nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO

nombre reservado

COMPIN Región de Coquimbo Recurso de protección Rol N°298-2025.- La Serena, diecisiete de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Sebastián Araya Bonilla, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, médica cirujana, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, dirigido en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, en adelante "COMPIN", representada legalmente por su presidenta nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°250441354103 de 12 de febrero de 2025, que renovó la sanción de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas por un plazo de 15 días renovables, a contar del 13 de febrero de 2025 por no haber presentado, de manera reiterada, los informes médicos requeridos Señala que, la recurrente es médica cirujana de profesión, con Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina aprobado y certificado de especialista en Psiquiatría Adulto otorgado por la Universidad Diego Portales, por lo que diariamente, atiende y trata a con pacientes que sufren variadas y graves patologías de la salud.

Expone que, en el contexto de una fiscalización, COMPIN le solicitó a la recurrente la entrega de informes médicos, fichas clínicas y copia de bono o boleta de la atención médica relacionados con una nómina de 21 licencias médicas, por cada una de ellas debía emitir un informe que debía contener fecha de emisión del informe, nombre, RUT, edad, ocupación, fecha de atención, licencia que justifica el informe, folio, diagnóstico, fecha y hora de atención, motivo de consulta, anamnesis, antecedentes clínicos relevantes, examen físico o mental (según diagnóstico), estado funcional del paciente, tratamiento farmacológico, resultado de exámenes (imagenológicos, laboratorio, etc.), diagnósticos (solo en caso de salud mental, consignando los 5 ejes de la evaluación multiaxial), plan de manejo, fecha probable de alta, tratamiento e indicaciones y finalmente identificación del tratante.

Refiere que, la Resolución Exenta indica que existiría una negativa reiterada en la entrega de los antecedentes de 12 licencias médicas, sin embargo, contradictoriamente, expresa en su numeral séptimo, que los informes médicos y las fichas clínicas no son revisadas por falta de otros antecedentes, por lo que concluye que la recurrida reconoció la entrega de los informes y fichas, pero no los revisó, esgrimiendo que faltarían otros antecedentes solicitados, los que no se individualizan, incurriendo en un grave defecto de motivación del acto administrativo. Junto con lo anterior, se puede deducir que los antecedentes de las restantes licencias médicas fueron validados.

Relata que, posteriormente, recibió copia de la Resolución Exenta N°250441354103 de fecha 12 de febrero de 2025, donde consta que se le renovaron a la recurrente las siguientes sanciones: suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas por un plazo de 15 días renovables, a contar del 13 de febrero de 2025: "al no haber presentado, de manera reiterada, los informes médicos requeridos”, indica que a la presente fecha, dicha sanción se mantiene vigente, impidiendo a la recurrente atender adecuadamente a sus pacientes debido únicamente a discrepancias en el formato de los informes médicos complementarios entregados.

En dicho contexto, alega que en el procedimiento se han cometido las siguientes ilegalidades: Infracción del articulo 17 letra f) de la Ley N°19.880, que reconoce el derecho de los administrados a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, y facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, alega que, pese a que la recurrente cumplió con la entrega de toda la documentación solicitada por las 21 licencias médicas, le fueron impuestas sanciones debido únicamente a una supuesta falta de algunos antecedentes y la discrepancia en el formato de los informes médicos complementarios entregados, los que no fueron examinados únicamente por dicha razón, lo cual no solo implica una infracción al derecho a ser tratado con respeto y deferencia, sino que también constituye un ejercicio indebido de la potestad fiscalizadora al no considerar las condiciones específicas de cumplimiento que la agraviada observó en cada uno de los documentos que fueron ingresados en la plataforma.

Refiere que, además, comete infracción del artículo 2 de la Ley N°20.585 y del artículo 41 de la Ley N°19.880, pues existe una falsa aplicación del artículo 2 inciso 1° de la Ley N°20.585, referente al plazo para dar respuesta a la solicitud, argumentando que el plazo legal para responder un requerimiento de información de esta naturaleza se concibe para un caso concreto, mas no para un conjunto copioso de licencias como el caso sub-lite, toda vez que la elaboración del informe es una tarea ardua y compleja.

