nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)

Recurso de Protección Rol N° 301-2023.- La Serena, diecinueve de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha diez de marzo de dos mil veintitrés comparece nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que la persona en favor de quién recurre tiene 80 años y a la época en que se desencadenan los hechos que motivan la presente acción de protección se desempeñaba como conserje de un edificio de nuestra ciudad de La Serena. Es en esas circunstancias que, el día 23 de septiembre de 2021 sufrió un accidente vascular isquémico, siendo trasladado a la Unidad de Geriatría de Agudos del Hospital San Pablo de Coquimbo.

Después de dos meses aproximadamente fue dado de alta el día 17 de noviembre de 2021, con un listado de medicamentos y con un detalle de los controles que debía realizar los meses siguientes.

Señala que atendida la condición socio-económica del Sr. nombre reservado es atendido por el Servicio de Salud, destacando la falta de médicos especialista que lo obliga a tener controles médicos de tiempo en tiempo, siempre y cuando sus horas de atención no sean suspendidas, justamente por falta de especialistas.

Puntualiza que producto de su accidente vascular don nombre reservado quedó con secuelas tales como dolores de cabeza, mareos, pérdida de estabilidad y coordinación, desconcentración, dolores musculares y articulares, todos estos problemas han generado una reducción de movilidad, encontrándose obligado a utilizar un burrito y/ o bastón, secuelas que han ido mejorando muy lentamente, producto especialmente por la falta de tratamiento kinésico que dificulta la recuperación de su movilidad.

En esas circunstancias es que a don nombre reservado le fueron autorizadas todas sus licencias médicas sin ninguna observación o reparo hasta la otorgada a partir del 06 de septiembre de 2022 y que es materia del presente recurso de protección.

En efecto, las licencias médicas reclamadas en la presente acción de protección son las N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 120 días de reposo, a contar del 06 de septiembre de 2022.

Precisa que las resoluciones de rechazos de todas licencias médicas dictaminadas por la COMPIN no dan cuenta de ninguna explicación de la causa de justificación invocada, limitándose en indicar “REPOSO PROLONGADO PARA PATOLOGÍA”.

Contra dicha resolución don nombre reservado recurrió ante la SUSESO que por Resolución N.º R-01-UME-25927-2023, de fecha 26 de febrero de 2023, resolvió rechazar la autorización de las licencias médicas “POR REPOSO NO JUSTIFICADO”.

Aduce que la Resolución referida no contiene ninguna explicación en el cambio de la causa de rechazo de licencias médicas que había sido formulada por la COMPIN. No existe explicación para el cambio de criterio en ambos organismos de salud. Por otra parte, llama poderosamente la atención las exigencias que la misma Resolución contiene para que don nombre reservado pueda reclamar por sus licencias médicas rechazadas. Se le exige que acompañe informes y exámenes que resultan ser del todo deseables para el tratamiento de un enfermo, pero resultan ser impracticables en el sistema público de salud de nuestro país; por todos es conocido lo difícil obtener una hora de atención con un médico especialista en el servicio público de salud; más aún un neurólogo; más aún en nuestra región; más aún en el Hospital San Pablo de Coquimbo; se le exige además que acompañe exámenes de apoyo diagnóstico, exámenes cuyas horas son aún más difícil de obtener; y por último la resolución exige un informe que acredite la asistencia a terapia de rehabilitación con equipo multidisciplinario, absolutamente inexistente en nuestro servicio público de salud.

Sostiene que la resolución es arbitraria, pues desconoce la realidad de nuestro sistema público de salud, exigiéndole al paciente cuestiones que son impracticables en nuestro sistema público de salud.

Hace presente que las licencias médicas han sido otorgadas por los médicos especialistas del sistema público de salud a la que tiene acceso el Sr. nombre reservado. Se trata de médicos contratados por el Estado de Chile.

A su juicio, la actuación del ente administrativo no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación, que debe observar los actos administrativos. En la especie, la SUSESO ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de don nombre reservado y más aún han soslayado efectuar algún pronunciamiento a su respecto, no les informan siquiera someramente, acerca de las razones por las qué los certificados e informes médicos acompañados no sirven o no son suficientes para justificar las Licencias Médicas que se reclaman, por lo que la decisión de la recurrida deviene en arbitraria, porque se ha fundamentado lisa y llanamente en el mero capricho o la sola voluntad del ente recurrido, precisamente debido a que no contiene las motivaciones mínimas que justifique su decisión.

La arbitrariedad denunciada en estos autos consistente en que todos los antecedentes médicos que informa el expediente administrativo de don nombre reservado, dan cuenta que su afección está clínicamente justificada.

Agrega que la conducta del órgano recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de don nombre reservado, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud.

Asimismo, dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad de don nombre reservado, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Magna que nos rige, toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Por estas consideraciones solicita se ordene dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deberán autorizar dichas licencias médicas, disponiendo su pago.

