nombre reservado con COOPERATIVA AGRÍCOLA PISQUERA ELQUI LIMITADA

nombre reservado

Cooperativa Agrícola Pesquera Elqui Limitada Recurso de Protección.

Rol N° 301-2020.- La Serena, once de junio de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte comparece nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada, en virtud de las siguientes consideraciones.

Expone que con fecha 26 de mayo de 2018 en el marco de la Asamblea General de Socios de Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada, fue elegida miembro del Consejo de Administración de la recurrida por un período de 3 años a partir de esa fecha, es decir, hasta la Asamblea General que se debe realizar en 2021.

Agrega que luego de un año de su incorporación al Consejo de Administración de la recurrida, en mayo de 2019 fue elegida como presidenta del Consejo, cargo que desempeñó hasta finales de enero del presente año.

Indica que el día 27 de enero de 2020 a las 15:38 horas, pocas horas antes del inicio de la Sesión del Consejo de Administración programada para los días 28, 29 y 30 de ese mismo mes, recibió una carta suscrita por la Junta de Vigilancia de la Cooperativa en la cual dicho órgano le denunciaba de haber faltado a los estatutos.

En efecto, señala la misiva lo siguiente:

“En nuestro afán de cuidar los recursos económicos y conocer los riesgos a la que pueda estar expuesta La Cooperativa Capel, entramos a revisar la demanda interpuesta por el Ex Gerente Sr. nombre reservado, por indemnización por años de servicio, en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, donde presenta su demanda y respalda con los contratos firmados con la Cooperativa. Nos llama la atención que dentro de los contratos aparece uno del 1 de julio de 2019, que no teníamos conocimiento de un nuevo contrato, y firmado solo por el Ex Gerente y la Presidente de Capel, cuando en todas partes siempre por la Cooperativa deben firmar dos personas en conjunto con poderes. Nos parece que hay un incumpliendo por parte de la Presidente del Consejo de Administración de Capel, de Estatuto de la Cooperativa, al firmar sola un contrato en representación total de la Cooperativa, cuando en la otra parte el Ex Gerente General, firma solo como empleado y no como Gerente General.”.

Señala que el documento al cual alude la carta se refiere a un anexo de contrato de trabajo de fecha 01 de julio de 2019 firmado por la recurrente (en cuanto presidente de la Cooperativa) y el exgerente general de la misma. En virtud de dicho anexo de contrato se modificaron (en beneficio de la Cooperativa) las condiciones remuneracionales del mismo gerente general, que habían sido previamente pactadas en 2016 sin intervención suya.

Refiere que las condiciones pactadas con el exgerente general de la Cooperativa fueron oportunamente informadas al Honorable Consejo de Administración en sesión de fecha 16 de agosto de 2020, sin que ninguno de los otros ocho consejeros formulase ninguna observación ni comentario, sin que nadie hiciera ninguna pregunta y mucho menos planteara alguna objeción al acuerdo alcanzado, pues todos entendieron que era beneficioso para la Cooperativa.

Expresa que el día 28 de enero de 2020, una vez terminada la sesión del Consejo de Administración, el señor nombre reservado (a la sazón vicepresidente) la secretaria Cecilia Álvarez (consejera y secretaria del Consejo) la consejera nombre reservado, y don nombre reservado (abogado del Consejo) se le acercaron para informarle verbalmente que a partir de ese mismo momento el señor nombre reservado había asumido el cargo de presidente interino del Consejo y que había sido removida y destituida de su cargo de consejera, no pudiendo volver a presentarse en la sesión del consejo del día siguiente.

Al día siguiente, 29 de enero de 2020, envió un correo electrónico a los consejeros solicitando revisar la decisión toda vez que ésta infringía la ley de cooperativas, que establecen que la remoción de los consejeros es una decisión que corresponde privativamente a la Asamblea de Socios, no al Consejo. Dicha solicitud no fue atendida y le comunicaron telefónicamente que el Consejo había decidido mantener su decisión y que estaba legalmente removida del cargo de consejera.

Finalmente, el día 20 de febrero recibió un correo electrónico con la “comunicación oficial” de la decisión del Consejo.