Añade que en la historia de la Ley N °20.585, el plazo original era de 30 días y fue reducido a solo 7 días, bajo el fundamento de que debía darse celeridad al procedimiento.

Asimismo, señala que se debe considerar que en la especie no se está ante una médica que tenga inasistencias injustificadas y repetidas a las citaciones de la recurrida.

Por otra parte, arguye que tampoco concurre el segundo supuesto de la norma que habilita la aplicación de sanciones, dado que la recurrida no ha establecido la existencia de un caso calificado que permita imponer la suspensión de venta de formularios de licencias médicas, así como la facultad para emitirlas hasta por 15 días y menos aún para renovar la sanción.

Señala que la recurrida comete Infracción del artículo 13 de la Ley N°20.584, ya que con su actuar vulnera la confidencialidad de la ficha clínica, sin que el artículo 2 de la ley N°20.585, habilite a las COMPIN para requerirla.

De otro lado, afirma que, aunque se llegara a estimar como legal el proceder de la recurrida, su actuar es manifiestamente arbitrario, carente de motivación y caprichoso, por cuanto la correcta interpretación del artículo 2 de la Ley N°20.585 es aquella según la cual la facultad se debe ejercer respecto de un número prudente y materialmente posible, que le permita al administrado dar respuesta satisfactoria en el plazo que establece la ley. Asimismo, refiere que la arbitrariedad también se manifiesta además en la imprecisión de dichos requerimientos. Por último, sostiene que el actuar de la recurrida también vulnera el principio de proporcionalidad, al aplicar una sanción gravosa, en circunstancias que la única objeción fue de carácter formal y no afectaba la validez ni el contenido de la información entregada.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, señala que el actuar de la recurrida vulnera el derecho a la vida y la integridad física y psíquica del articulo 19 N°1 de la Constitución, por cuanto se está arriesgando la vida de sus pacientes.

Asimismo, señala que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, ya que se le ha brindado un trato desigual frente a otros profesionales de la salud a quienes no los hostigan con solicitudes de información que no se pueden cumplir.

Señala que también se vulnera su derecho a la libertad de trabajo, ya que se le priva injustamente de una herramienta fundamental para la atención de sus pacientes, al no poder emitir licencias.

Por último, refiere vulneración del derecho de propiedad en sus diversas especies, pues la recurrente como profesional de la medicina para emitir licencia médica es parte de su patrimonio y está siendo vulnerado, y también se afecta su patrimonio, pues se aplicaron multas que resultarían injustas e improcedentes, al encontrar su causa en un procedimiento en que se cometieron ilegalidades y arbitrariedades.

Por tales fundamentos, y previas citas de derecho, solicita acoger la acción en todas sus partes, y se disponga: 1) Que la recurrida deje sin efecto todos los requerimientos de información remitidos a la recurrente mediante correos electrónicos o cartas relacionados con la fiscalización, incluyendo las resoluciones ya dictadas y, especialmente, aquellas que aplicaron sanciones de suspensión de facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios y/o multas; 2) Que la recurrida se abstenga en el futuro de efectuar requerimientos similares, limitando su actuación a una menor cantidad de informes requeridos, sean 3 por requerimiento o lo que el tribunal estime prudente y razonable; 3) Que se adopten las medidas que estime convenientes para restablecer el imperio de los derechos vulnerados y amenazados; 4) Que se condene en costas a la recurrida.

Acompañó a su recurso: Copia de la Resolución Exenta N°250441354102, de fecha 22 de enero de 2025 de la COMPIN COQUIMBO; copia de la Resolución Exenta N°250441354103 de fecha 12 de febrero de 2025 de la COMPIN COQUIMBO; y Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la recurrente.

