nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ SUBCOMISI

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad social Recurso de protección Rol N° 285-2023.- La Serena, doce de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha seis de marzo de dos mil veintitrés comparece nombre reservado, interponiendo RECURSO de PROTECCIÓN en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Expone que durante la vigencia del vínculo laboral con su empleador ACEROS SERVIMAR LTDA., el día 15 de enero de 2018, en pleno ejercicio de sus funciones laborales (ejecutiva comercial de Ventas en III y IV Región) sufrió un accidente de trayecto, mientras se dirigía en su automóvil a realizar gestión de venta donde un cliente, lo que en definitiva provocó una lesión lumbar de gravedad, lo que la tiene con una incapacidad temporal actualmente.

Indica que luego del accidente fue a centros de urgencia, sin embargo, estaban colapsados, por lo que se comunicó con el médico particular, don nombre reservado., quien le recetó algunos remedios para calmar el dolor, y ordenó se realizara una resonancia magnética para ver el diagnóstico de la lesión el cual arrojó como resultado presencia de fractura en las vértebras L4 y L5 Aduce que no cuenta con las facultades económicas para costear el tratamiento kinésico adecuado, el cual contempla inyecciones en la zona afectada ´para calmar los dolores, resonancias magnéticas, e intervención quirúrgica respectiva; continúa padeciendo su enfermedad lumbar, ya que es una lesión lumbar crónica, por la cual ya se le han emitido de un serie de licencias médicas de carácter continuas, en las cuales han intervenido los siguientes profesionales de la salud: médico general nombre reservado, fisiatra nombre reservado, traumatólogo nombre reservado, y neurocirujano, nombre reservado.

Por su parte, la empleadora no reconoció responsabilidad en el accidente laboral de trayecto, no indemnizando ni pagando los tratamientos médicos a la recurrente y la Caja de Compensación Los Andes tampoco paga las licencias Médicas si el COMPIN las rechaza y en este caso la Superintendencia de Seguridad Social, confirma el rechazo de las Licencias médicas 77560564-2 y 78829501-4, extendidas por un total de 60 días a contar del 16 de octubre de 2022, RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-26091-2023 de fecha 27 de febrero de 2023.

Sumado a eso se encuentra afectada por una grave depresión, con intentos suicidas, a contar del año 2020, lo que se acrecentó los años 2021 y 2022, lo que se ha acreditado con certificados médicos respectivos, ante COMPIN Y SUSESO.

Señala que debido a las patologías crónicas está tramitando su pensión de invalidez anticipada en AFP CAPITAL, en ese sentido cuando se hizo la primera solicitud ingreso de esa hubieron errores en los datos, por lo que se hizo un reingreso con fecha 21 DE DICIEMBRE DE 2022.Le evaluación respectiva de médicos de Compin estaba fijada para el día 28 de Febrero de 2023, vía remota, sin embargo, por motivos ajenos a la voluntad de la recurrente no se realizó. Todo lo señalado ha demorado los trámites de pensión de invalidez anticipada.

Sostiene que las enfermedades físicas y psicológicas están debidamente respaldadas, y su reposo total de igual forma, según informes médicos que se acompañaron debidamente tanto a COMPÍN SUBCOMISIÓN QUILLOTA-VIÑA DEL MAR-VALPARAÍSO, como a la Superintendencia de Seguridad Social.

Refiere que la resolución que confirma el rechazo de las licencias médicas por parte del COMPIN, de fecha 27 de febrero de 2023, R-210664-2022, señala como fundamento del rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Manifiesta que la resolución recurrida no tiene fundamento alguno; tiene fractura en las vértebras L4 Y L5 y grave depresión con intentos suicidas con reposo en su domicilio, domicilio reservado patologías, es lógico que debe guardar reposo total, ya que no puede desarrollar una vida normal, y así lo declara expresamente informe médico del Médico nombre reservado de fecha 17 de noviembre de 2022. Por otra parte, en certificado del médico nombre reservado, de fecha 04 de enero de 2022, da cuenta de haber atendido a la recurrente por fractura de vertebras L4 Y L5, entre los años 2020 y 2021, además, existe informe del Psiquiatra nombre reservado que da cuenta de las mismas sintomatologías de la recurrida, en el cual también se sugiere iniciar los trámites de pensión de invalidez. Sumado a ello el 17 de enero de 2021, sufre el fallecimiento de su madre lo que acrecentó su depresión diagnosticada como grave.

Destaca que se acompañaron también recetas médicas del tratamiento de su depresión, tratamiento que debe mantener continuamente, con los siguientes medicamentos: Quetiapina, Clonazepan, Fluoxetina, y Disoledan, recetas todas emitidas por el Psiquiatra nombre reservado.

Reitera que las licencias médicas rechazadas son las siguientes:

1. Licencia médica 77560564-2 folio 279567, emitida por el Médico nombre reservado RUN RUT reservado, reposo total por 30 días, fecha de otorgamiento 18 de octubre de 2022.

