Protección contra DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE PROTECCION EXPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESC

nombre reservado

Dirección Regional del nombre reservado a la Niñez y Adolescencia y otras Recurso de protección Rol Nº287-2026.- La Serena, seis de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el nueve de febrero de dos mil veintiséis comparece la abogada del Programa Mi Abogado, doña Nancy Alfaro Álvarez, en favor del joven nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM000, usuario de RDS nombre reservado de Coquimbo, quien deduce recurso de protección en contra de la DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE PROTECCION EXPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, representado por doña nombre reservado

nombre reservado; del SERVICIO DE SALUD COQUIMBO, representado por don nombre reservado; y en contra de SENADIS REGION DE COQUIMBO, representado por don nombre reservado, por la omisión arbitraria de los organismos del Estado recurridos en no dar respuesta a las necesidades de nombre reservado, negándose asumir sus cuidados, lo que señala vulnerar y amenazar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del joven antes individualizado, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Expone los antecedentes proteccionales del joven, quien nació el NUM001 de 2007, actualmente de 19 años, sus progenitores poseen diagnósticos psiquiátricos de depresión y retraso mental, siendo la relación de estos conflictiva y con situaciones de riesgo que hicieron necesario que el joven a sus dos meses de edad ingresara al CONIN donde se mantiene hasta el 2009, luego ingresa a la Fundación Coanil, programa de acogida externa, donde se inició trabajo con el padre, el que no concluyó favorablemente por dinámicas de violencia del padre hacia su hijo, por lo que es incorporado el niño a una familia de acogida externa, donde es víctima de vulneraciones en su indemnidad sexual, decretándose su ingreso al PRM Ciudad del Niño.

Añade que en el año 2018 nuevamente es víctima de vulneraciones a su indemnidad sexual por parte de su guardadora, por lo que debió ser reubicado. Prosigue relatando que el 25 de marzo de 2019 la última cuidadora externa del joven se ve sobrepasada por las crisis conductuales de nombre reservado, desistiéndose de sus cuidados, así el Juzgado de Familia de Chillán decreta su ingreso al Hogar nombre reservado de esa ciudad, donde el joven presenta episodios de desregulación, algunos con agresividad, siendo hospitalizado en tres ocasiones.

Posteriormente, y a fin de mantener la estabilidad de nombre reservado, la residencia se adjudica Proyectos de Emergencia en Salud, manteniendo a nombre reservado un tutor de apoyo 24/7, lo que permitió su mayor estabilidad y el 19 de febrero de 2021 es trasladado a la ciudad de Concepción, siendo ingresado a la residencia nombre reservado, institución en la que se mantiene la necesidad que este mantuviera activos proyectos de emergencia en salud, teniendo de esta forma cuidadores 24/7, por lo que se establece la necesidad que se incorpore a una residencia especializada en conformidad a sus diagnósticos.

Indica que, en virtud de lo anterior el 4 de marzo de 2022, el adolescente es ingresado a RDS nombre reservado de la ciudad de Chillán, residencia que luego es cerrada por motivos administrativos, siendo trasladado el 2 de agosto de 2023 a la Residencia RDS nombre reservado de la comuna de Coquimbo, y el 5 de enero de 2024, la RDS cambia de organismo colaborador, pasando a llamarse RDS nombre reservado

Coquimbo, administrada por la nombre reservado, manteniéndose en este lugar hasta la fecha.

Hace presente que, durante la estadía de nombre reservado en Residencias de la comuna de Coquimbo y tal como sucedió en residencias anteriores, ha sido necesario mantener activos, Proyectos de Emergencia en Salud, a fin de tener funcionarios dedicados en forma exclusiva a sus cuidados, lo cual se justificaba por los diagnósticos del joven al momento de ingresar a Residencia nombre reservado, estos son: discapacidad intelectual con síntomas conductuales graves, trastorno de conducta base orgánica, síndrome dismórfico, microcefalia, síndrome alcohólico fetal, víctima de negligencia y maltrato e institucionalización temprana.

Entonces, puntualiza que el proyecto que “nombre reservado se configura como un adolescente de ALTO RIESGO para sí mismo, otros niños y adultos, ya que desde su disminuida capacidad cognitiva (discapacidad intelectual moderada) y Trastorno del Espectro Autista bajo funcionamiento, no se logra desenvolver satisfactoriamente ni regular su conducta en espacios sociales, incurriendo de manera regular en desajustes conductuales constituidos en hetero agresiones a pares y adultos a cargo y a externos, daño a la propiedad privada, entre otros, lo que lo expone de manera constante a riesgo vital severo”.

Añade que, desde el ingreso de nombre reservado al sistema de cuidados alternativos se encuentra en total abandono familiar.

Enseguida se refiere a la situación del joven al cumplir su mayoría de edad, indicando que la residencia hizo presente al Juzgado de Familia de Coquimbo el 24 de noviembre de 2024 que nombre reservado se encontraba próximo a la mayoría de edad, y que no contaba con familia que se hiciera cargo de sus cuidados, ante lo cual el Tribunal ordena al Servicio de Mejor Niñez que conforme una mesa técnica para el análisis del caso, que es de alta complejidad y que requiere coordinación en el área de Salud Mental. Indica que la reunión ordenada se realizó el 9 de diciembre de 2024, acordándose que la Residencia RDS nombre reservado, presentaría el caso a SENADIS a través de una ficha de derivación del caso, el 13 de diciembre de 2024.

Continúa señalando que SENADIS da respuesta a la solicitud de la derivación del caso del joven, indicando que este no cumple con el perfil del programa Modelos Residenciales para adultos con discapacidad de esa institución, dado que el origen principal de su discapacidad es mental psíquico, y recomiendan realizar ingreso a una residencia a cargo de Servicio de Salud con modelo de atención clínico en la esfera psíquica.

Lo anterior fue puesto en conocimiento del Juzgado por la curadora ad litem, por lo que el Tribunal solicitó que SENADIS le informará directamente, y además, ofició al Servicio de Salud de Coquimbo y al nombre reservado Mejor Niñez de Coquimbo para que informaran sobre la posibilidad de proyectar el egreso de nombre reservado, una vez cumplida la mayoría de edad (NUM001 de 2025) a una residencia a cargo de servicio de salud con modelo de atención clínica en salud mental; o, en su defecto, el traslado sea acorde a sus características diagnósticas en un lugar en que pueda existir oferta programática idónea.

Expone que el 29 de enero de 2025, luego de haber cumplido la mayoría de edad el joven, el Servicio de Salud de Coquimbo da respuesta al Juzgado de Familia, indicando que luego de analizar el caso el joven no cumpliría con el perfil de ingreso a Residencias y Hogares Protegidos de su servicio, dado que la oferta está orientada a personas con discapacidad por causa psíquica, excluyéndose las de origen neurológico como le caso de nombre reservado, y sugieren oficiar al SENADIS para el ingreso del paciente a los modelos residenciales para adultos con discapacidad.