Destaca que aún antes de recibir este correo electrónico, el día 19 de febrero de 2020 solicitó formalmente al Consejo de Administración que su situación y la injusta decisión adoptada fuesen incluidas en la tabla de la Asamblea de Socios que había sido citada para el día 22 de febrero de 2020. No obstante, su solicitud fue ignorada y el día 22 de febrero de 2020 se llevó a cabo la Asamblea General de Socios en la ciudad de Vicuña sin que se incluyera su situación dentro de los temas a discutir.

Afortunadamente, antes de finalizar la Asamblea varios socios pidieron información acerca de su caso y exigieron al “presidente” señor nombre reservado que se discutiera el tema.

La respuesta del señor nombre reservado fue casi tan sorprendente como la decisión del 28 de enero. Según indicó, ese tema no podía ser tratado en esa Asamblea porque la del 22 de febrero correspondía a una Asamblea Especial (instancia que en los estatutos no existe) y que, por lo tanto, sólo se podían tratar los tremas señalados en la citación y tabla, entre los cuales no se encontraba el referido a su sanción.

En consecuencia, señaló que “la decisión” sobre este punto sería acordada por la Asamblea a realizarse en el próximo mes de mayo, en la medida que presentara la apelación correspondiente, postergando de manera absolutamente injusta, arbitraria e ilegal la única posibilidad de defensa que le quedaba, y prolongando indebidamente los efectos de una decisión ilegal del Consejo que se ha extralimitado en sus facultades tomando sobre si una decisión que legal y estatutariamente está reservada a la Asamblea de Socios y privándola del legítimo derecho a defenderme de manera eficaz y oportuna.

Así las cosas, antes de la aplicación de la ya señalada sanción no existió ninguna formalización o imputación de cargos en su contra sobre hechos que pudieren haber sido controvertidos por su parte, o respecto de los cuales pudiera haber aportado pruebas, formulado alegaciones, descargos ni defensas de ninguna especie.

Sostiene que en su caso se han vulnerado los más elementales principios de justicia en el ejercicio de la función jurisdiccional, a saber, inexistencia de un procedimiento previamente establecido y legalmente tramitado (artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República); ni en los estatutos ni en los Reglamentos de la recurrida existe procedimiento alguno para el establecimiento de sanciones. No existe indicación de etapas, plazos, tipo de actuaciones que deben desarrollarse, mecanismos de defensa de las partes, ni nada parecido.

Por tanto, no existiendo procedimiento alguno establecido para efectos de determinar la sanción de remoción del cargo de consejero, es evidente que no se ha respetado el debido proceso, razón por la cual la decisión es arbitraria e ilegal.

Agrega que la arbitrariedad e ilegalidad del procedimiento se hacen aún más evidentes si se compara el texto del artículo 55 de los estatutos con la carta de la junta de vigilancia (denuncia) y ésta con la “sentencia” que le fuera comunicada el pasado 20 de febrero.

Según el artículo 55 letra e) los consejeros tienen prohibido “tomar el nombre o representación de la cooperativa para ejecutar actos o contratos (1) ajenos a la misma, o (2) que excedan las atribuciones que se le han confiado, o (3) que comprometan en alguna forma su patrimonio ilegítimamente.”.

En la carta de la Junta no se señala cuál de éstas sería la imputación precisa y determinada que se le atribuye, pero pareciera limitarse al hecho de haber excedido sus facultades al haber suscrito el anexo de contrato por su misma, sin la concurrencia de un segundo apoderado.

Sin embargo, en la comunicación del 10 de febrero de 2020 se le indica que la decisión se funda en el supuesto daño patrimonial al cual habría expuesto a la cooperativa al suscribir ese documento.

Es decir, inicialmente el problema era por la forma en que habría suscrito el documento. Sin embargo, en la sentencia el sustento de la sanción habría mutado a las consecuencias de la firma del documento, sin que se acredite siquiera formalmente la existencia de ese supuesto perjuicio patrimonial.

Por otra parte, la ilegalidad y arbitrariedad del proceso seguido en su contra se evidencia no sólo en la falta de imputación de cargos, sino también en la ausencia absoluta de un período probatorio y/o de acreditación de los mismos.

Otra de las manifiestas ilegalidades y arbitrariedades en las que ha incurrido la recurrida en el pseudo proceso dirigido en su contra es que la remoción del cargo de consejera ha sido resuelta por un órgano distinto al señalado en la ley y en los estatutos.

