nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y Otro Recurso de Protección.

Rol N°290-2025 La Serena, doce de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Daniela Landauro Fuentes, abogada, con domicilio domicilio reservado, Interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, ecuatoriano, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, mismo domicilio que la recurrente, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, como continuador legal del Departamento de Extranjería y Migraciones, y en contra del Ministerio del Interior, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de carta de nacionalización, efectuada el 09 de mayo de 2023, señalando que dicha omisión atenta el principio de igualdad ante la ley, el debido proceso, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos , todo ello, conforme lo preceptúan los numerales 2° y 3° del artículo 19° de la Constitución Política de la República, las disposiciones del artículo 27 y ss. de la Ley 19.880, cuya consecuencia en general ha ocasionado un innegable perjuicio y un estado de permanencia continua de incertidumbre jurídica respecto de la solicitud peticionada a dicha autoridad recurrida.

Expone que el recurrente actualmente posee residencia definitiva desde el año 2016, ha vivido por más de 12 años en el país, encontrándose con trabajo estable, indefinido y como profesional, específicamente como geólogo, en la “Minera MIRASOL Chile ltda", prestando servicios desde el año 2013. Añade que, además el recurrente tiene una conducta intachable y su propósito siempre ha sido establecerse de forma profesional y desarrollar su proyecto de vida en Chile.

Señala que, el recurrente ingresó solicitud de carta de nacionalización el 09 de mayo de 2023, la que quedó bajo N° ID 64458940, y que el 5 de mayo de 2024 el servicio le notifica que su solicitud avanza a etapa de análisis.

Luego, el 29 de mayo de 2024 recibe correo electrónico de un funcionario de Policía de Investigaciones quien la cita para el martes 11 de junio de 2024 con la finalidad de poder cumplir con la etapa, dentro del proceso de nacionalización, de la entrevista policial, a la cual concurre, y desde aquella fecha no ha recibido mayor notificación o avances internos dentro de la plataforma.

Agrega que, han transcurrido más de 20 meses, desde que el recurrente cursó la solicitud, han pasado más de 3 veces el plazo legalmente establecido por la Ley 19.880 que establece un plazo de 180 días para darle acto terminal a los trámites administrativos, a lo cual señala que se adiciona, que el servicio a mantenido un clima de incertidumbre, que ha tiene al recurrente en una situación de preocupación ante un trámite por demás demorado.

Alega que, la excesiva e injustificada demora le trae graves perjuicios por no poder proyectar su vida como chileno, a pesar de tener un arraigo por más de 12 años, donde ha sido un aporte considerable a la economía y desarrollo del país, ejerciendo como profesional y siendo parte activa de la sociedad Chilena, además de todo el bienestar, su aporte favorable, sus ahorro, y el pago de sus impuestos están destinados en Chile, por lo que el no obtener respuesta a la fecha del Servicio Nacional de Migraciones entidad dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto a su Solicitud de Nacionalización vulnera sus derechos y genera una situación de discriminación al limitar sus oportunidades en comparación con otras personas.

Destaca la importancia de lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en particular, se enfatiza en el artículo 7, que consagra el Principio de Celeridad, el cual establece que los procedimientos deben impulsarse de oficio en todos sus trámites, asegurando que las autoridades y funcionarios actúen de manera proactiva para iniciar y avanzar en los procedimientos, eliminando obstáculos que puedan retrasar su resolución. Además, menciona el artículo 9, que se refiere al Principio de Economía Procedimental, el cual establece que la Administración debe actuar con la máxima eficiencia y economía de medios, lo que implica que, siempre que sea posible, se deben resolver en un solo acto todos los trámites que admitan un impulso simultáneo, evitando dilaciones innecesarias y garantizando una gestión ágil y efectiva de los procedimientos administrativos.

Añade que, la nueva Ley de Migraciones no fijó plazos concretos, pero introdujo principios relevantes, como el procedimiento migratorio informado, que obliga al Estado a proporcionar información íntegra, oportuna y eficaz sobre los trámites migratorios. Además, el artículo 7 de esta ley establece que el Estado debe facilitar que los extranjeros obtengan las autorizaciones y permisos de residencia necesarios para su estadía en el país, lo que depende de las decisiones de la autoridad competente.

Arguye que, el artículo 27 de la Ley 19.880 establece que, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, los procedimientos administrativos no deben exceder los seis meses desde su inicio hasta la decisión final. Además, el artículo 24 indica que las decisiones definitivas deben emitirse dentro de los veinte días siguientes a la solicitud del interesado, una vez que el trámite esté en condiciones de resolverse, por lo que, estos plazos son compatibles con los principios de celeridad y conclusión que rigen los procedimientos administrativos, y son fundamentales para garantizar un proceso migratorio racional y justo.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso interpuesto en contra de los recurridos ordenándoles que se pronuncien sobre la solicitud de nacionalización dentro de un plazo de 60 días conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022 o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, con expresa condena en costas.

