AFC-133604 bajo la materia "Beneficio Mal Calculado", pretendiendo también obtener una “reliquidación” del seguro que había cobrado y percibido, con el fin que se incorporaran al cálculo del beneficio ya pagado, las cotizaciones pagadas con retardo por su ex empleador con fecha 2 de diciembre del 2013, correspondientes a los períodos abril del 2005 a julio del 2007; por tanto, el monto a que ascendió el pago de estas cotizaciones atrasadas efectuado con retardo por el ex empleador del mencionado actor, no constituyó parte del saldo disponible en su cuenta individual al tiempo en solicitó el beneficio y se calculó el mismo conforme las normativa pertinente; sin embargo, el monto pagado por su ex empleador ingresó a su cuenta individual, es de su dominio y estará disponible y será considerado en la base de cálculo del beneficio al momento en que requiera una nueva prestación, cumplido que sean los requisitos legales.

Hace presente que el denominado “reclamo” aludido precedentemente, no es sino un procedimiento regulado por la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, en virtud del cual cualquier afiliado al seguro de cesantía puede requerir información o un pronunciamiento específico de la Sociedad Administradora, respecto de alguna materia relacionada con su situación como afiliado o los derechos que le asisten, frente a lo cual la Sociedad Administradora debe someter el reclamo a tramitación, debiendo proceder a indagar los antecedentes que le fueran planteados, analizarlos y emitir un dictamen, todo ello dentro del plazo y de acuerdo a las formalidades establecidas por las normas dictadas por el organismo fiscalizador; que de esta manera, interpuesto los reclamos por los recurrentes, se verificaron las situaciones que presentaban los saldos de sus Cuentas Individuales por Cesantía, efectuado lo cual, se pudo constatar que con fecha 13 de noviembre de 2013 y 2 de diciembre de 2013 respectivamente, o sea, en una fecha muy posterior a aquella de las solicitudes del beneficio de cesantía y cálculo y pago del mismo, el ex empleador que ambos afiliados tenían en común, pagó las respectivas cotizaciones previsionales atrasadas, correspondientes a los períodos julio del 2003 a julio del 2007, respecto de don nombre reservado, y períodos abril del 2005 a julio del 2007, respecto de don nombre reservado.

Asevera que con fecha 19 de diciembre de 2013 y 7 de enero de 2014, se resolvieron los reclamos respectivos de los recurrentes, dictaminándose en ambos casos que no resultaba procedente lo solicitado, considerando que a la fecha de la solicitud del beneficio suscrita por los actores, las cotizaciones reclamadas no se encontraban disponibles en la cuenta individual de cesantía de cada uno de ellos, atendido que a tal fecha y aún más, a la fecha de pago y percepción de cada uno de los giros constitutivos del beneficio de los recurrentes, tales cotizaciones no se encontraban pagadas por su ex-empleador, toda vez que ello fue solucionado en una fecha muy posterior a la solicitud y pago del beneficio.

Agrega que la disposición contenida en el Compendio sobre Normas del Seguro de Cesantía de la Superintendencia de Pensiones, cuyo cumplimiento resulta obligatorio para su representada dispone, en forma expresa, en su Libro III, Título II (“Prestaciones en Base al Saldo de la Cuenta Individual por Cesantía”) Capítulo 1 (“Financiamiento”) que “Estos giros se financiarán con el saldo disponible de la cuenta individual del trabajador”. Añade que, por tanto, la sociedad recurrida, ante las solicitudes de beneficio suscritas por ambos afiliados, procedió con estricto apego a la normativa, al considerar como saldo de su cuenta individual con el que financiaría tal beneficio, aquel que se encontraba disponible en cada una de las mencionadas cuentas a esa fecha, sin que pudiera adoptar una decisión diversa, por cuanto habría infringido la norma que regula el otorgamiento del beneficio de cesantía. Además, indica que no existe disposición alguna en la ley 19.728 que consagre la “reliquidación” de un beneficio ya otorgado, por la razón invocada por los recurrentes, como así tampoco en la normativa de la Superintendencia de Pensiones que regula el otorgamiento del beneficio de cesantía.