SEGUNDO: Que, se evacuó informe por la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que, la recurrente es una profesional médica, con especialidad en psiquiatría que conforme con el software TABLEAU1, desde el 31 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024, previo a la fiscalización, emitió 608 licencias médicas. Agrega que, este software TABLEAU aplicado para estos efectos, permite analizar el comportamiento del fiscalizado de forma objetiva, en razón de los datos obtenidos del proceso de emisión de licencias médicas otorgadas por la recurrente por lo que cuenta de un proceder objetivo al momento de realizar la elección del o la fiscalizada. Así entonces, la fiscalización que la recurrente impugna se contextualiza en las propias atribuciones de la institución, como en el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas, cuya finalidad es la protección de todos los cotizantes y beneficiarios de FONASA frente al gasto asociado por el pago de licencias médicas expedidas con ausencia de fundamento terapéutico En cuanto a la reserva de la información contenida en la ficha clínica, indica que si bien los datos contenidos en la misma son sensibles o de carácter reservado, el artículo 15 de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, establece que "no obstante lo dispuesto en este Título, no podrá solicitarse información, modificación, cancelación o bloqueo de datos personales cuando ello impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones fiscalizadoras del organismo público requerido Por otra parte, agrega que el artículo 13 de la Ley N° 20.584, señalar que la información contenida en la ficha clínica será accesible al Instituto de Salud Pública y al Ministerio de Salud, en el ejercicio de sus facultades. Por lo tanto, refiere que COMPIN cuenta con la facultad para solicitar la información contenida en la ficha clínica, copia de toda o parte de ella, razón por la que los prestadores fiscalizados no pueden negarse a la entrega de dicho documento que por ley contiene todos los datos que sustentarían el estado de salud del paciente, habiendo sido solicitado en el marco de la función fiscalizadora que la institución tiene, regulada en el artículo 2 de la ley 20.585.

En cuanto al número de licencias fiscalizadas y el plazo para la entrega de los antecedentes, indica que en el caso concreto únicamente se fiscalizó la cantidad de 21 licencias médicas, lo que representa un 3%, de las 608 licencias médicas extendidas en el periodo señalado., lo que implica una significativa reducción respecto del total de licencias médicas que habitualmente son requeridas por la autoridad administrativa Destaca que, que la entrega de la información en el número señalado es perfectamente posible de realizar, si se tiene en consideración que el profesional está obligado por el Decreto Ley N°41, que aprueba el Reglamento sobre fichas clínicas a contar con dicha información, a través del almacenamiento digital o papel, de forma permanente y por la cantidad de 15 años.

En cuanto al plazo concedido para entregar los antecedentes se encuentra expresamente regulado en el artículo 2 de la ley N°20.585, el cual establece que no puede exceder de siete días corridos.

Explica que, en el caso concreto, a la recurrente se le solicitaron antecedentes con fecha 06.01.2025, y se le reiteró tal solicitud con fecha 14.01.2025, ambas solicitudes contemplan un plazo de 7 días corridos conforme lo establece la ley, es decir, la recurrente tuvo 14 días para entregar íntegramente la información, periodo que va desde el 07.01.25 al 21.01.2025.

Refiere que, se verifica por parte de la recurrente entrega de información con fecha 27.01.2025, fuera del plazo otorgado, excediéndose largamente el plazo establecido hasta el 21 de enero de 2025, además a la fecha de la sanción, y aun a la fecha presente, falta información que entregar, lo que posibilita que el incumplimiento se clasifique como un caso calificado.

Expone la recurrida que, la recopilación de los antecedentes, la redacción necesaria, y la entrega de información en cada caso, se estima que no debería demorar más allá de 20 a 30 minutos por licencia, por lo que, la tarea no debiera llevarle más allá de 7 a 10 horas, por lo que el plazo de 14 días que tuvo la recurrente es más que holgado.