Así señala que, el Tribunal, en atención a lo informado tanto por el Servicio de Salud como por el SENADIS, resuelve que el nombre reservado Mejor Niñez Coquimbo conforme una mesa técnica, con carácter de urgente, para el análisis del caso, debiendo ser integrada en ella la curadora ad litem o un profesional del área psicosocial de la dupla o triada, gestor intersectorial, SENADIS, SERVICIO DE SALUD COQUIMBO, RDS nombre reservado, supervisor técnico del nombre reservado, gestor de salud, por lo que el tribunal prorroga el ingreso en RDS nombre reservado hasta marzo de 2025, a la espera de los resultados de la mesa técnica ordenada.

Indica que el 11 de febrero de 2025 el nombre reservado Mejor Niñez informó al Juzgado las gestiones realizadas en el caso del joven, realizando mesas de trabajo con residencia, programa PMA y otros proyectos de la red. En cuanto a la postulación del joven a SENADIS, señaló que una primera gestión fue desfavorable, ya que nombre reservado no se adecua al perfil del programa Modelos Residenciales para adultos con discapacidad de esa institución, por lo que se sugirió que sea derivado algún programa del Servicio de Salud. Añade que, luego se implementó un nuevo procedimiento para derivar oferta SENADIS, lo que les daba nuevas posibilidades, por lo que el 22 de enero de 2025 sostuvieron una reunión con Programa Mi Abogado y la Residencia, donde se le indica al Director de RDS reforzar la postulación a Residencia SENADIS conforme a nuevo lineamiento, a fin de dar continuidad en la residencia RDS nombre reservado (oferta del Servicio), según la Ley 21.302 en artículo 3 inciso final, de forma previo al posible cambio a residencia SENADIS, se le solicitó gestionar: a.- Con el sostenedor de aula hospitalaria un certificado de alumno regular 2025, b.- En caso que no se solucione el tema con letra a.- dirigirse a Superintendencia de Educación para contar con el documento y concluyen que seguirán insistiendo con las gestiones que permitan dar continuidad a los cuidados del joven.

Refiere que al mantenerse nombre reservado cursando sus estudios en Aula Hospitalaria, pudo mantenerse también en Residencia de Protección nombre reservado. No obstante, el Juzgado de Familia de Coquimbo, en causa RIT X-554-2023, siguió insistiendo en el ingreso del joven a SENADIS, sin respuesta hasta el archivo de la causa por el Tribunal, decretado el 3 de octubre de 2025, fecha en que además se decretó el egreso de nombre reservado de RDS nombre reservado de Coquimbo.

Relata que el 19 de enero de 2026, la dupla psicosocial de Residencia nombre reservado, solicita reunión con la recurrente, informándole que nombre reservado no continuará estudiando durante el año 2026 en aula hospitalaria de Hospital de Coquimbo, motivo por el cual no cumple con los requisitos para mantenerse en residencia de Protección, atendido a que el NUM001 cumplirá 19 años, por lo que debe ser egresado de la residencia, atendido además el riesgo que implica mantenerlo con niños, niñas y adolescentes menores de edad, por lo que le indican que realizaron una nueva postulación a Residencia SENADIS, obteniendo nuevamente una respuesta negativa de manera informal, por no cumplir con el perfil, dado que cuenta con diagnóstico desde el punto de vista psiquiátrico.

A lo anterior se agrega que las residencias SENADIS, funcionan a través de convenios con privados y que durante el año 2026 se realizaría cambio de organismo colaborador, por lo que no les es posible proyectar nuevos ingresos. Por otro lado, les señalaron los profesionales que dada esta negativa de SENADIS, postularon nuevamente a nombre reservado a Hogares y Residencias Protegidas del Servicio de Salud, postulación que efectuaron el 26 de noviembre de 2025, sin que a la fecha cuenten con una respuesta de dicho organismo.

Alega que, lo anterior, constituye una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de nombre reservado, dado la nula respuesta por parte de organismos del Estado en asumir sus cuidados, considerando además que se trata de un joven que ha estado bajo el cuidado del Estado desde sus primeros años de vida, que se encuentra en total abandono familiar y cuyos diagnósticos de salud hacen imposible que pueda llevar una vida independiente, resultando paradójico que el Estado, haya asumido sus cuidados durante toda su vida y, llegado su mayoría de edad, los dos organismos del Estado en los cuales nombre reservado podría incorporarse, rechacen su ingreso por no considerarlo perfil de su respectiva institución, mencionándose recíprocamente como el organismo competente para asumir sus cuidados.

Indica que, actualmente, ante el evidente e inevitable egreso de nombre reservado de residencia de protección, ante la falta de respuesta de otros organismos del Estado, pareciera ser que este quedaría en situación de calle, lo que constituye un evidente riesgo a su seguridad individual, su vida y su integridad física y psíquica, ya que, dado sus diagnósticos, sin la supervisión adecuada y su medicación, el joven presenta un evidente riesgo para su propia integridad.

Añade que, parece evidente, que la vida independiente del joven, sin estar bajo la tutela del Estado, puede llevar a situaciones complejas desde el punto de vista de su integridad física y psíquica, e incluso la muerte. Hace presente, que, a pesar de que el joven se encuentra bajo el cuidado del Estado, desde temprana edad, sin posibilidades de retornar a su familia de origen, no se tramitó a su favor causa de susceptibilidad de adopción, que le permitiera otra posibilidad para sus cuidados de forma definitiva.

Señala que, a la fecha, no se ha dado una respuesta positiva por parte de SENADIS, mientras que, por parte del Servicio de Salud, no se ha recibido respuesta aún, lo que se traduce en abandono institucional, ya que no es posible seguir manteniendo al joven en residencia de Protección dependiente del Servicio de Protección Especializada atendida su edad.

Añade que, atendida la historia proteccional de nombre reservado resulta contradictorio que alcanzando su mayoría de edad el Estado no se haga cargo de sus cuidados, sabiendo que es una persona que no puede subsistir por sí mismo.

Finaliza solicitando se acoja el recurso, se ordene al Estado de Chile hacerse cargo de los cuidados de nombre reservado durante su vida adulta, ya sea a través de Residencia para adultos de SENADIS o del Servicio de Salud, para tales efectos se ordene al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Servicio de Salud Coquimbo y SENADIS, realizar una mesa técnica, instancia en que se determine la alternativa residencial a la que debe ingresar nombre reservado, informando de aquel resultado a este Corte en un plazo no superior a 10 días; y, una vez determinada la institución a la cual debe ingresar el joven, se produzca su traslado e ingreso efectivo a la misma, en un plazo no mayor a 15 días.