Reitera que las cotizaciones adeudadas por el ex-empleador de los recurrentes y pagadas por aquel con posterioridad al pago y percepción del beneficio por cada uno de los recurrentes, han ingresado a sus respectivas cuentas individuales y formarán parte del nuevo saldo que acumule junto a posteriores cotizaciones de un nuevo o nuevos empleadores y que servirá para financiar el otorgamiento del beneficio ante un nuevo evento de cesantía, cumpliéndose previamente los requisitos exigidos por artículo 12 de la precitada ley. Concluye señalando que, en consecuencia, no se han afectado de modo alguno los patrimonios de los accionantes de protección, puesto que el saldo de su cuenta individual ya tiene abonadas las cotizaciones morosas que pagó su ex-empleador con posterioridad al otorgamiento del beneficio.

A fojas 92 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que los recurrentes han reclamado como ilegales y arbitrarios los Dictámenes para solución del Reclamo N° AFC133473, de 19 de diciembre del 2013 y para solución del Reclamo N° AFC133604, de 7 de enero del 2014, en virtud de los cuales la “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II SA.”, negó lugar a la petición de reliquidación de seguro de cesantía formulado por los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, correspondientes a montos morosos que su ex empleadora, es decir, la “Corporación Municipal Gabriela Mistral” de La Serena, debió regularizar de conformidad a lo resuelto en las causas laborales RIT O-236-2013 y O-264-2013, seguidas ante el Juzgado del Trabajo de La Serena, afirmando que tales fondos para el pago del mencionado seguro adeudados por su ex empleador, ingresaron a sus cuentas individuales de cesantía con posterioridad a sus despidos y por tanto, no fueron pagados en su oportunidad, negándose la recurrida a hacerlo luego de haber sido percibidos por la aludida Administradora.

Explican que ambos accionantes interpusieron demanda en contra de su ex empleadora, la Corporación Municipal citada, solicitando el pago de cotizaciones obligatorias de AFC, que dicha Corporación le adeudaba a nombre reservado entre los meses de julio del 2003 y julio del año 2007 y a nombre reservado, desde el mes de abril del 2005 a julio del 2007 y que con fecha 7 de octubre del 2013 y 25 de octubre del mismo año, se dictó sentencia en las causas correspondientes, condenándose a la demandada al pago de las cotizaciones del seguro de cesantía por los períodos precedentemente señalados, cuyos montos fueron solucionados por la Corporación en el mes de noviembre del 2013. Añaden que, como consecuencia del pago, actualmente existen los montos adeudados por su ex empleadora en sus respectivas cuentas individuales, montos que la recurrida se niega a pagarles, no obstante que conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 inciso 2° de la ley 19.728, ambos recurrentes tienen derecho a retirar en un solo giro el total acumulado en la cuenta individual por cesantía, ya que tales cantidades debieron estar en dicha cuenta al momento de sus despidos, ocurridos el 3 de enero y 6 de febrero del 2013, negativa que la recurrida funda en que esos montos que en la actualidad se encuentran depositados en sus respectivas cuentas individuales por cesantía, solo serán considerados al momento en que suscriba un nuevo beneficio de cesantía, motivo por el cual no resulta factible su reliquidación, dándose por terminado el reclamo; sin embargo, según sostienen, los dictámenes son arbitrarios e ilegales, puestos que dichos montos solo dicen relación con las prestaciones de cesantía ocurrida producto de sus desvinculaciones por parte de su ex empleador y no con una eventual posterior prestación de cesantía como se pretende en los dictámenes impugnados, razón por la cual los accionantes de protección estiman que se han vulnerado las garantías contempladas en los numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República, en la forma reseñada en la parte expositiva de esta sentencia.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida informando señala, luego de consignar los requisitos que establece el artículo 12 de la ley 19.728 para que los afiliados tengan derecho a una prestación por cesantía, que si aquéllos cumplen con tales presupuestos al momento de solicitar la prestación por cesantía, éstas se pagarán mediante la modalidad de retiro de fondos desde sus respectivas Cuentas Individuales por Cesantía de las que fueren titulares, según lo prescrito en el artículo 15 de la ley precitada, que dispone que los afiliados tendrán “derecho a realizar tantos giros mensuales de su Cuenta Individual por Cesantía como su saldo de dicha Cuenta les permita financiar, de acuerdo a los porcentajes expresados en la segunda columna de la tabla establecida en el inciso siguiente" y que, por tanto, el monto de la prestación por cesantía que tuviere derecho a percibir el afiliado, se encuentra determinado al tiempo de efectuar la respectiva solicitud del beneficio, la cual debe ser pagada en tantos giros mensuales desde su Cuenta Individual por Cesantía, como su saldo disponible de dicha cuenta le permita financiar, de acuerdo a los porcentajes expresados en el inciso 2° del mismo artículo. Añade que, a su vez, el Compendio de Normas del Seguro de Cesantía de la Superintendencia de Pensiones, organismo contralor de la Sociedad Administradora, dispone en su Libro III, Título II, denominado “Prestaciones en Base al Saldo de la Cuenta Individual por Cesantía”, que el derecho de impetrar el beneficio de cesantía puede ser ejercido en cualquier momento mientras el trabajador mantenga la condición de cesante y dé cumplimiento a los requisitos exigidos en el artículo 12 de la Ley N° 19.728, agregando en su Capítulo I denominado “Financiamiento” que estos giros se financiarán con el saldo disponible de la cuenta individual del trabajador, entendiéndose por saldo disponible el valor acumulado respecto del empleador con el cual se ha dado término a la relación laboral, más el saldo de los remanentes que tuviera el trabajador de otros empleos anteriores cuyo cese se encuentre debidamente acreditado o se pueda presumir su término; y en fin, en su Capítulo II denominado “Número y Montos de Giros” previene que “El trabajador tendrá derecho a realizar tantos giros mensuales de su Cuenta Individual por Cesantía como su saldo de dicha Cuenta le permita financiar, de acuerdo a los porcentajes expresados en la segunda columna de la tabla que se presenta a continuación” (sic).