Acompaña los siguientes documentos: 1°.- Copia de la Resolución Exenta N.º R-01-UME-25927-2023, de fecha 26 de febrero de 2023, pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social; 2°.- Copia de la Epicrisis de don nombre reservado emitida por la Unidad Geriátrica de Agudos del Hospital San Pablo de Coquimbo; 3°.- Copia del Egreso de Enfermería de la Unidad Geriátrica de Agudos; 4°.- Certificado emitido por el Neurólogo don nombre reservado, del Policlínico de Neurología y Neurocirugía del Hospital San Pablo de Coquimbo, de fecha 10 de enero de 2023, y 5°.- Carta manuscrita de don nombre reservado, presentada a la SUSESO el día 02 de febrero de 2023.

SEGUNDO: Que, evacuó informe ANDREA CISTERNAS TIEMANN, Abogada, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma EXTEMPORÁNEA. En efecto, domo consta de la copia del expediente administrativo que acompaña, por presentación de fecha 02 de febrero de 2023 el Sr. nombre reservado reclamó ante ese Servicio por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 06 de septiembre de 2022, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-25927-2023, de fecha 26 de febrero de 2023, esa Superintendencia dictaminó lo siguiente: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado de fecha 10 de enero de 2023 no permite establecer la incapacidad laboral más allá del periodo de reposo autorizado. Sin embargo, en caso de futuras reclamaciones, puede apelar con informe médico actualizado, amplio y fundado emitido por neurólogo, que indique el compromiso funcional durante las licencias reclamadas, tratamientos realizados en ese período, evolución del cuadro clínico, fecha probable de alta, junto con exámenes de apoyo diagnóstico e informe que acredite la asistencia a terapia de rehabilitación con equipo multidisciplinario”.

Agrega la referida Res. Ex., en su parte resolutiva, que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Ahora bien, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 10 de marzo de 2023, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento el Sr. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la Compin. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 02 de febrero de 2023 que realizó el Sr. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre el rechazo de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados por la señalada Compin con conocimiento del Sr. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante esta Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 35 días antes de la fecha de interposición de la presente acción (10 de marzo de 2023), el Sr. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias reclamadas por la Compin.

En subsidio, solicita se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, informa en cuanto al fondo. Expone que con la finalidad de resolver la antedicha presentación, la Superintendencia procedió a recabar los antecedentes médicos del caso de la COMPIN respectiva, a saber, el registro histórico de licencias médicas (FONASA) y la CARTOLA MEDICA del Servicio de Salud. En este último documento se señala que el Sr. nombre reservado:

“…07/01/2023 07:57:54 > Excede lineamientos, sin evaluación por especialista”.

“…16/01/2023 10:38:09 > paciente de 79 años con ACV secuelado sin recuperación, sin derecho a invalidez, se rechaza”.

A mayor abundamiento, indica que esa Superintendencia, a través de diferentes profesionales médicos de ese Servicio, estudió los antecedentes del caso del Sr. nombre reservado, según lo siguiente:

1.- Informe de fecha 23/02/2023 elaborado por el especialista don nombre reservado, que señala: “FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: PACIENTE CON 30 DÍAS DE REPOSO AUTORIZADO, RECLAMA POR 120 DÍAS RECHAZADOS, EMITIDOS POR MÉDICO GENERAL, ALTO EMISOR, LIBRE ELECCIÓN. INFORME PARCIALMENTE LEGIBLE, SIN ANTECEDENTES QUE PERMITAN JUSTIFICAR REPOSO. RECHAZO.”

Pues bien, tuvo luego del estudio de los antecedentes, a saber, informe médico, y otros antecedentes que acompaño el recurrente, formularios de las licencias médicas reclamadas, Cartola Médica de Compin, Listado Histórico de las Licencias Médicas (472 días de reposo autorizado por patología neurológica y otras similares), y otros antecedentes, fueron considerados como elementos suficientes de convicción por los profesionales a cargo del estudio del caso la cual quedó plasmada en la ficha médica respectiva, la Superintendencia de Seguridad Social emite la siguiente resolución:

• Resolución Exenta N° R-01-UME-25927-2023, de fecha 26 de febrero de 2023, resolución que resolvió confirmar lo obrado por la COMPIN respectiva, en cuanto rechazó las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, fundado en que, como se señala en el dictamen en comento: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado de fecha 10 de enero de 2023 no permite establecer la incapacidad laboral más allá del periodo de reposo autorizado. Sin embargo, en caso de futuras reclamaciones, puede apelar con informe médico actualizado, amplio y fundado emitido por neurólogo, que indique el compromiso funcional durante las licencias reclamadas, tratamientos realizados en ese período, evolución del cuadro clínico, fecha probable de alta, junto con exámenes de apoyo diagnóstico e informe que acredite la asistencia a terapia de rehabilitación con equipo multidisciplinario”.

Señala que los médicos tratantes del Sr. nombre reservado, don nombre reservado, RUT N° RUT reservado y doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado, quienes han emitido algunas de las licencias médicas reclamadas, NO POSEEN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGIA, que corresponde al diagnóstico por las cuales fueron emitidas, según consta el certificado emitido por la Superintendencia de Salud, que adjunta a su presentación.