En efecto, según el artículo 34 letra c) de los estatutos de la Cooperativa, es materia de la Junta General de Socios la elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y de los liquidadores.

Sin embargo, en su caso dicha sanción ha sido impuesta por el Consejo de Administración, órgano que se ha atribuido una facultad que no le corresponde pues los estatutos reservan estas materias a la Junta General de Socios.

Indica como garantías constitucionales conculcadas las establecidas en el artículo 19 N° 3 inciso 3º y 4º de la Constitución Política de la República y el derecho de propiedad del N° 24 de la misma disposición.

Por estas consideraciones solicita se acoja el presente recurso, con costas, ordenando las siguientes medidas:

1.- Declarar que la recurrida ha incurrido en un acto arbitrario y/o ilegal que ha infringido derechos fundamentales al aplicarle la sanción de remoción del cargo de miembro del Consejo de Administración de la recurrida.

2.- Ordenar a la recurrida dejar sin efecto la resolución anterior por haberse adoptado en un proceso injusto e irracional y, por lo tanto, vulneratorio de garantías constitucionales y que, en consecuencia, se le restituya en el cargo de consejera.

3. Todo lo anterior, sin perjuicio de la o las medidas que a juicio de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones sean conducentes para el restablecimiento del imperio del Derecho.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Impresión de correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 a través del cual se le envía la carta de la Junta de Vigilancia; 2.- Carta fechada 27 de enero de 2020 por la cual la Junta de Vigilancia de la recurrida la denuncia ante el Consejo de Administración de la recurrida; 3.- Copia de carta, sin fecha, por la cual el Honorable Consejo de Administración de las recurrida informa a los cooperados acerca de su remoción del cargo de consejera; 4.- Copia de carta enviada por la suscrita al Consejo de Administración con fecha 18 de febrero de 2020; 5.- Copia de la “sentencia” de fecha 10 de febrero de 2020, que contiene el acuerdo de remoción adoptado por el Consejo de Administración, y que me fuera enviada por correo electrónico de fecha 20 de febrero de 2020; 6.- Copia de los estatutos de la recurrida; 7.- Copia de los Reglamentos de la recurrida; 8.- Copia del acta de Sesión del Consejo de Administración, de fecha 16 de agosto de 2020 (sic); 9.- Impresión de correo electrónico enviado al Consejo de Administración el día 29 de enero de 2020.

SEGUNDO: Que, con fecha nueve de mayo de dos mil veinte evacuó informe nombre reservado y Diego Navarrete Sordo, abogados, en representación de la recurrida Cooperativa Agrícola y Pisquera Elqui Limitada, en los siguientes términos.

En forma preliminar, destaca que no está en discusión que la recurrente infringió gravemente sus obligaciones como consejera (ni siquiera lo cuestiona), con importantes perjuicios económicos para CAPEL, y por ello fue sancionada con la exclusión de su cargo de consejera de la Cooperativa.

Sin embargo, no es efectivo que la sanción se hubiese impuesto en el marco de un procedimiento inexistente y sin respetar las garantías y derechos de la actora. Por el contrario, el procedimiento sancionador está clara y expresamente establecido en el artículo 55 y 63 de los estatutos de CAPEL, y su tramitación se apegó estrictamente a ello.

Sin perjuicio de lo anterior, la recurrente omite y tergiversa información esencial en su recurso, pues contó con todas las garantías procesales para ejercer su derecho a defensa, más aún en un procedimiento que ella misma motivó. En particular, fue notificada de los cargos a través de una carta formal, en que se indican los hechos e incumplimientos imputados de manera clara y precisa-; efectuó sus descargos ante el Consejo de Administración -órgano competente para ello conforme al artículo 55 de los estatutos-, reconociendo los hechos que se le imputaban; fue debidamente notificada de la decisión; y ha ejercido el derecho de impugnar la sanción por la vía de un recurso de apelación expresamente contemplado en los estatutos.

Agrega que La omisión más grave del recurso es el hecho actualmente dicho procedimiento impugnado todavía se encuentra vigente, pues la recurrente ha deducido un recurso de apelación en contra de la decisión del Consejo, cuya vista y fallo se encuentra pendiente ante la Junta General de Socios.