Acompaña a su recurso: Copia simple del pasaporte; Antecedentes penales ecuatorianos y chilenos; Cédula de identidad para extranjeros en Chile y certificado de Permanencia Definitiva; Comprobante envío Solicitud de Carta de Nacionalización; Correo electrónico informando cita ante PDI para entrevista; Notificación avanza a etapa de análisis; Comprobante reclamo portal SIAC; Certificado de residencia; Contrato de trabajo; y Cotizaciones AFP e Isapre.

SEGUNDO: Que a folio 4, comparece el abogado Roberto Castillo Toro, evacuando informe en representación de la recurrida Servicio Nacional de Migraciones.

Expone que el recurrente ingresó por primera vez al país el 27 de enero de 2013 en calidad de turista, y que el 28 de agosto de 2016 se le otorgó el beneficio migratorio de permanencia definitiva.

Agrega en relación a la solicitud de nacionalización, que el 09 de mayo de 2023, don nombre reservado, solicita carta de nacionalización, y esa misma fecha pasa a “Primer análisis”, luego el 07 de mayo de 2024 pasa a “asignación” a la Policía de Investigaciones, y el 27 de mayo de 2024 la solicitud pasa a la etapa “policía de investigaciones”, y el 11 de junio de 2024 pasa a “Análisis”.

Destaca que, atendida la naturaleza de la solicitud del recurrente, en especial consideración a que nuestra carta fundamental la señala como una especial gracia, requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos de solicitud ordinaria, haciendo presente que en la tramitación de una solicitud de Carta de Nacionalización y su otorgamiento, intervienen distintos Organismos Públicos, y adicionalmente, destaca que, esta sede ha reconocido en fallos de iguales características el hecho de que hoy en día el servicio tiene una cantidad desproporcionada de solicitudes.

Señala que, atendido al mérito de los antecedentes, encontrándose en tramitación la solicitud del recurrente, quien cuenta con situación migratoria regular en el país, considerando, además, que la solicitud de nacionalización debe ser resuelta por el Presidente de la República en carácter discrecional, no se vislumbra en los hechos la conculcación de alguna de las garantías constitucionales denunciadas que requieran la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende mediante el recurso de protección.

Por estas consideraciones solicita se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales del recurrente, con condena en costas de la contraria.

TERCERO: Que a folio 5, comparece el abogado Vicente Ferretti Villar, evacuando informe en representación de la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Expone las particularidades de la solicitud de carta de nacionalización, y señala que la solicitud del recurrente de autos se encuentra, actualmente, en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, etapa previa a la entrega d ellos antecedentes a su Cartera de Estado para su posterior resolución.

Añade que, no existe una omisión ilegal o arbitraria, ya que el proceso de nacionalización es un procedimiento reglado que requiere un análisis exhaustivo, y que la demora en la resolución no implica una vulneración de derechos constitucionales, ya que el plazo de 6 meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no es un plazo fatal.

Agrega que, el recurrente no ha demostrado que la demora en la resolución de su solicitud afecte sus derechos fundamentales, como la integridad psíquica o la igualdad ante la ley, además señala que don nombre reservado se encuentra en situación migratoria regular, por lo que no está privado de ejercer sus derechos en Chile.

Concluye solicitando que, la acción de protección sea rechazada, con condena en costas, por carecer de motivos plausibles para litigar.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerios del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica la actora de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Que, de los antecedentes aportados y lo señalado por el Servicio Nacional de Migraciones, así como por el Ministerio, el servicio aún no ha remitido los antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, encontrándose estos en etapa de Análisis por el servicio desde el 11 de junio de 2024, por lo que no puede atribuírsele al Ministerio un actuar ilegal o arbitrario.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

OCTAVO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración por parte del Servicio, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de nacionalización, cuya presentación fue realizada el 09 de mayo de 2023.

Si bien es necesario considerar que la referida petición requiere de un tiempo de tramitación que es superior al del resto de solicitudes corrientes de residencia, no resulta menos cierto que la autoridad ha demorado más de un año en entregar alguna especie de respuesta a la parte solicitante plazo que, en este caso particular, aparece alejado de justificación racional, además de exceder lo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

NOVENO: Que, por tanto, la dilación de la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, sobre la mentada solicitud, debe ser calificada de ilegal y arbitraria, dado que vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de nacionalización, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, conviene señalar que la duración del procedimiento es evidentemente excesivo, toda vez que, si bien es de público conocimiento que numerosos trámites administrativos se vieron dilatados por la emergencia sanitaria que afectó a la sociedad, es preciso constatar que durante los años 2022 y 2023 dicha situación se normalizó y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud del actor, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida, consideraciones por las que se acogerá la acción intentada conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se decide:

I.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y en consecuencia, se ordena a la recurrida emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, en relación a la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente, dentro del plazo de treinta días corridos desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°290-2025 (Protección).-