nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes Recurso de protección Rol N°276-2026.- La Serena, treinta de marzo dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, reprochando el descuento efectuado en su remuneración del mes de diciembre de 2025 y en el estipendio del mes siguiente, a propósito de un crédito contraído con la recurrida, en circunstancias que el asunto fue judicializado, lo que conculca el derecho consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Expone que el 24 de octubre de 2022 suscribió un crédito con la recurrida, obligación que debía ser solucionada en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, venciendo la primera de ellas el 31 de diciembre del mismo año.

Menciona que en el mes de julio de 2023 quedó desempleado, enterándose que la deuda había pasado a cobranza judicial. Luego, indica que logró encontrar trabajo a fines de 2025 y que, en la remuneración del mes de diciembre de dicho año, se efectuó un descuento por concepto de crédito personal, lo que aconteció nuevamente al mes siguiente, a pesar de que había sido demandado por este motivo. Por lo expuesto, solicita se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración y se restituyan aquellos efectuados, así como también los que se realicen durante la tramitación de la presente acción, con costas.

Acompaña a su recurso antecedentes para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que emite informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, detallando el crédito social otorgado al actor, añadiendo que si bien se ingresó una demanda en contra del recurrente nunca fue notificada, por lo que necesariamente no existe para estos efectos.

Expresa que, por lo anterior, se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, al no haberse declarado aquello judicialmente, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Acompaña a su recurso documentos para acreditar sus aseveraciones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que del tenor del recurso de advierte que el acto reprochado como ilegal y arbitrario consiste en que la recurrida requirió el descuento por planilla de las cuotas adeudadas por el actor en virtud de un contrato de mutuo de crédito social celebrado entre las partes en 2022.

Asimismo, cabe dejar asentado que la recurrida reconoce en su informe en forma explícita la existencia del crédito y el hecho de haberse producido el descuento denunciado por el recurrente. Finalmente, conviene indicar que para el cobro del crédito la recurrida presentó una demanda, la que no fue notificada.

SEXTO: Que para la resolución del asunto en examen, debe considerarse que la Ley N°18.833 prescribe en su artículo 22 que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Esta disposición contempla una potestad legal que la Caja de Compensación acreedora puede ejercitar con el objeto de obtener el pago de los créditos sociales, y constituye, en definitiva, una garantía para la entidad acreedora.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de reconocer que la recurrida goza de la potestad legal para cobrarse del crédito social otorgado por la vía de realizar deducciones a la remuneración o pensión del afiliado, es necesario tener presente que tal atribución no puede ser ejercida de modo arbitrario o abusivo.

Pues bien, en el caso en examen la señalada atribución se ejercita respecto de una deuda cuyo cobro ya se había intentado en sede jurisdiccional –con independencia de la alegación de la recurrida en orden a que no ha notificado el libelo– lo que importa un ejercicio desproporcionado de las facultades que el ordenamiento jurídico reconoce a las Cajas de Compensación para el pago de los créditos sociales. Por estos motivos, sólo cabe concluir que el ejercicio de la facultad legal conferida a recurrida en el presente caso se devela como carente de razonabilidad e inoportuna, circunstancia que conduce a acoger el arbitrio incoado conforme se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y, en consecuencia, la recurrida deberá restituir al actor todas las sumas descontadas de su pensión a partir de diciembre de 2025 y que tengan su origen en el crédito social materia del presente recurso. Asimismo, se ordena a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado al actor vía descuentos de su remuneración.

Se hace presente que la Ministra señora Sandoval concurre a la decisión teniendo presente que la prerrogativa establecida en el artículo 22 de la Ley N°18.833 resultaba improcedente en la especie, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir entre la fecha de otorgamiento del crédito y aquella en la que se efectúa el cobro a través del mecanismo de descuento, sin que se hubiere llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

Así, constituye el actuar de la recurrida un retraso desleal o “verwirkung”, mismo que supone el ejercicio inadmisible de un derecho propio, que tiene lugar cuando su titular ha permanecido inactivo durante un período significativo sin hacer valer dicho derecho, de modo que el sujeto pasivo le ha confiado y podía confiar en que el derecho en cuestión ya no iba a ser objeto de ejercicio en el futuro. Se produce, por tanto, un retraso desleal que se erigirá en obstáculo al ejercicio del derecho, afectando con ello el derecho de propiedad de la parte recurrente, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°276-2026 Protección.