2. Licencia médica 78829501 folio 280565, emitida por el Médico nombre reservado RUN RUT reservado, reposo total por 30 días, fecha de otorgamiento 14 de noviembre de 2022.

Precisa que la Acción vulneradora de derechos por la recurrida, lo constituye la resolución recurrida que confirma el rechazo de las licencias médicas por parte del COMPIN, ya que si se acompañaron a esa institución primeramente y a SUSESO, al apelar del rechazo de las licencias médicas, antecedentes médicos que informan de las sintomatologías que padece, fracturas en vertebras L4 Y L5 y grave depresión, con intentos suicidas, que constan en informes médicos respectivos, que dan cuenta de decisiones terapéuticas de los médicos tratantes, de la evolución de sus enfermedades, y en donde además se adjuntan recetas médicas, Además, la parte recurrida no ordenó a COMPIN, ninguna de las medidas que dispone el artículo 21 del D.S N°3 de 4 de enero de 1984, para fundamentar el rechazo de la licencia médica ya señalada.

Así las cosas, le resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, al confirmar el rechazo de la Compin de NO pagar las licencias médica referidas es arbitrario, por cuanto se funda en una afirmación falsa, carente de realidad, y es a su vez ilegal por cuanto el rechazo debe obedecer a un fundamento legal verídico y racional, siendo en este caso infundado o carente de fundamentos.

Que, de esta manera, el actuar de la recurrida constituye una vulneración al derecho cuya protección garantiza el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que la disminución y el rechazo de las licencias importan la privación del derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad.

De todo lo expuesto se colige que la recurrida, con su conducta ilegal y arbitraria, ha infringido las garantías constitucionales que se contemplan en los números 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución, al haber confirmar el rechazo del COMPIN de pagar las licencias médicas de manera infundada, y de modo ilegal.

Por estas consideraciones solicita que la Superintendencia de Seguridad Social ordene el pago correspondiente de las licencias médicas N°s 77560564-2, 78829501-4 a la COMISIÓN MEDICA DE PENSIONES E INVALIDEZ (SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO), sin perjuicio de todas las otras medidas de protección que se estime del caso adoptar como adecuadas a los fines y fortalecimiento de la protección.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de Licencia médica 77560564-2 folio 279567, de fecha, emitida por el Médico nombre reservado RUN RUT reservado, reposo total por 30 días, fecha de otorgamiento 18-10-2022; 2.- Copia de Licencia médica 78829501 folio 280565, de fecha, emitida por el Médico nombre reservado RUN RUT reservado, reposo total por 30 días, fecha de otorgamiento 14-11-2022; 3.-Resolución emitida por la SUPERINTENDENCIA SE SEGURIDAD SOCIAL, fecha 27 de Febrero de 2023, R-210664-2022 (que confirma el rechazo de las licencias médicas 77560564-2 y 78829501, por parte de SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO); 4.- Declaración jurada tramitación licencias médicas INSPECCIÓN DEL TRABAJO, de fecha 17-11-2022, que señala que la licencia médica 78829501-4 respecto del trabajador nombre reservado.I.N° RUT reservado , no fue recepcionada por su empleador, quien se negó aceptarla señalando que EMPRESA NO HABIDA EN LA ZONA, LICENCIAS MÉDICAS CONTINUAS: 5.- Declaración jurada tramitación licencias médicas INSPECCIÓN DEL TRABAJO, de fecha 18-10-2022, que señala que la licencia médica 77560564-2 respecto del trabajador nombre reservado.I.N° RUT reservado , no fue recepcionada por su empleador, quien se negó aceptarla señalando que EMPRESA NO HABIDA EN LA ZONA, LICENCIAS MÉDICAS CONTINUAS; 6.- Certificado de nacimiento de la recurrente nombre reservado; 7.- Certificado de defunción de la madre de la recurrente nombre reservado; 8.- Informe médico Psiquiatra nombre reservado, respecto la recurrente Licencias médicas77560564-2 y 78829501; 9.- Solicitud ingreso AFP CAPITAL, de solicitud de pensión de invalidez, respecto la recurrida de fecha 21-12-2022; 10.- Informe del médico nombre reservado, de fecha 17-11-2022, respecto la recurrida; 11.- Certificado de la psicóloga nombre reservado, de fecha 16-02-2023, respecto la recurrente; 12.- Recetas médicas emitidas por el psiquiatra nombre reservado (4) de los siguientes medicamentos son tratamiento médico de la recurrente: Quetiapina, Clonazepan, Fluoxetina, y Disoledan.

SEGUNDO: Que, evacuó informe ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, el rechazo de la acción, por cuanto ha sido interpuesta en forma extemporánea. En efecto, como consta en el expediente de autos, la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 06 de marzo de 2023, en circunstancias que la Sra. nombre reservado recurrió ante esa Superintendencia, mediante presentación de fecha 21 de diciembre de 2022, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 77560564-2, 78829501-4, extendidas por un total de 60 días a contar del 16 de octubre de 2022, por reposo no justificado.