Acompaña al recurso: 1.- Certificado de nacimiento del joven; 2.- Antecedentes de la causa Rit P-482-2008 del Juzgado de Familia de Chillán; 3.- Resolución del 14 de julio de 2023 en causa Rit X-123-2012 del Juzgado de Familia de Chillán; 4.- Resoluciones del 26 de julio y 1 de agosto, ambas de 2023, en causa Rit X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 5.- Oficio N°NUM002, que informa ingreso efectivo a Centro Residencial RDS-nombre reservado, de 18 de agosto de 2023; 6. Resolución de 6 de septiembre de 2023, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 7.- Oficio N°NUM003, de 18 de octubre de 2023, emitido por Centro RDS-nombre reservado, que da cuenta de la necesidad de activar Proyecto de emergencia en salud; 8.- Resolución de 20 de octubre de 2023, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 9.- Oficio N°NUM004, que da cuenta de informe diagnóstico de nombre reservado, emitido por Centro Residencial RDS-nombre reservado, de 19 de diciembre de 2023; 10.- Oficio N°NUM005, de 22 de enero de 2024, emitido por nombre reservado nombre reservado Coquimbo, que da cuenta de cambio de organismo colaborador; 11.- Oficio N°NUM006, de 29 de febrero de 2024, emitido por Centro RDS- nombre reservado, que da cuenta de la necesidad de activación de Programa de Emergencia en Salud; 12.- Resolución de 4 de marzo de 2024, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 13.- Oficio N°NUM007, de 24 de noviembre de 2024, emitido por Director de nombre reservado Coquimbo, que da cuenta de necesidad de postulación de nombre reservado a Residencia nombre reservado

SENADIS; 14.- Resolución de 26 de noviembre de 2024, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 15.- Oficio de 17 de diciembre de 2024, emitido por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, de la Región de Coquimbo; 16.- Escrito presentado por curaduría ad litem, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 17.- Resolución de 23 de diciembre de 2024, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 18.- Escrito del curador ad litem en causa X-554-2023 que da cuenta de respuesta negativa de postulación a SENADIS; 19.- Resolución de 17 de enero de 2025, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 20.- Escrito presentado por Servicio de Salud Coquimbo, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo, que da cuenta de respuesta negativa de postulación a Servicio de Salud, de 29 de enero de 2025; 21.- Resolución de 30 de enero de 2025, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 22.- Oficio de 7 de febrero de 2025, emitido por Servicio Nacional de Discapacidad; 23.- Resolución de 10 de febrero de 2025, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 24.- Oficio N°NUM008, de 11 de febrero de 2025, emitido nombre reservado, Directora Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; 25.- Resolución de 13 de febrero de 2025, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 26.- Resolución de 7 de mayo de 2025, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 27.- Resolución de 26 de mayo de 2025, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 28.- Resolución de 3 de octubre de 2025, en causa RIT X-554-2023 del Juzgado de Familia de Coquimbo; 29.- Informe Social de Postulación a Hogares y Residencias Protegidas, de 26 de noviembre de 2025, correspondiente a nombre reservado; 30.- Pauta de Habilidades de nombre reservado, emitido para postulación a Hogares y Residencias Protegidas; 31.- Informe médico psiquiátrico de 28 de noviembre de 2025, correspondiente a nombre reservado, emitido por el medico psiquíatra nombre reservado; 32.- Resolución Exenta N°138 del Ministerio de Justicia que regula el funcionamiento del Programa Mi Abogado, de 15 de enero de 2024; 33-. Resolución Exenta N°909 de la Corporación de Asistencia Judicial; y 34.- Resolución Exenta N°910 de la Corporación de Asistencia Judicial. SEGUNDO: Que, a folio 13, comparece doña Daniela Urquieta Díaz, abogada en representación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, solicitando su rechazo en cuanto al servicio que representa.

Expone, que el Servicio debe garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente amenazados o vulnerados, como un compromiso del Estado de Chile para la protección de NNA, según lo dispone la Ley 21.302. Y que, el objetivo del modelo residencial RDS es atender a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos con discapacidad mental grave o profunda privados de su medio familiar por determinación judicial, entre 0 y 17 años, 11 meses y 29 días, que han sido separados de su familia de origen, debido a situaciones graves de desprotección que afecta su bienestar y desarrollo, de forma de cautelar de manera transitoria su seguridad física y emocional mientras se define su estabilización familiar, ya sea orientada a la reinserción en la familia biológica, adoptiva o de acogida permanente, o en su defecto, mantención o búsqueda de referentes afectiva estables.

Señala que, han realizado diligencias para poder trasladar a nombre reservado a una residencia dependiente de SENADIS o del Servicio de Salud, pues actualmente el joven no califica como sujeto de atención del Servicio por haber alcanzado su mayoría de edad, y no encontrarse cursando estudios, motivo por el cual, no cumple con los presupuestos legales para permanecer en el sistema de cuidado alternativo, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 3 de la Ley 21.302, que dispone lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, seguirán siendo sujetos de atención del Servicio quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios.

Ellos serán sujetos de atención hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años”.

Refiere que ha dado cumplimiento a los lineamientos internos respecto de jóvenes mayores de 18 años con discapacidad que se encuentran en residencias de protección, así se refiere a las Resoluciones Exentas N°2861-2021 y N°890-2024, la primera regula las coordinaciones técnicas entre el Servicio y SENADIS, la segunda aprueba perfil de población objetivo del programa modelo residenciales para adultos con discapacidad del SENADIS. Añade a lo anterior el Memo N°42/2025 de enero de 2025 sobre especificaciones para continuidad del convenio nacional entre Sename y SENADIS, dando los lineamientos para los procesos de postulación.

Luego se refiere a la documentación para la derivación según Resolución N°890-2024 y menciona que una vez recibida aquella documentación será remitida a nivel central del Servicio de Protección para que se proceda con la tramitación de envío de la documentación a la Dirección Nacional de SENADIS y sean ellos quienes puedan dirimir, a partir de la información expuesta, la pertinencia de derivación a residencia.

Indica que su foco de protección en este caso, y atendido su deber legal y objeto, se centra en los NNA residentes domicilio reservado, quienes se encuentran en una situación de riesgo e inseguridad jurídica al compartir dependencias con un joven mayor de edad, respecto del cual, el Servicio no posee las facultades legales ni los lineamientos técnicos para promover la vida independiente, autonomía e inclusión social en adultos, lo cual excede de su competencia. Agrega que, desde que nombre reservado es mayor de edad, se han presentado por parte de la residencia 4 denuncias, el 19 de mayo, 21 de octubre, 11 de noviembre, todas de 2025 y la última, el día 2 de febrero del presente año, por haber incurrido presuntamente en hechos eventualmente constitutivos de delitos, atentatorios a la integridad física, psíquica y sexual de otros usuarios residentes (sujetos de atención) en nombre reservado, convirtiéndose en un riesgo para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran residencializados.

Sobre las acciones desplegadas por el Servicio indica que el 27 y 29 de diciembre de 2025, se solicitó por parte de don nombre reservado, Coordinador Intersectorial y doña nombre reservado, jefa de Gabinete Regional, a la Dirección Nacional, la derivación de nombre reservado a Centro Residencial de SENADIS según Protocolo vigente, adjuntando la documentación correspondiente. Luego el 26 de enero de 2026, se informa por don nombre reservado, Unidad de Coordinación Intersectorial, de la Dirección Nacional, que los documentos del joven fueron derivados a postulación al modelo residencial de SENADIS, encontrándose en espera de respuesta por ese organismo. Sin embargo, adelantó, que la postulación será rechazada por la contraparte, toda vez que el joven no cumple con un requisito establecido en la REX 890/2024 (SENADIS) a saber, causal primaria o secundaria correspondiente a “mental psíquica”, y refiere que llevan dos años presentando la discusión con respecto a estos criterios y la brecha de oferta que generan a nivel país, lamentablemente sin resultados positivos, a lo anterior se suma una brecha de cobertura consistente en que no hay plazas disponibles en SENADIS para casos que sí cumplen con su “perfil de ingreso”, a causa de lo cual los traspasos se encuentran detenidos hace meses.