Añade que, en consecuencia, la recurrida obró con apego estricto del marco normativo vigente, el que le impone la obligación, según se desprende del inciso 2° del artículo 51 de la 19.728, de verificar el cumplimiento de los requisitos que deben reunir los afiliados al momento de presentar sus respectivas solicitudes para acceder al beneficio de cesantía, como también la de entregar el monto de la prestación de cesantía bajo la modalidad de pago señalado en la ley.

Respecto del recurrente nombre reservado, indica que con fecha 6 de febrero de 2013, suscribió la Solicitud de Beneficio N° RUT reservado, mientras que el 8 de enero de 2013, el recurrente don nombre reservado suscribió la solicitud N° RUT reservado, ambos con la finalidad de acceder al beneficio de cesantía, por reunir los requisitos exigidos en el artículo 12 de la ley 19.728, para lo cual los afiliados acompañaron el finiquito extendido por su empleadora “Corporación Municipal Gabriel González Videla”, mediante el cual acreditaron el cese de la relación laboral a contar del día 4 de febrero de 2013 y 3 de enero de 2013, respectivamente; por lo tanto y, según establece la ley, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales que debe efectuar la Sociedad Administradora, ambos afiliados accedieron al beneficio de cesantía, siendo su monto financiado, en cada caso, con el saldo disponible que al momento de solicitar el beneficio existía en sus respectivas cuentas individuales, todo ello por expreso mandato normativo, como base para el cálculo del monto de cada uno de los giros que tenían derecho a percibir los solicitantes, por lo que habiéndose efectuado el cálculo, cada uno de los recurrentes percibió el beneficio de cesantía. Así, el afiliado nombre reservado percibió la prestación en 4 giros que le fueron pagados con fecha 11 de marzo del 2013, por $ 767.463; el segundo con fecha 11de abril del 2013, por $ 690.716; el tercer giro con fecha 9 de mayo del 2013, por $ 613.970; y, el último con fecha 11 de junio del 2013, por $570.198; y que, por su parte, el afiliado y recurrente nombre reservado, también percibió el beneficio en 4 giros, que le fueron pagados con fecha 18 de abril del 2013, por $ 765.742; el segundo, con fecha 13 de mayo del 2013, por $ 689.167; el tercer giro con fecha 10 de junio del 2013, por $ 612.593; y, el último giro con fecha 8 de julio del 2013, por $ 536.668; por ende, la Sociedad Administradora efectuó los pagos del beneficio con estricto apego a las normas legales y administrativas que regulan la materia.