Finalmente, señala que la falta de entrega total de la información a la fecha no ha posibilitado que se dicte resolución de término de suspensión de venta de formularios de licencias médicas y facultad de emitirlas.

Por otra parte, respecto de lo argumentado por el recurrente en términos de no saber la información que le falta, señala que el Ordinario N°2504413541 es preciso en señalar la información que solicita, y de la forma en que debe ser entregada, que a su vez al 14.01.2025 fecha del ordinario que reitera la solicitud de antecedentes, la recurrente no había subido ningún dato, así también, al día 22.01.2025 fecha en que se emite la resolución que aplica sanción, faltan antecedentes, lo que se plasma caso a caso en el numeral 7 de la referida resolución, en la que además se señala "En particular, no se remitió el informe médico de acuerdo al formato solicitado, o la ficha clínica del paciente, o la copia del bono de la atención médica en el plazo dispuesto"; lo anterior se repite en la Resolución que renueva la sanción (N°250441354103).

En lo que se refiere a la multa cursada, aclara que la misma resulta proporcional al incumplimiento verificado, toda vez que la profesional no sólo entregó información fuera de los plazos otorgados, sino que además a la fecha aún no los entrega en su totalidad.

Por lo anterior, indica que la Comisión médica, ha actuado conforme a derecho, con ausencia total de ilegalidad o arbitrariedad alguna, ello porque todo el actuar cuestionado, cuenta con respaldo en sus atribuciones constituidas de forma previa y por ley, lo que trae como consecuencia un respeto irrestricto de las garantías constitucionales con especial apego a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Concluye solicitando que, se rechace la presente acción pues su representada ha actuado dentro de sus competencias y marco legal.

Acompaña a su informe: Copia en PFD Ordinarios N°2504413541, de fecha 06.01.2025, que solicita antecedentes; Ordinario N°250441354101, de fecha 14.01.2025, que reitera remisión de antecedentes; Resolución Exenta N°250441354102, de fecha 22.01.2025, que sanciona; Resolución Exenta N°250441354103, de fecha 12.02.2025, que renueva sanción, todas emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; Copia Panel SUSESO con datos del profesional; Copia reporte de fiscalización nacional, emitidos por el software TABLEAU, obtenido del proceso de emisión de licencias médicas otorgadas por doña nombre reservado; y Copia de Circular SUSESO N°3523, de fecha 21-07-2020, mediante la cual se imparte instrucciones para la aplicación de la ley N°20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. Deja sin efecto circular N°2827 de fecha 14 de mayo del año 2012 de la Superintendencia de Seguridad Social.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por el presente recurso se cuestiona la Resolución Exenta 250441354103 de 12 de febrero de 2025, que renovó la sanción impuesta a la recurrente, de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas por un plazo de 15 días renovables, a contar del 13 de febrero de 2025, al no haber presentado, de manera reiterada, los informes complementarios requeridos, impugnación que se hace extensiva respecto de los actos administrativos anteriores y posteriores por los que se aplicó y renovó tal sanción.

Al respecto la recurrente sostuvo que la información fue subida al sistema, en tiempo y forma, aunque luego de unos días la entidad recurrida reparó en algunos casos y respecto de ciertos antecedentes, por lo que se faltó a la normativa que impone el deber de respeto y se le requirió información que resulta confidencial, siendo improcedente su envío y, por tanto, improcedente toda sanción.

SEXTO: Que, no estando debatida la correcta notificación y emplazamiento del procedimiento a la recurrente ni de las medidas adoptadas, corresponde analizar las restantes denuncias.

Al respecto debemos recordar que, según lo dispone el artículo 2 de la Ley 20.585 las “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento.

Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N°19.880.”