Agrega que, el 11 de febrero de 2026, se sostuvo una reunión entre funcionarios del nombre reservado con referentes regionales de SENADIS y del Servicio de Salud Coquimbo, por las respuestas negativas emitidas desde nivel central a fines de enero 2026, habiendo reiterado mensualmente desde la región la solicitud de contestación favorable desde el mes de octubre 2025, considerando el flujo nacional vigente para canalizar las solicitudes de derivación desde RDS a Residencia SENADIS. Indica que, en el contexto de dicha reunión, se analizaron diversas necesidades asociadas a usuarios que cumplen o cumplirán la mayoría de edad. En ese contexto, desde el Servicio de Salud, se señala que la postulación paralela que la residencia RDS nombre reservado había realizado al comité de Residencias y Hogar Protegido, tenía respuesta pendiente de emisión.

Menciona que el mismo 11 de febrero, llegó desde el Servicio de Salud el detalle, incluyendo el acta de dicho comité de ingresos de 13 de enero de 2026, con las observaciones realizadas, y se reenvía lo indicado a la residencia con la solicitud de responder a la brevedad: “Enviar retroalimentación de las consultas indicadas, para evaluar posible ingreso a lista de espera a Residencia nombre reservado.”. Indica que, la Residencia responde a las observaciones del servicio de salud el 19 de noviembre de 2026, encontrándose actualmente a la espera de que el comité de ingresos en marzo pondere en qué estado se encuentra la postulación en curso.

Finaliza indicando que, el Servicio no ha incurrido en ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal que haya vulnerado las garantías constitucionales del joven, por lo que solicita el rechazo del recurso a su respecto.

Acompaña a su informe: 1.- Resolución Exenta N°2861 de 30 de septiembre de 2021 que aprueba Convenio de colaboración Técnica entre el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Servicio Nacional de Menores; 2.- Resolución Exenta N°890 de 18 de Marzo de 2024, que Aprueba perfil de población objetivo del programa modelos residenciales para adultos con discapacidad, del Servicio Nacional de la discapacidad; 3.- Memorándum N°42 de 20 de enero de 2025, de Director Nacional de nombre reservado a Direcciones Regionales del Servicio, sobre Sobre especificaciones para continuidad del convenio nacional entre SENAME Y SENADIS; 4.- Denuncias ante el Ministerio Público, de 19 de mayo, 21 de octubre, 11 de noviembre, todas de 2025 y el día 2 de febrero del presente año; 5.- Oficio de Directora RDS nombre reservado a Tribunal de Familia de Coquimbo, causa X-554-2023; 6.- Oficio N°NUM008, de 11 de febrero de 2025, de Directora Regional de Coquimbo nombre reservado, a Tribunal de Familia de Coquimbo; 7.- Acta de reunión subdepartamento de Salud Mental, de 13 de enero de 2026; y 8.- Oficio N°NUM009, de 8 de enero de 2026, de don nombre reservado Director Nacional nombre reservado a Pedro Goic Boroevic, del Servicio Nacional de la Discapacidad.

TERCERO: Que, a folio 15, se acompaña informe del Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).

Expone los objetivos de su Servicio, el que fue creado por la Ley 20.422 de 2010, refiriéndose a la situación actual del Programa Modelos Residenciales para adultos con discapacidad indica que, actualmente, la totalidad de los cupos disponibles se encuentran formalizados y cubiertos, no existiendo vacantes, las cuales se generan en la medida en que se produzca el egreso de algún residente. Añade que, cada residencia cuenta con un perfil de atención específico, el cual puede diferenciarse según tipo de discapacidad atendida, grado de dependencia, nivel de complejidad y otros criterios técnicos definidos en su diseño programático. Indica que se les da preferencia para la ser seleccionados a las personas con discapacidad en proceso de egreso desde la red de protección de infancia que presenten alta vulnerabilidad social, especialmente cuando carecen de redes familiares o sociales de apoyo.

Luego describe el programa de residencia, señala que ellos no cuentan con residenciales, sino que otorgan financiamiento para la manutención de personal adultas con discapacidad y dependencia, entre los 18 a los 59 años, para lo cual suscribe convenios de transferencia financiera con las residencias. Prosigue refiriéndose al convenio de colaboración técnica suscrito por su Servicio con Sename el año 2021, el que tiene por objeto promover una atención oportuna, integral y de calidad para los NNA y adultos con discapacidad y dependencia que están bajo la protección del Estado en programas de cuidado alternativo de SENAME y de su red de Organismos Colaboradores Acreditados (OCA), a través de un trabajo interinstitucional e intersectorial coordinado y eficiente, el cual a la fecha se encuentra vigente; y como uno de sus objetivos específicos, se encuentra este traspaso administrativo y traslado a SENADIS de personas adultas con discapacidad y dependencia, que están bajo la protección del Estado en centros de cuidado alternativo del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y OCAS, refiere que, este traspaso administrativo se traduce en el egreso de la persona desde la administración del Servicio de Protección Especializada, para pasar a la dependencia administrativa de SENADIS, sin que ello implique necesariamente un cambio del lugar físico donde reside la persona.

Relata sobre las residencias que ejecutan el programa modelos residenciales para adultos con discapacidad, y que, cada una de ellas cuenta con un perfil de población especificó al que prestan sus servicios, por lo que aquellos que postulen deben cumplir con el perfil de la población objetivo del Programa, establecido por Resolución Exenta N°890-2024 de SENADIS, debiendo sus antecedentes ser entregados por medio de informe de salud, social y de reyes de apoyo, consentimiento informado, cédula de identidad, acreditación de encontrarse inscrito en el registro nacional de discapacidad y cualquier otra documentación complementaria. Expone sobre el perfil de la población objetivo del señalado programa, referida por la Resolución Exenta N°890-2024, se refiere en primer término a los requisitos exigidos y luego causales que lo excluyen de la atención del programa, por requerir estos una estrategia de apoyo especializada desde el ámbito sanitario, de salud mental y penitenciario, según el caso, intervenciones no contempladas dentro del modelo de intervención del Programa Modelos Residenciales para adultos con discapacidad.

Señala la situación del joven de autos, indicando que el 27 de noviembre de 2024, tomo conocimiento por intermedio de su Dirección Regional de Coquimbo, de la existencia de la causa sobre cumplimiento de medida de protección, RIT X-554- 2023, seguida ante el Juzgado de Familia de Coquimbo y de la resolución de 26 de noviembre de 2024, luego de que la Dirección Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia - de acuerdo a lo ordenado por el tribunal - convocara a una reunión en dependencias del Programa Mi Abogado, para el lunes 9 de noviembre de 2024 a las 09:00 horas. Y refiere que, a partir de dicha solicitud, y teniendo en consideración que se trataba de una persona ingresada a la red de infancia e institucionalizada en la residencia RDS nombre reservado, revisó sus registros y verificó que nombre reservado, no se encontraba dentro de la nómina de personas que debían ser traspasadas a SENADIS en virtud del convenio de colaboración, esto, por cuanto el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia no lo había informado a SENADIS.