En relación a los reclamos formulados por los recurrentes, consigna que con fecha 13 de diciembre del 2013, esto es, seis meses después de haber percibido el último giro o pago del beneficio al que accedió, don nombre reservado interpuso en la Sociedad Administradora de La Serena, el reclamo AFC-133473, bajo la materia "Beneficio Mal Calculado", pretendiendo obtener una “reliquidación” del seguro que había cobrado y percibido, con el objeto que se incorporaran al cálculo del beneficio ya pagado y percibido seis meses antes, las cotizaciones pagadas con retardo por su ex empleador con fecha 13 de noviembre del 2013, y que correspondían a los períodos julio del 2003 a julio del 2007; sin embargo, el monto a que ascendió el pago de estas cotizaciones atrasadas, efectuado con retardo por su ex empleador no constituyó parte del saldo disponible en su cuenta individual al momento en que solicitó el beneficio y cuyo cálculo se realizó conforme las normas pertinentes, no obstante dicho monto ingresó a su cuenta individual, es de su dominio y estará disponible y será considerado en la base de cálculo del beneficio al momento en que requiera una nueva prestación, cumplidos que sean los requisitos legales para ello. Por su parte, con fecha 18 de diciembre del 2013, esto es, cinco meses después de haber percibido el último giro del beneficio, el recurrente nombre reservado interpuso el reclamo AFC-133604, bajo la materia "Beneficio Mal Calculado", pretendiendo también obtener una “reliquidación” del seguro que había cobrado y percibido, con el fin que se incorporaran al cálculo del beneficio ya pagado, las cotizaciones pagadas con retardo por su ex empleador con fecha 2 de diciembre del 2013, correspondientes a los períodos abril del 2005 a julio del 2007; por tanto, reitera que el monto a que ascendió el pago de estas cotizaciones atrasadas, efectuado con retardo por el ex empleador del mencionado actor, no constituyó parte del saldo disponible en su cuenta individual al tiempo en que solicitó el beneficio y se calculó el mismo conforme las normativa pertinente; no obstante, el monto pagado por su ex empleador ingresó a su cuenta individual, es de su dominio y estará disponible y será considerado en la base de cálculo del beneficio al momento en que requiera una nueva prestación.

Explica que interpuestos los reclamos por los recurrentes, se verificaron las situaciones que presentaban los saldos de sus Cuentas Individuales por Cesantía, efectuado lo cual se verificó que solo con fecha 13 de noviembre de 2013 y 2 de diciembre de 2013 respectivamente, vale decir, en fechas muy posteriores a aquellas de las solicitudes del beneficio de cesantía y cálculo y pago del mismo, el ex empleador de ambos afiliados recién pagó las respectivas cotizaciones previsionales atrasadas, correspondientes a los períodos julio del 2003 a julio del 2007, respecto de don nombre reservado, y períodos abril del 2005 a julio del 2007, respecto de don nombre reservado; de manera que con fecha 19 de diciembre de 2013 y 7 de enero de 2014, se resolvieron ambos reclamos, determinándose que no resultaba procedente lo solicitado, considerando que a la fecha de la solicitud del beneficio suscrita por los actores, las cotizaciones reclamadas no se encontraban disponibles en la cuenta individual de cesantía de cada uno de ellos, atendido que a tal fecha y aún más, a la fecha de pago y percepción de cada uno de los giros constitutivos del beneficio de los recurrentes, tales cotizaciones no se encontraban aún pagadas por su ex-empleador, lo que ocurrió en fecha muy posterior a la solicitud y pago del beneficio.

