Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y otro Recurso de protección Rol Nº288-2026 La Serena, nueve de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado

Vennek, abogada, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, y en contra del MINISTERIO DEL INTERIOR, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, representado legalmente por el ministro Álvaro Elizalde Soto, por el acto que señala como ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N° NUM000, de 28 de noviembre del 2025, por la cual se decretó el desistimiento de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, lo que vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, y debido proceso o igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, consagrada en el artículo 19 N°3.

Expresa que la recurrente ingresó a Chile el 26 de octubre de 2020, estableciéndose en la Región de Coquimbo junto a su grupo familiar compuesto por su cónyuge y tres hijos menores de edad, habiendo iniciado posteriormente gestiones para regularizar su situación migratoria mediante una autodenuncia por ingreso por paso no habilitado ante la Policía de Investigaciones, trámite que logró concretar el 8 de enero de 2022, obteniendo el correspondiente carnet de extranjero infractor con obligación de firma mensual.

Expone que, con tales antecedentes, inició el procedimiento para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiada, proceso que debió reiterar debido a que una primera gestión no quedó registrada por la autoridad administrativa, ingresando formalmente su solicitud el 5 de diciembre de 2023.

Agrega que durante un largo tiempo no recibió respuesta de la autoridad migratoria, concurriendo incluso en forma presencial a consultar el estado de su solicitud, hasta que el 23 de julio de 2025 fue requerida para aportar documentación adicional relativa a su autodenuncia por ingreso irregular, antecedentes que entregó personalmente el 28 de julio de 2025, acompañando además una carta explicativa y documentos que justificaban las circunstancias que retrasaron dicho trámite, entre ellas su permanencia en residencia sanitaria tras su ingreso al país, problemas de salud derivados de un embarazo de alto riesgo diagnosticado con preeclampsia y el nacimiento de su hija en octubre de 2021.

Sostiene que, pese a haber cumplido con el requerimiento formulado por la autoridad, nunca fue citada a entrevista ni requerida para aportar mayores antecedentes, etapa que normalmente forma parte del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, y que finalmente fue notificada de la resolución recurrida que declaró desistida su solicitud bajo el argumento de que no habría concurrido ante la autoridad migratoria dentro del plazo correspondiente ni reunido los requisitos para continuar la tramitación.

No obstante, afirma que tal decisión se funda en hechos erróneos, puesto que sí aportó la documentación requerida dentro del plazo y mantuvo permanentemente interés en la tramitación de su solicitud, de modo que el acto administrativo impugnado se habría dictado sin otorgarle la posibilidad de ser oída ni de ejercer adecuadamente su derecho a defensa, infringiendo además los principios que rigen el procedimiento administrativo establecidos en la Ley N°19.880, particularmente los de contradictoriedad, imparcialidad, transparencia y motivación de los actos administrativos. Añade que la decisión impugnada la deja actualmente en una situación de incertidumbre migratoria, sin documentación que acredite un estatus regular en el país, afectando incluso la posibilidad de aceptar una oferta laboral formal y perturbando la estabilidad de su núcleo familiar, el cual reside en Chile desde hace más de cinco años. En razón de lo anterior sostiene que el actuar del Servicio Nacional de Migraciones constituye un acto ilegal y arbitrario, por carecer de una fundamentación suficiente y por haberse adoptado sin observar un procedimiento racional y justo, vulnerando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección y se ordene a las recurridas reabrir la solicitud de refugio, dándole continuidad a su tramitación, dentro de un plazo razonable, o se adopten las medidas que el tribunal estime pertinentes para restablecer los derechos vulnerados.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo de la acción, por no existir acto u omisión alguna que vulnere aquellas garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente no registra ingreso regular al territorio nacional, desprendiéndose de ello que su ingreso se efectuó de manera clandestina eludiendo los controles migratorios, circunstancia corroborada mediante parte policial de la Policía de Investigaciones de fecha 13 de enero de 2022.

Indica que el 5 de diciembre de 2023 la extranjera manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, iniciándose el análisis de su solicitud. Sin embargo, refiere que al revisarse los antecedentes aportados, se constató que ésta no cumplía con los requisitos formales mínimos exigidos por la legislación aplicable, particularmente la falta de la declaración policial por ingreso por paso no habilitado, documento requerido conforme al artículo 6 de la Ley N°20.430 y a los artículos 8 y 35 de su reglamento.

En razón de lo anterior, se le notificó mediante correo electrónico de 24 de abril de 2024 para que subsanara dicha omisión dentro de un plazo de diez días, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud conforme a la Ley N°19.880, requerimiento que posteriormente fue reiterado mediante nueva notificación de 23 de julio de 2025 otorgándose nuevamente plazo para acompañar los antecedentes faltantes.

Luego, expone que, revisada la documentación aportada por la solicitante, se determinó que no se había cumplido el requisito legal relativo a acreditar oportunamente su ingreso irregular al país, razón por la cual mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 28 de noviembre de 2025, notificada por correo electrónico, se declaró el desistimiento de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Agrega que en dicha notificación se informó a la interesada de los recursos administrativos procedentes, no existiendo constancia en los registros del servicio de que éstos hayan sido interpuestos.

Explica además que el procedimiento de determinación de la condición de refugiado se encuentra regulado por la Ley N°20.430, su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°837, así como por las modificaciones introducidas por la Ley N°21.655, las cuales establecen una etapa inicial de admisibilidad que exige el cumplimiento de determinados requisitos formales y materiales antes de dar curso a la solicitud, entre ellos la presentación oportuna ante la autoridad migratoria cuando el solicitante haya ingresado irregularmente al país, la entrega de antecedentes mínimos relativos a su identidad y a los fundamentos de su solicitud, y la verificación de que ésta no sea manifiestamente infundada. Añade que solo una vez cumplidos dichos requisitos es posible declarar admisible y formalizar la solicitud, etapa que permite posteriormente realizar la entrevista de admisibilidad y otorgar al solicitante una visación temporaria mientras se tramita el procedimiento de refugio. En este caso, sostiene que la solicitud de la recurrente nunca alcanzó a ser declarada admisible ni formalizada, precisamente por no cumplir los requisitos formales establecidos por la normativa vigente, por lo que la autoridad actuó dentro de sus competencias al declarar el desistimiento de la solicitud.