En consecuencia, el petitorio del recurso carece de oportunidad; si la sanción no está afirme, sencillamente no puede dejarse sin efecto.

Destaca que el recurso de protección únicamente protege la garantía del artículo 19 número 3 inciso quinto (prohibición de comisión especial), y por tanto no puede extenderse a la garantía del debido proceso, establecida en el artículo 19 número 3 inciso sexto, que es sustantivamente lo que se alega en este Recurso.

Hace presente que el reproche central dirigido contra la recurrente es que en su calidad “de Presidente del Consejo de Administración, firmó sola una modificación de contrato con fecha 01 de julio de 2019 con el ex Gerente General nombre reservado”, en circunstancias que no tenía atribuciones para ello -pues requería de una segunda firma de un representante de la Cooperativa-, infringiendo los artículos 55 letra e) y 43 letra d) de los estatutos. Destaca que estos hechos fueron admitidos por la recurrente en la Sesión de Consejo de 28 de enero de 2020.

Sin embargo, las modificaciones contractuales efectuadas por la Sra. nombre reservado no fueron exclusivamente en beneficio de la Cooperativa. Por el contrario, a sabiendas de que el señor nombre reservado estaba muy cuestionado (según aparecen en diversas actas del Consejo en que incluso la recurrente estima necesaria su salida), y que su continuidad estaba en evaluación por parte del Consejo, también modificó las unidades en que se consignaba el sueldo del referido ex gerente de pesos a unidades de fomento.

Esta modificación, realizada fuera del ámbito de sus atribuciones y sin informar debidamente al Consejo, ha significado una contingencia patrimonial de varias decenas de millones de pesos para CAPEL, correspondiente al cálculo de una eventual indemnización en el juicio laboral iniciado por el ex Gerente en contra de la Cooperativa. En efecto, destaca que a la fecha el Sr. nombre reservado ha demandado laboralmente a CAPEL por una suma de más de $300 millones, de manera que su actuar al modificar las condiciones contractuales del ex Gerente carece de cualquier explicación razonable.

Finalmente, y como corolario de lo expuesto, la recurrente afirma en el recurso que informó de esta modificación al Consejo, en la Sesión de 16 de Agosto de 201911. Esto también oculta una falacia, pues en los hechos, la recurrente dio cuenta al Consejo una cosa muy distinta; en el marco de la discusión sobre el término de funciones del referido Sr. nombre reservado, se limitó a señalar que “el Sr. nombre reservado antes de las reuniones sectoriales redujo su sueldo en un 10%......”, sin ningún comentario adicional. En otras palabras, la Sra. nombre reservado no informó de manera clara, honesta y precisa de su actuar, sino que presentó la modificación como si hubiera sido un acto unilateral del gerente Sr. nombre reservado (soslayando su intervención en la firma del contrato), en el contexto de una discusión distinta, y sin hacer mención ni explicar la existencia y alcance de la modificación contractual que pactó por sí y ante sí con un Gerente altamente cuestionado, sin la anuencia del Consejo ni las formalidades exigidas, y que han perjudicado gravemente a CAPEL, infringiendo gravemente sus obligaciones como consejera, y consecuentemente, los estatutos de CAPEL.

Por otra parte, aduce que Los estatutos de CAPEL contemplan de manera clara y precisa el procedimiento al que se encuentra sometida la recurrente, el cual no solo lo conocía (o debía conocerlo), sino que ha hecho uso de todas las oportunidades procesales que los mismos le otorgaban.

En efecto, el procedimiento de sanción a los consejeros está expresamente regulado en los estatutos de CAPEL, en particular en los artículos 55 y 63; el artículo 55 consagra las obligaciones de los Consejeros y establece el procedimiento a seguir para el caso que alguno de ellos infrinja estos deberes.