Por lo anterior, se aprecia que el dictamen impugnado por el recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra las resoluciones impugnadas, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dichas Resolución Ex., en orden a rechazar las licencias indicadas.

Indica que su representada realizó un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la vista ya citados, los cuales fueron ponderados por médicos especialistas con aplicación estricta de los mismos parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante esta Institución Fiscalizadora, utilizando sustentos facticos, clínicos y jurídicos, lo que permitió arribar a la conclusión que el reposo médico prescrito por las licencias médicas objeto del recurso eras injustificados.

Señala que se debe tener presente que las Resoluciones exponen con claridad los fundamentos que se tuvieron en vista para resolver por su representada, ratificándose el rechazo previo de las licencias médicas, y, desde una perspectiva de racionalidad, resulta inteligible y cumple con los parámetros de fundabilidad exigidos tanto por el artículo 16 del Reglamento de Licencias Médicas como por la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos (Ley 19.880).

Por tanto, respecto de una ilegalidad debe descartarse pues los actos que se impugnan fueron dictados de acuerdo al marco normativo antes reseñado respecto a la patología y por esa autoridad competente en uso de sus atribuciones otorgadas por la ley, y en cuanto a una posible arbitrariedad, esta no ha existido pues las resoluciones que se impugnan se encuentran suficientemente fundada y con la debida racionalidad, ya su representada contó con antecedentes para arribar a las decisiones que se reclaman, entre otros Cartola Médica de Compin, Listado Histórico de las Licencias Médicas e Informes Médicos, los cuales fueron evaluados por ese organismo recurrido, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por la recurrente, sea arbitrario por carecer de motivación, YA QUE SE TRATÓ DE UNA DECISIÓN FUNDADA EN MOTIVOS TÉCNICOS, PROPIOS DEL ÁREA DE MEDICINA CON PLENO APEGO A LA NORMATIVA QUE REGULA EL DERECHO DENOMINADO LICENCIA MÉDICA, EN UNA DECISIÓN APOYADA EN LA REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES POR LOS PROFESIONALES MÉDICOS DE LA COMPIN Y A MAYOR ABUNDAMIENTO, POR LOS PROFESIONALES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE SU REPRESENTADA.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de su defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso del Sr. nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la alegación de extemporaneidad de la presente acción constitucional se rechazará, pues de la copia de la resolución impugnada, acompañada por la recurrente, se desprende que esta fue emitida el día 26 de febrero de 2023, resolviendo el recurso de la actora al dictamen que confirmó el rechazo de la COMPIN, lo que permite establecer que es ésta la fecha y no otra del acto de término desde el cual procede computar el plazo de 30 días que establece el auto acordado que regula la tramitación y fallo del recurso de protección, y habiéndose presentado el recurso el 10 de marzo pasado, a juicio de estos sentenciadores se encuentra dentro de plazo.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEPTIMO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-25927-2023, de 26 de febrero de 2023, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de la cual mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado de fecha 10 de enero de 2023 no permite establecer la incapacidad laboral más allá del periodo de reposo autorizado. Sin embargo, en caso de futuras reclamaciones, puede apelar con informe médico actualizado, amplio y fundado emitido por neurólogo, que indique el compromiso funcional durante las licencias reclamadas, tratamientos realizados en ese período, evolución del cuadro clínico, fecha probable de alta, junto con exámenes de apoyo diagnóstico e informe que acredite la asistencia a terapia de rehabilitación con equipo multidisciplinario”.

OCTAVO: Que, del mérito de lo expuesto, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida tiene, en su primer acápite, un carácter genérico, al no contener la resolución recurrida referencia alguna a los antecedentes concretos en virtud de los cuales arriba a la decisión que en ella se contiene, ni un análisis de los mismos, todo lo cual deja al recurrente en un estado de indefensión, al desconocer en base a qué elementos la recurrida ha adoptado la determinación que en esta sede se reprocha.

En el mismo sentido, en la segunda parte de la mentada resolución, se advierte la exigencia de antecedentes que escapan de lo que razonablemente se puede requerir a un usuario del sistema público de salud, lo cual abona a las consideraciones referidas en el párrafo que antecede, y que determina la arbitrariedad de la misma.

NOVENO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DECIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento.

UNDECIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

DUODECIMO: Que, a mayor abundamiento, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 12 consagra expresamente el derecho de protección a la salud de las personas pertenecientes a ese grupo etario, como también contempla diversas disposiciones sobre el derecho al trabajo de las personas mayores, las que deben ser interpretadas a la luz del principio de seguridad física, económica y social reconocido en el mismo instrumento nacional, normas que por mandato del artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución tienen un carácter vinculante y que también se ven vulneradas con el actuar previamente descrito, todo lo cual abona a acoger el presente recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

DECIMO TERCERO: Que, teniendo en consideración que la recurrida ha resultado totalmente vencida en esta sede, es que se le condenará en costas.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZAN las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia.

II.- Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y Lillo, en favor de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-25927-2023, de fecha 26 de febrero de 2023, que mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, disponiéndose que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer el pago de las licencias médicas previamente individualizadas.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 301-2023 (Protección).-