Concluye señalando que el recurso de protección pretende, en los hechos, que se reconozca judicialmente la condición de refugiada de la recurrente o se ordene continuar un procedimiento administrativo que no cumplió los requisitos legales para su tramitación, materia que corresponde resolver a los órganos administrativos competentes conforme al procedimiento establecido en la ley, por lo que solicita a esta Corte rechazar la acción constitucional en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que a folio 5 se evacuó informe por el Ministerio del Interior, solicitando el rechazo del recurso de protección.

En síntesis, señala que los hechos alegados en autos se enmarcan dentro de la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado que corresponde al Servicio de Migraciones, etapa previa a la intervención que le corresponde conforme a la ley al Ministerio del Interior, por lo que no corresponde a esta última cartera de Estado su pronunciamiento respecto a la acción en cuestión, no habiendo participado del procedimiento ni resolución impugnada.

Sin perjuicio, señala que de los antecedentes se advierte que el procedimiento se desarrolló en cumplimiento de lo dispuesto por la ley N° 20.430 y su reglamento, y que la resolución impugnada fue pronunciada por la autoridad competente, en el uso de las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere.

CUARTO: Que, la acción constitucional de protección de garantías constitucionales establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior, por la dictación de la resolución que tuvo por desistida a la parte recurrente de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, lo cual califica la actora de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus garantías fundamentales contempladas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene dejar sin efecto la resolución recurrida y que se ordene a las recurridas reabrir la solicitud de refugio, dándole continuidad a su tramitación, dentro de un plazo razonable SÉPTIMO: Que, como primera cuestión, y en lo concerniente a la recurrida Ministerio del Interior, conviene dejar establecido desde ya que el acto denunciado por la recurrente se ha producido sin la intervención de la referida repartición, pues de los propios antecedentes relatados por la actora se desprende que la tramitación de la solicitud sólo ha tenido lugar ante el Servicio Nacional de Migraciones, sin que llegara a la etapa correspondiente a la primera cartera de Estado, razón por la cual, no es posible reprocharle algún acto u omisión arbitrario o ilegal, motivo suficiente para desestimar la acción a su respecto.

OCTAVO: Que, el acto impugnado, consistente en la resolución del Servicio Nacional de Migraciones por la cual se tuvo a la recurrente por desistida de la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiada, se basa en el siguiente fundamento: “2. Que, verificados los requisitos formales, con fecha 23-07-2025, mediante Oficio Ordinario N° NUM001 enviado a través de correo electrónico, se notificó a la persona extranjera que la solicitud enviada se encontraba incompleta, otorgándole un plazo de 10 días para subsanar la falta, acompañando la documentación requerida, bajo apercibimiento de tenerse por desistida de su solicitud, en virtud de los artículos 31 de la Ley N°19.880 que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 3. Que, habiendo presentado los documentos, data permite constatar que no se ha dado cumplimiento al requisito formal establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo 837, precedentemente individualizado. 4. Que, la solicitud presentada con fecha 05-12-2023, no reúne los requisitos para dar curso a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por no haber concurrido ante la autoridad migratoria competente en el plazo de 10 días siguientes a su ingreso clandestino o ingreso irregular, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 20.430 de 2010”.

NOVENO: Que, luego, para la resolución del asunto, es oportuno tener presente que el artículo 6 de la Ley N°20.430 que Establece disposiciones sobre Protección de Refugiados, dispone: “No se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten, dentro de los diez días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades, alegando una razón justificada”.

Asimismo, cabe tener presente que el artículo 8 del Reglamento de la misma Ley en comento, previene en su inciso 1° que: “Los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”.

DÉCIMO: Que, en mérito de lo anterior, lo resuelto por la autoridad recurrida se encuentra comprendido dentro de sus atribuciones y en conformidad a la legislación vigente, ya que por mandato legal la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado debe presentarse dentro de los diez días siguientes de producida la infracción, circunstancia que debe ser acreditada por el interesado.

Que, por otra parte, si bien de los antecedentes esgrimidos por la recurrente a folio 10 de la carpeta digital, se desprende que el Servicio Nacional de Migraciones efectivamente incurrió en un error a la hora de registrar el correo electrónico de la solicitante —conforme aparece consignado en la resolución de 29 de julio de 2024 emitida por el referido Servicio— sin embargo, tal circunstancia en este caso no resulta determinante, toda vez que la solicitante fue posteriormente notificada el 23 de julio de 2025 de la falta de antecedentes. En tal sentido, la propia recurrente reconoce que posteriormente aportó los documentos requeridos, lo que incluso aparece consignado en la propia resolución impugnada; todo lo cual, lleva a entender que el motivo de la resolución más bien radica en una valoración de mérito, al estimar la autoridad que los antecedentes aportados por la interesada no resultaron suficientes para acreditar el cumplimiento del requisito formal prescrito en la normativa que gobierna el asunto.

UNDÉCIMO: Que, de esta manera, no se verifican los reproches efectuados por la parte recurrente a la resolución impugnada, atendido que esta fue emanada de la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundado en causa legal y dotada de la motivación necesaria para sustentar la decisión adoptada, por lo que el recurso necesariamente deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°288-2026 (Protección).-