Hace presente que, en virtud del convenio de colaboración ya citado, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, debe facilitar a SENADIS la información y registros necesarios para el cumplimiento de los fines del Convenio y para la eficaz ejecución de los procesos, incluidos los antecedentes de los y las jóvenes con discapacidad y dependencia que serán traspasados a SENADIS, lo que señala no haber ocurrido, por lo que procedió a gestionar el levantamiento de antecedentes de salud y sociales a fin de conocer su situación y optimizar el trabajo, ocupando el espacio de la reunión solicitada por el Servicio de Protección Especializada para despejar dudas y analizar propuestas concretas de trabajo y apoyo para el joven.

Refiere que, el 3 de enero de 2025, la Dirección Regional de Coquimbo de SENADIS recepcionó los antecedentes referentes a nombre reservado, por parte de don nombre reservado, director de la residencia RDS nombre reservado, no obstante, fue necesario solicitar documentación complementaria, la que finalmente fue enviada en su totalidad el 7 de enero de 2025.

Señala que, con los antecedentes del caso concluyeron que, nombre reservado no cumplía con el perfil de la población objetivo del programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad, por cuanto, conforme a los documentos remitidos por la Residencia RDS nombre reservado, específicamente su credencial de discapacidad, nombre reservado tiene un grado global de discapacidad severa de 62,50%, cuya causa principal es mental psíquica y causa secundaria es mental intelectual, por lo que no podría ser sujeto de atención del programa de acuerdo a la Resolución Exenta N°890- 2024. Lo anterior, señala que se refuerza con los diagnósticos del joven, los que son: i) trastorno de espectro autista grado 2 de bajo funcionamiento; ii) discapacidad intelectual con síntomas conductuales graves; iii) trastorno de conducta de base orgánica; iv) síndrome dismórfico; v) microcefálea y vi) síndrome alcohólico fetal. Agrega que, el programa modelos residenciales para adultos con discapacidad no entrega en ningún caso atenciones de salud mental, como tampoco cubre las condiciones necesarias de infraestructura, ni horas profesionales de salud con manejo clínico y farmacológico, pues no se sustenta en modelos de salud. Lo anterior fue informado al juzgado de familia por medio del Oficio N°NUM010 del 7 de febrero de 2025, sugiriendo al tribunal derivar al joven a algún dispositivo residencial de la red de salud pública, como, por ejemplo, las residencias u hogares protegidos de los servicios de salud, toda vez que estos pueden abordar requerimientos de tipo sanitario y social.

Indica que, el 24 de enero de 2026 vía correo electrónico, el psicólogo de la Unidad de Coordinación del nivel central del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia derivó nuevamente el caso de nombre reservado a SENADIS, esta vez, directamente al nivel central, adjuntando los siguientes documentos: i) Anexo N°1 Consentimiento informado; ii) Anexo N°2 Ficha de postulación; iii) Anexo N°3 Informe Social y de Redes de Apoyo; iv) Anexo N°4 Informe de Salud; v) certificado de nacimiento; vi) copia de cédula de identidad; y v) copia de credencial de discapacidad. Sin perjuicio, refiere que no se aportó ningún nuevo antecedente que pudiera desvirtuar que el joven no cumple con el perfil de la población objetivo del programa, por lo que el 4 de febrero de 206 informaron el rechazo de la postulación.

Afirma que, atendido el tipo de discapacidad y diagnósticos que presenta nombre reservado, el lugar propicio para brindar una adecuada atención conforme a sus requerimientos es, a juicio de SENADIS, una residencia u hogar protegido, oferta del Estado dependiente de los Servicios de Salud, disponible para la atención de personas adultas con una o más patologías psiquiátricas severas, que necesitan mantener cuidados integrales realizados por técnicos y profesionales, como es el caso de nombre reservado, conforme a los antecedentes con que dispone SENADIS.

Solicita el rechazo el recurso a su respecto.

Acompaña a su informe: 1.- Resolución Exenta N°890-2024, de 18 marzo de 2024, de SENADIS, que aprueba perfil de población objetivo del programa modelos residenciales para adultos con discapacidad; 2.- Oficio N°NUM010, de 7 de febrero de 2025, de SENADIS; 3.- Oficio reservado N°NUM011, de 30 de enero de 2026, SENADIS; 4.- Norma técnica residencias protegidas, enero 2006; 5.- Ficha de postulación de 31 de diciembre de 2024; 6.- Ficha de postulación de 24 de noviembre de 2025; 7.- Correo electrónico de derivación de 24 de enero de 2026 y su respuesta de 4 de febrero de 2026; y 8.- Copia de credencial de discapacidad de nombre reservado.

CUARTO: Que a folio 21 el 26 de marzo pasado, se resolvió prescindir del informe del Servicio de Salud de Coquimbo, el cual se ordenó evacuar el 9 de febrero de 2026, reiterándose bajo apercibimiento el 17 de marzo pasado, lo que no fue cumplido.

QUINTO: Que, como medida para mejor resolver se ofició al Hospital de Coquimbo, con el fin que se acompañasen antecedentes respecto del paciente nombre reservado, en particular el diagnóstico, especificando si se trata de una discapacidad psiquiátrica o neurológica, y si concurren ambas, señalar además la que prevalece; y, el tratamiento médico aplicado, y si este es compatible con el Manual de Procedimiento de Salud, la que se tuvo por cumplida, adjuntándose un mensaje contenido en un correo electrónico, correspondiente a la casilla electrónica de don nombre reservado, siquiatra, Jefe Servicio de Psiquiatría del Hospital de Coquimbo en el que se expone que “(…) la mayoría de los diagnósticos descritos corresponden a trastornos de la esfera neurológica, siendo el principal el diagnóstico de Trastorno del espectro autista, un trastorno de base orgánica que afecta el neurodesarrollo, el cual dentro de nuestro mismo hospital lo ve neurología infantil cuando el paciente está en edad pediátrica. Respecto a la experiencia con neurología adultos, la verdad es que el nivel de atención y seguimiento no ha sido óptimo, por lo cual muchas veces estos pacientes derivan en atenciones por residencia de psiquiatría e incluso hospitalización en servicio de psiquiatría, por complicaciones conductuales del cuadro neurológico. En este sentido, si lo que pide la corte es pronunciamiento respecto a si la discapacidad es psiquiátrica o neurológica, me inclinaría a señalar que es más neurológica que psiquiátrica, lo cual por un lado implica que el paciente sí debe tener controles neurológicos (que el hospital debería brindar), pero al mismo tiempo no impide que por otro lado en caso de problemas conductuales el paciente requiera evaluaciones o seguimiento por psiquiatría”.

SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado se verificaron dos audiencias con el objeto de arribar a una conciliación, la que, finalmente, se frustró.