En particular, el citado artículo dispone: “Se prohíbe a los consejeros: […] e) Tomar el nombre o representación de la Cooperativa para ejecutar actos o contratos ajenos a la misma, o que excedieren las atribuciones que se le han confiado, o que comprometan en alguna forma su patrimonio ilegítimamente; el Consejero que contraviniere estas normas quedará inmediatamente excluido de su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, estatutarias y reglamentarias a que hubiere lugar en su contra, lo que deberá ser informado por el Consejo de Administración al Tribunal Electoral. La Junta de Vigilancia velará por el cumplimiento de este artículo debiendo informar al Consejo de Administración en la sesión más próxima. El Consejo de Administración deberá determinar la sanción que corresponde aplicar al consejero y/o consejeros afectado en la sesión más próxima. El afectado tendrá la posibilidad de apelar a la Junta General de Socios dentro de treinta días hábiles contado desde la fecha de notificación de la sanción. Su apelación no suspenderá la sanción del Consejo de Administración.”

A su turno, el artículo 63 letras d) y e) de los estatutos establecen que la Junta de Vigilancia -órgano autónomo e independiente del Consejo de Administración- tiene entre sus atribuciones “velar porque las actuaciones de la Cooperativa se ajusten a la ley, sus reglamentos y los estatutos”, e “investigar cualquier irregularidad de orden financiero, económico y administrativa que se le denuncie o que conozca […] debiendo poner en conocimiento del Consejo de Administración, cualquiera de las irregularidades que constate en el desempeño de sus funciones”.

Sostiene que el proceso que actualmente se sigue en contra de la Sra. nombre reservado ha respetado cada una de estas etapas procesales, ajustándose estrictamente a lo dispuesto en los estatutos, la Ley General de Cooperativas, y los reglamentos correspondientes.

Por lo demás, no es efectivo que la sanción haya sido impuesta por un órgano que carece de atribuciones, y que CAPEL haya infringido la Ley General de Cooperativas, o sus estatutos con la imposición de la medida de exclusión resuelta por el Consejo de Administración; en primer lugar, porque según consta de la norma transcrita, el artículo 55 de los estatutos le confieren la facultad de “determinar la sanción correspondiente” al Consejo.

Esto no se opone a lo dispuesto en el artículo 34 letra c) de los estatutos invocado por la recurrente, porque esa disposición se enmarca en el proceso eleccionario de las autoridades de la Cooperativa, y busca asegurar que esos órganos estén conformados según la voluntad de los socios expresada en la Junta.

Pero más importante aún, porque el inciso final del artículo 55 de los estatutos faculta al consejero sancionado para “de apelar a la Junta General de Socios dentro de treinta días hábiles contado desde la fecha de notificación de la sanción”, radicando la decisión definitiva sobre la exclusión, precisamente, en la Junta General de Socios.

Así las cosas, contrario a lo planteado por la recurrente, este procedimiento existe y fue aplicado en estricto apego a lo establecido en los estatutos.

En efecto, la Sra. nombre reservado fue debidamente notificada de los cargos en su contra, por medio de carta enviada por la Junta de Vigilancia, la cual expone con claridad los cargos; la investigación y cargos en su contra fueron realizados por un órgano distinto y autónomo (Junta de Vigilancia) respecto de la instancia que impuso la sanción (Consejo de Administración); la Sra. nombre reservado compareció a la sesión más próxima del Consejo de Administración, en donde puso voluntariamente el tema en tabla y formuló los descargos correspondientes (y no meros comentarios sobre la carta), los que quedaron registrados en el acta de la referida sesión; la recurrente no sólo efectuó sus descargos, sino que reconoció expresamente los hechos que se le imputaban, a saber, haber suscrito por sí sola una modificación de contrato con el entonces Gerente General, en circunstancias que la estructura de poderes de la Cooperativa expresamente -y con su conocimiento- exigía la concurrencia de una segunda firma. A mayor abundamiento, al concluir, “solicitó a los consejeros deliberar, resolver los cargos imputados y tomar la decisión que corresponde”, reconociendo con ello el procedimiento establecido en los Estatutos y las competencias del Consejo; conforme a los descargos y antecedentes aportados voluntariamente por la recurrente, el Consejo deliberó largamente y decidió aplicar la sanción de remoción establecida en el artículo 55 de los estatutos; la decisión del Consejo y sus fundamentos le fue notificada a la Sra. nombre reservado por carta certificada de fecha 10 de febrero de 2020 y correo electrónico de 20 de febrero de 2020, donde además se le hizo presente su derecho de apelar la decisión del Consejo ante la Junta General de Socios; con fecha 27 de marzo de 2020 la actora dedujo recurso de apelación en contra de la decisión del Consejo, la cual se encuentra pendiente y será conocida y resuelta por la Junta General de Socios, a celebrarse dentro del primer semestre de este año.