Enseguida, el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso de que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

SÉPTIMO: Que, de la normativa expuesta, es posible desprender que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez cuenta con amplias facultades para fiscalizar a los profesionales que emitan licencias médicas, ya sea a través de citaciones, entrevistas o requerimientos de información, lo que se ve reforzado, además, por la posibilidad de imponer sanciones como aquellas que son objeto del presente arbitrio constitucional. Sin embargo, no cualquier incumplimiento de parte del prestador fiscalizado habilita para la aplicación de las multas y suspensiones contempladas en el artículo 2 inciso segundo de la Ley 20.585.

En efecto, la normativa en análisis establece como hipótesis que torna procedente la imposición de una multa, que exista un incumplimiento reiterativo, al señalar como presupuestos “la inasistencia injustificada y repetida a las citaciones”, “la negativa reiterada a la entrega de los antecedentes solicitados” y “la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto”. De concurrir cualquiera de estas situaciones, la Ley habilita a la Comisión para imponer multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales, mediante resolución fundada.

Más estricto aún ha sido el legislador para permitir que la Comisión proceda a la suspensión de la venta de formularios de licencias médicas, así como de la facultad para emitirlas, caso en el cual se exige que, además de los requisitos precedentemente referidos, se trate de un “caso calificado”.

Adicionalmente, tratándose en la especie de un acto administrativo sancionador, el deber de fundamentación se encuentra reforzado por el principio de imparcialidad previsto en el artículo 11 de la Ley 19.880, que prescribe que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares. En similares términos discurre el artículo 41 del mismo cuerpo legal, el que además ordena que la resolución respectiva exprese los recursos que proceden en su contra, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieren de presentarse, y el plazo para su interposición.

OCTAVO: Que según se colige del Ordinario Nº2504413541, de 06 de enero de 2025, fue requerido a la recurrente la remisión de antecedentes e informes complementarios, de un listado de pacientes, solicitándole un informe médico, de acuerdo con formato que en el requerimiento se anexa, la ficha clínica de cada paciente -junto con información de esta- y copia del bono o de la boleta de la atención médica correspondiente, en un plazo que siete días corridos.

Consta, además, que mediante Ordinario N°250441354101 de 14 de enero pasado se reitera el requerimiento, advirtiendo sanciones y fijando nuevamente siete días corridos.

Luego, mediante Resolución Exenta N°250441354102 de 22 de enero de 2025, no habiéndose entregado todos los antecedentes solicitados, se impone multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales y la suspensión por 15 días de emitir licencias médicas.

Finalmente, se dicta la resolución recurrida de 12 de febrero de 2025, renovando la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, por un plazo de 15 días renovables, a contar del día 13 de febrero de 2025, al no haber presentado, de manera reiterada, los informes complementarios requeridos.

NOVENO: Que, como hemos dicho previamente, la facultad de la recurrida para imponer una multa puede ejercerse, solo en caso de “negativa reiterada” lo que aconteció, desde que como sostuvo el profesional en estrado, no es discutido que se entregó información, aunque de manera incompleta. Esto justifica que dicha sanción se mantenga.

Ahora, en lo relativo a la sanción referida a talonarios de licencias y a la facultad de emitirlas, analizadas las resoluciones exentas (la que impuso la sanción y aquella que la renovó) carecen de explicación de los motivos para comprender éste como un “caso calificado”, elemento que exige la normativa, lo que hace que las resoluciones adolezcan de falta de fundamentación a la luz del art 41 de la Ley 19.880, motivo suficiente para que esta Corte corrija el defecto y ponga fin a la ilegalidad cometida.

En efecto, la decisión dictada en estas condiciones es ilegal, desde que aplica la sanción por haber reiteración, lo que no es bastante en este tipo de casos; y arbitraria, al no explicitar las razones que la justifiquen.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE PARCIALMENTE el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, sólo en cuanto se deja sin efecto aquella parte de la Resolución Exenta 250441354102, de 22 de enero en curso que impuso la sanción de suspensión de venta de talonarios y emisión de licencias médicas y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°250441354103, de 12 de febrero de 2025, por tratarse de su prórrogas, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 298-2025 (Protección)