SÉPTIMO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

OCTAVO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

NOVENO: Que, conforme a los antecedentes aparejados durante la tramitación del presente recurso, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible sostener con suficiente grado de aceptabilidad los siguientes supuestos: a.- nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM000, nació el NUM001 de 2007, actualmente tiene 19 años. b.- El joven presenta diagnósticos de base, en particular, trastorno del espectro autista de bajo funcionamiento, discapacidad intelectual severa, con síntomas conductuales muy graves, trastorno de conducta con base orgánica, síndrome dismórfico, microcefalia, síndrome alcohólico fetal y disforia de género, temprana institucionalización. c.- nombre reservado ha tenido vida residencial desde temprana edad, al menos desde los 2 meses de vida, debido a negligencia y abandono de funciones de cuidado de sus progenitores; luego de la tramitación de causas proteccionales en Chillán y Concepción, el 26 de julio de 2023 el juzgado de Familia de Coquimbo aceptó la competencia declinada por parte del tribunal de la especialidad de la ciudad de Chillán, el que había ordenado el ingreso definitivo del adolescente a RDS Residencia de protección nombre reservado, lo que se materializó el 2 de agosto del mismo año. d.- Durante su permanencia en la residencia nombre reservado ha presentado conductas problemáticas en sus destrezas de comunicación y sociales debido a desregulación emocional, al no controlar la ira; incurre en destrucción de mobiliario (mesas, sillas, maceteros, enchufes, aire acondicionado, etc.); ha presentado episodios de trastornos conductuales severos con agitación motora agresiva hacia funcionarios y NNA que conviven con él; y, ha protagonizado dos fugas desde la residencia, en una de esas ocasiones golpeó a uno de los funcionarios. e.- A partir del mes de noviembre de 2024, el director de la Residencia en la que se encuentra nombre reservado requirió al Tribunal de Familia un pronunciamiento de SENADIS para proyectar el egreso del adolescente, una vez cumplida la mayoría de edad a Residencia nombre reservado, o en su defecto el traslado a residencia de discapacidad acorde a sus características diagnósticas. f.- Luego de disponerse por el Tribunal de Familia de esta ciudad dos mesas de trabajo, con el objeto de definir la situación de nombre reservado una vez que este cumpla la mayoría de edad, instancias en las que participó el Servicio de Salud, el Servicio de Protección Especializada y el Servicio Nacional de la Discapacidad, no se arribó a una solución, sosteniendo el primero de ellos que el joven no cumple con el perfil de ingreso a Residencias y Hogares Protegidos de ese servicio dado que la oferta está orientada a personas con discapacidad por causa síquica, excluyéndose las de origen neurológico; en tanto, doña nombre reservado, Directora Nacional (S) Servicio Nacional de la Discapacidad informó que este tampoco cumplía con el perfil de ingreso de la institución que dirige. g.- El 3 de octubre de 2025, en causa R.I.T. X-554-2023, R.U.C. 12-2-RUT reservado el Juzgado de Familia de Coquimbo decretó el egreso de nombre reservado, del proceso interventivo ordenado llevar a cabo por RDS nombre reservado, de forma tal que, al no existir intervenciones diversas vigentes, ordenó el archivo de los antecedentes.

DÉCIMO: Que, como primera aproximación es útil mencionar aquí que, según lo establece el artículo 3 de la Ley 21.302, son sujetos de atención, “(…) los niños, niñas y adolescentes a que se refiere el artículo 2, incluyendo a sus familias, sean biológicas, adoptivas o de acogida, o a quienes tengan su cuidado, declarado o no judicialmente, en los casos que correspondan. Para efectos de la presente ley, se entenderá por niños y niñas a toda persona menor de catorce años, y por adolescente a toda persona que tenga catorce años o que, siendo mayor de catorce años, no haya cumplido los dieciocho años de edad”. “Sin perjuicio de lo anterior, seguirán siendo sujetos de atención del Servicio quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios. Ellos serán sujetos de atención hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años. El cumplimiento del requisito de estudios se acreditará mediante un certificado emitido por la entidad que desarrolle el curso”.

Desde esa perspectiva y teniendo presente los supuestos fácticos tenidos por ciertos, descritos en el fundamento anterior, nombre reservado se encuentra en la primera de las hipótesis que describe la norma, puesto que ha cumplido ya los 19 años y no se encuentra cursando estudios.

Sobre este último punto, durante la vista del recurso, el Servicio de Protección Especializada ante las preguntas formuladas señaló que nombre reservado no se encontraba estudiando, sin indicar razones fundadas que justificaran tal omisión, más aún cuando, según se advierte del Oficio Ordinario N° NUM008, de 11 de marzo de 2025, suscrito por doña nombre reservado, Directora Regional del Servicio de Protección Especializada, aparejado al recurso, para dar continuidad en la residencia RDS nombre reservado (oferta del Servicio), previo a posible cambio a residencia SENADIS, se solicitó gestionar con el sostenedor de aula hospitalaria un certificado de alumno regular 2025, en caso de no obtenerlo instruye realizar el requerimiento a la Superintendencia de Educación, agregándose que “basta con contar con certificado médico que actualice necesidad de aula hospitalaria, para poder sostener la continuidad de estudios en dicha modalidad. Esto debe ser gestionado por Residencia con equipo tratante del joven”.

A lo anterior también ha de indicarse que, habiéndose decretado el egreso de nombre reservado, en el mes de octubre del año pasado, la decisión no se ejecutó.

Empero esas últimas conclusiones, lo cierto es que nombre reservado no puede continuar en la Residencia nombre reservado, porque no es sujeto de atención según la disposición antes citada. Abona a lo anterior, los hechos en los que el joven ha participado durante su institucionalización. Así, conforme también quedó asentado, no solo ha destruido materiales y objetos que se encuentran al interior del recinto, sino que además ha agredido a funcionarios del lugar, con el propósito de fugarse, asimismo se ha fugado en a lo menos en dos oportunidades del lugar, y también ha participado en acciones de significación sexual en contra de los N.N.A. que se encuentran en ese lugar, circunstancias que permiten asentar que su permanencia constituye una situación de riesgo latente, no solo para este -quien con ocasión de las fugas que ha protagonizado ha terminado en dependencias de Carabineros de Chile- sino que también para los funcionarios y funcionarias de la residencia e igualmente para los N.N.A. que se encuentran en el lugar, sujetos también a una medida de protección.

Asimismo y aunque no ha sido cumplida, aparece de los antecedentes aparejados por la recurrente a folio 29 del arbitrio que, por decisión del Juzgado de Familia de Coquimbo se resolvió el 3 de octubre de 2025 el egreso de nombre reservado desde la Residencia RDS nombre reservado, el cese de la curaduría y se decidió el archivo de los antecedentes, sin que conste que aquella fuere objeto de recurso ni modificada con posterioridad, por lo que no existe decisión judicial que habilite la permanencia de este en el lugar mencionado.

La resolución fue adoptada, de acuerdo con su tenor literal, debido a que tanto la residencia como el Servicio de Protección Especializada no dieron oportuno cumplimiento a las gestiones en favor de nombre reservado, “(…) quien es mayor de edad desde el mes de NUM001 del presente año; quien presentaría proyección de ingreso permanente a residencia SENADIS O SERVICIO DE SALUD de acuerdo a sus condiciones y necesidades de salud y estimándose que ello excede las competencias del tribunal dentro del proceso de medida de protección de acuerdo lo establece artículo 8 N° 7 en relación a inciso 3° de artículo 16, 27 y 80 todos de ley 19.968 y artículo 338 del Código Civil (…)”. (sic).