En razón de lo señalado, su representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME-26091-2023, de fecha 27 de febrero de 2023.

Sin perjuicio de lo anterior, consta que la Sra. nombre reservado recurre previamente ante la SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO, reclamando por el rechazo de la licencia médica N° 77560564-2, presentación que fue desestimada, mediante Resolución Licencia Médica, YA CON FECHA 05 de diciembre de 2022, según registra documento Listado Maestro de Licencias Médicas de Fonasa. Lo propio se resolvió respecto de la licencia médica Nº 78829501-4, en orden a confirmar su rechazo por la misma entidad previsional.

Por lo anterior, se evidencia que ha pasado MÁS DE TREINTA DÍAS, desde la fecha de la interposición de esta acción y el conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de las licencias médicas apeladas, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas.

De tal manera, y de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección, correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos desde, a lo menos, la notificación de la Resolución Licencia Médica, de fecha 05 de diciembre de 2022, emitida por la SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO.

En subsidio de lo anterior, solicita se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Expone que consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado recurrió ante esa Superintendencia, mediante presentación de fecha 21 de diciembre de 2022, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 77560564-2, 78829501-4, extendidas por un total de 60 días a contar del 16 de octubre de 2022, por reposo no justificado.

En razón de lo señalado, su representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes médicos que se aportan no informan apropiadamente de la sintomatología, evolución clínica, ni decisiones terapéuticas asociadas a las patologías señaladas en las licencias médicas reclamadas. Por este motivo no es factible autorizar un reposo superior a los 390 días ya acogidos por la misma causa, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME-26091-2023, de fecha 27 de febrero de 2023.

Sobre la materia, destaca que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la recurrente, los facultativos de este Organismo informaron: “Dr. Diego Barttlete. Ficha Médica (…) Fundamentos de la resolución: FONASA. Asistente de ventas. Paciente con reposo prolongado por causa osteomuscular y psiquiátrica. Acumula 390 días de reposo por causa psiquiátrica y apela por 2 LMs por un total de 60 días. Se le indicó TPI, el que cuenta con dictamen ejecutoriado del 30 de octubre de 2021, con un 0% de menoscabo. Informes son poco consistentes, incompletos. No se acredita realización de derivaciones a equipo de salud mental no acredita psicoterapia ni medidas farmacológicas apropiadas. Sugiero rechazar”.

Destaca que lo resuelto por su representada es consistente con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y Uso de Licencia Médicas, que expresamente dispone: “Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y suscrito además por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, establecerá respecto de determinadas patologías, guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas”.

Al efecto, el D.S. N° 7, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las PATOLOGÍAS MENTALES, en su en su artículo 4° número II establece, en relación al reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos:

“Siempre es otorgada por médico psiquiatra cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal.

Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral.

Refractariedad o resistencia al tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos periodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días. El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquíatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días cuando existen circunstancias ocasionales que impiden un acceso a psiquíatra más frecuente).

Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual). Teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud en su sitio.”.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esa Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Sin perjuicio de lo señalado, hace presente que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “… sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por su parte, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de su defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Por estas consideraciones solicita sea desestimada la acción en todas sus partes con expresa condena en costas.

Acompaña copia del expediente administrativo, relativo al caso de la recurrente de autos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la alegación de extemporaneidad de la presente acción constitucional se rechazará, pues de la copia resolución impugnada, acompañada por la recurrente, se desprende que esta fue emitida el día veintisiete de febrero de 2023, resolviendo el recurso de la actora al dictamen que confirmó el rechazo de la COMPIN, lo que permite establecer que es ésta la fecha y no otra del acto de término desde el cual procede computar el plazo de 30 días que establece el auto acordado que regula la tramitación y fallo del recurso de protección, y habiéndose presentado el recurso el seis de marzo pasado, a juicio de estos sentenciadores se encuentra dentro de plazo.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEPTIMO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-26091-2023, de 27 de febrero del año en curso, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social rechaza el recurso impetrado por la actora respecto lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 77560564-2 y 78829501-4, extendidas por un total de 60 días a contar del 16 de octubre de 2022, por reposo no justificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referida previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “…el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes médicos que se aportan no informan apropiadamente de la sintomatología, evolución clínica, ni decisiones terapéuticas asociadas a las patologías señaladas en las licencias médicas reclamadas. Por este motivo no es factible autorizar un reposo superior a los 390 días ya acogidos por la misma causa”.

OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre la paciente de demostrar ella la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo de la recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

NOVENO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos el informe evacuado por los profesionales de la recurrida, toda vez que el mismo, de acuerdo a su propio tenor, solo se basa en un análisis de la documentación medica acompañada por la actora en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente a la afectada.

DÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZAN las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 77560564-2, 78829501-4, extendidas por un total de 60 días a contar del 16 de octubre de 2022, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos. En caso que la recurrida no realice el peritaje en el plazo previamente dispuesto, deberá proceder derechamente al pago de las licencias médicas previamente individualizadas.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 285-2023 (Protección).-