Por otra parte, con fecha 3 de febrero de 2020, la recurrente formuló una presentación ante el Departamento de Cooperativas -autoridad administrativa dependiente del Ministerio de Economía, competente para fiscalizar el quehacer de las cooperativas- informando sobre la exclusión, y solicitando el pronunciamiento de la autoridad.

Esta presentación ha dado lugar a sendos oficios dirigidos a CAPEL, en que se le solicita informar y aportar antecedentes sobre la legalidad de la sanción impuesta a la recurrente. En otras palabras, la propia actora confirma con sus actuaciones, que la vía idónea para impugnar la legalidad y/o efectos de la sanción en la vía administrativa, y no este recurso de protección.

Así las cosas, no puede sostenerse que el Consejo de Administración actuó de manera ilegal, pues su competencia para conocer y sancionar las infracciones realizadas por la recurrente, se encuentran expresamente consagradas en los estatutos de CAPEL, refundidos el año 2016, vale decir con anterioridad a la perpetración de las infracciones que se le imputaron a la Sra. nombre reservado (que tuvieron lugar en julio de 2019). En definitiva, no concurre infracción alguna al artículo 19 numero 3 inciso quinto.

Finalmente, la medida impuesta por el Consejo tampoco puede ser calificada de arbitraria e irracional, como livianamente la describe el recurso; en primer lugar, la decisión del Consejo que se impugna a través de esta acción cautelar no emanó espontáneamente, sino que fue el resultado de un procedimiento previamente establecido, en el que se escucharon y revisaron las alegaciones y antecedentes de ambas partes; en segundo lugar, según consta en el Acta de la Sesión de Consejo de 28 de enero de 2020, el acuerdo de sancionar a la Sra. nombre reservado fue el resultado de una larga deliberación entre los consejeros -cuya transcripción se extiende por 8 páginas- en el que se sopesaron todos los argumentos, y se llegó a un acuerdo unánime; finalmente, la sanción impuesta por el Consejo no es antojadiza. El artículo 55 de los estatutos dispone que “el Consejero que contraviniere estas normas quedará inmediatamente excluido de su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, estatutarias y reglamentarias a que hubiere lugar en su contra […]”.

En otras palabras, una vez verificada la infracción de la Sra. nombre reservado, el Consejo, por expresa disposición estatutaria, no tenía otra opción más que imponer la sanción de exclusión del cargo. Obviamente, ello no obsta a que esa decisión pueda ser revisada por la Junta General de Socios con motivo del recurso de apelación presentado por la recurrente.

Por estas consideraciones solicita rechazar el recurso de protección deducido, con expresa condena en costas.

Acompañado los siguientes documentos: 1.- Estatutos de CAPEL 2016; 2.- Actas de Sesión de Consejo de Administración de Capel de 16 de agosto de 2019; 3.- Acta de Sesión de Consejo de Administración de Capel de fecha 28 y 29 de enero de 2020; 4.- Certificado de Correos de Chile de fecha 12 de febrero de 2020, por medio del cual consta que la Cooperativa notificó a la Sra. nombre reservado de la decisión del Consejo a través de carta certificada en su domicilio; 5.- Recurso de Apelación deducido por la Sra. nombre reservado en contra de la decisión del Consejo de Administración, recibido el 27 de marzo de 2020; 6.- Oficios dirigidos a CAPEL por parte del Departamento de Cooperativas, con motivo de la denuncia formulada por la Sra. nombre reservado con motivo de la sanción impuesta por el Consejo, y las respectivas respuestas de CAPEL.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que la discusión se centra en determinar si el proceso de remoción de la recurrente de los cargos de consejera y presidenta del Consejo de Administración es ilegal y arbitrario vulnerándose en consecuencia la garantía del debido proceso, consignándose como normas infringidas la de los incisos 3° y 4° del articulo 19 N° 3 de la Constitución Política de la Republica y el de propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 del mismo texto legal.