Así, la única conclusión posible es que el Servicio de Protección Especializada, y en particular la Residencia nombre reservado donde actualmente se encuentra institucionalizado, no aparece como la competente para cuidar a nombre reservado puesto que no se encuentra sujeto a una medida de protección, ya que esta ha sido dejada sin efecto y no cumple con los requisitos que las disposiciones atinentes a la materia prescriben.

UNDÉCIMO: Que, zanjada la primera discusión, corresponde ahora determinar la situación de nombre reservado una vez producido su egreso de la Residencia nombre reservado, tomando como antecedentes la ausencia de redes familiares, la situación de discapacidad, derivada del trastorno del espectro autista de bajo funcionamiento, discapacidad intelectual severa, con síntomas conductuales muy graves, trastorno de conducta con base orgánica, síndrome dismórfico, microcefalia, síndrome alcohólico fetal y disforia de género, temprana institucionalización. También presenta deficiencias, según el informe diagnóstico suscrito por el director del Centro Residencial, nombre reservado, junto a los profesionales nombre reservado, psicólogo y doña nombre reservado, trabajadora social, entre otros, describiendo que “en el área de “destrezas sociales y comunicativas” evidenciando un pronunciado déficit a nivel de comprensión del lenguaje, llegando a ser incapaz de comprender en profundidad las razones de su estadía en residencia, los motivos de su ingreso o dar alguna elaboración coherente de su historia personal. Sin embargo, el área más descendida corresponde a “destrezas de la vida diaria”, evidenciando de esta forma un déficit grave en el desarrollo de habilidades relacionadas con hábitos esperados para su edad y etapa del desarrollo en la que se encuentra, como serian; desarrollo de tareas domésticas (lavar loza, preparar listas de compras, lavado de ropa, cocinar, manejo básico de herramientas, administración de dinero, realización de pagos, etc.). Respecto a este último punto, cabe señalar que el desarrollo de hábitos que exigen el despliegue de habilidades más complejas (planificar, seguimiento de pasos, organización del tiempo, etc.) implica una fuente de frustración para el NNA. Evidenciando en este ejercicio severas dificultades de adaptación, llegando a presentar conductas violentas frente a situaciones de frustración desprendidas de acciones cotidianas como las antes mencionados, requiriendo de esta forma, supervisión constante.

Asimismo, nombre reservado presenta “como diagnóstico síndrome del Espectro Autista de bajo funcionamiento esto quiere decir (Bajo nivel de desarrollo global o bajo resultado de CI (Cociente Intelectual) con limitado uso instrumental del lenguaje), y como diagnóstico secundario: Discapacidad intelectual moderada a grave, trastorno de conducta de base orgánica y síndrome dismórfico, además de su larga data de institucionalización y abandono familiar”.

Sobre este escenario, era evidente que al tiempo en que el Servicio de Protección Especializada ejercía el cuidado de nombre reservado, debió recurrir a todas las instancias pertinentes y realizar todos los procedimientos necesarios para que, al tiempo de requerirse, se tuviese certeza respecto de la institución que continuaría encargada de la labor de cuidado del joven, lo que no ocurrió, por lo que, en virtud de tal omisión, corresponderá determinar, una vez que se materialice el egreso, cuál de estas es a la que le corresponde ejecutarlo de manera efectiva e integral.

A este respecto, es preciso tener presente que, tal como se advirtió de los antecedentes aparejados, las dos mesas técnicas decretadas por el Tribunal de Familia, con carácter de urgente, no tuvieron el efecto esperado por cuanto, según aparece de la información disponible, ni el Servicio de Salud de Coquimbo ni el Servicio Nacional de la Discapacidad consideran que nombre reservado reúna las características del perfil que lo hace sujeto de protección por parte estas instituciones, excusándose en el diagnóstico médico de las diversas patologías que nombre reservado padece, y si aquel corresponde a uno de naturaleza psiquiátrica o neurológica, circunstancia que además, no está demás señalarlo, se afincó, al tiempo de celebrarse las audiencias de conciliación, donde ninguna respuesta institucional positiva se obtuvo respecto de la situación que afecta al joven.

DUODÉCIMO: Que sobre este escenario y atentos a las disposiciones que regulan la materia es conveniente traer a colación que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por Chile el 29 de julio de 2008, que entró en vigencia el 28 de agosto del mismo año, busca asegurar la igualdad de derechos y dignidad de las personas con discapacidad y señala en su artículo 1 que para efectos de esta, la discapacidad incluye a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. A su turno el Convenio obliga a los Estados, según su artículo 4, entre otras, a: “c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella; n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”.

En este escenario la Convención a partir del artículo 28 se refiere al derecho de las personas en situación de discapacidad, en cuanto al nivel de vida y protección social, a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, debiendo adoptarse las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho.

Enseguida según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-31/25, de 12 de junio de 2025, sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos, señaló que “los seres humanos dependen, en distintos momentos de su ciclo vital, de recibir o brindar cuidados. Esta dependencia recíproca de cuidado constituye una expresión directa del respeto a la dignidad humana. El cuidado, en este sentido, se configura como el conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo, de manera temporal o permanente. Así entendido, el cuidado constituye también una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en sociedad, en tanto permite asegurar condiciones de atención mínimas para una existencia digna, especialmente respecto de personas en situación de vulnerabilidad, dependencia o limitación”.

Así, para nombre reservado el derecho al cuidado surge como necesidad básica e ineludible, teniendo como base para así inferirlo, la condición de institucionalización desde los dos meses de vida, la ausencia de redes familiares, la discapacidad intelectual diagnosticada, junto a otros hallazgos médicos, todos los que afectan su desenvolvimiento diario y que impide que, no obstante su edad, pueda mantener una vida sin ser cuidado, puesto que “(…) todas las personas que tienen algún grado de dependencia tienen el derecho de recibir atenciones de calidad, suficientes y adecuadas para vivir con dignidad. Estas atenciones deben garantizar el bienestar físico, espiritual, mental y cultural. El alcance y las características del cuidado deben ajustarse a la etapa vital de la persona, a su grado de dependencia y a sus necesidades particulares” (op.cit).

DECIMO TERCERO: Que, el derecho al cuidado, como rescata la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la misma Opinión Consultiva “(…) se rige por el principio de corresponsabilidad social y familiar, pues los cuidados recaen solidariamente sobre la persona, la familia, la sociedad y el Estado; por el principio de igualdad y no discriminación, que requiere que los hombres y las mujeres tengan las mismas condiciones y responsabilidades en el cuidado; y que los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, y las personas con discapacidad y con enfermedades que comprometan su autonomía e independencia, gocen de cuidados acorde a su condición”.

Si bien la Corte Interamericana señaló que el derecho al cuidado se rige por el principio de corresponsabilidad social y familiar, en la sentencia de 4 de julio de 2006, caso nombre reservado Vs. Brasil, la Corte señaló que, tocante al deber de cuidar, es el Estado el que se encuentra en una posición de especial relevancia “138. Con la finalidad de determinar las obligaciones del Estado en relación con las personas que padecen de una discapacidad mental, la Corte estima necesario tomar en cuenta, en primer lugar, la posición especial de garante que asume el Estado con respecto a personas que se encuentran bajo su custodia o cuidado, a quienes el Estado tiene la obligación positiva de proveer las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna.”