Refiere que, entonces, la sociedad recurrida, ante las solicitudes de beneficio suscritas por ambos afiliados, procedió con estricto apego a la normativa, al considerar como saldo de su cuenta individual con el que financiaría tal beneficio, aquel que se encontraba disponible en cada una de las mencionadas cuentas a esa fecha, sin que pudiera adoptar una decisión diversa, por cuanto habría infringido la norma que regula el otorgamiento del beneficio de cesantía. Agrega que, además, que no existe disposición alguna en la ley 19.728 que consagre la “reliquidación” de un beneficio ya otorgado, por la razón invocada por los recurrentes, como tampoco en la normativa de la Superintendencia de Pensiones que regula el otorgamiento del beneficio de cesantía.

Finalmente, insiste que las cotizaciones adeudadas por el ex-empleador de los recurrentes y pagadas por aquel con posterioridad al pago y percepción del beneficio por cada uno de los recurrentes, han ingresado a sus respectivas cuentas individuales y formarán parte del nuevo saldo que acumule junto a posteriores cotizaciones de un nuevo o nuevos empleadores y que servirá para financiar el otorgamiento del beneficio ante un nuevo evento de cesantía, cumpliéndose previamente los requisitos exigidos por artículo 12 de la precitada ley; por lo que resulta efectivo que se hayan afectado los patrimonios de los accionantes de protección, puesto que el saldo de su cuenta individual ya tiene abonadas las cotizaciones morosas que pagó su ex-empleador con posterioridad al otorgamiento del beneficio.

QUINTO: Que de lo expuesto por los recurrentes, de lo informado por la recurrida y de los antecedentes allegados a los autos, reseñados en la parte expositiva, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, se logran establecer los siguientes hechos que, por lo demás, no han sido controvertido por los litigantes: a) que los recurrentes nombre reservado y nombre reservado fueron desvinculados de su trabajo por su ex empleador la “Corporación Municipal Gabriel González Videla, con fecha 6 de febrero y 3 de enero del 2013, firmando sus respectivos finiquitos; b) que con fechas 6 de febrero del 2013 y 8 de enero del mismo año, respectivamente, los actores nombre reservado e nombre reservado suscribieron sendas solicitudes ante la recurrida, destinadas a obtener el beneficio de cesantía y reuniéndose respecto de ambos, los requisitos exigidos por el artículo 12 de la ley 19.728, los nombrados afiliados accedieron al beneficio de cesantía, siendo su monto financiado, en cada caso, con el saldo disponible que al momento de solicitar el beneficio existía en sus respectivas cuentas individuales, el que sirvió como base para el cálculo del monto de cada uno de los giros que tenían derecho a percibir los solicitantes; c) que el recurrente nombre reservado percibió la prestación en cuatro giros, pagados el 11 de marzo del 2013, por $ 767.463; el 11 de abril del 2013, por $ 690.716; el 9 de mayo del 2013, por $ 613.970; y, el último el 11 de junio del 2013, por $ 570.198, mientras que recurrente nombre reservado, percibió, asimismo, el beneficio en cuatro giros, pagados con fecha 18 de abril del 2013, por $ 765.742; con fecha 13 de mayo del 2013, por $ 689.167; con fecha 10 de junio del 2013, por $ 612.593; y, el último el día 8 de julio del 2013, por $ 536.668; c) que en virtud de la sentencia de fecha 25 de octubre del 2013, pronunciada por la juez suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena doña nombre reservado, se condenó a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, en su calidad de ex empleadora del recurrente nombre reservado, al pago de las cotizaciones de seguro de cesantía que adeudaba, correspondiente al período comprendido entre los meses de abril del 2005 y julio del 2007; d) que, asimismo, por sentencia de fecha 7 de octubre del 2013, dictada por el juez suplente del mencionado tribunal, don Horacio Andrade Aguilante, se condenó a la referida Corporación, ex empleadora del recurrente nombre reservado, a pagar las cotizaciones de seguro de cesantía por el período comprendido entre los meses de julio del 2003 y julio del 2007; e) que la Corporación Municipal Gabriel González Videla procedió a enterar los montos morosos, por concepto de cotizaciones de seguro de cesantía y ordenadas pagar por las sentencias referidas en las dos letras precedentes, con fecha 13 de noviembre del 2013, respecto del período adeudado al afiliado nombre reservado; y, con fecha 2 de diciembre del mismo año, respecto del período adeudado al afiliado nombre reservado; y, f) que los montos pagados por la Corporación Municipal Gabriela Mistral por concepto de cotizaciones de seguro de cesantía de los recurrentes, fueron ingresados a sus respectivas Cuentas Individuales que cada uno mantiene en la “Administradora de Fondos de Cesantía de Chile SA.”.