SEXTO: Que del tenor del recurso, de informe y la documentación acompañada son hechos no discutidos los siguientes:

a) Que la asociada nombre reservado, en la Asamblea General de Socios de Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada, celebrada el 26 de mayo del 2018 fue elegida miembro del Consejo de Administración, por un período de tres años, luego en el mes de mayo del 2019 fue elegida como presidenta del Consejo.

b) Que el 27 de enero de 2020 recibió una carta suscrita por la Junta de Vigilancia de la Cooperativa en la cual dicho órgano la denuncia por haber faltado a los estatutos, al haber celebrado unilateralmente una modificación al contrato de trabajo del exgerente general con solo su firma, infringiendo con ello los artículos 55 letra e) y 43 letra d) de los Estatutos.

c) Que el 29 de Enero de 2020 envió correo a los consejeros para la revisión de su decisión, como lo menciona en su libelo.

d) Que la decisión del Consejo y sus fundamentos le fue notificada a la Sra. nombre reservado por carta certificada de fecha 10 de febrero de 2020 y correo electrónico de 20 de febrero de 2020.

e) Que de la referida decisión apeló con fecha 27 de marzo del 2020 encontrándose pendiente la resolución del recurso ante la Junta general de Socios.

SEPTIMO: Que la carta remitida por la Junta de Vigilancia es del tenor siguiente: “En nuestro afán de cuidar los recursos económicos y conocer los riesgos a la que pueda estar expuesta La Cooperativa Capel, entramos a revisar la demanda interpuesta por el Ex Gerente Sr. nombre reservado, por indemnización por años de servicio, en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, donde presenta su demanda y respalda con los contratos firmados con la Cooperativa. Nos llama la atención que dentro de los contratos aparece uno del 1 de julio de 2019, que no teníamos conocimiento de un nuevo contrato, y firmado solo por el Ex Gerente y la Presidente de Capel, cuando en todas partes siempre por la Cooperativa deben firmar dos personas en conjunto con poderes. Nos parece que hay un incumpliendo por parte de la Presidente del Consejo de Administración de Capel, de Estatuto de la Cooperativa, al firmar sola un contrato en representación total de la Cooperativa, cuando en la otra parte el Ex Gerente General, firma solo como empleado y no como Gerente General.”; carta que la actora reconoce en el libelo haberla recibido.

OCTAVO: Que asimismo, cabe señalar que el acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en Vicuña el 10 de febrero del 2020 luego de analizar la denuncia de la Junta de Vigilancia y cada uno de los descargos formuladas por la Sra. nombre reservado y al tenor de lo previsto en los artículos 55, 55 letra e) y 43 letra d), todos del Estatuto decide excluirla del cargo de consejera de la Cooperativa Capel dejando también de ejercer la presidencia del Consejo, al haber perdido su calidad de consejera, acuerdo que se encuentra firmado por nombre reservado, consejera secretaria del Consejo de Administración, que según consta de autos fue notificada a la actora el mismo día por carta certificada y por correo electrónico el día 20 de febrero, la que fue apelada. Este documento además corrobora las alegaciones de la recurrida en cuanto a que la sanción le fue aplicada por el Consejo de Administración.

Que consta asimismo del acta de la sesión extraordinaria del 16 de agosto del 2019, en el punto referido a la situación del Sr nombre reservado, entonces gerente general, la presidenta del consejo solo tiene una alusión: “ La Sra. Presidente indica que el Sr. nombre reservado general antes de las reuniones sectoriales redujo su sueldo en un 10%.”.

NOVENO: Que planteadas así los antecedentes acompañados al recurso correspondería resolver si la decisión del Consejo de administración que revoco la calidad de consejera de la recurrente Sra. nombre reservado se efectuó de acuerdo a las estipulaciones de los Estatutos de la Cooperativa Capel.

DECIMO: Que, sin embargo, nos encontramos frente a una decisión de un Consejo en que la afectada interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que dispuso su remoción y que es materia de este arbitrio, lo que lleva a estimar que el procedimiento iniciado no se encuentra afinado de tal manera que no es oportuno el recurso por haberse planteado respecto de una decisión no terminal.

Que, en consecuencia, el recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada.

Redacción de la Ministro señora Marta Maldonado Navarro.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°301-2020 Protección.- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora Marta Maldonado Navarro, señor nombre reservado y señora nombre reservado.

En La Serena, a once de junio de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.