Por lo que es en esta virtud y obligación que el estado ha de asumir respecto de nombre reservado esa posición de garante.

DÉCIMO CUARTO: Que, la negativa expuesta por las instituciones aludidas constituye una vulneración al principio de igualdad y no discriminación, erigiéndose la ausencia de respuesta en un obstáculo en el acceso, en condiciones de igualdad, al derecho a recibir cuidados, sustentado en la existencia de estereotipos basados en modelos médicos y de dependencia asociados a la discapacidad, el que tiene como causa precisamente en la situación de discapacidad. Sobre este punto, la Opinión Consultiva, ya tantas veces citada, menciona que “(…) la garantía del derecho al cuidado de las personas con discapacidad debe partir desde las necesidades de “apoyo” y no solo de “atención”. Lo anterior bajo el entendido de que el apoyo y cuidado que requieren las personas con discapacidad no es homogéneo, incluso para personas que comparten la misma condición, por lo que debe propiciarse que su prestación tenga en cuenta las necesidades individuales de las personas y no los intereses de los proveedores de los servicios de apoyo o cuidado”.

Entonces, aun cuando resulta evidente la infracción, no es posible a esta Corte, con los antecedentes hasta ahora analizados, y las omisiones en las que se incurrió, determinar con exactitud cuál de las instituciones es aquella a la que le corresponde ejercer el cuidado del joven, por lo que para estos efectos corresponde, en primer término, realizar un diagnóstico médico certero, íntegro y suficiente que determine la naturaleza y origen de la discapacidad, puesto que todos los elementos de juicio reunidos han resultado contradictorios y ambiguos, de suerte tal que ha habilitado tanto al Servicio de Salud como al Servicio Nacional de Discapacidad eludir las obligaciones que, por disposición constitucional y legal les corresponde.

Así se advierte no solo de los informes que tanto en sede de familia como en esta se han aparejados, tal como se consignó en el fundamento quinto, aunque fue requerida por esta Corte como medida para mejor resolver que se indicase “(…) el diagnóstico, especificando si se trata de una discapacidad psiquiátrica o neurológica, y si concurren ambas, señalar además la que prevalece; y, el tratamiento médico aplicado, y si este es compatible con el Manual de Procedimiento de Salud”, lo cierto es que tampoco resulta que la conclusión a la que arriba el Jefe Servicio de Psiquiatría del Hospital de Coquimbo, doctor don nombre reservado, siquiatra, constituye aquella necesaria y precisa que se requiere, puesto que más bien se releva como una opinión médica, más que el cumplimiento de una evaluación íntegra y multidisciplinaria como precisa la situación de discapacidad que enfrenta nombre reservado, por lo que resulta consustancial a esta decisión la realización de este, para lo cual será necesario la internación de carácter provisional del joven, en un recinto habilitado, que cuente con un equipo multidisciplinario, en tanto se cumplan con los objetivos antes reseñados, esto es la elaboración de un informe médico, el que no puede ser otros que un centro hospitalario dependiente del Servicio de Salud de Coquimbo, en un plazo que no podrá exceder de 15 días hábiles.

Efectuado lo anterior, teniendo en consideración el mérito del respectivo informe, se procederá a la realización de todos aquellos trámites necesarios a que se refiere el artículo 4 de la Ley 20.422, esto es, la certificación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, conforme lo previsto en el artículo 13 de la referida disposición, lo que se efectuará por el Servicio Nacional de Discapacidad, incorporando al joven a un programa o convenio que garantice el derecho del joven de recibir un tratamiento digno e multidisciplinario acorde a su diagnóstico.

DÉCIMO QUINTO: Que, antes bien, tal como se ha reconocido en la normativa y regulación internacional que se ha reproducido anteriormente, también es relevante resaltar que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su preámbulo letra n), reconoce como principio la autonomía e independencia individual de las personas en situación de discapacidad, comprensiva de la libertad de tomar sus propias decisiones, lo que también es reconocida por la Opinión Consultiva también citada, en tanto, asegura que los cuidados deben brindarse sin discriminación, pero también debe de respetarse el mayor grado posible de autonomía de las personas cuidadas y asegurar “su participación activa en las decisiones que les afectan”. (ob. cit. párr. 116).

Entonces, tratándose de una persona que ya ha cumplido 19 años, resulta consustancial a esta decisión, la voluntariedad y el consentimiento que sobre este último punto habilite el ingreso de nombre reservado en los términos antes reseñados, voluntad que deberá recabarse oportunamente y en forma previa a su internación por los profesionales tratantes de la Residencia RDS nombre reservado de la comuna de Coquimbo, dependiente del Servicio de Protección Especializada. Salvo que considerando la condición de nombre reservado no sea posible la decisión autónoma e independiente, lo que será evaluado por aquellos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara:

Que se ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por doña Nancy Alfaro Álvarez, en favor del joven nombre reservado, en contra del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, del Servicio Nacional de Discapacidad y del Servicio de Salud, todos de esta Región, sólo en cuanto se ordena la realización de un informe médico respecto del protegido, el que será elaborado por un equipo multidisciplinario de un centro hospitalario dependiente del Servicio de Salud de Coquimbo, en un plazo que no podrá exceder de 15 días hábiles, contados desde esta fecha, para lo cual durante ese período de tiempo nombre reservado deberá permanecer internado en éste, cumpliéndose con lo ordenado en el fundamento décimo quinto de esta sentencia; y, en su mérito, deberá procederse a la solicitud de certificación de discapacidad, lo que se efectuará por el Servicio Nacional de Discapacidad, ordenando luego su incorporación a un programa o convenio dependiente de este, en un término que no podrá exceder de 30 días hábiles desde esta fecha.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decreta una vez ejecutoriada esta.

La decisión de acoger el libelo en relación con el Servicio de Protección Especializada es adoptada con el voto en contra del ministro Sr. Pulgar, quien fue de parecer de rechazarlo, en lo que a dicha entidad corresponde, por los argumentos vertidos en el motivo décimo del fallo y en el entendido que dicha autoridad no resulta legitimado pasivo, pues el Juzgado de Familia de Coquimbo ordenó el egreso del joven meses antes a la interposición del libelo, de manera que su permanencia en la institución es una cuestión de hecho que no forma parte del debate producido en estrados. Así, habiéndose dado por establecido que el joven es mayor de edad, sin declaraciones de discapacidad vigentes y sin cursar estudios, no es sujeto de atención de la entidad, por expresa mención del artículo 3 inciso 2 de la Ley N°21.302, como se sostuvo en el motivo aludido.

Finalmente, se deja constancia que la decisión de acoger el libelo en lo tocante a las restantes autoridades fue acordada una vez desechada la prevención del ministro Sr.

Pulgar, quien fue de parecer de, previo a resolver y como medida para mejor hacerlo, convocar al joven a fin de conocer directamente su posición frente al asunto, atendida su edad y capacidad pues, al no mediar declaración de interdicción, toda medida que se adopte a su respecto lo es en relación con un sujeto mayor plenamente hábil.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Marcela Sandoval Durán y el voto y prevención por su autor.

Rol N°287-2026 (Protección).