SEXTO: Que a fin de resolver sobre la procedencia de la acción constitucional intentada, útil resulta tener presente que el artículo 15 de la ley 19.728, que establece un seguro de desempleo, dispone que los trabajadores despedidos por algunas de las causales que la disposición señala, tendrán derecho a realizar tantos giros mensuales de su Cuenta Individual por Cesantía como años de cotizaciones, y fracción superior a seis meses, registren desde su afiliación al Seguro o desde el último giro por cesantía, en ambos casos con un límite de cinco giros, agregando en su inciso final que en el caso de los trabajadores que tengan derecho a más de un giro, el monto del primero de éstos se determinará dividiendo el saldo acumulado en la Cuenta Individual de Cesantía por el factor correspondiente, de aquellos que se indican en la segunda columna de la tabla que la norma consigna. Por su parte el inciso 2° del artículo 51 del citado cuerpo legal previene que la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía tiene la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la ley para acceder a las prestaciones por cesantía que ella contempla, control que deberá ser previo al pago de la respectiva prestación, encontrándose impedida para otorgar el beneficio impetrado, si no se acreditan las condiciones para su pago.

Además, el Compendio de Normas del Seguro de Cesantía de la Superintendencia de Pensiones, órgano contralor de las Sociedades Administradoras de Seguro de Cesantía, en su Libro III, bajo el epígrafe “Beneficios del Seguro de Cesantía”, Título I, al introducir la reglamentación, en sus aspectos generales, prescribe que el aludido Libro establece las normas y procedimientos por los que deberá regirse la AFC para otorgar y pagar las prestaciones por cesantía financiada con cargo a la Cuenta Individual por Cesantía (CIC) del trabajador o con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), según corresponda, de acuerdo a lo previsto en los párrafos 3°, 4° 5 del título I de la ley 19.728, precisando, asimismo, que la prestación por cesantía consiste en el retiro de los fondos acumulados en la Cuenta Individual por Cesantía en giros mensuales, cualquiera sea la causal de término de la relación laboral. Enseguida en el Título II, bajo el epígrafe “Prestaciones en base al saldo de la cuenta Individual por cesantía”, en el capítulo I, denominado “Financiamiento”, dispone que los giros –para el pago de los beneficios del seguro de cesantía- se financiarán con el saldo disponible de la cuenta individual del trabajador, entendiéndose por saldo disponible el valor acumulado respecto del empleador con el cual se ha dado término a la relación laboral, más el saldo acumulado producto de los remanentes que tuviere el trabajador de otros empleos anteriores, cuyo cese se encuentre debidamente acreditado o se pueda presumir su término; luego, en el capítulo II del compendio, bajo la denominación “Número y montos de giros”, previene que el trabajador tendrá derecho a realizar tantos giros mensuales de su Cuenta Individual por Cesantía como su saldo de dicha cuenta le permita financiar, de acuerdo a los porcentajes expresados en la segunda columna de la tabla que consigna, disposición reglamentaria concordante con lo previsto en el precitado artículo 15 de la ley 19.728.

SÉPTIMO: Que el análisis de las normas legales y reglamentarias consignadas en el motivo precedente, conducen a concluir que el monto de las prestaciones por seguro de cesantía a que tiene derecho a acceder el trabajador afiliado, queda establecido o determinado a la época o momento de efectuar la correspondiente solicitud del beneficio a Administradora de Fondos de Cesantía, organismo que, previo a constatar el cumplimiento de los requisitos legales por parte del peticionario, deberá proceder a su pago en tantos giros mensuales desde su Cuenta Individual por Cesantía, como el monto del saldo disponible de la referida cuenta le permita financiar, conforme a los porcentajes indicados en el inciso 3° del artículo 15 de la ley 19.728.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el beneficio de cesantía a que accedieron los recurrentes durante los meses de marzo a junio del 2013, el afiliado nombre reservado y durante los meses de abril a julio del mismo año, el afiliado nombre reservado, prestaciones que se pagaron mediante cuatro giros a cada uno y por los montos señalados en la letra c) del considerando quinto, fueron calculados en base al saldo disponible que cada uno de los recurrentes mantenían en sus respectivas Cuentas Individuales, a la fecha en que suscribieron su solicitud para obtener el beneficio, vale decir, los días 6 de febrero y 8 de enero del año 2013, dando cumplimiento a las normas legales y administrativas pertinentes, circunstancias por lo demás que no han sido discutidas en estos autos. Por tanto, los montos consignados por la ex empleadora de los accionantes de protección, luego de transcurrir varios meses de haber accedido a las prestaciones provenientes del seguro de cesantía, calculadas en consideración a sus respectivos saldos disponibles en sus Cuentas Individuales al momento de efectuar sus solicitudes, no pueden incrementar las cantidades ya pagadas mediante una pretendida reliquidación, obviamente, por no tratarse de montos que se hubieran encontrado disponibles a la época en que se requirió el beneficio, toda vez que legalmente no existe norma alguna que así lo disponga y porque, además, del examen acucioso de la ley que regula la materia y las normativa contenida en el Compendio de Normas de Seguro de Cesantía, se infiere que tampoco contemplan un procedimiento de reliquidación en los términos reclamados por los recurrentes.

NOVENO: Que, en todo caso, preciso resulta dejar establecido que los montos pagados por la ex empleadora de los recurrentes, por concepto de cotizaciones del seguro de cesantía adeudados, en cumplimiento de sendas decisiones jurisdiccionales, como se ha dicho, han ingresado a las respectivas Cuentas Individuales de los afiliados nombre reservado e nombre reservado, ello naturalmente en atención a la finalidad de dichas cotizaciones, que no es otra que la de acumular fondos para financiar las prestaciones por cesantía del respectivo afiliados, por lo que tales montos abonados se encuentra disponibles en la cuentas de los actores para financiar un nuevo beneficio y, en consecuencia, permanecen en su patrimonio, de modo que no se vislumbra vulneración a amenaza alguna al derecho de propiedad que se pretende amagado.

DÉCIMO: Que, asimismo, en relación a la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental, también invocada como infringida por los recurrentes, útil es tener presente que no habiéndose acreditado, de modo alguno, que sopesando los intereses de las personas que han reclamado protección y de la recurrida, se hayan establecido discriminaciones arbitrarias en beneficio de esta último, ni existiendo antecedentes en autos que permitan demostrar que se haya otorgado a los accionantes un trato diverso respecto de otras personas que se hayan encontrado en su misma condición, desplegando la “Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II SA.” un procedimiento diverso y adoptado sistemáticamente en situaciones similares soluciones distintas, de manera de establecer un privilegio en desmedro de los actores, circunstancias que constituyen los supuestos de la norma constitucional que se supone infringida, solo cabe concluir que la vulneración de la referida garantía, también carece de asidero.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, no advirtiéndose actuación arbitraria o ilegal por parte de la recurrida que amenace o infrinja las garantías constitucionales contempladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que deban ser amparado mediante la adopción de medidas de resguardo destinadas a restablecer el imperio del derecho, la acción cautelar deducida deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 41, por don nombre reservado, por sí y en representación de don nombre reservado, en contra de la “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía Chile II SA.”, sin costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Redacción del ministro titular, don Fernando Ramírez Infante.

Rol N° 302-2014. - Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros señor Jaime Franco Ugarte, señor Fernando Ramírez Infante y el abogado integrante señor Reinaldo Villalobos Pellegrini.

Jorge Colvin Trucco Secretario

La Serena, trece de mayo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.